SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 257/2016.

Sucre, 23 de agosto de 2016.

Expediente: SC-CA.SAII-LP.392/2015.

Distrito: La Paz.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 87 a 90, interpuesto por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR) representado por Juan Edwin Mercado Claros Director General Ejecutivo a.i. del SENASIR, contra el Auto de Vista Nº 83/2015 SSA.I de 5 de junio, cursante de fs. 85 y vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro el proceso de reclamación de Pensiones, seguido por Constancio Flores Arteaga, contra el SENASIR, la respuesta al recurso de casación a fs. 94 a 95, el Auto a fs. 96 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I: (Antecedentes)

Que, dentro del trámite de reclamación de pensiones interpuesto por Constancio Flores Arteaga, la Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR, emitió la Resolución Nº 4617 de 21 de mayo de 2013, cursante a fs. 32, resolviendo otorgar a favor del Asegurado, una densidad de 58 aportes, por el Monto de Compensación de Cotizaciones (global) de Bs.25.002,61.-(veinticinco mil dos 61/100 bolivianos) con base en el Formulario de Cálculo de Compensaciones de Cotizaciones Nº 23201.

Contra la citada Resolución, el asegurado Constancio Flores Arteaga, interpuso recurso de reclamación a fs. 38 y vta., que fue resuelto por la Comisión de Reclamación del SENASIR, mediante Resolución Nº 897/14 de 23 de diciembre de fs. 60 a 62, que revocó en parte la Resolución Nº 4617, emitida por la Comisión de Calificación de Rentas, otorgando a favor del asegurado, una densidad de cinco años y cuatro meses de aportes, manteniendo subsistente el Salario Cotizable de Bs.1.378,60.-(un mil trecientos setenta y ocho 60/100 bolivianos) correspondiente al periodo de octubre de 1996.

En conocimiento de la precipitada resolución, el asegurado, dedujo apelación que cursa de fs. 69 a 70, que dio origen al Auto de Vista Nº 83/2015 a fs. 85 y vta., que dispuso revocar la Resolución Administrativa Nº 897/14, determinando que la Comisión de Calificación de Rentas, proceda a incluir en el Cálculo de Compensación de Cotizaciones los periodos debidamente trabajados y reclamados por el solicitante.

Notificado el representante legal del SENASIR con el auto de vista, el 10 de septiembre de 2015, en fecha 17 del mismo mes y año interpuso recurso de casación en el fondo, que es objeto de análisis y resolución.

CONSIDERANDO II.- (Motivos del recurso de casación y de la contestación)

  1. Argumentos del recurso de casación

La entidad recurrente, aduce que el tribunal de alzada emitió un fallo contrario a los intereses del Estado y fuera del marco normativo legal vigente y aplicable en la materia, puesto que violó, interpretó erróneamente y aplicó indebidamente los art. 24 de la Ley de Pensiones (LP) Nº 65 de 10 de noviembre de 2010 y arts. 1 y 48.I.a) y b) del Decreto Supremo (DS) Nº 822 de 16 de marzo de 2004, al pretender otorgar un ilegítimo beneficio en favor de Constancio Flores Arteaga, sin considerar la verdadera dimensión los documentos cursantes en obrados y que el SENASIR basa sus actuados dentro de parámetros técnicos, legales y administrativos enmarcados en el principio de especialidad, y que conforme a los fundamentos expresados en la parte considerativa de la Resolución 897/14, la Certificación de Salarios y Densidad de Años de Aporte CERT-11-2014-13272 de 13 de noviembre de 2014 y el Informe Técnico Nº 594/14 de 2 de diciembre de 2014, los periodos 01/84 a 12/88, no se certificaron debido a que el nombre del asegurado no figura en la planilla de la Cooperativa Minera Chicote Grande Ltda., y que los periodos 01/91 a 09/91, 01/93 a 01/94 y 02/97 a 0497 tampoco fueron certificados por no encontrarse con planillas en el Área de Certificación C.C. y que no se aplicó la normativa vigente por falta de documentación de respaldo adjunta al expediente, que así se determinó la falta de continuidad laboral “a través de fs. 10” (sic); documentación, que conforme a los arts. 1287, 1289.I, 1296 y 1523 del Código Civil (CC), hacen plena prueba, debido a que el SENASIR, al ser una entidad de carácter público, la documentación que expide, tiene carácter de oficialidad y publicidad conforme a su competencia.

