SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 258/2016.

Sucre, 23 de agosto de 2016.  

Expediente: SC-CA.SAII-CBBA.398/2015.

Distrito: Cochabamba.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 414 a 418 vta., interpuesto por Ricardo Javier Arellano Albornoz, en representación legal de la Empresa Sudamericana de Construcción S.R.L., contra el Auto de Vista Nº 304/2014 de 24 de diciembre de fs. 401 a 406, emitido por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba dentro del proceso social de pago de beneficios sociales seguido por Alberto Huayllas Camata, Víctor Sejas Morales, Crispin Acosta Peredo y otros contra la empresa recurrente, auto de concesión del recurso cursante a fs. 425, los antecedentes del proceso; y,

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, la Juez de Partido Primero de Trabajo y Seguridad Social de Cochabamba, emitió Sentencia el 27 de febrero de 2012 de fs. 243 a 251, declarando Probada en parte la demanda de fs. 44 a 53, “en lo que respecta al pago de beneficios sociales de indemnización por tiempo de servicios, desahucio, primas por el año 2010, vacaciones, reintegro al incremento salarial del año 2011, sueldos devengados por los meses de abril, mayo y 16 días del junio/2011 e Improbada en los demás puntos demandados, e Improbado en parte el responde formulado por la parte demandada mediante memorial de fs. 93 a 100”, disponiendo que el demandado cancele a favor de los actores la suma total de Bs. 563.949, 69.- (Quinientos sesenta y tres mil novecientos cuarenta y nueve 69/100 Bolivianos) por los conceptos antes indicados, más la correspondiente actualización y multa prevista por el art. 9 del Decreto Supremo (DS) N° 28699 de 1° de mayo de 2006.

Resolviendo el recurso de apelación planteado por el demandado de fs. 277 a 295 y el formulado por los actores de fs.300 a 306, por Auto de Vista Nº 304/2014 de 24 de diciembre, cursante a fs. 401 a 406 la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, confirmó la sentencia apelada, sin costas por la doble apelación, al no encontrar mérito a los fundamentos de los recursos deducidos tanto por el representante de la empresa demandada cuanto por los demandantes.

Que, contra el referido auto de vista, el representante legal de la empresa demandada Empresa Sudamericana de Construcción S.R.L., interpuso “recurso de casación-nulidad” (sic)  fundamentando el mismo en los siguientes términos:

Bajo el subtítulo de In procedendo, manifiesta que el auto de vista fue dictado sin competencia por encontrarse fuera del plazo de los 10 días, previsto por el art. 209 del Código Procesal del Trabajo (CPT), pretendiendo sorprender con un sorteo después de casi 3 años.

Acusa que no se dio la figura del retiro indirecto, toda vez que no existe esta figura por mora salarial, siendo posible este retiro por rebaja de salarios “y le da al empleado 3 meses de plazo para acogerse al retiro indirecto” (sic) conforme lo establecido en el DS de 1937 (no indica número del DS) además de dar a conocer al representante legal de la empresa sobre este supuesto retiro, y no a la oficina del trabajo, por lo que no resulta evidente la afirmación de los jueces de instancia en sentido de que, conforme las actas de conciliación, el representante legal de la empresa demandada, tenía pleno conocimiento del hecho. Agrega que lo que ocurrió fue incumplimiento por parte de los trabajadores a la disposición contenida en el art. 7 de la Ley General del Trabajo (LGT), habiendo realizado un paro de actividades desde el 8 al 15 de junio de 2011, para luego realizar abandono de trabajo voluntario interrumpiendo la relación laboral por más de seis días continuos “concordante el DS 1592 de 19 de abril de 1949”  (sic), por lo que, el empleador no tenía obligación alguna de cancelar sueldo alguno, conforme estatuye el Decreto Ley (DL) 2565 de 6 de junio de 1951, por lo que, los trabajadores transgrediendo estas normas, ocasionaron que la Administradora Boliviana de Caminos ABC rescindiera el contrato (no indica que contrato), ejecutándose las dos pólizas de garantía, constituyendo esta recisión del contrato la prueba irrefutable del boicot que sufrió la empresa, -negándose los jueces de grado a evidenciar la verdad material establecida en el art. 180 de la Constitución Política del Estado (CPE)- textual.

