SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo N° 239/2016.

Sucre, 05 de agosto de 2016.

Expediente: SC-CA.SAII-LP.369/2015.

Distrito: La Paz.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 162 a 174, interpuesto por Joaquín Rodrigo Toledo, contra el Auto de Vista N° 85/2015-SSA-I de 12 de junio, cursante de fs. 159 a 160 vta., emitido por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso laboral sobre cobro de beneficios sociales seguido por el recurrente contra la empresa Compañía Boliviana de Ingeniería SRL- “C.B.I. SRL” representada legalmente por su Gerente General Juan Azcui Sandoval, la contestación de fs. 176 a 177, el auto de fs. 178 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso social, la Juez Cuarto del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, pronunció la Sentencia N° 208/2014 de 12 de diciembre, de fs. 134 a 141, declarando probada en parte la excepción perentoria de pago y de prescripción y probada en parte la demanda de fs. 27 a 29 y 31 de obrados, con costas, disponiendo que la parte demandada Juan Azcui Sandoval- Gerente General de la Compañía Boliviana de Ingeniería S.R.L., “C.B.I.SRL”, cancele a tercero día de su legal notificación al demandante Joaquín Rodrigo Toledo la suma de Bs. 10.977.18, por concepto de segundo aguinaldo más la multa del 30% que deberá actualizarse a UFV a momento de su pago.

En grado de apelación de fs. 144 a 149 vta., formulada por el demandante, la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista N° 85/2015 de 12 de junio, cursante de fs. 159 a 160 vta., confirmó en todas sus partes la Sentencia N° 208/2014, cursantes de fs. 134 a 141 de obrados.

Dicho fallo motivó el recurso de casación en el fondo de fs. 162 a 174, interpuesto por Joaquín Rodrigo Toledo, quien en síntesis acuso lo siguiente:

1.- Denunció aplicación errada y violación del art. 33 del Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo (DR-LGT); violación del art. 154 y 167 del Código Procesal del Trabajo; violación al principio de inversión de la prueba inscrito en los arts. 3.h), 66, 150 del CPT; y 48.II de la CPE; y errónea apreciación de la prueba de fs. 71 al no otorgar la compensación de vacaciones cuando existe prueba y reconocimiento expreso por parte del demandado sobre la deuda de este concepto; que el tribunal ad quera, en su segundo considerando, no obstante de haber reclamado de forma oportuna el pago compensatorio por las vacaciones de las gestiones 2012 a 1013, de forma simple y llana sin argumentación jurídica razonable, refiriéndose únicamente que el art. 33 del DR-LGT no permitiría la acumulación de vacaciones, agrega que en tal sentido es evidente que la vacación anual no puede ser acumulada, empero, esta prohibición está sujeta a dos requisitos, el primero que exista un acuerdo mutuo por escrito y el segundo que exista un rol de turno para su ejercicio ambos que deben ser formulados por el empleador mas no por el trabajador, empero, en el presente caso el tribunal ad quera, decidió omitir fundamento con respecto a dicha norma sin considerar los aspectos conexos ahora desglosados, los cuales claramente establecen que era obligación del demandado como empleador conforme el principio de inversión de la prueba demostrar la otorgación de las vacaciones de las gestiones 2012 y 2013, mediante la presentación del acuerdo de acumulación, circulares, notas o memorándum que acrediten tanto la otorgación de las vacaciones como de su compensación o su postergación, empero no lo hizo dentro del periodo probatorio, motivo por el cual debió aplicarse de forma contundente el principio de inversión de la prueba con su efecto de presunción a favor del actor como lo establece la normativa procesal laboral vigente en los arts. 3.h), 66 y 150 del CPT.

