SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 238/2016.

Sucre, 5 de agosto de 2016.  

Expediente: SC-CA.SAII-CHUQ.368/2015.

Distrito: Chuquisaca.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 36 a 38 vta., interpuesto por Miguel Ángel La Fuente Camacho, contra el Auto de Vista Nº 497/2015 de 13 de octubre, pronunciado por la Sala Social, Administrativa Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, que discurre de fojas 31 a 32, dentro del proceso social de cobro de beneficios sociales, sueldos, vacaciones y bonos devengados seguido por el recurrente contra el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, el Auto de fs. 39 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO I: Que, presentada la demanda laboral de fs. 16 a 18, en la que el ahora recurrente solicitó el pago de beneficios sociales, sueldos, vacaciones y bonos devengados, dirigiendo su acción contra el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, la Juez Tercero de Partido de Trabajo y Seguridad Social, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de la Capital Sucre, pronunció el Auto Interlocutorio de 2 de junio de 2015, declarándose “incompetente para conocer la demanda” textual-,  en razón de que la entidad demandada es una institución pública, cuyo marco jurídico  comprende la Ley Nº 2027, Ley Nº 2028, Ley Nº 1178, D.S. Nº 26115 y que el demandante es un funcionario público que no se encuentra amparado por la Ley General del Trabajo (fs. 19 a 20).

El demandante, contra el Auto Interlocutorio referido precedentemente, interpuso recurso de apelación en los términos del memorial de fs. 22-23, siendo resuelto por Auto de Vista Nº 497/2015, pronunciado por la Sala Social Administrativa Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Chuquisaca que confirmó totalmente la resolución apelada.

Que, contra el referido auto de vista, Miguel Ángel La Fuente Camacho, interpuso recurso de casación en el fondo de fs.36 a 38 vta., señalando en síntesis lo siguiente:

Efectuando una relación de la documentación aparejada a la demanda, y el Auto Interlocutorio pronunciado por la juez de primer grado, manifiesta que el auto de vista recurrido, al expresar que el recurso de apelación se fundamentó en la Ley Nº 321  de 18 de diciembre de 2012, norma que no fue invocada en la resolución de la jueza inferior y que las funciones desempeñadas por el recurrente fueron de libre nombramiento, ubicándose dentro las excepciones previstas por el art. 1.II de aquella Ley, contiene un criterio subjetivo y personalísimo de los Señores Vocales y no de la Juez inferior.

Por el motivo anterior, el recurrente acusa la violación del art. 1 de la Ley Nº 321 de 18 diciembre de 2012, toda vez que la Juez de primer grado se declaró sin competencia para el conocimiento de la demanda amparada en la Ley Nº 2028 y el art. 3 de la Ley Nº 2027, sin tener en cuenta que se encuentra vigente la Ley Nº 321, que incorpora a los trabajadores de los Gobiernos Municipales al ámbito de la Ley General del Trabajo, norma de la cual a decir del recurrente- emergería la competencia de la juez A quo para el conocimiento de la demanda social, empero, no obstante de ello, el Tribunal de Alzada confirmó la resolución apelada, incurriendo en interpretación errónea de la Ley, aplicación indebida que resulta temeraria, en virtud a que “jamás fue objeto de libre nombramiento, debido a su formación profesional” textual-.

Agrega que fue un error de los Señores Vocales el considerar que fue un funcionario de libre nombramiento, para demostrar tal error transcribe los arts. 5 y 12 de la Ley Nº 2027, concluyendo que las funciones que desempeñó de supervisor, técnico y diseño de proyectos, corresponden a nivel operativo, de naturaleza distinta a las que cumplen los funcionarios de libre nombramiento, primando para su designación la experiencia y la calidad de formación profesional, no habiendo sido electo menos personal de confianza, sino un profesional técnico al servicio de juntas vecinales, barrios y comunidades.

Siendo reiterativo en los conceptos de personal de libre nombramiento y de confianza, cita el A.S. Nº 103/2014 de 22 de mayo de 2014 (no indica la sala que lo emitió), para concluir que “la competencia laboral de servidores del Gobierno Autónomo Municipal surge por disposición de la Ley Nº 321” (sic), disposición que fue violada por los Señores Vocales cuando confirmaron el Auto Interlocutorio del inferior.

Señala que los Señores Vocales violaron el art. 4 de la Ley General del Trabajo (LGT) concordante con el art. 48 de la CPE, al desestimar sus derechos a vacaciones, sueldos y beneficios sociales, máxime si se toma en cuenta que fueron recargadas las labores de supervisión, de ejecución y diseño de proyectos y fue el Gobierno Municipal de Sucre quién postergó sus vacaciones, no siendo posible que ahora no haya quién responda por sus derechos que son irrenunciables, imprescriptibles y de cumplimiento obligatorio.

