SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 254/2016.

Sucre, 22 de agosto de 2016.  

Expediente: SC-CA.SAII-SCZ.386/2015.

Distrito: Santa Cruz de la Sierra.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 105 a 106 vta., interpuesto por Pedro Gonzalo Velásquez Ponce, en representación de la Empresa Constructora Rivadeneira  & Aguilera SRL contra el Auto de Vista Nº 151 de 08 de Mayo de 2015, cursante de fs. 100 a 101, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso laboral, instaurado por Máximo Torrez Hurtado, la respuesta de fs. 109 a 110 vta., contra la empresa recurrente; el Auto de fs. 113 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso, y

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, el Juez Tercero de Partido del Trabajo y Seguridad Social de Santa Cruz, emitió la Sentencia Nº 130 de 16 de Octubre de 2014 de fs. 48 a 50, declarando probada la demanda, con la modificación del pago en forma simple del aguinaldo, disponiendo que la Empresa Constructora Rivadeneira & Aguilera  S.R.L. representada legalmente por Freddy Rivadeneira y Gonzalo Velásquez, pague a tercero día de ejecutoriada la sentencia a favor de su ex trabajador los beneficios sociales de Bs.11.505.- por concepto de indemnización, aguinaldo, vacación y multa del 30% según el D.S. 28699.

Ante esta decisión, la parte demandada formuló recurso de apelación de fs. 80  a 82, que fue resuelto por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justica de Santa Cruz, por  Auto de Vista Nº 151 de 08 de Mayo de 2015 de fs. 100 a 101, confirmando la sentencia de 16 de Octubre de 2014 de fs. 48 a 50, con costas.

Contra el auto de vista, Pedro Gonzalo Velásquez Ponce, en representación de la Constructora Rivadeneira  & Aguilera S.R.L., por memorial de fs. 105 a 106 vta., interpuso recurso de casación en la forma, señalando en síntesis lo siguiente:

I.- Violación del Art. 252 del CPC.

Acusó que la presente causa no fue legalmente notificada a la parte demandada, tal como consta el informe del Oficial de diligencias a fs. 11, el lugar al cual se dirigió como domicilio señalado real  de la empresa, no existía, tomando recién conocimiento de la causa con la notificación de la sentencia, de lo que planteó recurso de apelación en el cual se hace conocer todas las violaciones al debido proceso y a la defensa, teniendo como respuesta del tribunal de alzada lo siguiente: c) Así también, se puede advertir que la empresa demandada ha sido legalmente notificada con la sentencia en su domicilio conocido, no ha presentado ningún incidente de nulidad de citación con la demanda conforme al procedimiento regulado por el artículo 143 del Código Procesal del Trabajo. (sic)

Arguye que, de lo transcrito se establecen dos puntos a tomar en cuenta, el primero, que no se podía plantear ningún incidente a un tribunal o juez que ya perdió competencia porque el Juez Tercero de Partido del Trabajo, al haber dictado sentencia perdió toda competencia conforme al art. 196 del Código de Procedimiento Civil (CPC), por lo que de acuerdo a norma se planteó recurso de apelación con el fin de demostrar al tribunal ad quem la falta de citación con la sentencia; el segundo punto a tomar en cuenta es, que el mismo tribunal en el auto de vista recurrido reconoció que simplemente se notificó con la sentencia y no así con la demanda, pero que la parte debió hacer valer su derecho a través de un incidente de nulidad, cuando el Tribunal constituye un órgano judicial de conocimiento y no así de puro derecho teniendo facultad para analizar y verificar el cumplimiento de los preceptos procedimentales y al verificar una violación a la norma de orden público anular obrados inclusive de oficio y más aún si la nulidad fue objeto del Auto de Vista lo que demostraría una flagrante violación a la normativa legal, viciando de nulidad el proceso, por incumplir lo dispuesto en los arts. 90 y 252 del CPC, siendo competencia del Tribunal Supremo de Justicia verificar las irregularidades y corregir  los errores hasta el vicio más antiguo que en este caso sería hasta la citación con la demanda a fs. 11.

1.2 Violación del art. 232 del CPC

Finalmente acusa que el tribunal de alzada obró incorrectamente incumpliendo el procedimiento establecido en el art. 232 del CPC ya que la causa tenía auto de radicatoria de fecha 24 de marzo de 2015 a fs. 95 y su persona mediante memorial a fs. 96 de obrados, solicitó dentro los cinco días establecidos la apertura del término de prueba con el fin de poder presentar pruebas que no se pudieron  por las razones antes mencionadas; sin embargo el tribunal de alzada corrió traslado en lugar de determinar la apertura de término probatorio solicitado o negarlo; siendo sorprendidos con  la notificación del auto de vista recurrido.

Concluyó solicitando se emita Auto Supremo (AS), anulando obrados hasta el vicio más antiguo al amparo del art. 252 del CPC.