2.- Errónea valoración de la prueba de hecho con respecto a las pruebas literales de fs. 38 y 87; y violación del art. 154 y 167 del CPT, al no considerar reconocimiento expreso de falta de pago de último quinquenio periodo 01/03/2008 al 15/11/2013; que el tribunal de apelación refiere con poca apreciación de la prueba, que la literal de fs. 38 acredita el pago de Bs.41.600.- por el último quinquenio más la suma de Bs. 13.600.- sumando así un desembolso de Bs. 55.200.- que a criterio de los jueces de instancias se habría hecho a su favor; sin embargo, el tribunal ad quem, no apreció de forma correcta la prueba cursantes a fs. 38 de obrados consistente en el comprobante de egreso N° 1000322, por el cual a su entender se habría cancelado a favor del actor la suma de Bs. 55.200.- que correspondería a mi segundo quinquenio completo, apreciación totalmente equivocada por cuanto el documento señalado claramente detalla en su contenido: obligaciones sociales a largo plazo - previsiones para beneficios sociales Bs.41.600 y reitera línea más abajo cuando nuevamente inscribe beneficios sociales por pagar Bs.41.600 y posteriormente efectivamente se hace referencia a la suma de Bs. 13.600.- que sumado justamente a los Bs. 41.600.- hacen la suma de Bs.52.200.- los cuales no me fueron cancelados en absoluto excepto por el monto de Bs. 13.600. (Cheque de fs. 39). En ese contexto, sostiene que el tribunal de apelación, no ha apreciado de forma correcta la prueba cursantes a fs. 38 de obrados, consistente en el comprobante de egreso N° 100322, por el cual a su entender se habría cancelado a favor del actor la suma de Bs.55.200.- que correspondería al segundo quinquenio completo, apreciación totalmente equivocada por cuanto el documento señalado (comprobante de egreso N° 100322 de fs. 38) claramente detalla en su contenido obligaciones sociales a “largo plazo”,- Previsiones para beneficios sociales Bs. 41.600, y lo reitera más abajo cuando nuevamente inscribe beneficios sociales por pagar Bs.41.600 y posteriormente efectivamente se hace referencia a la suma de Bs. 13.600, que sumado justamente a los Bs. 41.600.- hacen las suma de Bs.52.200, los cuales no le fueron cancelados en absoluto excepto por el monto de Bs. 13.600.- por ello dicho comprobante de egreso inscribe “previsiones” y “por pagar”, porque en dicho documento si bien cursa mi firma claramente se acredita el pago solamente de Bs. 13.600, siendo claro que se adeuda el pago de estos restantes Bs.41.600.

3.- Errónea interpretación y violación de los art. 3 del Decreto Supremo (DS) 1802 y al art. 2 de la Ley de 18/12/1944; violación del principio protector del trabajador inscritos en los arts. 3.g) del CPT; 48.II de la CPE; y 4.a) del DS 28699 al no aplicar el principio protector del trabajador; porque el auto de vista recurrido, refiere que no corresponde la multa por incumplimiento del segundo aguinaldo por cuanto a su criterio, si bien el segundo aguinaldo se sujeta a la norma ya existente para el aguinaldo, no es menos evidente que la sanción se aplica a la transgresión o incumplimiento de este derecho, el fundamento expuesto resulta totalmente contradictorio al señalar que en el caso de la empresa demandada ha llegado a cancelar en tiempo oportuno el aguinaldo simple no así el doble, es decir que el mismo tribunal ad quem, irónicamente reconoce claramente que el segundo aguinaldo fue incumplido por el demandado y que la norma vigente ciertamente sanciona a la falta de cumplimiento del pago de este concepto; empero, por alguna incomprensible razón, porque no la justifica, sin ser claro manifestaría que siendo que se ha cumplido el primer aguinaldo no correspondería la sanción con respecto al cumplir el segundo aguinaldo, claro está sin fundamentar las razones lógicas ni jurídicas sobre tal criterio, tal situación de forma clara resalta una clara violación al art. 3 del DS N° 1802 y al art. 2 de la Ley de 18 de diciembre de 1944, siendo que estos preceptos jurídicos disponen: “los criterios del segundo aguinaldo se sujetaran a la normativa vigente que rige el aguinaldo de navidad” remitiendo en este contexto legal a la normativa ya existente con respecto al aguinaldo.