Reitera que los demandantes no hicieron conocer, menos probaron aquel hipotético retiro indirecto, que este caso al haber sido de conocimiento solamente de la Oficina Departamental de Trabajo de Cochabamba, dejaron en total indefensión a la empresa demandada, sobre el particular cita el Auto Supremo (AS) N° 294 de 4 de mayo de 2007, reiterando que tanto los despidos indirectos cuanto el acta de conciliación no tienen ningún valor legal al haber sido presentados solamente en fotocopias simples y no haber sido previamente de conocimiento de la empresa demandada.

Arguye que la hipotética confesión provocada no implica o prueba que el representante legal de la empresa demandada haya acusado recibo de las cartas que a decir de los demandantes le fueron entregadas, denunciando que al no haber sido absuelta aquella confesión en el periodo de prueba y haberse suspendido la audiencia por inasistencia de los actores, se transgredió el derecho a la igualdad, a la seguridad jurídica, al debido proceso, a la inmediatez, aspecto que acarrea una nulidad absoluta.

Refiere que otro vicio procedimental constituye el hecho de que los Vocales que resolvieron el recurso de apelación, no aperturaron plazo probatorio en segunda instancia conforme mandato del art. 233.2,3 y 4 del Código de Procedimiento Civil (CPC) para presentar y producir toda clase de pruebas que no fueron presentadas y que no fueron valoradas en su correcta magnitud, lo cual significa incurrir en nulidades insalvables y absolutas, situándolo en estado de indefensión.

En el subtítulo In Iudicando, anota que para los Vocales disidentes, algunos actuados como los certificados emitidos por el Encargado de Recursos Humanos de la empresa demandada, así como las planillas no serían válidas por tener refrenda del Ministerio del Ministerio de Trabajo, olvidando que por mandato constitucional por encima de la formalidad está la Verdad Material, “que por encina del DL 13592 emitido en gobiernos inconstitucionales y de facto no pueden estar por encima de la CPE y sobre todo de la Verdad Material y quién claramente entre otros extremos desvirtúan los records de trabajo y el promedio salarial de los actores” (sic).  

En relación a los sueldos devengados afirma que la empresa siempre estuvo dispuesta a pagar lo que era correcto, es decir, los meses de abril y mayo de 2011 y 6 días de junio; empero, los demandantes no acudieron a cobrar este sueldo, paralizando la empresa con medidas de hecho a partir de ese día para posteriormente después de boicotear la empresa hicieron abandono de su fuente de trabajo ocasionando el descalabro económico de la empresa.

Añade: “La planilla de sueldos correspondiente al mes de noviembre de 2011, carta de fecha 23 de abril de 2009, por el cual se demuestra los señores Marco Chura Carlos, Alberto Huayllas, Andrés Villca, Zacarias Andrade, Jonny Cesar Herrera y Jaime Aranda cobraron el sueldo de 2011, lo que prueba de manera irrefutable que siguen Activos en la empresa no hay ruptura laboral, por tanto hubo fraude procesal” (sic). Tratando de entender la redacción incomprensible del recurrente, se infiere que manifiesta que la planilla de sueldos “y otros” correspondiente al mes de marzo de 2011, fue debidamente firmada por los actores, por tanto admitieron su contenido, demostrando de manera contundente la fecha de ingreso e incremento salarial con respecto al salario básico, lo mismo que en la planilla de febrero de 2011.

Al respecto agregó: “Además no corresponde porque violentó Abandonando en masa el trabajo. Interrumpiendo la relación laboral por más de seis días vulnerando el DS 1592 de 19 de abril de 1949” (sic), Indica también que habiendo existido retiro voluntario del trabajo, se vulneró el DL 2565 de 6 de junio de 1951 cuyo art. 3 estatuye que los empleadores no pagaran salario ni emolumento alguno durante el abandono de labores por más de tres días ocurrido con infracción de los arts. 105 de la LGT y 150 de su Reglamento y el art. 4 señala que el abandono de labores por más de tres días produce ipso facto y sin ninguna responsabilidad patronal la rescisión de los contratos de trabajo, verbales o escritos.

