SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 231/2016.

Sucre, 3 de agosto de 2016.  

Expediente: SC-CA.SAII-CHUQ.99/2016.

Distrito: Chuquisaca.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación en la forma de fs. 170 a 172 vta., interpuesto por la empresa MOLAVI S.R.L., legalmente representada por Enrique Molina Mitru, contra el Auto de Vista Nº 081/2016 de 26 de febrero, cursante de fs. 166 a 167, emitido por la Sala Social y Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso social por cobro de beneficios sociales, seguido por Lisbeth Ayde Rodríguez Quispe contra la empresa recurrente, la respuesta a fs. 175 vta., el auto de fs. 176 vta., que concedió el recurso; los antecedentes del proceso y:

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, la Juez de Partido Segundo del Trabajo y Seguridad Social, Coactivo Social y Tributario de Chuquisaca, pronunció la Sentencia Nº 33/15 de 17 de noviembre de 2015, cursante de fs. 133 a 135, declarando probada la demanda social cursantes de fs. 69 a 71 de obrados con costas, en su mérito se dispone que la empresa demandada, MOLAVI S.R.L., deberá cancelar a favor de la actora Lisbeth Ayde Rodríguez Quispe, la suma de Bs.43.995,67; por conceptos de desahucio, indemnización y subsidio familiar, más la multa del 30% dispuesto por el Decreto Supremo Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, en su art. 9.

Que, en grado de apelación de fs. 141 a 147 vta., promovida por la empresa MOLAVI S.R.L., legalmente representada por Enrique Molina Mitru, la Sala Social y Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emitió el Auto de Vista Nº 081/2016, que confirmó totalmente la Sentencia Nº 33/15, pronunciada por la juez Segundo del Trabajo y Seguridad Social, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de la Capital, con costas en ambas instancias.

Contra este fallo la empresa demandada por intermedio de su representante legal interpone recurso de casación en la forma de fs. 170 a 172 vta., en base a los fundamentos que se sintetizan a continuación:

1.- Denunció que el tribunal ad quem, al emitir el auto de vista vulneró el debido proceso en cuanto a su elemento de congruencia aditiva o extra petita respecto a los subsidios, haciendo referencia a sentencias constitucionales, en virtud a este principio las autoridades jurisdiccionales y administrativas están obligadas a velar porque en sus resoluciones exista una estricta correspondencia entre lo peticionado y lo resulto; agrega que el art. 25 del Decreto Supremo (DS) Nº 21637 de fecha 25 de junio de 1987, estableció los subsidios prenatal, natalidad y lactancia, que la demandante señaló que no le cancelaron los subsidios de lactancia,  conclusión a la que arribaron al revisar la demanda en la cual señaló de manera expresa el derecho que tiene su hijo del beneficio de subsidio, es decir que la demandante reclama el pago del subsidio de lactancia y no el pre-natal y tampoco el de natalidad; sin embargo, en sentencia se ha condenado al pago de los subsidios de pre-natalidad y natalidad, otorgando y condenado sobre algo que no fue solicitado por la parte demandante.  

2.- Que, existiría una incongruencia omisiva o citra petita en la sentencia respecto a las causales por las cuales la demandante señala que fue despedida, la cual constituye una vulneración del debido proceso en cuanto a su elemento a una resolución congruente; al observar la existencia de dicha incongruencia hace referencia a los hechos señalados por la demandante en su demanda respecto a la causal de despido, por acoso laboral por el cambio de actividad y lugar de funciones a otro lugar donde hace frio y mucho polvo que se levanta por el trabajo de las maquinarias que conforme la norma laboral, la misma debe tomarse en cuenta como retiro indirecto; agrega al respecto que en la contestación se ha negado que esos hechos constituyan un retiro indirecto, sin embargo revisando la sentencia en el punto referido al desahucio, se puede observar que en ningún momento se ha resuelto y tampoco considerado si constituye retiro indirecto; en ese entendido, al no haberse considerado si existe o no retiro indirecto, la sentencia adolecería de una incongruencia omisiva o citra petita; pues, no existe relación entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto en sentencia respecto al retiro indirecto.

Concluye solicitando, que se conceda el recurso casación en la forma, a fin de que el Tribunal Supremo de Justicia, pronuncie auto supremo, y se resuelva de acuerdo al art. 237 del Código de Procedimiento Civil (CPC), sin precisar un petitorio claro y concreto.

CONSIDERANDO II: Que, así planteado el recurso, analizando su contenido en base a los antecedentes del proceso, se tiene lo siguiente:

1.- Revisado el contenido del fallo emitido por el tribunal de segunda instancia, referente a que se vulneró el debido proceso en su elemento de congruencia aditiva o extra petita respecto a los subsidios;  de los datos del proceso se advierte que tal aseveración no es evidente,  toda vez que, de la revisión de obrados cursa la demanda donde se pretendió el pago de 17 subsidios, entendiéndose que estos involucran tanto al subsidio prenatal,  post natal y el subsidio de lactancia, sin embargo el juez puede otorgar en la parte resolutiva aquello que el trabajador hubiese omitido reclamar en la demanda y que en el curso del proceso se hubiese evidenciado y tenga conexitud, conforme establece el art. 202 inc. c) del Código Procesal del Trabajo (CPT).