Agrega, que en consideración del art. 14 del DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2014, a través de la Certificación de Salarios y Densidad  de Años de Aporte CERT-11-2014-13272 de fs. 16 a 24, se estableció la existencia de planillas de la Cooperativa Minera Chicote Grande Ltda., correspondiente a los periodos 01/84 a 12/88 en las que Constancio Flores Arteaga no figura, razón por la que no se certificaron dichos periodos, en aplicación de lo establecido por el punto 4, inciso a) del Manual de Certificación de Salario Cotizable y Densidad de Aportes para la Compensación de Cotizaciones, aprobado por Resolución Administrativa (RA) Nº 299.13 de 31 de julio de 2013.

Alega que el art. 14 del DS Nº 27543, base del fundamento del auto de vista impugnado, única y exclusivamente regula trámites del sistema de reparto y no trámites de compensación de cotizaciones; que es el art. 18 del mismo decreto supremo el que regula este último trámite, cuya disposición dice ratifica la improcedencia de la aplicación del art. 14 en trámites de compensación de cotizaciones, y transcribe las cláusulas primera y segunda de la Resolución Ministerial (RM) Nº 550 de 28 de septiembre de 2005.

Acusa, que el Tribunal de alzada considera de forma nominal el art. 45 de la Constitución Política del Estado (CPE), al atribuir al SENASIR el incumplimiento u omisión de  principios constitucionales, sin considerar que ese ente gestor, se encuentra llamado a defender los intereses de todos y cada uno de los bolivianos, protegiendo los derechos y garantías constitucionales de los asegurados beneficiados, y que siendo las mismas partes de sus directrices institucionales y constitutivas, obligan a que se realice un trabajo auditado, técnico, económico y social a través del manejo de la verdad formal en busca de la verdad material establecida en el art. 180 de la CPE.

Sostiene el ente gestor, que el tribunal de alzada no consideró que conforme señala el art. 67.II de la CPE, no solo es deber del SENASIR cuidar, sino el proveer una renta vitalicia en el marco del sistema de seguridad social integral y conforme a la ley, razón por la cual, no pueden aplicarse criterios garantistas de derechos en quebrantamiento de la ley particular, tomando en cuenta además, que se introdujeron nuevos principios a la economía procesal, como el principio de defensa del patrimonio del Estado, contemplado en la Ley Nº 004, que se traduce en el tipo penal Resoluciones contrarias a la Constitución y las Leyes, aspectos de que dice deben ser considerados como primacía constitucional en función a la normativa citada.

Aduce que el tribunal de alzada, al revocar la Resolución Nº 897/14, no consideró en su verdadera dimensión el art. 45 de la CPE, tampoco el principio consagrado en el art. 180 de la citada norma suprema, toda vez que el art. 67.II obliga a observar cada una de las normas, tanto particulares como específicas que integran el sistema de seguridad social, concluyéndose que las normas citadas fueron erróneamente aplicadas por el Tribunal de apelación.

De manera específica, señala como normas violadas, erróneamente  interpretadas e indebidamente aplicas las siguientes:

  1. Arts. 45, 67 y 180 de la CPE
  2. Art. 24 de la LP Nº 65 de 10 de noviembre de 2010.
  3. Cláusulas 1ra. y 2da. de la RM Nº 550 de 28 de septiembre de 2005
  4. Arts. 1 y 48.I incs. a) y b) del DS Nº 822 de 16 de marzo de 2004.
  5. Arts. 1287, 1289.I, 1296 y 1523 del CC.
  6. Ley Nº 004 de 31 de marzo de 2010.

Petitorio: Concluye solicitando que se conceda el recurso, para que el Tribunal Supremo de Justicia, deliberando en el fondo, dicte auto supremo casando la Resolución Nº 83/2015 SSA.I de 5 de junio, emitido por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y confirme la Resolución de la Comisión de Reclamación Nº 897/2014 de 23 de diciembre.

  1. Argumentos de la contestación

Constancio Flores Arteaga, refiere que el auto de vista impugnado, fue dictado por un Tribunal competente y conforme a las normas que rigen la materia y precautelando sus derechos como trabajador que aportó al Sistema de Reparto, los que el SENASIR pretende desconocer, intentando confundir y desacreditar las consideraciones expuestas por el tribunal de apelación, cuando fue el SENASIR quien no consideró los documentos presentados oportunamente por su persona ni los presentados por la Cooperativa Minera Chicote Grande Ltda., en cumplimiento con lo dispuesto por el art. 24 de la LP, art. 50 del DS Nº 822, art. 1 de la Ley Nº 1732 de 29 de noviembre de 1996 y art. 14 del DS Nº 27542.