4.-  Errada interpretación y violación de los arts. 57 de la LGT; 48 del DR-LGT; 3 de la Ley de 11/06/1947; y 27 del DS N° 3691 de 3/04/1954; nueva violación al principio de inversión de la prueba inscrito en los arts. 66 y 150 del CPT; violación de los arts. 160 y 181 del CPT en lo que respecta a la presunción de utilidades por falta de presentación de balance de la empresa demandada; señala que el numeral 5 del auto de vista recurrido, refiere que sin un sustento legal se solicita el pago de primas y que el argumento de que la prima no era reconocida a favor de los trabajadores de la empresa, empero este debería ser cancelado, asimismo, que no existe antecedentes o indicio que refleje que el demandado haya obtenido utilidades, además que la empresa reconoció un bono de incentivo, no obstante se debe manifestar que tal determinación encarna una violación alarmante siendo que tales preceptos concretamente refieren “Las empresas que hubieren obtenido utilidades al final del año, otorgaran a sus empleados y obreros, una prima anual de un mes de sueldo o salario..." La empresas que hubieran obtenido utilidades al finalizar el año, otorgaran a sus empleados y obreros una prima anual no inferior a un mes y a quince días de salario respectivamente...” norma que de acuerdo al art. 48.1 de la CPE es de aplicación obligatoria al ser de carácter laboral, es decir, que existe un contexto claro de que la otorgación de primas es obligación por el empleador cuando existe utilidades y no así una posibilidad facultativa de estoOs como torpemente lo manifiesta los jueces de instancias, por ellos tales disposiciones al no haber sido cumplidas por el demandado y este no demostrar la inexistencia de utilidades, han sido violadas por el tribunal der apelación al omitir su aplicación, cuando refieren que no es evidente que las primas deberían cancelarse sin importar que la empresa tenga como política el cumplimiento o no de este derecho, por cuanto es la ley y no los criterios unilaterales de las empresas los que determinan la procedencia de la otorgación de derechos.

5.-  Violación de los arts. 19 de la LGT; 39 del DR-LGT; y 11 del DS N°1592 de 19/04/1949, con referencia al cálculo de los beneficios sociales en base al sueldo promedio indemnizable que debe incluir todo el conjunto de retribuciones percibidas por el trabajador en los últimos tres meses de trabajo; el auto de vista emitido por el tribunal ad quem, en su numeral 6 de su segundo considerando, señaló que el bono que se otorgaba al actor mensualmente era de Bs. 1.400.- y no el de Bs.3.000.- en tal razón la sentencia se encontraría adecuada, empero lamentablemente en absoluto se refiere al concepto de sueldos promedio indemnizable con el cual se reclamó y debió y debe realizarse la liquidación de los beneficios sociales; al respecto, resulta clara la violación a los arts. 19 de la LGT; 39 del DR-LGT y el art. 11 del DS N° 1592 de fecha 19/04/1949 que establece “el sueldo o salario indemnizable comprenderá el conjunto de retribuciones en dinero que> perciba el trabajador incluyendo comisiones y participaciones, así como los pagos por horas extraordinarias, trabajo nocturnos y trabajo en n días feriados siempre que unos y otros invistan carácter de regularidad dada la naturaleza del trabajo que se trate”, en tal sentido resulta sumamente lesivo a los derechos del actor que el tribunal ad quem, no obstante de habérsele reclamado de forma precisa, que esto, no tenga ninguna importancia a los preceptos señalados, siendo que estos claramente determinan que el sueldo promedio indemnizable con el que deben calcularse la liquidación de beneficios sociales debe incluir todos las retribuciones en dinero que perciba el trabajador, incluyendo comisiones y participación que tengan carácter regular, en el caso, el certificado de trabajo de fs. 48 claramente demuestra que al actor se le cancelaba mensualmente la suma de Bs. 1.400.- independientemente del sueldo hasta el 28/06/2011, que como se dijo este fue incrementándose hasta llegar hasta Bs.3.000.