Afirma que el desahucio no corresponde porque no se hizo conocer el supuesto retiro indirecto a la empresa; no existe el retiro indirecto en la economía jurídica por mora salarial; no se les rebajó el suelto o salario;  para supuestamente forzar el retiro indirecto debe transcurrir por lo menos tres meses y sobre todo no corresponde este concepto porque “violentó el art. 16 de la LGT y art. 9 de su Decreto Reglamentario (DR) incisos a), h) l), DS 1592 de 19 de abril de 1949, DL 2565 de 6 de junio de 1951, arts. 3 y 4” textual- .

Recalca que la prima anual 2010 fue mal calculada por cuanto el salario promedio conforme está probado en las planillas presentadas, fue valorado sesgadamente, protestando presentar lo que realmente corresponde a los actores según planillas, no pudiendo premiarse a estos por el descalabro económico que causaron a la empresa. Acusa en ese punto violación a las mismas normas citadas en el párrafo precedente, indicando también que la indemnización tampoco corresponde por haberse violentado las normas supra citadas.

Respecto del reintegro de incremento salarial, denuncia que contrastada la planilla de aguinaldo 2010 con la planilla de pago de sueldos y de aguinaldo del año 2011, se evidencia que en esta última gestión existió un incremento en el salario básico, que según el art 7 del DS N° 0809 citado por el Juez en la sentencia, debe darse en el porcentaje del 10% sobre el salario básico; sin embargo, en sentencia se realiza un cálculo errado y se incrementa arbitrariamente sobre el total ganado, aspecto que fue confirmado por el tribunal de apelación.

Concluye el memorial, solicitando a este tribunal, que ante la presencia de nulidades insubsanables, declare la nulidad de obrados, “hasta que se haga conocer de manera personal al representante legal de la empresa demandada” (no indica que debe hacérsele conocer personalmente), por ser este el vicio más antiguo; sin precisar un petitorio claro y concreto.

CONSIDERANDO II: Que, así expuestos los fundamentos del recurso de casación, para su resolución es menester realizar las siguientes consideraciones:

Antes de ingresar al análisis de la problemática planteada, se debe dejar claramente establecido que el memorial de interposición del recurso contiene deficiencias que denotan la falta de técnica recursiva, es carente de contenido jurídico, con total imprecisión y falta de coherencia en la redacción, que dificultó su resumen, habiéndose transcrito de manera textual algunos aspectos de su contenido, toda vez que el mismo se tornó incomprensible.

Tan evidente es la deficiencia del recurso, que el representante de la empresa recurrente no menciona si formula el recurso en el fondo, en la forma o en ambos efectos, para concluir solicitando a este Tribunal se anulen obrados “hasta que se le haga conocer de manera personal al representante de la empresa siendo el vicio más antiguo”, sin indicar de manera precisa a que providencia o actuado se refiere, no siendo posible que este Tribunal supla las falencias del recurso o trate de entender lo que quiso fundamentar. Sin embargo y pese a que el fundamento del recurso y su petitorio se encuentra expresado en términos ambiguos, se ingresa al fondo a objeto de brindar una respuesta razonada al recurrente.

1.- En relación a la pretendida acusación de “Error in procedendo, debe decirse que esta clase de vicios concurren cuando, a raíz de la inobservancia de normas procesales, aparecen afectados los requisitos a los que se halla supeditada la validez de una resolución judicial o la de los actos que la precedieron y tuvieron incidencia en su pronunciamiento. Constituyen irregularidades o defectos del proceso, se relacionan con la violación del debido proceso. Cuando se habla de “error in procedendo”, -conforme la doctrina así ha definido-, se está haciendo alusión al error formal, ante cuya presencia, surge el “Recurso de Casación en la Forma”, como un medio de impugnación o reclamo que puede ser utilizado por quién se creyere afectado por una decisión judicial, cuya procedencia ha sido establecida por el art. 258 del Código de Procedimiento Civil (CPC), pretendiendo la nulidad de obrados para la correcta aplicación de las normas procesales para así resguardar la garantía del debido proceso.

Efectuada la puntualización precedente, debe entenderse entonces que el recurrente al acusar error in procedendo, formula el recurso de casación en la forma, acusando en síntesis: a) El auto de vista fue dictado sin competencia por encontrarse fuera del plazo de los 10 días; b) No se dio la figura del retiro indirecto, toda vez que no existe esta figura por mora salarial y jamás se hizo conocer de esta determinación al representante de la empresa demandada; c) los Vocales que resolvieron el recurso de apelación, no aperturaron plazo probatorio en segunda instancia conforme mandato del art. 233 del CPC.

