SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo N° 237/2016.

Sucre, 05 de agosto de 2016.

Expediente: SC-CA.SAII-TJA.367/2015.

Distrito: Tarija.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.


VISTOS: El recurso de casación de fondo de fs. 850 a 853 vta., interpuesto por Tomas Rojas Sánchez, contra el Auto de Vista N° 200/2015 de 2 de octubre, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso coactivo fiscal seguido por el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, contra el recurrente, la respuesta de fs. 860 a 862 vta., el auto interlocutorio a fs. 863 que concedió el recurso; los antecedentes procesales, y;

CONSIDERANDO I: Qué, siendo tramitado el proceso coactivo fiscal, la Juez de Partido Administrativo, Coactivo, Fiscal y Tributario de Tarija, emitió la Sentencia N° 06/2011 de 14 de noviembre, cursante de fs. 701 a 714, declarando probada en parte la demanda de fs. 58 a 59 vta., disponiendo: Primero modificar el cargo original de la Nota de Cargo N° 17/2009, reduciendo la suma liquida y exigible de $us.252.-, segundo; Girar Pliego de Cargo N° 06/2011, en contra de Tomás Rojas Sánchez, por disposición arbitraria de bienes patrimoniales del Estado, concurriendo indicios de responsabilidad civil personal, sujeto a la aplicación del art. 77. h del Sistema de Control Fiscal por un cargo definitivo de Bs. 1.760.-, equivalente a $us.-252. Sin costas.

En grado de apelación formulada por el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, representado por Angélica Adriana Rodríguez Vacaflores, de fs. 716 a 721 vta., la Sala Social y Administrativa del Tribunal de Justicia de Tarija, mediante Auto de Vista N° 200/2015 de 2 de octubre, cursante de fs. 835 a 847 vta., revocó parcialmente la sentencia apelada, modificando el monto del Pliego de Cargo en contra de Tomás Rojas Sánchez, en la suma de Bs.418.393.00.-, equivalente a $us.51.736.00.-, conforme a lo terminado en la Nota de Cargo N° 17/2009 cursante de fs. 62 vta. a 63, más los intereses a calcularse en ejecución de sentencia. Sin costas.

Dicho fallo motivó el recurso de casación en el fondo de fs. 850 a 853, interpuesto por Tomás Rojas Sánchez, manifestando:

Que, el tribunal de alzada sostuvo que, no constituyen prueba la documentación aportada durante el periodo de prueba vigente, prueba documental de fs. 80 a 170, que contienen toda la veracidad y legitimidad de un hecho real de entrega de materiales, bienes de reparación de vehículos de las instituciones policiales y militares.

Sostuvo que, el tribunal ad quem, ingresó en discrecionalidad y valoración incorrecta, atribuyéndole la cifra de Bs.-418.393.-, sin embargo, en las actas consta la firma y sello de las instituciones o unidad policial y militar totalmente identificable la persona, el cargo e institución a la que pertenece, las cuales no tienen valor probatorio para el tribunal ad quem, restándole valor legal bajo suposiciones y deducciones considera que todo descargo presentado que va de fs. 80 a 200, son calificadas de mala fe, no confiables, deduciéndose su invalidez legal, en franca vulneración a su derecho a la defensa, porque dicha prueba fue adjuntada dentro del término legal y con documentación original, que contienen toda la veracidad y confiabilidad de dichos documentos, correspondiendo su valoración, las cuales corroboran la entrega de materiales a favor de las instancias destinatarias las contrataciones efectuadas por la Sub Prefectura del Programa de Seguridad Ciudadana a favor de las diferentes unidades policiales acantonadas en la provincia Gran Chaco en las gestiones 2005 y 2006.

En este contexto sostuvo que, para el tribunal ad quem, nada tuvo credibilidad, en franca violación, infracción y aplicación errónea de los arts. 399 y 401 del CPC.

Que el tribunal de alzada no se pronunció sobre el memorándum N° 046/2004 de 7 de abril, curarte a fs. 16, en la que se lo designa como Ayudante de Seguridad Ciudadana de la Sub Prefectura de Yacuiba, pero que nunca tuvo designación como Responsable del Programa o del Área de Seguridad Ciudadana, es decir, como simple funcionario con nivel 12, con un sueldo de Bs.2.225.-.

El tribunal ad quem, no es integral, objetivo y ecuánime en su análisis y valoración de los documentos de descargo, al restarle valor y autenticidad a los documentos y actas de entrega que va de fs. 80 a 170 de obrados, pues dicho tribunal, solo tuvo análisis y cuidado para revisar las fechas consignadas en las notas de salida de almacenes, de materiales y las fechas de las actas de descargo, de recepción y conformidad suscrita por los destinatarios aportadas como descargo al presente proceso, pero no tuvo la prolijidad de revisar las fechas de las notas de ingreso de materiales a almacenes respecto a las fechas de las notas de salida de almacenes.

Denunció que, el citado tribunal, no valoró correctamente los descargos documentados efectuados por el coactivado, respecto a la Nota de Cargo N° 17/2009, Pliego de Cargo.