CONSIDERANDO II: Que, así interpuesto el recurso de casación, de la revisión de los antecedentes procesales, se establece lo siguiente:

Que entre los principios que rigen en la materia de nulidad y que fueron desarrollados en varios Autos Supremos (AASS) por la extinta Corte Suprema de Justicia de la nación con la que se comparte criterio, se tiene al:

Principio de especificidad o legalidad.- Este principio se encuentra previsto por el art. 251.I del CPC, en virtud a el "no hay nulidad sin ley específica que la establezca" (pas de nullité sans texte). Esto quiere decir que para declarar una nulidad procesal, el juez ha de estar autorizado expresamente por un texto legal, que contemple la causal de invalidez del acto. El principio de la especificidad no ha de aplicarse, sin embargo, a rajatabla; pues, se sabe que es virtualmente imposible que el legislador pudiera prever todos los posibles casos o situaciones de nulidad en forma expresa, y siguiendo esa orientación la doctrina ha ampliado este principio con la introducción de una serie de complementos, a través de los cuales se deja al juez cierto margen de libertad para apreciar las normas que integran el debido proceso, tomando en cuenta los demás principios que rigen en materia de nulidades, así como los presupuestos procesales necesarios para integrar debidamente la relación jurídico-procesal. Este precepto se encuentra íntimamente relacionado con el principio de finalidad; en virtud al cual habrá lugar a la declaratoria de nulidad si el acto procesal no ha podido cumplir con su finalidad específica, y en sentido contrario no procederá la sanción de nulidad si el acto procesal aunque defectuosamente realizado cumplió su finalidad.

Principio de Trascendencia.- Se ha dicho que la nulidad es la sanción que acarrea la invalidez del acto procesal, cuando en su producción existe un alejamiento de las formas procesales; pero la mera desviación de las formas no puede conducir a la declaración de nulidad, por ello habrá que tener presente que no hay nulidad sin daño o perjuicio "pas de nullite sans grieg". Este principio indica que no puede admitirse la nulidad por la nulidad, sino que a tiempo de determinarla habrá que tener presente el perjuicio real que ocasiona al justiciable el alejamiento de las formas prescritas, pues las formas no han sido establecidas para satisfacer "pruritos formales". Por regla general, un acto procesal que adolezca de nulidad puede generalmente convalidarse, en consecuencia, la nulidad será la sanción excepcional, que se declara únicamente cuando el acto viciado acarreó un perjuicio cierto e irreparable que sólo pueda subsanarse mediante la sanción de nulidad.

Principio de convalidación.- En principio, dice Couture, toda nulidad en derecho procesal civil se convalida por el consentimiento si la parte perjudicada ratifica el acto viciado expresa o tácitamente. El principio de convalidación tiene íntima relación con el de preclusión, que tiene lugar cuando los justiciables no ejercen en forma oportuna o legal los recursos previstos por la ley adjetiva. Si los procesos deben sustanciarse en forma ordenada, así también las partes deben exponer sus reclamaciones dentro el tiempo y en la forma debida, esto por un elemental sentido de seguridad jurídica.

Es también necesario hacer referencia a lo relacionado con las citaciones y notificaciones; entendiéndose por éstas como los medios de comunicación utilizados por el juez o administrador de justicia. En el caso específico de la citación, ésta se refiere al llamamiento judicial que practican los juzgados con determinadas personas (demandantes) para que tomen conocimiento del inicio de una demanda o una resolución y estén a derecho, a los efectos de asumir defensa y someterse al debido proceso.

En virtud a lo antes mencionado, en el caso que nos ocupa y de la revisión del expediente, se evidencia que el demandado fue legalmente citado con la demanda a fs. 5  y vta., y demás actos procesales en fecha 23 de octubre de 2013, conforme prevé el art. 121 del adjetivo civil, así se evidencia de la diligencia de citación a fs.15 de obrados cuando el Oficial de Diligencias afirma por una parte que dicha citación se efectuó a Pedro Gonzalo Velásquez Ponce en su domicilio ubicado en el octavo anillo sobre la Av. Cristo Redentor  o Banzer, edificio “de Pantanal”, firmando en constancia el propio demandado, por lo que se demuestra que no es evidente que el recurrente desconozca sobre la citación con la demanda, así como tampoco el estar en indefensión, demostrándose contrariamente que éste hizo caso omiso a la referida citación pues no contestó la demanda dentro del plazo previsto lo que motivó al juzgador, a pedido de la parte demandante, declarar rebelde y contumaz al demandado conforme al art. 68 y 69 del CPC, designándose como defensora de oficio a la Dra. Rommy A. Von Borries Vargas.

Con respecto a que el recurrente no podía plantear incidente ante el Juez por la pérdida de competencia del mismo, como se refirió anteriormente, el demandado fue declarado rebelde, en consecuencia, la falta de presencia y actuación en la tramitación del proceso que únicamente es atribuible a éste, denota con dicha omisión que el demandado no ejerció de forma oportuna los recursos previstos por ley  a fin de que el juzgador pudiera brindarle la seguridad jurídica dentro del debido proceso.

Con relación a la apertura de prueba en segunda instancia, según el art. 208 del CPT, el tribunal “podrá”, no está obligado, no es imperativa la norma para abrir plazo de recepción de prueba, si no se cumple lo previsto en el art. 233.I.1 del CPC.

Que en ese marco legal, se concluye, que el auto de vista impugnado, se ajusta a las normas legales en vigencia, no se observa violación de norma legal alguna, por consiguiente, corresponde resolver en la forma prevista por los artículos 271.2 y 273 del CPC, aplicables por mandato de la norma remisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184. 1 de la Constitución Política del Estado y 42. I. 1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 105 a 106 vta. Con costas.


Regístrese, notifíquese y devuélvase.