Finalmente, el recurrente acusó vulneración a la sana crítica en valoración de la prueba, prevista por el art. 158 del Código Procesal del Trabajo (CPT) y 396 del Código de Procedimiento Civil (CPC), ello, debido a que su caso, estaría inmerso dentro de la excepción prevista en el art. 1.II de la Ley Nº 321 “y los derechos del trabajador se elevan a rango constitucional su interpretación sujetos a principios informadores de normas laborales que cumplen función fundamentadora” (sic). Agrega que cuando el Tribunal de Alzada sostiene que el trabajo por él desempeñado fue en virtud a un libre nombramiento, sin valorar la prueba preconstituida, violó la adecuado ponderación del contrato y funciones del trabajador, correspondiendo por ello analizar el fondo del asunto.

CONSIDERANDO II: Que, así expuestos los fundamentos del recurso de casación de fs. 36 a 38 vta., para su resolución es menester realizar las siguientes consideraciones:

No puede dejarse de mencionar que el memorial del recurso en estudio, es pobre en su contenido, más aún, en una redacción casi inentendible ingresa en varias contradicciones y conceptualizaciones equivocadas conforme se pasa a explicar.

El recurrente acusa: a) Violación del art. 1 de la Ley Nº 321 de 18 diciembre de 2012, b) Violación del art. 4 de la Ley General del Trabajo concordante con el art. 48 de la CPE; y, c) Vulneración a la sana crítica en valoración de la prueba prevista por el art. 158 del CPT y 396 del CPC.

a).- Respecto a la violación del art. 1 de la Ley No 321.- A fin de evidenciar o desestimar la transgresión denunciada en relación a esta norma, es necesario manifestar que la disposición legal citada prevé: “ I. Se incorpora al ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo, a las trabajadoras y los trabajadores asalariados permanentes que desempeñen funciones en servicios manuales y técnico operativo administrativo de los Gobiernos Autónomos Municipales de Capitales de Departamento y de El Alto de La Paz, quienes gozarán de los derechos y beneficios que la Ley General del Trabajo y sus normas complementarias confieren, a partir de la promulgación de la presente Ley, sin carácter retroactivo. II. Se exceptúa a las servidoras públicas y los servidores públicos electos y de libre nombramiento, así como quienes en la estructura de cargos de los Gobiernos Autónomos Municipales, ocupen cargos de: Dirección, Secretarías Generales y Ejecutivas, Jefatura, Asesor, y Profesional”, de cuya inteligencia se establece que, efectivamente, esta disposición legal incorpora al amparo de la Ley General del Trabajo a los trabajadores municipales, empero, también contiene la excepción de su acápite II, que engloba a los servidores públicos electos, de libre nombramiento y profesionales.

En el caso de autos, el demandante, hoy recurrente, conforme la documental que discurre de fs. 1 a 5, desempeñó funciones en la entidad demandada como Supervisor, Técnico del Distrito dependiente de la Sub Alcaldía del Distrito 4, profesional de diseño de proyectos y hasta Sub Alcalde del Distrito nombrado, cargos que ocupó por “nombramiento directo”, es decir que, las funciones en las que fue designado, no fueron producto de un proceso de “Selección de Personal”, bajo las distintas modalidades previstas en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal, aprobadas por Decreto Supremo Nº 26115 de 16 de mayo de 2001, que tienen por objeto regular el Sistema de Administración de Personal y la Carrera Administrativa, en el marco de la CPE, la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales, la Ley N° 2027 Estatuto del Funcionario Público y Decretos Reglamentarios correspondientes, por lo que con sobrada razón el Tribunal de Apelación al confirmar el Auto Interlocutorio apelado, argumentó que el demandante se encontraba en la excepción prevista en el parágrafo II del artículo glosado.

Resulta importante aclarar que, cuando el Juez Ad-quem hace alusión a la figura de “libre nombramiento”, se refiere precisamente a la falta de un proceso de selección de personal, por lo que resulta equivocada la percepción del recurrente cuando expresa que jamás fue objeto de libre nombramiento, debido a su formación profesional y que no se encuentra dentro la previsión de los arts. 5 y 12 de la Ley Nº 2027 (Estatuto del Funcionario Público). Ahora bien, el demandante reconoce en el recurso en estudio que fueron sus condiciones técnicas y profesionales las que le permitieron acceder a los cargos que desempeñó en el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, confesión que permite a este Tribunal Supremo de Justicia afirmar que precisamente dicha condición hace que no se encuentra protegido por la Ley General del Trabajo y, por el contrario se encuentre dentro de las excepciones previstas en el parágrafo II del art. 1 de la Ley Nº 321, que claramente prevé que los profesionales se encuentran exentos de la previsión de esta Norma. En consecuencia, no es evidente la transgresión denunciada, menos existió interpretación errónea de la Ley o aplicación indebida como afirmó el recurrente.