El Tribunal de alzada sustenta su observación sobre la contratación del Comprobante 887 de 28 de octubre de 2005 referente a materiales recibidos por el coactivado y no existe constancia de entrega de dicho material al Comando de frontera Policial. Al respecto sostuvo que a fs. 80, consta el acta de entrega y recepción de 20 de marzo de 2006, la cual contiene la descripción del detalle de materiales que fueron entregados, a fs. 81 consta la solicitud de uniformes y accesorios para la policía de 12 de septiembre de 2005, y la constancia de entrega de dichos materiales, a fs. 197, consta el Informe Policial de 15 de agosto de 2006, donde se confirma la recepción de 22 gorras y por otro parte, el acta de entrega y conformidad de 16 de noviembre de 2005, donde consta la entrega detallada de varios materiales y uniformes a la policía, teniendo dichos documentos, toda la veracidad y confiabilidad.

Sobre el comprobante 944 de 16 de noviembre de 2005referido a material policial, y que un resto de materiales no habría sido entregado. Al recepto, a fs. 197 de obrados, se confirmó la recepción de chalecos y por otro lado, a fs. 198, consta la recepción de 20 chalecos de identificación personal de servicio, en consecuencia, al estar documentado la entrega de los chalecos, no puede se le puede atribuir responsabilidad.

Sobre el Comprobante 98 de 28 de febrero de 2005, relativo a la compra de repuestos y gomas para vehículos policiales, los mismos fueron entregados en fecha 13 de julio de 2005; con relación al Comprobante 312 de 5 de mayo de 2005, referente a llantas, se evidencia que fueron entregadas para distintos vehículos policiales y decepcionadas a conformidad por las autoridades respectivas de la policía y militares.

En cuanto al acta de recepción de fs. 83, cuestionada por el tribunal de alzada, con la firma estampada del Cnl. Jairo Bejarano, desvirtúa la credibilidad del documento, como si la citada persona, no fuera funcionario policial, extremo que constituye una incorrecta valoración y discrecionalidad en la apreciación de dicha prueba.

Los comprobantes de egreso números. 472, 261, 381, 521, 551, 570, 601, 625, 636, 7117, 735, 738 y 739, de adquisiciones de repuestos y llantas, demuestran de forma contundente la entrega de materiales, de vehículos reparados.

Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia, case el Auto de Vista recurrido y revoque en forma total el mismo.

CONSIDERANDO II: Que, con carácter previo y antes de considerar los fundamentos del recurso planteado, cabe señalar que en cumplimiento a lo establecido en el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial, este Tribunal tiene la facultad de revisar las actuaciones procesales que llegan a su conocimiento, a fin de establecer si concurrieron irregularidades procesales en la tramitación de los procesos, para imponer en su caso, la sanción que corresponda o determinar si correspondiese, cuando el acto omitido lesione la garantía constitucional del debido proceso, haciendo insubsanables las consecuencias materiales y jurídicas del mismo, se impone la nulidad de obrados de oficio, según prevé el art. 252 del Código de Procedimiento Civil (CPC).

En este contexto, es menester señalar que conforme la amplia jurisprudencia del Tribunal Supremo, el recurso de apelación o de alzada, constituye el más importante y usual de los recursos ordinarios, es el remedio procesal por el que se pretende que un tribunal jerárquicamente superior, generalmente colegiado, revoque o modifique una resolución judicial que se estima errónea en la interpretación, aplicación del derecho, en la apreciación de los hechos o de la prueba.

Ello supone una doble instancia donde el tribunal o juez debe circunscribirse a examinar la decisión impugnada sobre la base del material reunido en primera instancia, pero esto no obsta que, excepcionalmente, en segunda instancia se ofrezca y admita nueva prueba.

Bajo estas premisas, es innegable que la motivación de las resoluciones judiciales constituye un deber jurídico consagrado constitucionalmente como uno de los elementos del debido proceso, que se convierte en una garantía de legalidad procesal para proteger la libertad, la seguridad jurídica, la racionalidad y fundamentación de las resoluciones judiciales o administrativas, más aún si lo que se pretende es modificar o revocar el fallo venido en apelación o casación, donde la motivación o fundamentación deberá ser tal, que permita vislumbrar con claridad las razones de decisión por las que se modificó un fallo de instancia.

En efecto, el Diccionario de la Lengua Española asigna a la palabra motivación, “acción y efecto de motivar", a su vez, define "motivar" como "dar o explicar la razón o motivo que ha tenido para hacer una cosa".

Esto implica que todo administrador de justicia a momento de resolver una controversia sometida a su conocimiento, debe inexcusablemente exponer los hechos, los razonamientos relacionados con el análisis y valoración del acervo probatorio, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma.

Consecuentemente, cuando un juez omite motivar una resolución, no sólo suprime una parte estructural de su fallo, sino que en la práctica toma una decisión de hecho y no de derecho, en la que impide a las partes conocer cuáles son las razones que sustentan su fallo, por ello, las resoluciones judiciales deben ser lógicas y claras, no sólo para establecer la credibilidad de la sociedad civil en la jurisdicción, sino además, para que los justiciables puedan fundamentar sus recursos y se apertura la competencia del superior en grado.

