SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA




Auto Supremo Nº 255/2016.

Sucre, 22 de agosto de 2016.

Expediente: SC-CA.SAII-PDO.380/2015.

Distrito: Pando.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 66 a 68, interpuesto por Marco Antonio Salgado Luna, en representación legal de Oscar Terán Ayala, Director Técnico del Servicio Departamental de Caminos Pando (SEDCAM PANDO), contra el Auto de Vista Nº 128/15 de 17 de septiembre de 2015, cursante a fs. 63 y vta., pronunciado por la Sala Civil, Social, Familiar, de la Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, dentro del proceso laboral seguido por Hugo Alberto Choque Tarqui, contra la institución demandada, el Auto a fs. 70 vta., que concedió el recurso; los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO: Que, tramitado el proceso laboral, el Juez de  Partido de Trabajo y Seguridad de la ciudad de Cobija-Pando, emitió la Sentencia Nº 93 015 de 19 de junio de 2015 de fs. 31 a 32 vta., declarando probada en parte la demanda de fs. 14 a 15 vta., sin costas, disponiendo que la institución demandada cancele a favor del actor, la suma de Bs.16.857.-, por concepto subsidio de frontera.

En grado de apelación deducida por la parte demandada de fs.35 a 36 vta., por Auto de Vista Nº 128/15 de 17 de septiembre de 2015, la Sala Civil, Social Familiar de la Niñez y Adolescencia, del Tribunal Departamental de Justicia de Cobija-Pando, revocó parcialmente la sentencia apelada, disponiendo que el SEDCAM - PANDO, pague a favor del actor la suma de Bs.13.204.-, por concepto de subsidio de frontera.  Sin costas.

Este fallo motivó el recurso de casación en el fondo de fs. 66 a 68, interpuesto por  Marco Antonio Salgado Luna, en representación legal de Oscar Terán Ayala, Director Técnico del SEDCAM - PANDO, manifestando en síntesis:

Que, el auto de vista recurrido no consideró la fundamentación efectuada en apelación, ni valoró las pruebas, causando errónea apreciación de hecho de las mismas, al señalar que no existe pruebas que el actor hubiera prestado sus servicios fuera de los cincuenta (50) kilómetros de alguna frontera internacional durante las gestiones 2008 y 2009, desconociendo el contenido de  las pruebas presentadas en primera instancia, como ser los contratos de prestación de servicios de forma eventual, donde dichos cargos no fueron tomados en cuenta por el juzgador, desarrollando sus actividades en diferentes provincias, sin embargo, es favorecido con el pago del subsidio de frontera de las gestiones 2008 a 2010, pero al existir Contrato de Prestación de Servicios Nº 153/2006 de 25 de julio, Contrato de Prestación de Servicios de la Provincia Federico Román de fecha 2 de enero de 2008, que de la revisión del mapa de Cobija, dicha provincia no se encuentra dentro de los cincuenta (50) kilómetros fronterizos.

Por otra parte, desde el 15 de junio de 2010, existe un contrato de servicio público eventual en el Cargo de Seccional, pero ya en la ciudad de Cobija, es decir, dentro de los cincuenta (50) kilómetros fronterizos, donde se le canceló el subsidio de frontera  desde junio de 2010.

Por lo que dicha apreciación de los contratos no fue exhaustiva con relación de determinar el lugar de trabajo del actor, para dar una correcta aplicación a lo señalado en el art. 12 del Decreto Supremo (DS) Nº 21137, por lo que existe errónea apreciación de las pruebas ya que conforme a la contestación a la demanda, se manifestó que el actor no trabajó dentro de los cincuenta (50) kilómetros lineales fronterizos, también se presentaron planillas donde desarrollaba su trabajo, o sea, en la Provincia Federico Román, extremos que no fueron tomados en cuenta, señalando que no existe prueba que demuestre dicha actividad, señalando también que no hubo una debida fundamentación conforme se tiene en la línea jurisprudencial contenida en la Sentencia Constitucional (SC) Nº 1369/2001-R de 19 de diciembre.

Concluyó solicitando que, el Tribunal Supremo de Justicia, case el auto de vista recurrido, ordenado se deje sin efecto el mismo y se dicte nueva resolución.     

CONSIDERANDO II: Que, así planteado el recurso de casación, ingresando a su análisis en relación a los datos del proceso se establece lo siguiente:

En el caso presente, la controversia se circunscribe en determinar si corresponde o no el pago del subsidio de frontera concedido a favor del actor en la sentencia de primera instancia, fallo que fue revocado en parte por el tribunal de segunda instancia, con los fundamentos expuestos en el Considerando III del auto de vista recurrido.  