Concluyó solicitando que este Tribunal Supremo de Justicia, case totalmente el Auto de Vista N° 85/2015 de 12 de junio, y deliberando en el fondo se declare probada la demanda en todos sus puntos, con costas.

CONSIDERANDO II: Que, así planteado el recurso, corresponde su análisis y consideración, de donde se tiene lo siguiente:

1.- Del contenido del recurso de casación en el fondo, se advierte que el recurrente cuestiona el fallo de segunda instancia, porque realizó equivocada apreciación de la prueba al confirmar la sentencia, al negar la compensación de vacaciones de las gestiones 2012 y 2013 en favor del actor, sin embargo el recurrente debe tener presente que el art. 33 del R- LGT, establece: “que la vacación anual no será compensable en dinero, salvo el caso de terminaciones de contratos de trabajo. No podrá ser acumulada, salvo acuerdo mutuo por escrito y será ejercida de acuerdo al rol de turno que formule el patrono”, más aun cuando el trabajador gozo de ese derecho según detalle de vacaciones cursantes a fs. 71, consiguientemente en cumplimiento a lo determinado por los arts. 66 y 150 del CPT, que, la carga de la prueba corresponde al empleador, sin perjuicio de que aquel pueda ofrecer las pruebas que estime conveniente, al no haber respaldado en lo más mínimo dicho agravio, corresponde declarar infundado

2.- Denunció la falta de pago del último quinquenio periodo de 01/03/2008 al 15/11/2013, acusación que no es evidente, toda vez que de acuerdo a los datos del proceso, cursa de fs. 37 y 38 el finiquito y comprobante de pago por la suma de Bs.55.200.- prueba que acredita la cancelación del derecho pretendido del demandante, documentos donde existe la firma del actor; pruebas de descargo que ha dado lugar que los jueces de instancias declaren la inviabilidad del mismo, por tratarse de quinquenios consolidados con pagos definitivos y de ninguna manera pagos a cuenta, también se debe tenerse presente que en materia social rige el principio de la inversión de la prueba, que desplaza sobre el empleador la obligación de desvirtuar las pretensiones del contrario tal cual lo refieren los arts. 3 inciso h), 66 y 150 del Código Procesal Laboral”, de donde se concluye que, la empresa demandada presentó la prueba documental que desvirtuó las pretensiones del recurrente; no siendo en consecuencia evidente las acusaciones vertidas en el recurso de casación en el fondo, deviniendo también este motivo en infundado.

3.- En cuanto a la multa por falta de pago del segundo aguinaldo, se tiene que los tribunales de instancia de forma correcta ordenaron se cancele el segundo aguinaldo, ya que el primero habría sido cancelado por la empresa demandada en el tiempo oportuno y no así el doble aguinaldo, por lo que no corresponde la multa o sanción como erróneamente pretende la parte recurrente, no obstante que los tribunales de instancia ya han analizado, valorado y resuelto sobre este punto, tomando en cuento que el tribunal ad quem, son tribunales de conocimiento que pueden valoras las pruebas adjuntas durante la tramitación del proceso, no siendo evidente lo denunciado por la parte demandante, de conformidad del artículo 2 de la Ley del Aguinaldo de 18 de diciembre de 1944 y el instructivo de pago de la Ley de Aguinaldos por la presente gestión.