1.a). En relación a que el auto de vista recurrido fue pronunciado sin competencia, al haber sido pronunciado fuera del plazo establecido por el art. 209 del Código Procesal del Trabajo (CPT) que establece un plazo de 10 días, debe decirse que este plazo conforme disposición del art. 204.III del CPC aplicable en virtud a la norma remisiva del art. 252 del CPT, es “computable desde la fecha en que se produjere el sorteo”, en la litis se observa que cursa a fs. 400 vta., la constancia de sorteo de la causa, cuya fecha data del 15 de diciembre de 2014, refrendada por la Secretaria de Cámara de la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, habiéndose pronunciado el Auto de Vista en fecha 24 de diciembre del mismo año, es decir, dentro el plazo establecido por ley, por lo que no es evidente la acusación de la vulneración del art. 209 del CPT, citado por el recurrente; aunque se extraña la excesiva demora de su notificación a las partes.

1.b). Respecto que, no se dio la figura del retiro indirecto, el recurrente confundiendo términos y haciendo una cita desordenada de disposiciones legales, afirma que esta figura no se dio y que no fue comunicada a la empresa demandada, sino que únicamente fue de conocimiento de la oficina departamental del trabajo, incumpliendo con el aviso de tres meses que debía hacerse a la empresa. Corresponde aclarar al recurrente que, conforme  reconoció en la tramitación de la causa y en el propio recurso en estudio-, lo que ocurrió fue una demora en el pago de los salarios, que a juicio suyo no constituiría causal de retiro indirecto; sin embargo, la falta de pago de sueldos de manera oportuna, lesiona los derechos de los trabajadores, que por causa atribuible al empleador (no cancelación del salario), se vieron obligados a tomar la decisión de buscar nuevas oportunidades laborales, conforme ocurrió en la especie, cuando el propio demandado afirma : “la demora en el pago de salarios no constituye despido indirecto”, existiendo reconocimiento expreso de este incumplimiento por parte del empleador.

Por otra parte, las notas de fs. 1 a 21 confirman lo aseverado precedentemente y aún dando por cierto el hecho de que las mismas no fueron de conocimiento del empleador, las citaciones de fs. 21 a 24 y el acta de conciliación de fs. 25 a 26, demuestran lo contrario, no habiendo probado el demandado el desconocimiento de tal documentación, alegado en su favor, incumpliendo con la obligación de la carga e inversión de la prueba, conforme al art. 150 del CPT que señala: “En esta materia corresponde al empleador demandado desvirtuar los fundamentos de la acción (…)”, como tampoco probó, que los trabajadores hayan hecho “abandono en masa” de la empresa, reflejando un total desconocimiento de términos y disposiciones legales cuando afirma que los trabajadores debían comunicar de su retiro indirecto con anticipación de tres meses, queriendo referirse seguramente a la figura del “preaviso de 3 meses” que en todo caso corresponde al empleador y no al trabajador. Cabe recordar que sobre el tema del “preaviso”, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social determinó que, el preaviso solo tiene valor si es que el trabajador la acepta, pero si la rechaza el empleador no puede obligar a sus empleados a aceptarla, porque va en contra del derecho fundamental a la estabilidad laboral, garantizada por la CPE.  Así también el Tribunal Constitucional en la SC 1262/2013, del 1 de agosto, al estableció "El preaviso resulta contrario al elemento sustancial del derecho fundamental a la estabilidad laboral, como es la de evitar la desvinculación laboral por la sola voluntad del empleador sin que medie una causa legal justificada", concluyendo que no se le puede otorgar razón al recurrente ante tan ilógica e ilegal pretensión.

1.c). Sobre la denuncia de que los Vocales que resolvieron el recurso de apelación, no aperturaron plazo probatorio en segunda instancia conforme mandato del art. 233 del CPC, debe tenerse en cuenta que dicha norma otorga al tribunal de apelación la “Facultad Potestativa” de abrir plazo probatorio en segunda instancia, cuando concurran los presupuestos señalados en los incisos 1) al 4) o el parágrafo II de dicha disposición legal. Dicho de otro modo, cuando tal disposición indica que “el juez o tribunal podrá (…)”, está concediendo la posibilidad de que según criterio del tribunal pueda o no abrirse este plazo probatorio, debiendo considerase que la norma en cuestión no es imperativa sino facultativa, por lo que, tampoco es evidente la trasgresión denunciada por el recurrente.