La motivación de las resoluciones judiciales entraña en el fondo, una necesaria argumentación y ésta sólo es posible mediante las correspondientes y múltiples inferencias exigidas por el caso concreto, que podrán ser de tipo enunciativo sujetos a los cánones de la lógica común- y de tipo jurídico -sujetos a las reglas de la lógica jurídica- hasta concluir en la deducción jurídica definitoria en el caso singular.

El incumplimiento de las exigencias expuestas ameritan que el Tribunal Supremo disponga la nulidad de obrados, en aras de una correcta administración de justicia.

A su vez, el art. 190 del citado adjetivo civil, dispone que: "La sentencia pondrá fin al litigio en primera instancia, contendrá decisiones expresas, positivas y precisas, recaerá sobre las cosas litigadas, en la manera en que hubieren sido demandadas sabida que fuere la verdad sobre las pruebas del proceso...", esta norma de aplicación general, impone además que los tribunales de alzada ajusten sus resoluciones de segunda instancia decidiendo la controversia en función del art. 236 del CPC, con apego a los principios de congruencia, pertinencia y exhaustividad, dentro del marco jurisdiccional que le impone la resolución recurrida y la expresión de agravios del recurso, enmarcando su decisión a las formas de resolución previstas en el art. 237 del adjetivo civil, conforme faculta el art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

En cumplimiento de esta obligación procesal, velando por el acatamiento de las normas citadas, de la revisión del expediente se advierte que el tribunal de alzada al momento de emitir el Auto de Vista N° 200/2015 de 2 de octubre, cursante de fs. 835 a 847, que revocó parcialmente la sentencia apelada, modificando el monto del Pliego de Cargo en contra del coactivado Tomás Rojas Sánchez, en la suma de Bs.418.393.00.-, equivalente a $us.51.736,00.-, sin justificar de manera razonada y fundamentada el pago de dichos montos, emitiendo una resolución (de facto), sin la debida motivación y fundamentación, pues, de la lectura del segundo considerando de la resolución de alzada, se advierten criterios simplemente enunciativos e indicativos en cuanto a la prueba se refiere, empero no constan las inferencias exigidas por el caso concreto, que podrían ser razonamientos, sujetos a los cánones de la lógica común o sujetos a las reglas de la lógica jurídica hasta concluir en la deducción jurídica definitoria en el caso singular, es decir, no existe un análisis pormenorizado de los presuntos agravios sufridos, de la prueba producida en el proceso, no se dilucida el razonamiento del tribunal para determinar la modificación total del fallo de primera instancia, concluyendo en definitiva que no se cumplió con el mandato del art. 236 del adjetivo civil.

A lo expuesto, se debe agregar que la resolución de vista tampoco es exhaustiva en las consideraciones y en las decisiones que asume, en suma, todos estos aspectos demuestran la existencia de incongruencia, exhaustividad, falta de motivación y pertinencia de la resolución emitida y especialmente falta de valoración de las pruebas de descargo presentadas durante la tramitación del proceso, cursante de fs. 80 a 199, consistente en actas de entrega y recepción en originales, de materiales, bienes y de reparación de vehículos, materiales, accesorios para vehículos y repuestos destinadas a las diferentes unidades policiales y militares de destinadas a brindar seguridad ciudadana a la Provincia Gran Chaco, y accesorios que llevan sello, cargos y en hojas membretadas, así como entrega de uniformes policiales para seguridad, las cuales han sido valoradas de forma incorrecta por el tribunal ad quem, las cuales debieron ser tomadas en cuanta por el tribunal de segunda instancia, a tiempo de emitir el auto de vista recurrido, pues de haberlo hecho, el monto estableció como adeudado por el coactivado, en el auto de vista recurrido, podría cambiar o ser modificado de forma considerable, y al no haberlo hecho a omitido el cumplimiento de las normas citadas precedentemente e impidiendo que este tribunal pueda analizar el recurso formulado por el coactivado, Tomas Rojas Sánchez, pues no puede emitirse criterio jurídico respecto de circunstancias de fondo que no fueron resueltas por el tribunal de alzada.

En consecuencia, al haberse incumplido normas procesales de orden público y cumplimiento obligatorio, corresponde fallar conforme disponen los arts. 252 y 275 del CPC, aplicables al caso presente por la permisión de la norma remisiva contenida en el art. 1 del Procedimiento Coactivo Fiscal.

POR TANTO: La Sala La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los artículos 184. 1 de la Constitución Política del Estado y 42. I. 1 de la Ley del Órgano Judicial, ANULA obrados hasta fs. 834 vta., inclusive, disponiendo que el tribunal ad quem, sin espera de turno ni dilación alguna, bajo responsabilidad administrativa, proceda al sorteo de la causa y emita nueva resolución con la pertinencia de los artículos 192 y 236 del Código de Procedimiento Civil.

Sin multa por ser excusable.

Póngase en conocimiento del Consejo de la magistratura el presente Auto Supremo, en virtud del artículo 17. IV de la Ley del Órgano Judicial.


Regístrese, notifíquese, devuélvase.