Que, al respecto, cursa en el expediente a fs. 47 el certificado de nacimiento del hijo de la actora, de fs. 49 a 51 corre el aviso de pago de asignaciones familiares emitido por la Caja Petrolera de Salud y a fs. 52 certificado médico de fecha 13 de noviembre de 2013, documento que tiene todo el valor probatorio que le asignan los arts. 159 y 161 del CPT, en el que se evidencia que la demandante tiene como beneficiaria a su hijo el menor Anghelo Ibail Ruiz Rodríguez, nacido el 15 de enero de 2014, por lo que corresponde otorgar el beneficio de subsidio de lactancia hasta el mes de diciembre de 2014, puesto que de acuerdo a estos documentos, la trabajadora se encontraba registrada en la Caja Petrolera de Salud, como empleada de la Empresa Constructora MOLAVI S.R.L. conforme determinan los arts. 192 y 193 del Código de Seguridad Social (CSS), concordante con el art. 416 de su Reglamento, no pudiendo el empleador desconocer este derecho a favor de la demandante ni alegar que no conocía de la existencia de esta documentación, puesto que fue el mismo empleador mediante la sección correspondiente que realizó el trámite de inscripción ante la Caja Petrolera de Salud como era su obligación, no siendo por ello evidente las infracciones acusadas en el recurso, pues era de su conocimiento el nacimiento del hijo de la trabajadora que generó la obligación de cancelar los subsidios pre- natal, de natalidad y lactancia.

Por lo expuesto, le corresponde a la demandante recibir el pago del subsidio de lactancia conforme establece el art. 101 del CSS, conforme determinó acertadamente el tribunal de apelación en el auto de vista recurrido.

2.- En cuanto al reclamo de la empresa recurrente, que ha negado los hechos al señalar que el retiro no fue indirecto, y que no existe relación entre lo pedido, lo considerado y resuelto en sentencia respecto al retiro indirecto; sin embargo. el retiro indirecto se suscita cuando el empleador unilateralmente altera las condiciones normales en las que se venía realizando la prestación de servicios, en el caso de autos, la empleada fue trasladada de funciones a otro lugar de trabajo, a un campamento más alejado de la Localidad de Punilla Sasanta, y el retraso en la cancelación de sus sueldos, situación que obligo a la trabajadora a retirarse de su fuente laboral, hechos que no fueron desvirtuados por el recurrente conforme era su obligación, de conformidad al art. 150 del CPT, que estipula: “En esta materia corresponde al empleador demandado desvirtuar los fundamentos de la acción, sin perjuicio de que el actor aporte las pruebas que crea conveniente”. De donde se infiere a todas luces que por ser el proceso social una instancia para precautelar los derechos del trabajador, éste puede acreditar las pruebas que creyere pertinente, siendo evidente que la carga de la prueba corresponde al empleador, vale decir que el indicado artículo de manera clara y precisa siguiendo la línea protectiva del derecho social, estipula la obligación del empleador para desvirtuar los extremos demandados por la actora, que en la especie, no fue desvirtuada, en aplicación del inciso h) del art. 3 y 66 del Código Adjetivo Laboral; por lo que el tribunal de alzada, luego del análisis al conjunto de las pruebas hizo una valoración y compulsa adecuada a las mismas.         

A ello se añade que el objeto del proceso laboral es la protección de los derechos del trabajador, cuya irrenunciabilidad consagra el artículo 48.I y II de la Constitución Política del Estado, en ese entendido, el auto de vista recurrido se pronunció sobre los aspectos reclamados de manera acertada; por una parte y, por otra, en base a la prueba  idónea cursante en obrados, donde se acreditó la relación de la demandante con la empresa recurrente; en consecuencia el tribunal ad quem, emitió su resolución al recurso  de apelación, conforme dispone el art. 236 del CPC, resolviendo el fondo de la causa en estricta sujeción a las disposiciones laborales en vigencia, con la pertinencia y congruencia que nace de la las normas legales en vigencia.

En virtud a lo expresado se concluye que, no son evidentes las infracciones acusadas en el recurso casación en la forma, por lo que corresponde dar aplicación a la disposición contenida en el art. 271 inc. 2) con relación al art. 273 del CPC, en cumplimiento de la norma remisiva del artículo 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, del Estado Plurinacional Boliviano, con la facultad conferida por los artículos 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma de fs. 170 a 172 vta; con costas.

Se regula el honorario profesional del abogado en la suma de Bs. 500 que mandará pagar el tribunal ad quem. 

Regístrese, notifíquese y devuélvase.