En cuanto al Auto Supremo Nº 103/2014 de 22 de mayo de 2014, citado como jurisprudencia por el recurrente y cuyo origen no es especificado por éste, es necesario referir que dicha resolución fue emitida por la entonces Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, en el proceso laboral incoado por Irenia Soto García contra el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre en un caso fáctico totalmente diferente al caso de análisis (trabajadora con contrato a plazo fijo, cuya tácita reconducción fue invocada en el proceso), por lo que no puede ser considerado como jurisprudencia a ser aplicada en la resolución del presente recurso.

Por otra parte, resulta errada la aseveración del recurrente cuando afirma que “la competencia laboral de servidores del Gobierno Autónomo Municipal surge por disposición de la Ley Nº 321”  (fs. 37 y vta. último párrafo), pues la competencia es un concepto jurídico inherente al juzgador, nunca como afirma el demandante-, a los servidores del Gobierno Autónomo Municipal, seguramente, lo que quiso expresar el recurrente es que de la Ley Nº 321 emerge la capacidad o personería del demandante para incoar la acción laboral, situación que no puede ser confundida bajo ningún concepto, resultando entonces que en el Auto de Vista recurrido, no se encuentra la transgresión denunciada en el recurso.

b).- En relación a la violación del art. 4 de la LGT concordante con el art. 48 de la CPE.- en cuanto hace a la irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores y la aplicación de los principios laborales en la interpretación normativa, cuyo cumplimiento reviste el carácter de obligatoriedad, debe decirse que, estos deben ser aplicados en tanto y en cuanto el trabajador se encuentre bajo la protección de la Ley General del Trabajo, situación que en la especie no ocurre, pues, como se tiene fundamentado en el inciso a) precedente, al recurrente no puede aplicársele la excepción prevista en el parágrafo II del art. 1ª de la Ley Nº 321.

c).- Sobre la vulneración a la sana crítica en valoración de la prueba prevista por el art. 158 del CPT y 396 del CPC.- En este punto del recurso, el recurrente ingresa en imprecisiones que hasta resultan incomprensibles, conforme se anotó en el resumen del recurso. Probablemente, lo que el recurrente quiso manifestar es que, por la importancia de los derechos del trabajador, fueron elevados a rango constitucional los principios informadores de la interpretación de las normas laborales; pues, los principios suelen cumplir la función fundamentadora, interpretativa y supletoria del orden jurídico vigente, en el caso particular, las normas del derecho laboral, no sólo deben ser fundamentadas, interpretadas o suplidas por los principios insertos en la Constitución Política del Estado, sino que, todo el acervo normativo de la materia debe descansar sobre la base de tales principios, porque se constituyen en pilares, bases teóricas y lógicas sobre las que se erigen las normas del derecho laboral.

Este marco normativo, sin duda, es de observancia y aplicación obligatoria, máxime si el art. 158 del CPT, dispone que “El Juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas, y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes (…)”. Sin embargo, se reitera que, en el caso de análisis, al haberse determinado que el demandante no se encuentra amparado por la Ley General del Trabajo, estas normas no pueden ser aplicadas.

Ahora bien, en relación al art. 396 de CPC, que a juicio del recurrente guarda relación con el art. antes citado, tal afirmación resulta fuera de todo contexto, habida cuenta que esta norma se refiere al “Efecto del decreto de Autos” a través del cual se cierra toda discusión dentro de un proceso de conocimiento, situación que no ha existido en obrados, donde ni si quiera se ha dado inicio al proceso laboral, precisamente porque la Juez de primer grado se declaró sin competencia para aprehender el conocimiento del asunto, por lo que la sola cita del artículo en cuestión resulta inatinente. 

Por lo expuesto, resultan no ser evidentes las transgresiones denunciadas por el actor, hoy recurrente, pues el Tribunal de Alzada al confirmar totalmente el Auto Interlocutorio de 2 de junio de 2015 cursante a fs. 19 a 20  pronunciado por la Juez de Partido Tercero de Trabajo y Seguridad Social, Administrativo Coactivo, Fiscal y Tributario, de la capital Sucre, aplicó correctamente las normas en las que se basa la presente resolución, por lo que el recurso deviene en Infundado.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Supremo Tribunal de Justicia, con la facultad prevista en el art. 184.I de la C.P.E. actual y art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial,  declara INFUNDADO el recurso deducido por el demandante a fs. 36 a 38 vta. Sin costas, en aplicación del art. 39 de la Ley 1178 (SAFCO).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.