Finalmente, sostiene que se pretenden desconocer los arts. 45, 67 y 180 de la CPE, en transgresión sus derechos constitucionales como señala el auto de vista, puesto que es obligación del Estado, que actúa a través del SENASIR, proteger el capital humano del país, como es un ex trabajador minero que fue parte del sector productivo, por lo que al desconocer el ente rector el total de sus aportes, incumple la RM Nº 550 y el DS Nº 27543, ya que al no contar con planillas en el área de certificación ni el área de archivo central del SENASIR, se presentó la documentación requerida.

Concluye solicitando que al amparo de los arts. 45 y 67 de la CPE y demás normas que amparan sus derechos, se declare improcedente el recurso de casación interpuesto por el SENASIR y se mantengan los términos del auto de vista impugnado.

CONSIDERANDO III.- (Análisis del caso traído en casación, fundamentación y motivación del fallo)        

Con los argumentos esgrimidos en el recurso de casación, corresponde establecer, si efectivamente el tribunal de apelación, al emitir el auto de vista impugnado, incurrió en la violación, errónea interpretación e indebida aplicación de los arts. 45, 67 y 180 de la CPE; 24 de la LP Nº 65 de 10 de noviembre de 2010; 1 y 48.I.a) y b) del DS Nº 822 de 16 de marzo de 2004; 1287, 1289.I, 1296 y 1523 del CC; la Ley Nº 004 de 31 de marzo de 2010 y las cláusulas 1ra. y 2da. de la RM Nº 550 de 28 de septiembre de 2005, al revocar la Resolución N° 897/14 y disponer que la Comisión de Calificación de Rentas proceda a incluir en el cálculo de Compensación de Cotizaciones, los periodos reclamados y debidamente trabajados y reclamados por el solicitante, pretendiendo otorgar un ilegítimo beneficio a favor de Constancio Flores Arteaga; a tal efecto, este Tribunal debe realizar inicialmente el siguiente examen:

De la lectura del auto de vista, se tiene que el tribunal de apelación, en aplicación de los arts. 45 y 67 de la CPE, revocó la Resolución Administrativa de la Comisión de Reclamación Nº 897/14 de 23 de diciembre de 2014, al haber establecido que el SENASIR inobservó la aplicación del art. 14 del DS Nº 27543, y que la Comisión de Calificación de Rentas como la Comisión de Revisión, al no valorar el Formulario AVC-04 afiliación a fs. 5, el Record de Servicios a fs. 6 y el Certificado a fs. 7 documentos que son totalmente válidos para determinar los años de aporte y de cotizaciones del asegurado de las gestiones reclamadas vulneraron la norma citada, toda vez que de las literales señaladas estableció que el interesado efectuó los aportes en las gestiones reclamadas, por lo que consideró inadmisible que el ente gestor, amparándose en un instructivo de jerarquía inferior al señalado Decreto Supremo, excluya años de aporte debidamente cotizados por el asegurado quien es una persona de la tercera edad y que lo único que pretende es tener una vejez digna.

Con ese antecedente, de la lectura de la Resolución Nº 897/14 de 23 diciembre de fs. 60 a 62, emitida por la Comisión de Reclamación del SENASIR (impugnada en alzada), se verifica que dispuso revocar en parte la Resolución N° 4617, otorgando a favor del asegurado, la densidad de cinco años y cuatro meses de aportes, manteniendo firme y subsistente el salario cotizable, en la suma de Bs.1.378,60.-(mil trescientos setenta y ocho 60/100 bolivianos),correspondiente al periodo de octubre de 1996; resolución, que tiene como base legal los arts. 24.I de la LP, 1 del DS N° 0822, Reglamento Parcial de la Ley de Pensiones y 3 de la RA N° 098/ de 8 de mayo de 2013, y el Informe Técnico Nº 594/14 de 2 de diciembre de 2014 de fs. 57 a 59 y el Certificación de Salarios y Densidad de Años de Aporte CERT-11-2014-13272 de fs. 55 a 56, emitido por el Área de Certificación y Archivo Central, del que se desprende que fueron certificados los periodos 01/89 a 12/90, 10/91 a 12/092 y 01/95 a 01/97; por otra parte, no fueron certificados los periodo 01/84 (porque conforme refiere, el nombre del asegurado no figura en planillas), 01/91 a 09/91, 01/93 a 12/94 y 02/97 a 04/97 (por no contar con planilla en el Área de Certificación C.C. Régimen Básico y Complementario).