4.- En relación al pago de la prima, que de acuerdo a los fallos de instancia no se reconoció en favor del trabajador, por no existir antecedentes o indicios alguno que refleje que la empresa demandada obtuvo u obtenía utilidades, además de ello la empresa le reconocía un bono como incentivo conforme claramente lo expreso el demandante en su confesión provocada cursantes de fs. 131 a 132; para la respectiva determinación del referido reclamo, amerita la observancia del art. 57 de la LGT, modificado por el artículo 3 de la Ley de 11 de junio de 1947, que dispone: “El pago de prima, distinto del aguinaldo, se sujetará a las normas establecidas por los Arts. 48 y 49 y 50 del D.S. de 23 de agosto de 1943 modificándose la primera parte del Art. 48° en los siguientes términos: Las empresas que hubieren obtenido utilidades al finalizar el año, otorgarán a sus empleados y obreros, una prima anual de un mes de sueldo o salario (Art. 27 del D.S. 3691, de 3 de abril de 1954).” Asimismo, la segunda parte del citado artículo 48 del DR-LGT, textualmente señala: “Serán acreedores al beneficio que establece la Ley, los empleados y obreros que hubieren trabajado más de tres meses y un mes, calendarios respectivamente. A los que hubiesen prestado sus servicios por un tiempo menor de un año, se les concederá la prima en proporción al tiempo trabajado”. Por lo que deviene de infundado el agravio traído a casación.

5.-  Finalmente denunció que el tribunal ad quem, al emitir el auto de vista realizó errónea valoración de la prueba, referente al cálculo de los beneficios sociales en base al sueldo promedio indemnizable; al expresar que debe procederse a realizar un nuevo cálculo de su indemnización tomando en cuenta el bono de incentivo de Bs.3.000, al respecto es necesario aclarar que sobre este concepto existe antecedentes de que dicho bono era reconocido efectivamente pero en el monto de Bs. 1.400, tal cual lo refleja el certificado de trabajo cursante a fs. 48 de obrados, conforme establece el art. 154 del CPT, empero, no corresponde mayor consideración al respecto. Adicionalmente, debe tenerse presente que el juzgador en materia laboral no se encuentra sometido a la tarifa legal de la prueba, propia del proceso civil, sino que formará libremente su convencimiento, inspirándose en principios científicos que informan la crítica de la prueba, con arreglo del artículo 158 del CPT. Asimismo, conforme lo determina el art. 3.j) del Código Adjetivo Laboral, uno de los principios en los que se basa todo procedimiento en materia laboral es la: “Libre apreciación de la prueba, por la que el juez valora las pruebas con amplio margen de libertad conforme a la sana lógica, los dictados de su conciencia y los principios enunciados”, debiéndose considerar que, cuando en el recurso de casación se exponen denuncias relacionadas con la apreciación de la prueba, es obligación del recurrente precisar si los tribunales de instancia incurrieron en errores de hecho o de derecho en el ejercicio de su atribución valorativa, sólo en esta circunstancia se abre la competencia de este Tribunal para realizar nueva compulsa de la misma, lo que no ocurre en el caso de autos.

A lo señalado, y conforme a la jurisprudencia sentada por este Tribunal, tanto en los procesos administrativos, como en la jurisdicción ordinaria debe prevalecer la verdad material sobre la verdad formal, así los artículos 180. I de la Constitución Política del Estado (CPE) y 30.11 de la Ley del Órgano Judicial, establecen como un principio procesal a dicha verdad, con la finalidad de que toda resolución contemple de forma inexcusable la manera y cómo ocurrieron los hechos, en estricto cumplimiento de las garantías procesales; es decir, dando prevalencia a la verdad pura, a la realidad de los hechos, antes de subsumir el accionar administrativo y jurisdiccional en ritualismos procesales que no conducen a la correcta aplicación de la justicia.

Bajo ese marco fáctico y normativo, se colige que el tribunal de alzada al confirmar la sentencia de primer grado, enmarcó su actuación en las normas que rigen el proceso laboral, de conformidad al art. 236 del CPC.

Consiguientemente, en mérito a lo expuesto, no es evidente lo denunciado en el recurso de casación en el fondo, por lo que corresponde resolver de acuerdo a lo establecido en los arts. 271.2 y 273 del CPC, aplicables por mandato del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 162 a 174. Con costas.

Se regula los honorarios profesionales en la suma de Bs.500 que mandará pagar el tribunal ad quem.


Regístrese, notifíquese y devuélvase.