SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 233/2016.

Sucre, 3 de agosto de 2016.  

Expediente: SC-CA.SAII-CHUQ.101/2016.

Distrito: Chuquisaca.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 186 y vta., interpuesto por Gabriela Fátima Vidaurre Bayón, como representante de Gonzalo Veliz Bellido, Francisco Barrón Pérez y Alejandro Barrón Cruz, contra el Auto de Vista Nº 052/2016 de 27 de enero, cursante de fs. 180 a  181 vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso social seguido por la recurrente en contra de la empresa CIDMOS, la respuesta de fs. 189 a 190, el Auto de fs. 191 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso y

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, la Juez de Partido Tercero de Trabajo y Seguridad Social, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de la ciudad de Sucre, emitió la Sentencia Nº 09/2015 de 6 de febrero de 2015 (fs. 125-129 vta.), declarando probada en parte la demanda de fs. 5 a 8 de obrados, sin costas, disponiendo que la parte demandada cancele a favor de los actores, la suma de Bs. 4.370.00, por cada demandante, por concepto de sueldos devengados, horas extraordinarias y reintegro de alimentación, aclarando que por interposición de excepción perentoria de pago documentado, cual fue correcta,  se deduce lo siguiente de acuerdo a la prueba documental:

Francisco Barrón Bs. 2.365 quedando por pagar Bs. 2.005.

Alejandro Barrón Bs. 2.364 quedando por pagar Bs. 2.006.

Gonzalo Veliz Bs. 2.283 quedando por pagar  Bs. 2.087.

Mas los derechos de actualización señalados por el art. 9 del D.S. N° 28699 de mayo de 2006.

En grado de apelación formulada por el demandado (fs. 136-137), la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emitió el Auto de Vista Nº 384/2015 de 17 de agosto (fs. 154-155), anulando obrados hasta la sentencia de primera instancia (fs. 125-129), disponiendo que la juez de primera instancia emita una nueva Sentencia.

Dicho fallo motivó una nueva sentencia signada con el N° 88/2015 de 1 de octubre (fs. 161 a 164 vta.), que declaró improbada la demanda presentada el 14 de julio de 2014 (fs. 5-8) y probada la excepción de pago documentado, sin costas.

La mencionada sentencia 88/2015 motivó la apelación de fs. 167 a 168, por  la parte demandada, que fue resuelta por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante Auto de Vista N° 052/2016 de 27 de enero, cursante de fs. 180 a 181 vta., revocando parcialmente la Sentencia N° 88/2015 de 01 de octubre (fs. 161-164), declarando probada en parte la demanda de beneficios sociales, así como probada en parte la excepción de pago documentado.

Que, contra el auto de vista se presentó recurso de casación en el fondo interpuesto por Gabriela Fátima Vidaurre Bayón, como representante de Gonzalo Velis Bellido, Francisco Barrón Pérez y Alejandro Barrón Cruz; expresando en síntesis lo siguiente:

En el fondo, manifestó que el tribunal de apelación, en el Auto de Vista recurrido, incurrió en una indebida interpretación del artículo 135 del Código Procesal del Trabajo (CPT), ya que el requisito para que proceda la excepción de pago deberá ir acompañada de la liquidación y el recibo debidamente suscrito por el demandante, en este caso el demandado interpuso la referida excepción sin acompañar la liquidación y el recibo de pago original debidamente suscrito por el empleador y los trabajadores.

De la atenta lectura del recurso de casación se evidencia que este sería el único agravio fundamentado.

Concluyó solicitando que este Tribunal case el Auto de Vista recurrido, sin precisar un petitorio claro y concreto.       

CONSIDERANDO II: Que, así interpuesto el recurso de casación, de la revisión de los antecedentes procesales, se establece lo siguiente:

Resolviendo el recurso de casación en el fondo, en el que la parte recurrente cuestiona el fallo del tribunal de segunda instancia, que revoca parcialmente la sentencia emitida por la a quo que declara probada en parte la demanda de beneficios sociales, así como probada en parte la excepción de pago documentado, disponiendo que se cancele a favor de Gonzalo Velis Bellido la suma de Bs. 83, por concepto de sueldo devengado, dejando incólume las demás determinaciones, sin costas.

Que, el artículo 135 del CPT, sobre la excepción perentoria de pago documentado, determina que deberá ir acompañada de la liquidación y el recibo debidamente suscrito por el demandante. El pago documentado debe entenderse como el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación, es una forma de extinguir la obligación, en un plazo oportuno. En el caso de autos, cursa de fs. 69 a 72 los recibos que fueron valorados por el a quo en la Sentencia N° 88/2015 de fecha 01 de octubre.

Que, en el caso de análisis, no se evidencia en el recurso de alzada reclamo alguno referente al artículo 135 del CPT.    

Que, si bien el art. 48.II de la Constitución Política del Estado (CPE), establece el “principio de la relación laboral” como un principio protector de los trabajadores, señalando al efecto: “Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador”, estableciéndose la importancia que reviste este principio de enorme trascendencia social y jurídica, pues se constituye en uno de los pilares fundamentales del derecho del trabajo que busca proteger y favorecer al trabajador en las relaciones de trabajo. Por ello, desde sus inicios encontramos que en el Derecho Laboral, el trabajador es la parte débil de la relación laboral, y por ende, que existe una desigualdad en la realidad contractual del trabajo, por lo que el principio en mención trata de amparar al trabajador para lograr una justicia social en condiciones humanas frente al empleador. De este modo el principio de proteccionismo se aplica en el derecho laboral a diferencia del resto de las ramas del derecho, que consiste en la protección en defensa del trabajador frente al poder del empleador, principio protector reconocido también en el art. 3.g) del CPT.

Bajo este contexto, al ser manifiesta la desigualdad existente entre el trabajador y el empleador a tiempo de tener acceso a la prueba idónea para acreditar o desvirtuar determinados asuntos laborales, como ejemplo la prueba documental, el legislador con el ánimo de compensar esta situación, ha previsto que en los procesos laborales la carga de la prueba es obligatoria para la parte patronal y facultativa para el trabajador, conforme disponen los arts. 3.h), 66 y 150 del CPT; es decir, que en materia laboral rige el principio de inversión de la prueba, correspondiendo al empleador desvirtuar los hechos afirmados por el trabajador, siendo simplemente una facultad del actor trabajador la de ofrecer prueba, más no una obligación.

Que, no obstante lo expuesto, no es menos evidente que la excepción de pago documentado a la que hace alusión la recurrente fue dilucidada en la Sentencia N° 09/2015 (fs. 125-129),  observada por Auto de Vista N° 384/2015 (fs. 154-155), y complementada por Sentencia N° 88/2015 (fs. 161-164), no siendo enunciada en apelación contra la Sentencia 88/2015, la supuesta violación del artículo 135 del compilado adjetivo laboral, activándose en consecuencia el principio de preclusión previsto en los artículos 3 e) y 57 del CPT, toda vez que el proceso consiste en el desarrollo de las diversas etapas en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, el juez impedirá el regreso a momentos procesales ya extinguidos o consumados, rechazando de oficio toda petición por pérdida de la oportunidad conferida por ley, para la realización de un acto procesal; por lo que no corresponde a este Tribunal Supremo de Justicia referirse al mismo.  

Por los argumentos vertidos y al no existir mérito para disponer la casación del Auto de Vista recurrido, toda vez que las infracciones acusadas en el recurso son infundadas, corresponde resolver conforme a lo dispuesto en los artículos 271. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por permisión del artículo 252 del CPT.   

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los artículos 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 186 y vta. Con costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.