Ahora bien, con base en el estudio precedente, corresponde establecer como ya se dijo si el Tribunal de alzada, al revocar la Resolución N° 897/2014, vulneró o incurrió en la violación, errónea interpretación e indebida aplicación de la normativa señalada por el recurrente; al efecto, atañe el análisis normativo de dichas disposiciones legales contrastadas con los actuados procesales:

I. La Constitución Política del Estado, norma suprema en la jerarquía normativa, en su art. 45.IV de la CPE, establece que el Estado es garante del derecho a la jubilación, misma que tiene carácter universal, solidario y equitativo.  En idéntico sentido proteccionista, el art. 67.I y II del mismo cuerpo legal, señala que además de los derechos reconocidos en la CPE, todas las personas adultas mayores tienen derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humana, debiendo el Estado proveer una renta vitalicia de vejez, en el marco del sistema de seguridad social integral, de acuerdo con la ley. Por su parte, el art. 180, también denunciado como vulnerado, establece como pilares que fundamentan la jurisdicción ordinaria, varios principios, entre ellos, el de verdad material, principio jurídico procesal, que dispone, que toda autoridad debe investigar los hechos para llegar a la verdad material, aun si las partes procesales no proponen pruebas o si estas no son suficientes.

La normativa precitada, refleja sin lugar a dudas, la obligación asumida por el Estado, a través de sus instituciones, de velar por la efectivización del mandato constitucional de proteger al trabajador en aplicación del principio de protección que constituye un pilar fundamental del derecho de trabajo, y del que deviene el derecho a la jubilación, que a su vez es un derecho constitucional, razón por la cual todo trabajador, a partir del ingreso al sistema jubilatorio, se encuentra protegido ante eventualidades, ya que este derecho deriva de la prestación de trabajo y de los aportes realizados por el trabajador, por lo que se debe entender que la jubilación no es una asistencia gratuita del Estado, sino es un derecho del trabajador, que a lo largo del tiempo trabajado, no solo contribuyó como principal fuerza productiva de la sociedad, sino aportó o cotizó para la obtención de una prestación económica a largo plazo.

De lo anterior, se establece que no existe vulneración de la normativa constitucional, sino más bien, que la entidad recurrente no comprendió a cabalidad su alcance, puesto que los arts. 45.IV y 67.I y II de la CPE, se aplican en coherencia con los arts. 8 y 9, razón por la que es deber del Estado, a través de sus instituciones garantizar, no solo el derecho a la jubilación, sino que esta se realice dentro del marco de la equidad social, dignidad, justicia social, garantizando una vejez digna, más aún si se encuentran en discusión los derechos de quienes con su fuerza productiva aportaron al país y a de quienes se les debe retribuir, no solo por haber sido el sostén de la economía nacional, sino por haber aportado económicamente para poder acceder a una renta que le permita vivir dignamente cuando se encuentre más vulnerable por el paso del tiempo, y que si bien el art. 24.I de la LP, al definir la Compensación de Cotizaciones señala que el reconocimiento que otorga el Estado a los trabajadores que aportaron hasta el 30 de abril de 1997, se financia con los recursos del Tesoro General de la Nación; en realidad, esos recursos provienen de los aportes de cada trabajador durante sus años de trabajo activo, puesto que el derecho a la jubilación, es un derecho adquirido, que conforme señala el art. 48 de la CPE, es irrenunciable, y que de acuerdo al art. 13.I del mismo cuerpo legal, los derechos reconocidos en la norma suprema son inviolables, universales, independientes, indivisibles y progresivos, que es deber del Estado a través de sus instituciones promoverlos, protegerlos y respetarlos; consiguientemente, el SENASIR, cuya labor es viabilizar el acceso a ese derecho, en coherencia con la normativa que se analizará a continuación, debe realizar su labor sin desoír el precepto constitucional, justamente aplicando el principio de verdad material, denunciado como vulnerado, violado y/o errónea interpretación e indebida aplicación (ya que en ningún caso explicita en cuál de los supuestos basa su denuncia) por el tribunal de apelación.

En cuanto al citado principio, se advierte que tampoco el art. 180 de la CPE, fue objeto de infracción alguna por parte del tribunal de apelación; puesto que dicho principio obliga a toda autoridad a valerse de todos los medios legales a su alcance, para establecer la verdad histórica de los hechos con el fin de emitir fallos justos, lo que en definitiva, obligaba al SENASIR, a considerar la documentación acompañada por el asegurado a efectos de proceder a una correcta y justa calificación de sus aportes, lo que no se hizo conforme consta de obrados, puesto que no se tomaron en cuenta las literales de fs. 5, 6 y 7 de obrados, documentos válidos para que se realice el cálculo correspondiente y que al no tener prueba en contrario que acredite su ilegalidad, constreñía al ente gestor a considerarla.

Por las razones señaladas, se concluye que el tribunal de apelación no incurrió en vulneración de la normativa constitucional precitada.

