SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 252/2016.

Sucre, 22 de agosto de 2016. 

Expediente: SC-CA.SAII-LP.382/2015.

Distrito: La Paz.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.


VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 311 a 317, interpuesto por Julio Guillermo Fabbri Crespo y José Miguel Fabbri Crespo, apoderados de Christopher Sykes, Director Nacional de Care Internacional en Bolivia (CARE), contra el Auto de Vista Nº 69/2015 de 12 de junio de fs. 296 a 298, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso contencioso tributario seguido por la empresa recurrente, contra la Administración de Aduana Interior de la gerencia Regional de Aduana La Paz, la respuesta de fs. 319 a 323, el Auto de fs. 324, que concedió el recurso; los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso contencioso tributario, la Juez Segundo de Partido, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de la ciudad de La Paz, emitió la Sentencia Nº 13/2012 de 3 de septiembre de 2012 de fs. 189 a 193, declarando probada en parte la demanda e improbada la solicitud de dejar sin efecto la resolución Sancionatoria Unificación de Procedimiento N° AN-GRLPZ-LAPLI N° 00152-09 de 24 diciembre de 2009, invocadas en la demanda de fs. 41 a 47, y probada la excepción de prescripción de la aludida resolución, por lo tanto extinguida la obligación tributaria.

En grado de apelación de fs. 194 a 199, planteado por Cinthia Martínez Cáceres, en representación legal de la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia y el recurso de apelación de fs. 202 a 209 interpuesto por los representantes legales de CARE, en cumplimiento del Auto Supremo Anulatorio Nº 135 de 28 de mayo de 2014 de fs. 260 a 262, la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista Nº 69/2015 de 12 de junio de 2015 de fs. 296 a 298, revocando en parte la Sentencia N° 13/2012 de 3 de septiembre de 2012 de fs. 189 a 193 de obrados, en consecuencia declaró improbada la excepción de prescripción aducida por la parte actora, por consiguiente firme y subsistente la R.S.U.P. N| AN-GRLPZ-LAPLI  N° 00152/09 de 24 de diciembre de 2009, en lo demás firme y subsistente. Sin costas.  

Dicho fallo motivó el recurso de casación en la forma y en el fondo interpuesto por Julio Guillermo Fabbri Crespo y José Miguel Fabbri Crespo, apoderados de Christopher Sykes, Director Nacional de CARE, con los fundamentos contenidos en el memorial de fs. 311 a 317.

CONSIDERANDO II: Que, con carácter previo a resolver los recursos de casación planteados, corresponde tener presente que en ejercicio de la facultad conferida en el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, este Tribunal tiene la facultad de revisar de oficio los antecedentes del proceso, a objeto de verificar el cumplimiento de los plazos y leyes que regulan su correcta tramitación y conclusión, para imponer en su caso, la sanción que corresponda o determinar, cuando el acto omitido lesione la garantía constitucional del debido proceso, haciendo insubsanables las consecuencias materiales y jurídicas del mismo, la nulidad de oficio, conforme establece el art. 252 del Código de Procedimiento Civil (CPC), aplicable por mandato de los arts. 214 y 297 segundo párrafo de la Ley Nº 1340 de 28 de mayo de 1992.        

En este contexto, es menester señalar que conforme la amplia jurisprudencia del Tribunal Supremo, el recurso de apelación o de alzada, constituye el más importante y usual de los recursos ordinarios, es el remedio procesal por el que se pretende que un tribunal jerárquicamente superior, generalmente colegiado, revoque o modifique una resolución judicial que se estima errónea en la interpretación, aplicación del derecho, en la apreciación de los hechos o de la prueba.

Ello supone una doble instancia donde el tribunal o juez debe circunscribirse a examinar la decisión impugnada sobre la base del material reunido en primera instancia, pero esto no obsta que, excepcionalmente, en segunda instancia se ofrezca y admita nueva prueba.

