SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 228/2016.

Sucre, 3 de agosto de 2016.  

Expediente: SC-CA.SAII-SCZ.095/2016.

Distrito: Santa Cruz.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

El recurso de casación en la forma y en el fondo de fojas 169 a 172 vta., interpuesto por Graciela Melgar Gonzales, a través de su representante legal Juan Carlos Martín Palomo Rivero; contra el Auto de Vista Nº 329 de 20 de octubre de 2014, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz (fojas 162 a 166 vta.), dentro del proceso laboral por cobro de beneficios sociales, seguido por Noemí Ríos Yance contra la empresa TECHNOSERVICE AMC representada por la recurrente en su calidad de propietaria; el Auto de Admisión de fojas 184 y vta., los antecedentes del proceso, y;

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO

I.1. Sentencia

Por memorial de fs. 10 a 12, Noemí Ríos Yance, planteó demanda de pagó de beneficios sociales contra la empresa TECHNOSERVICE AMC.

Tramitado el proceso laboral, la Jueza Segunda de Partido de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Santa Cruz, emitió la Sentencia 56/13 de 8 de noviembre de 2013 (fojas 138 a 142 vta.), declarando PROBADA la demanda, con costas, por haberse demostrado la relación obrero patronal, el despido injustificado cuando se encontraba gozando de inamovilidad laboral en su puesto de trabajo por su estado de gestación, estando dentro de la protección de la Ley 975 de 2 de marzo de 1988, que reconoce la estabilidad de la mujer en gestación y lactancia, ordenándose que la empresa demandada representada por su propietaria Graciela Melgar Gonzales, pague al tercer día de su notificación la suma total de Bs.58.670,84.- (cincuenta y ocho mil seiscientos setenta 84/100 bolivianos). 

I.2. Auto de Vista

Notificada la sentencia, Juan Carlos Martín Palomo Rivero en representación legal de Graciela Melgar Gonzales, formuló recurso de apelación contra la Sentencia 56/13, que fue resuelto por Auto de Vista Nº 329, emitido por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que confirmo en parte la sentencia impugnada, con la modificación de que no corresponde el pago de los 12 sueldos por inamovilidad.

Que, del referido Auto de Vista, Juan Carlos Martín Palomo Rivero, interpuso recurso de casación en la forma y en el fondo (fojas 169 a 172), en el que manifiesta los siguientes argumentos:

II. RECURSO DE CASACIÓN

II.1.        Motivos del recurso de casación en el fondo

II.1.1. El representante de la recurrente refirió que no se puede considerar que la trabajadora haya sido despedida cuando no existe el documento idóneo y legal, que es la carta de despido, además que la Jueza de primera instancia en su Sentencia 56/13, reconoció que la empleadora se apersono a través de varios memoriales y manifestó que no existió despido y que existe un memorial dirigido a la Jefatura Departamental de Trabajo de Santa Cruz, de 22 de septiembre de 2009, en el que se solicitó que se instruya a la trabajadora para que se presente en su fuente de trabajo.

II.1.2. Inclusive en la contestación a la demanda de beneficios sociales, la empleadora pidió que la trabajadora se reincorpore inmediatamente a su puesto de trabajo, lo cual fue reconocido en la sentencia aludida en el párrafo anterior.

II.1.3. Toda vez que no existe despido, se infringió el art. 120.I de la Constitución Política del Estado (CPE), ya que no se escuchó a la empleadora, empero dentro del término probatorio se reconoce en las pruebas de descargo, la existencia de los memoriales presentados por la empleadora la jefatura de trabajo citada, pidiéndose que la trabajadora se reincorpore a su fuente de trabajo, toda vez que nunca fue despedida, por eso la no existencia de una resolución administrativa en virtud al art. 51 de la Ley 2341, sin embargo la trabajadora no culmino el procedimiento administrativo y paralelamente violando los arts. 3 inc. f) y 60 del Código Procesal del Trabajo (CPT), inició una demanda con pretensiones falsas y alejadas de la verdad histórica de los hechos.

II.1.4. Que el Auto de Vista Nº 329 de 20 de octubre de 2014, en su primer considerando numeral 2, reconoció que la empleadora en confesión judicial espontánea y al amparo del art. 404.II del Código de Procedimiento Civil (CPC), manifestó que jamás existió el despido y que solicitó que la trabajadora retorne inmediatamente a su puesto de trabajo.