II. El art. 24.I de la LP, define la Compensación de Cotizaciones y dice que es el reconocimiento que otorga el Estado, a los asegurados por los aportes realizados al Sistema de Reparto vigente hasta el 30 de abril de 1997, que se financia con los recursos del Tesoro General de la Nación; al respecto, ya se aclaró que los recursos destinados a la cancelación de las rentas de jubilación, si bien es cierto que se encuentran en arcas del Tesoro General de la Nación, sin embargo no se puede desconocer que dichos recursos son provenientes de los aportes realizados por cada uno de los trabajadores al Sistema de Reparto, año tras año, lo que significa que una jubilación justa, bajo ningún aspecto se puede considerar daño económico al Estado como mal entiende la parte recurrente, razón por la que al disponerse que se realice un cálculo correcto y con base en la documentación adjunta al proceso, no significa vulneración del art. 24 de la LP.

III. El art. 1 del DS Nº 822 de 16 de marzo de 2004, en cuanto al objeto de dicho Decreto Supremo, señala que se aprueba, el Reglamento de Desarrollo Parcial a la Ley de Pensiones, en materia de Prestaciones de Vejez, Prestaciones Solidarias de Vejez, Prestaciones por Riesgos, Pensiones por Muerte derivadas de éstas y otros beneficios, que en anexo forma parte integrante del presente Decreto Supremo.

En tanto que el art. 48.I.a) y b) del referido reglamento, establece los requisitos para acceder a la Compensación de Cotizaciones, señalando como tales: haber realizado cotizaciones al Sistema de Reparto en forma previa al 1 de mayo de 1997, tener un Salario Cotizable previo a noviembre de 1996 y que no hubieran generado beneficio y pago en este Sistema, salvo lo establecido en el art. 21 de la Ley de Pensiones y los pagos globales por riesgo profesional del Sistema de Reparto, así como encontrarse registrados en la entidad Gestora.

De la lectura del auto de vista, confrontado con los artículos precedentes, tampoco se encuentra infracción por parte de los de alzada; contrariamente, el fallo impugnado se halla enmarcado en los preceptos señalados, puesto que conforme se desprende de obrados, el asegurado ha cumplido con los requisitos para acceder a la Compensación de Cotizaciones, como también lo consideró el SENASIR; razón por la que -aunque de forma errada- otorgó una densidad de más de cinco años de aportes.

IV. La RM Nº 550, emitida por el Ministerio de Hacienda, dentro sus atribuciones, en sus cláusulas 1ra. y 2da., señala que dicha normativa tiene el objeto de definir procedimientos alternativos para la Certificación de Aportes para la emisión de Certificados de Compensación de Cotizaciones por Procedimiento Manual, estableciendo que el SENASIR, debe proceder a la Certificación de Aportes, mediante la modalidad de documentos acreditables, consistentes en partes de afiliación y baja de las Cajas de Salud, finiquitos, certificados de trabajo y otros, no pudiendo exceder bajo esta modalidad la cantidad de sesenta (60) cotizaciones; aclara además, que dicho procedimiento únicamente es procedente cuando de forma previa el SENASIR, ha procedido a la certificación de aportes cumpliendo los procedimientos establecidos en las normas que rigen el Sistema de Reparto, tales como la verificación de planillas.

La normativa precedente es clara al establecer un procedimiento alternativo para la  Certificación de Aportes para la emisión de Certificados de Compensación de Cotizaciones por Procedimiento Manual, permitiendo acudir a documentos acreditables tales como partes de afiliación y baja de las Cajas de Salud, finiquitos, certificados de trabajo y otros, normativa que se encuentra en total coherencia con lo establecido en el DS N° 27543, conforme se pasa a analizar.

V. El art. 14 del DS Nº 27543, que se encuentra en el Capítulo II, relativo al “Tratamiento Extraordinario para la Certificación de Aportes al Sistema de Reparto”, y respecto a la utilización de documentos que cursan en el expediente, señala, que en caso de la inexistencia de planillas y comprobantes de pago en los archivos del SENASIR, del período comprendido entre enero de 1957 y abril de 1997, dicha entidad debe certificar los aportes, con base en la documentación que cursa en el expediente del asegurado, a la fecha de publicación del dicho Decreto Supremo, bajo presunción juris tantum (admite prueba en contra), señalando al efecto, como documentos válidos para ese fin, los finiquitos, los certificados de trabajo, las boletas de pago o planillas de haberes, partes de afiliación y baja de las cajas de salud respectivas, el record de servicios o calificación de años de servicio, los contratos de trabajo, memorando de designación y despido, liquidación de internación de minerales para el caso de cooperativistas mineros u otros documentos equivalentes para estos cooperativistas; documentos de los cuales será suficiente uno, sin perjuicio de que sean más.