Bajo estas premisas, es innegable que la motivación de las resoluciones judiciales constituye un deber jurídico consagrado constitucionalmente como uno de los elementos del debido proceso, que se convierte en una garantía de legalidad procesal para proteger la libertad, la seguridad jurídica, la racionalidad y fundamentación de las resoluciones judiciales o administrativas, más aún si lo que se pretende es modificar o revocar el fallo venido en apelación o casación, donde la motivación o fundamentación deberá ser tal, que permita vislumbrar con claridad las razones de decisión por las que se modificó un fallo de instancia.

En efecto, el Diccionario de la Lengua Española asigna a la palabra motivación la "acción y efecto de motivar", a su vez, define "motivar" como "dar o explicar la razón o motivo que ha tenido para hacer una cosa".

Esto implica que todo administrador de justicia a momento de resolver una controversia sometida a su conocimiento, debe inexcusablemente exponer los hechos, los razonamientos relacionados con el análisis y valoración del acervo probatorio, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma.

Consecuentemente, cuando un juez omite motivar una resolución, no sólo suprime una parte estructural de su fallo, sino que en la práctica toma una decisión de hecho y no de derecho, en la que impide a las partes conocer cuáles son las razones que sustentan su fallo, por ello, las resoluciones judiciales deben ser lógicas y claras, no sólo para establecer la credibilidad de la sociedad civil en la jurisdicción, sino además, para que los justiciables puedan fundamentar sus recursos y se apertura la competencia del superior en grado.

La motivación de las resoluciones judiciales entraña en el fondo, una necesaria argumentación y ésta sólo es posible mediante las correspondientes y múltiples inferencias exigidas por el caso concreto, que podrán ser de tipo enunciativo -sujetos a los cánones de la lógica común- y de tipo jurídico, sujetos a las reglas de la lógica jurídica, hasta concluir en la deducción jurídica definitoria en el caso singular.

El incumplimiento de las exigencias expuestas ameritan que el Tribunal Supremo disponga la nulidad de obrados, en aras de una correcta administración de justicia.

A su vez, el art. 190 del citado adjetivo civil, dispone que: "La sentencia pondrá fin al litigio en primera instancia, contendrá decisiones expresas, positivas y precisas, recaerá sobre las cosas litigadas, en la manera en que hubieren sido demandadas sabida que fuere la verdad sobre las pruebas del proceso...", esta norma de aplicación general, impone además que los tribunales de alzada ajusten sus resoluciones de segunda instancia decidiendo la controversia en función del art. 236 del CPC, con apego a los principios de congruencia, pertinencia y exhaustividad, dentro del marco jurisdiccional que le impone la resolución recurrida y la expresión de agravios del recurso, enmarcando su decisión a las formas de resolución previstas en el artículo 237 del adjetivo civil, conforme faculta el art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

En cumplimiento de esta obligación procesal, velando por el acatamiento de las normas citadas, de la revisión del expediente se advierte que el tribunal de alzada al momento de emitir el Auto de Vista Nº 69, de 12 de junio de 2015 cursante de fs. 296 a 298, que revocó en parte la Sentencia Nº 134/2012 de 3 de septiembre de 2012 de fs. 189 a 193, emitió una resolución de “facto” sin la debida motivación y fundamentación, pues, de la lectura del segundo considerando de la resolución de alzada, se advierten criterios simplemente enunciativos e indicativos, empero no constan las inferencias exigidas por el caso concreto, que podrían ser razonamientos, sujetos a los cánones de la lógica común o sujetos a las reglas de la lógica jurídica hasta concluir en la deducción jurídica definitoria en el caso singular, es decir, no existe un análisis pormenorizado de los presuntos agravios sufridos, de la prueba producida en el proceso, no se dilucida el razonamiento del tribunal para determinar la revocación en parte del fallo de primera instancia, concluyendo en definitiva que no se cumplió con el mandato del art. 236 del adjetivo civil.