Por los puntos expuestos, el representante de la recurrente manifestó que se demostró el recurso de casación en el fondo establecido en el art. 253 núm. 3) del CPC, ya que al momento de valorar la prueba se incurrió en error de hecho y de derecho, en vista que al no existir prueba que haga presumir el despido, no corresponde el desahucio establecido en el art. 13 de la Ley General del Trabajo (LGT).

II.2.        Recurso de casación en la forma

La recurrente refirió que el Auto de Vista Nº 329, se encuentra dentro de las violaciones establecidas en el art. 254 núm. 4) del CPC, toda vez que al quedar demostrado que no existió despido tampoco corresponde el pago de los subsidios condenados en sentencia y confirmados en el auto de vista citado.

Que en todo el proceso en sede administrativa y judicial, se demostró en meridiana claridad que la trabajadora ha forzado no solamente la verdad histórica de los hechos, sino lo más grave es que ha pretendido valerse de la sana administración de justicia para obtener liquidaciones económicas improcedentes.

Petitorio: Concluyó su memorial, solicitando a este Tribunal Supremo de Justicia, CASE el Auto de Vista Nº 329 de 20 de octubre de 2014, disponiendo el pago de la indemnización y de 2 subsidios, sin perjuicio de aplicar una multa a la trabajadora por no haber presentado su pre aviso de su decisión unilateral de dejar su fuente de trabajo como establece el art. 12 núm. 2) de la LGT.

III. ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN

III.1. Por memorial presentado por el representante de la recurrente cursante a fs. 175, solicitó que al no haberse contestado el presente recurso se dicte resolución. Una vez remitido el expediente ante este Tribunal se dispuso su ADMISIÓN mediante Auto Supremo Nº 53/2016-A de 6 de abril de 2016 (fs. 184 y vta.).

IV. ESTUDIO DEL CASO Y JUSTIFICACIÓN DEL FALLO

IV.1 En cuanto al recurso de casación en el fondo

En cuanto al recurso de casación en el fondo, debemos manifestar que la demandante al tiempo de ingresar a trabajar el 1 de enero de 2004 a TECHNOSERVICE AMC, fue mediante contrato de trabajo verbal entre las partes citadas; es decir, entre la propietaria de la empresa (ahora recurrente) y Noemí Ríos Yance, lo cual no fue punto de discusión dentro del caso de autos, ni tampoco fue desmentido por la recurrente, de lo que se puede evidenciar que el contrato con el que contaba la trabajadora, era un contrato indefinido, habiendo quedado claro el tipo de contrato con el que contaba la demandante, debemos señalar que el representante legal de la recurrente refirió que Noemí Ríos Yance, nunca fue despedida y como prueba de esto no existe la carta de despedido, de lo que se tiene tal como se relató en ut supra, existen 2 citaciones de la Jefatura Departamental del Trabajo de Santa Cruz, a las cuales no se presentó la empresa demandada, motivo por el cual la Jefatura citada extendió una Conminatoria de Presentación que no dio ningún resultado, de lo que se infiere que, si la recurrente consideró a la fecha de las citaciones y la conminatoria citada, que la trabajadora no fue despedida, debió haberse presentado a estas audiencias de conciliación para hacer constar que ella nunca despidió a la trabajadora, actas con las cuales podría haber argumentado el fundamento principal de su recurso de casación, por lo que al no haber demostrado el recurrente dentro de la demanda que la trabajadora no fue despedida, a este Tribunal ya no le compete hacer esa valoración (valoración de la prueba); puesto que  con relación a la pretensión de la recurrente de valorar la prueba en esta instancia, es determinante tomar en cuenta la uniforme jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que señaló que la apreciación y valoración de la prueba, corresponde a los jueces de instancia y es incensurable en casación, si bien es cierto que excepcionalmente podría producirse una revisión o revaloración de la misma, si es que en el recurso se acuse y se pruebe la existencia de error de hecho o de derecho, de acuerdo con lo establecido en el art. 253 inc. 3) del CPC, lo que en el caso de autos no sucedió.