Al respecto sobre el tema, como se podrá advertir, la entidad demandada pretende desconocer este derecho por las razones expuestas ut supra, sin embargo, el subsidio de frontera se encuentra regulado por el art. 58 del DS Nº 21060, como un derecho adicional para los trabajadores del sector público y privado que presten en las fronteras del país, por su parte el art. 12 del DS Nº 21137 de 30 de noviembre de 1985 al respecto señala: “Se sustituye los bonos de frontera, zona o región  con un (subsidio de frontera), cuyo monto será el veinte por ciento (20%) del salario mensual. Se beneficiarán con este subsidio, solamente los funcionarios y trabajadores del Sector Público cuyo lugar de trabajo se encuentra dentro de los cincuenta kilómetros linéalas de las fronteras internacionales. Esta disposición regirá también para las empresas privadas”.

Nótese que, para beneficiarse del subsidio de frontera, el único requisito o condición es que los trabajadores presten sus servicios  dentro de un área comprendida dentro de cincuenta (50) kilómetros lineales con las fronteras internacionales, sin hacer mención o distinción sobre la naturaleza de los trabajos a realizarse o los tipos de contratos que puedan suscribirse, es decir, si son eventuales, indefinidos, a plazo fijo u otros.                  

En este entendido, al haberse evidenciado que el actor trabajó como funcionario dependiente del Gobierno Autónomo Departamental de Cobija-Pando, ciudad fronteriza con la República Federativa del Brasil, que se encuentra dentro de los 50 kilómetros previsto en el art. 12 del DS Nº 21137 de 30 de noviembre de 1985, puesto que los contratos cursantes de fs. 24 a 28 de obrados, con los que la parte recurrente pretende justificar que el actor desarrolló su trabajo en la provincia Federico Román del departamento de Pando, la cual no se encontraría  dentro de los cincuenta (50) kilómetros de la frontera, motivo por el cual no le correspondería el pago del subsidio de frontera previsto en el art. 12 del DS Nº 21137, dichos documentos, no constituyen prueba contundente que demuestre tal aseveración, puesto que el Primer Contrato de Servicios Personales, signado con el Nº 153/2006 cursante de fs. 24 a 26, suscrito el 25 de julio de 2006 hasta el 31 de diciembre del mismo año, es firmado en la ciudad de Cobija-Pando, y no especifica que el trabajo se desarrollará en la Provincia Federico Román como manifiesta la parte demandada; en tanto que el Contrato de Prestación de Servicios, cursante de fs. 27 a 28 de obrados, vigente desde el 1 de abril de 2008, no indica la fecha de conclusión, si bien señala que  el trabajo se ejecutará en la provincia Federico Román del Departamento de Pando, sin embargo, este documento es firmado en la ciudad de Cobija, el 2 de enero de 2008, es decir, cuatro meses antes de su entrada en vigencia, por consiguiente, este hecho que no permite establecer con certeza que el actor no haya trabajado dentro del área de los cincuenta (50) kilómetros de la frontera.

Al respecto, debe recordarse que en materia laboral rigen varios principios procesales, entre los que se encuentran el principio protector y dentro de estas, la regla “in dubio pro operario”, es decir, si a momento de apreciar las pruebas cursantes en obrados, sobre la base de la inexistencia de la prueba tasada, el juez advierte que existen circunstancias, eventos, condiciones u otros que sean contradictorios o excluyentes entre sí, se debe aplicar la regla “in dubio pro operario” y reconocer la circunstancia o hecho más favorable al trabajador, desestimando la otra situación que sucedió en el caso que se analiza, por este motivo, al ser los derechos irrenunciables e imprescriptibles conforme determinan conforme determinan los arts. 48.III y IV de la Constitución Política del Estado (CPE) y 4 de la Ley General del Trabajo (LGT), corresponde reconocer a favor del demandante, el subsidio de frontera, concedido en sentencia y ratificado en el auto de vista recurrido, quienes para arribar a la conclusión asumida, valoraron de forma correcta la prueba adjuntada durante la tramitación de la causa, conforme facultan los arts. 3.j) ,158 y 200 del Código Procesal del Trabajo (CPT).

Este Tribunal en casos similares, falló de la misma manera en los Autos Supremos (AS) Nos. 244 de 22 de abril de 2015, 309 de 13 de mayo 2015 y 60 de 24 de febrero de 2014, entre otros. 

Consiguientemente y en merito a lo expuesto, no siendo evidente las infracciones acusadas en el recurso, corresponde resolverlo de acuerdo a lo establecido en los arts. 271.2 y 273 del Código de Procedimiento Civil (CPC), aplicables por mandato del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, Ley Nº 025, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 66 a 68, interpuesto por los representantes legales del Servicio Departamental de Caminos de Pando.

Sin costas, en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y art. 52 del Decreto Supremo Nº 23215 de 22 de julio de 1992.


Regístrese, notifíquese, devuélvase.