Por su parte, el art. 16 prescribe sobre la certificación de aportes de las entidades cerradas en mora que dejaron de funcionar, previo cumplimiento de ciertas exigencias, sus aportes serán certificados conforme al art. 14 del mismo Decreto Supremo; es decir, con la documentación que curse en el expediente.

En concordancia con los dos artículos antedichos, el art. 18 del mismo Decreto Supremo, relativo a los Tramites del Sistema de Reparto, establece  que para fines de certificación de aportes para la determinación de montos de Compensación de Cotizaciones por procedimiento manual, se podrán utilizar las modalidades establecidas en los artículos 13,16 y 17 del Decreto Supremo.

El análisis anterior, significa por lógica simple, que en dichos trámites, en caso de la inexistencia de planillas y comprobantes de pago en los archivos del SENASIR, se debe proceder conforme manda el art. 14, por remisión del art. 18 al art. 16 y de este artículo al art. 14, todos del DS Nº 27543; precepto que al igual que sucede con la RM Nº 550, se encuentra en concordancia con el art. 83 del Manual de Prestaciones en Curso de Pago y Adquisición, dispone que, ante la ausencia o inexistencia de planillas en sus archivos, respecto a algunos periodos de tiempo, la verificación se complementará con la verificación de aportes con los avisos de afiliación y de baja del trabajador, de reingreso del asegurado, complementados por certificados de trabajo, records de servicios y finiquitos de pago de beneficios sociales, documentación que tiene eficacia probatoria en tanto no se demuestre lo contrario, conforme admite el art. 14 en análisis, concordante con el art. 1296.I del CC, motivo por el que resulta insostenible que el ente gestor, además de sostener que no es posible aplicar el referido art. 14 a trámites de compensación de cotizaciones, afirme como una salvedad a la aplicación de la norma precitada, que únicamente se aplica en caso de inexistencia de planillas, y que en el caso de autos, sí existían planillas de la Cooperativa Minera Chicote Grande Ltda., en las que no figuraba el nombre del asegurado, razón por la que simple y llanamente no certificó los periodos comprendidos entre enero de 01/84 a 12/88, en aplicación de punto 4 inc. a) del Manual de Certificación  de Salario Cotizable y Densidad de Aportes para la Compensación de Cotizaciones, aprobada por Resolución Administrativa (RA) Nº 299.13 de 32 de julio de 2013; sin tomar en cuenta que una Resolución Administrativa se encuentra, en la jerarquía normativa, por debajo de un Decreto Supremo, y peor aún de la Constitución Política del Estado, que obligan al ente recurrente, ante la ausencia de ALGUNA o TODAS LAS PLANILLAS o comprobantes de pago, a acudir a documentación supletoria, conforme fue explicitado.

Por otra parte, resulta inadmisible que los asegurados se vean perjudicados por negligencia de terceros, como son los empleadores, que muchas veces incumplen con su obligación de elaborar las planillas, o las realizan incompletas o sin el debido cuidado de consignar adecuadamente los datos, pero también de los entes gestores que tienen el deber de exigir las planillas, circunstancia que no se da esporádicamente, sino es recurrente, como ahora es el caso, causando así un detrimento en los derechos de los trabajadores en proceso de jubilación, cuando por su condición de adultos mayores requieren cubrir sus necesidades básicas, sin otro ingreso que el pago de su jubilación; grupo social en peligro, que se encuentra protegido de forma específica por la CPE.

Por todas las razones, legales y fácticas analizadas y consideradas, es que el SENASIR no puede dejar de considerar la documentación acompañada por el asegurado, como el formulario AVC-04 de afiliación debidamente legalizado a fs. 5, del que se tiene que se encontraba asegurado desde el 1 de enero de 1984 por la Cooperativa Minera Chicote Grande Ltda., el Record de Servicios original de fecha 30 de mayo de 1997 a fs. 6, expedido por el Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Minera Chicote Grande Ltda., del que se evidencia que hasta la fecha del corte del Sistema de Reparto (30 de abril de 1997), el trabajador había cumplido trece años, tres meses y veintinueve días de servicio, y el Certificado de Trabajo a fs. 7, expedido en la misma fecha y por la misma persona que extendió el Record de Servicios; literal que señala, que el trabajador ingresó a trabajar el 1 de enero de 1984, como barretero, y que hasta la fecha de la emisión de la certificación continuaba trabajando, puesto que todos esos documentos son válidos conforme la normativa analizada, para establecer de forma fehaciente la totalidad de los aportes y cotizaciones del asegurado; consecuentemente, no existe vulneración alguna al art. 14 DS N° 27543, por parte del Tribunal de alzada.

VI. Los arts. 1287, 1289.I, 1296 y 1523 del CC, nos dan la definición de los documento público, señalando que es el extendido cumpliendo todas las solemnidades. por funcionario autorizado para darle fe pública, así como el notario público, que se inscribe en un protocolo llamado escritura pública, cuyo contenido, del que da fe el funcionario público, hace plena fe entre las partes y sus herederos o sucesores; de igual manera, los despachos, títulos y certificados librados por los representantes del Gobierno y sus agentes autorizados sobre materias de su competencia y con las correspondientes formalidades legales, hacen plena prueba., al igual que los certificados y extractos expedidos conforme al art. 1523 del mismo cuerpo legal, que señala en cuanto a los registros púbicos, que los funcionarios a cargo de los registros otorgarán directamente los extractos y certificaciones a los interesados, excepto cuando se requiera autorización judicial.

La normativa señalada nos deja claramente definido el documento público, sus formalidades, características, alcances y quienes pueden dar fe o se encuentran autorizados para su emisión; sin embargo, no es posible que el SENASIR, acuse como infringida dicha normativa, al pretender que se considere prueba plena la certificación de Salario y Densidad de Años de Aporte CERT-11-2014-13272 e Informe Tectónico Nº 594/14 que determinaron la falta de continuidad laboral, por ser ese ente gestor una entidad de carácter público, creada en representación gubernamental, razón por la que toda documentación expedida por dicha institución tiene carácter de oficialidad, publicidad por ser emitida en pos de su competencia.

La consideración anterior desborda en total incongruencia a los efectos del proceso, por cuanto de ser considerada prueba las literales que refiere en ente gestor, se estaría ante un caso de juez y parte, que genera documentación que a entender del SENASIR, es irrevisable por su carácter público, pero además significaría plena prueba en contrario, en clara desigualdad procesal con el trabajador, lo que no es admisible, pues como se dijo, a los efectos del proceso, la Certificación e Informe aludidos, por supuesto que puede ser objeto de cuestionamiento, justamente con esa finalidad se diseñó el sistema recursivo, máxime, cuando previamente, la Resolución Nº 4617 de 21 de mayo de 2013, emitida por la Comisión de Calificación de Rentas, que tuvo como base precisamente una Certificación de Salarios y Densidad de Años de Aporte (CERT-04-2013-1396) cursante a fs. 31, fue revocada por la Comisión de Reclamación de la misma institución, justamente por haber realizado un cálculo erróneo, lo que denota, que bajo ningún aspecto las certificaciones e informes emitidos por la institución, como emergencia de un proceso de reclamación de pensiones, puede ser considerada prueba plena; consiguientemente, no es posible comprender, la manera en que considera la parte recurrente, que el Tribunal de alzada vulneró, violó, o realizó errónea interpretación o indebida aplicación de los citados artículos, cuando era precisamente obligación del tribunal de alzada establecer la legalidad, la veracidad y la logicidad o no del contenido de la Resolución 897/14, que se basó completamente en lo que el SENASIR considera prueba plena; comprobación que arrojó como resultado, la verificación de que en los cálculos de cotizaciones, no se tomaron en cuenta las literales que sí acreditan de forma indubitable, la fecha de ingreso y tiempo de permanencia del asegurado, hasta el 30 de abril de 1997 y que son las cursantes de fs. 5 a 7 del proceso.

VII. Finalmente, la Ley Nº 004, conforme señala su art. 1, tiene el objetivo de establecer mecanismos y procedimientos en el marco de la Constitución Política del Estado, leyes, tratados y convenciones internacionales, destinados a prevenir, investigar, procesar y sancionar actos de corrupción. En coherencia con la citada normativa, el art. 3 señala que su finalidad es la prevención, busca acabar con la impunidad en hechos de corrupción y la efectiva lucha contra la corrupción, recuperación y protección del patrimonio del Estado, con la activa participación de todas la entidades públicas y privadas de la sociedad civil.

En cuanto al ámbito de aplicación, en el art. 5.1 refiere que se aplica a los servidores y ex servidores públicos de todos los Órganos del Estado Plurinacional, de sus entidades e instituciones del nivel central, descentralizadas y/o desconcentradas, así como de las entidades territoriales autónomas, departamentales, municipales, regionales e indígena originario campesinas.

La citada ley, para el caso de que cualquier servidor público o autoridad, sea judicial o administrativa, emita resoluciones u órdenes contrarias a la constitución y a las leyes, o ejecutare o hiciere ejecutar dichas resoluciones u órdenes, puede ser sancionado, conforme establece el art. 153 de dicha ley, con privación de libertad de cinco a diez años, normativa que establece como agravante en un tercio de la pena, cuando se ocasione daño económico al Estado.