Sobre el hecho denunciado por la recurrente, en el sentido que ofreció varias veces la reincorporación a la trabajadora a su fuente laboral, actuado que fue expuesto tanto en sus confesiones y reconocido en la sentencia apelada y el Auto de vista ahora impugnado, este Tribunal al respecto considera que si bien la recurrente ofreció la reincorporación de la trabajadora a su fuente laboral; empero Noemí Ríos Yance por decisión propia y por la inasistencia de la empresa demandada a las audiencias de conciliación ante la Jefatura de Trabajo Departamental de Santa Cruz, opto por demandar el pago de beneficios sociales (fs. 10 a 12) lo cual se encuentra legalmente establecido dentro del  Decreto Supremo Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, en su art. 10.I que refiere “cuando el trabajador sea despedido por causas no contempladas en el art. 16 de la Ley General del Trabajo (LGT), podrá optar por el pago de los beneficios sociales o por su reincorporación”, de lo que se concluye que el hecho que la recurrente haya ofrecido la reincorporación a la trabajadora a su puesto laboral, no imposibilita o priva a la trabajadora, para que pueda solicitar el pago de beneficios sociales por despido intempestivo (las negrillas fueron agregadas).

En cuanto al supuesto error de hecho y de derecho que supuestamente habría cometido el Tribunal de Alzada al momento de emitir el Auto de vista impugnado, debemos señalar que el Auto Supremo 293/2013 de 7 de junio, emitido por este Tribunal de Justicia refirió que: “Se entiende por error de hecho cuando el juzgador se ha equivocado en la materialidad de la prueba, es decir, el juzgador aprecia mal los hechos por considerar una prueba que no obra materialmente en proceso, o cuando da por demostrado un hecho que no surge del medio probatorio que existe objetivamente en Autos, o en su caso, cuando el Juez altera o modifica, cercenando o incrementando, el contenido objetivo de la prueba existente, error que tiene que ser manifiesto de modo que sea identificado sin mayor esfuerzo o raciocinio, lo cual implica irrefutabilidad y magnitud del yerro; en cambio el error de derecho tiene relación con la otorgación del valor probatorio determinado en ley, es otorgar o negar el valor probatorio que la ley le ha asignado a un medio de prueba, situación concurrente al sistema de valoración de los medios del proceso, por lo que la valoración del elemento probatorio cuando la ley le asigna un valor predeterminado, vincula al Juez con esa valoración legal, y si no fue preestablecido, se recurre a la sana crítica.”, de lo citado podemos señalar que el Juez Ad quem, al momento de emitir su resolución no cometió ninguno de estos agravios denunciados, puesto que realizó la valoración correcta de la prueba que se encuentra dentro del cuaderno procesal y actuó dentro del marco legal citado al momento de resolver el Auto impugnado.

IV.2. En cuanto al recurso de casación en la forma

El representante de la recurrente al referir que el Auto de Vista impugnado infringió lo establecido en el artículo 254 núm. 4) del CPC, que señala: “Otorgando más de lo pedido por las partes o sin haberse pronunciado sobre alguna de las pretensiones deducidas en el proceso y reclamadas oportunamente ante los tribunales inferiores.”, lo cual no es evidente ya que de la revisión del citado auto, se pudo evidenciar que está dentro del marco de lo peticionado y  se resolvió en base los fundamentos planteados en la litis.   

Toda vez que los jueces de instancia valoraron la prueba presentada dentro del proceso, facultad privativa de los Jueces de grado, dado que estos deben apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397.I de su procedimiento, por lo que se considera que dentro de la tarea jurisdiccional, la examinación de la prueba que se produjo dentro del proceso (principio de unidad de la prueba) es de competencia y obligación del Juez, ya que este le da el valor esenciales y decisivo.

Dicho todo lo anterior esta Sala concluye que no son evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de casación de fs. 169 a 172, al carecer de sustento fáctico y jurídico; lo que conlleva a afirmar que el Tribunal de alzada realizó una adecuada apreciación y valoración de los antecedentes del proceso, no incurriendo en transgresión de norma alguna, correspondiendo en tal circunstancia resolver en el marco de las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por la norma remisiva contenida en el artículo 252 del CPT.

POR TANTO:

La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación cursante fojas 169 a 172, interpuesto por Graciela Melgar Gonzales a través de su representante legal Juan Carlos Martin Palomo Rivero contra el Auto de Vista Nº 329 de 20 de octubre de 2014, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz (fojas 162 a 166 vta.), consiguientemente se mantiene subsistente el Auto de Vista impugnado. Con costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.