A lo indicado, se establece que el tribunal de apelación, abstrayéndose de las funciones inherentes a su obligación, no resolvió los agravios expuestos en el recurso de apelación de la entidad demandante, reiterados en el recurso de casación en la forma, atentando contra el derecho al debido proceso en su elemento del derecho a la legítima defensa y a la seguridad jurídica que no pueden ser soslayados por ese tribunal.

Al respecto, de la revisión de antecedentes procesales, la institución demandada interpuso recurso de apelación conforme se evidencia de fs. 194 a 199, por su parte CARE, de fs. 202 a 209, también interpone recurso de apelación, ambos contra la sentencia de primera instancia emitida por la juez a quo, sin embargo, analizado el contenido textual del auto de vista recurrido, al resolver los recursos de apelación interpuestos por ambos sujetos procesales, no lo hizo por separado, sino de manera general, es decir, sin pronunciarse de manera individual sobre los agravios expuestos en ambos recursos, omitiendo dar a las partes una respuesta razonada, con la debida motivación y fundamentación que debe contener toda resolución jurídica, contraviniendo lo previsto en el art. 236 del CPC, pues el tribunal de segunda instancia no puede dejar de pronunciarse sobre los agravios expuestos en un recuro de apelación, atentado y transgrediendo el principio de congruencia y el debido proceso consagrado en el art. 180 de la CPE. 

En este contexto, revisado el recurso de apelación de fs. 194 a 199, planteado por la representante legal de la institución demandada, expresó como agravios la incorrecta e incompleta interpretación de lo establecido en el art. 59 de la Ley Nº 2492 r1

eferente a la prescripción, que no se tomó en cuanta por la juez a quo lo relativo al procesamiento administrativo, sobre los fundamentos legales y la normativa vigente que respalda la actuación de la Administración Aduanera y sobre la aplicación de la verdad material; por su parte, en el recurso de apelación de fs. 202 a 209, interpuesto por parte de la institución demandante, los agravios expresados sobre los cuales el tribunal de segunda instancia no se pronunció, son los referentes a que la Sentencia pronunciada no se fundó en la normativa vigente al momento de verificarse la importación de la mercadería de donación, que en sentencia no se aplicó la jerarquía normativa expresamente establecida por la Constitución y lo referente a que por el principio de legalidad, solo la ley crea, modifica o suprime tributos e establece exenciones, y sólo ella puede quitar este beneficio a los organismos de cooperación como CARE, agravios que debidamente fundamentados, sobre los cuales no se encuentra pronunciamiento ni argumentación alguna, por parte del tribunal de apelación.                        

En suma, todos estos aspectos demuestran la existencia de incongruencia, falta de exhaustividad, de motivación y pertinencia de la resolución emitida y especialmente la omisión del cumplimiento de las normas citadas precedentemente, impidiendo que este tribunal pueda analizar el recurso formulado por parte de los representantes legales de la institución CARE, pues no puede emitirse criterio jurídico respecto de circunstancias de fondo que no fueron resueltas por el tribunal de alzada.

En consecuencia, al haberse incumplido normas procesales de orden público y cumplimiento obligatorio, corresponde resolver conforme disponen los arts. 252 y 275 del CPC, aplicables al caso presente de los arts. 214 y 297 segundo párrafo de la Ley Nº 1340 de 28 de mayo de 1992.        

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 Sala Social y ANULA obrados hasta el sorteo de fs. 295 vta., disponiendo que el Tribunal de Alzada, sin espera de turno y previo sorteo, bajo responsabilidad administrativa, pronuncie un nuevo auto de vista que, sea exhaustivo, motivado y resuelva la apelación en el marco del art. 236 del Código de Procedimiento Civil.

Se impone multa de Bs.200.- a los Vocales signatarios del Auto de Vista por no ser excusables las omisiones incurridas.


Regístrese, notifíquese y devuélvase.