Ahora bien, a partir de la promulgación de la actual CPE, como ya se manifestó, toda autoridad se encuentra obligada a emitir fallos en consideración de los principios [como: suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa),teko kavi (vida buena)] y valores que la norma suprema reconoce y establece como pilares fundamentales del Estado, entre éstos últimos tenemos: la dignidad, solidaridad, respeto, transparencia, igualdad de oportunidades, equidad social, bienestar común, responsabilidad, justicia social, etc., para así poder cumplir los fines y funciones del Estado, entre ellos, construir una sociedad justa y armoniosa, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las  personas, el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta norma suprema, el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo.

Es con base en los principios, valores y fines señalados, que toda normativa en la actualidad debe ser interpretada, reconociendo y efectivizando cada derecho y garantía establecida en la constitución, pues lo contrario implicaría emitir una resolución contraria al mandato constitucional, lo que ciertamente podría conllevar a sanción penal, máxime si en el intento de persistir vanamente con una interpretación tan restringida de la normativa en materia social, se ocasionan gastos insulsos al Estado, lo que se traduce en daño económico. En este punto, cabe aclarar que no se pone en duda el carácter técnico que desarrolla en SENASIR a través de sus distintas reparticiones; sin embargo, cuando este trabajo parte de una concepción errada y extremadamente limitada de la norma, esa labor está destinada también al error.

Por otra parte, no debe perderse de vista que el legislador, dentro del sistema recursivo, ha establecido grados de impugnación, reconociendo al Tribunal Supremo de Justicia como el máximo intérprete de la legalidad ordinaria, quien a partir del mandato establecido en el art. 42.I.1 y 3 de la Ley nº 025 del Órgano Judicial (LOJ); además de constituirse en Tribunal casacional, tiene la tarea de sentar y uniformar jurisprudencia; en ese sentido, dentro el desarrollo de sus tareas, ante la duda interpretativa de una norma (ordinaria) respecto a sus alcances, objetivos y/o fines, traza lineamientos que sirven de guía en los distintos trámites a seguirse, cuyo procedimiento deja lugar a alguna confusión, sin que ello implique legislar; es en ese marco legal, que de forma por demás reiterada ha establecido -ante una interpretación enteramente restrictiva que hace el SENASIR del art. 14 del DS Nº 27543 sobre la base de un análisis normativo y una interpretación bajo el principio desde y conforme la Constitución, que el citado artículo es de aplicación obligatoria en los trámites de compensación de cotizaciones, en los casos en que no existan planillas y/o comprobantes de pago; conclusión, que de forma reiterada ha sido confirmada por el Tribunal Constitucional [entre muchas, la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) Nº 0273/2016-S2 de 23 de marzo de 2016, que a su vez cita a la SCP 1461/2013 de 19 de agosto], cada una de las veces que el ente recurrente acudió  en acción de amparo constitucional, y que pese a que la jurisprudencia constitucional tiene carácter vinculante, el SENASIR desoyendo a los más altos Tribunales del Estado, de forma obstinada activa la jurisdicción ordinaria y luego la constitucional, una y otra vez, ocasionando gastos al Estado, cuando le corresponde un cambio de mentalidad y aplicar la norma conforme ya fue establecido, siendo el único mecanismo para no considerar la documentación aparejada por el asegurado, la comprobación de que la misma es falsa o ilegal, caso en el que le toca acudir a otra vía.

De todo el análisis realizado, se estable que el SENASIR, en el planteamiento del recurso, equivocó el alcance de toda la normativa denunciada como violada, pues tuvo como punto de partida la inaplicabilidad, conforme entiende del art. 14 del DS Nº 27543, y con esa óptica interpretó la demás normativa, lo que llevó al ente recurrente a un claro error respecto a las conclusiones arribadas por el Tribunal de alzada, quien como ya fue explicado, no incurrió en vulneración alguna, contrariamente se apegó a la ley, pues de forma acertada estableció que el ente gestor omitió valorar prueba aparejada al proceso, limitándose, en franca contravención de la normativa precitada, razón por la que la pretensión recursiva carece de sustento legal, correspondiendo en este caso disponer, de conformidad a los art. 271.2 y 273 del Código de Procedimiento Civil, normativa aplicable por la regulación remisiva, contenida en los arts. 633 del Reglamento de Código de Seguridad Social y 15 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición, aprobado por Resolución Secretarial Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1987.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad que le confieren los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 87 a 90, interpuesto por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR).

Sin costas, en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y art. 52 del Decreto Supremo Nº 23215 de 22 de julio de 1992. 


Regístrese, notifíquese y devuélvase.