2.- Respecto de la denuncia de “Error in iudicando”, Se hace necesario puntualizar que este error se relaciona con los vicios en el juicio y se refieren al contenido de fondo del proceso. Se presentan en la violación del ordenamiento jurídico sustantivo, pudiendo presentarse el error de hecho, cuando se ha dado una interpretación diferente a las pruebas actuadas en el proceso y el error de derecho, referido a la faltas de aplicación, aplicación indebida, interpretación errada de una norma de derecho sustantivo, surgiendo para su reclamo el “Recurso de Casación en el fondo”, que se halla establecido en el art. 253 del CPC, cuya utilidad radica en que a través de él se pueden enmendar los errores sustantivos o sustanciales, casando el auto de vista impugnado mediante la correcta aplicación o interpretación de la norma sustantiva, resolviendo el fondo del litigio

Con la aclaración previa, se establece que el recurrente denuncia como “transgredidos” los aspectos relacionados con: a) los sueldos devengados,  b) La planilla de sueldos correspondiente al mes de noviembre de 2011, c) desahucio, d) la prima anual 2010, e) reintegro de incremento salarial.

De manera -sui generis-, el recurrente, indica que los trabajadores en cada uno de los casos citados en los incisos precedentes, fueron los que transgredieron las disposiciones legales que anota. Seguramente quiso mencionar que fue el tribunal de apelación el que incurrió en las infracciones acusadas, pues resulta fuera de todo contexto legal denunciar la trasgresión en la que incurrieron los trabajadores con su actitud de abandono del trabajo.

En consecuencia, procurando captar el  contenido del recurso, se establece que en todos los casos citados en los incisos a) al e) del párrafo anterior, existe un elemento común a todos los casos cual es el hecho de que el recurrente afirma que no procede el pago de los conceptos señalados en dichos incisos, porque los trabajadores fueron quienes hicieron abandono de su fuente laboral, acusando violación del DS 1592 de 19 de abril de 1949, art. 3 del DL 2565 de 6 de junio de 1951, arts. 105 de la LGT, 4 y 150 de su Reglamento y art. 16 de la LGT y art. 9 de su Decreto Reglamentario (DR) incisos a), h) l), DS 1592 de 19 de abril de 1949, arts. 3 y 4 del DL 2565 de 6 de junio de 1951 y art 7 del DS N° 0809, referido este último al incremento salarial que debe efectuarse sobre el sueldo básico, mientras que el resto de las normas citadas, hacen alusión a que no corresponden los conceptos de desahucio, indemnización, pago de incremento laboral, cuando la ruptura laboral es atribuible a los trabajadores.

En ninguno de los casos reclamados por el recurrente se explica en qué consistió la trasgresión del Tribunal ad quem, ni de que manera fueron aplicadas falsa o erróneamente las disposiciones legales que invoca. Es tal la imprecisión de fundamento del recurso, que el recurrente llega a afirmar que “existió fraude procesal” por el hecho de que los trabajadores Marco Chura Carlos, Alberto Huayllas, Andrés Villca, Zacarias Andrade, Jonny Cesar Herrera y Jaime Aranda, cobraron el sueldo de 2011, seguramente quiso manifestar que estos trabajadores al haber cobrado el sueldo de la gestión indicada, actuaron fraudulentamente.

Estas imprecisiones no permiten al Tribunal Supremo de Justicia, a través de su sala especializada ingresar a realizar el análisis y estudio detallado que debe efectuarse en todo recurso de casación, ya sea deducido en el fondo, en la forma o en ambos efectos, no existiendo mérito alguno para dar la razón al recurrente en su pretensión.

Finalmente, se concluye que el auto de vista, objeto del recurso de casación, se ajusta a las normas legales en vigencia, no se observa violación a norma legal alguna, correspondiendo resolver el mismo de acuerdo a los arts. 271. 2 y 273 del CPC, aplicables por la permisión del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa,  Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad prevista en el art. 184.1 de la Constitución Política del Estado actual y art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 414 a 418 vta., interpuesto por la Empresa Sudamericana de Construcción S.R.L.

Con costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase