SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 227/2016.

Sucre, 28 de julio de 2016.  

Expediente: SC-CA.SAII-LP.365/2015.

Distrito: La Paz.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 97 a 98 vta., interpuesto por la Empresa de Seguridad “FAROS”, representada por Francisco Javier Gómez Bustillos, contra el Auto de Vista Nº 50/15 de 13 de mayo de 2015 (fs. 92-93), pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de la ciudad de La Paz, dentro el proceso social que sigue Germán Benítez Alcocer contra la institución que representa el recurrente, la respuesta de fs. 101 a 103 vta., el Auto de fs. 104 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso, y

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, la Juez Sexto de Trabajo y Seguridad Social del Distrito Judicial de La Paz, emitió la Sentencia N° 53/2014, de 12 de marzo (fs.51 a 56), declarando probada la demanda, disponiendo que la empresa demandada pague a favor de Germán Benitez Alcocer la suma de Bs. 12.765,99.-, por concepto de indemnización, aguinaldos, vacaciones, primas, reintegro de incrementos salariales, más la actualización e imposición de multa del 30% previsto en el Art. 9 del Decreto Supremo (DS) N° 28699 del 1° de mayo de 2006.

En grado de apelación interpuesta por el representante de la empresa demandada (fs. 65 a 66 vta.), la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista Nº 50/15, confirmó la Sentencia apelada, con costas.   

Que, contra el referido auto de vista, el representante de la entidad demandada, interpone recurso de casación (fs. 97 a 98 vta.), expresando en síntesis lo siguiente:

Que, el fallo emitido mediante Auto de Vista N° 50/2015 es totalmente lesivo a los intereses económicos de su empresa, a la vez advierte sobre infracción a normas legales vigentes, señalando en concreto lo siguiente:

1. Existen dos aspectos que no fueron analizados en sentencia por lo que recurre en apelación la primera que no ha sido notificada con la demanda, dejándola en completa indefensión, lo cual debió anularse obrados hasta el vicio más antiguo, sin embargo el Tribunal de Alzada confirmó la sentencia del inferior, aspecto que debe ser enmendado por el Máximo Tribunal de Justicia.

2.- Que, la Sentencia del inferior dispone el pago de rubros que no corresponden entre ellos primas, vacaciones, reintegro de incremento salarial, ya que los mismos no se ajustan a normas laborales vigentes, confirmando en su totalidad el tribunal de alzada el injusto fallo.

3.- Que, en la sentencia se dispone el pago de otros rubros como ser aguinaldo 2011, duodécimas 2012, pago doble Bs.4.400, siendo lo justo pagar aguinaldo 2011 Bs.1200, mas duodécimas 10 meses 2012 Bs.1.000, haciendo un total de Bs.2.200 y no así la suma de Bs.4.400, en igual sentido ocurre con el pago de vacaciones disponiendo 15 días 2011 y duodécimas 2012 correspondiente a 10 meses.

Asimismo hace referencia al pago de primas cuando dispone el pago de Bs.2200 gestión 2011 y duodécimas 2012, finalmente el fallo del superior determina el pago de Bs.2.496, por concepto de reintegro incremento salarial 2011, 2012, sin antes indicar el monto que corresponde por mes y cuantos meses representa el monto que confirma la sentencia, ya que poco o nada ha considerado el tribunal de alzada. Las disposiciones infringidas para el demandado son los artículos 3, 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo (CPT) en su última parte, ya que el demandante no presenta nada para justificar el pago de la prima, y aunque la carga de la prueba corresponde al empleador el trabajador puede ofrecer las pruebas que estime conveniente, lo que implica que no se puede dejar todo en manos del juzgador, sino más al contrario debe coadyuvar al director del proceso, con alguna prueba de cargo, que amerite sea considerado en sentencia, por lo que se debería disponer que el auto de vista revocara en parte la sentencia privando del pago completo de los rubros, aguinaldo, vacaciones, primas, reintegro e incremento salarial. Indica que se aplica en forma errada el artículo 3 del DS 229, de 21 de diciembre de 1944, que en su última parte señala: a los que hubiesen prestado sus servicios por tiempo menor de un año, se les concederá la prima en proporción al tiempo trabajado, en el caso de autos, el actor trabajó hasta el mes de octubre de 2012, correspondiendo el pago de duodécimas en 10 meses, al igual que el aguinaldo 10 meses gestión 2012. Por otro lado dice que se viola el DS 809 de 2 de marzo de 2011, DS 1213, de 1 de mayo de 2012, cuando los juzgadores de instancia determinan el pago de incremento salarial por 24 meses, 2011, 2012, siendo que el actor ha prestado servicios hasta octubre de 2012, por lo que ameritaba disponer en el auto de vista revocar en parte el fallo del inferior, disponiendo el reconocimiento de incremento salarial gestión 2012 solo por 10 meses de enero a octubre, además que tanto la sentencia como la resolución de alzada, no especifica el monto que corresponde por mes ni a cuantos meses se refiere. Lo que implica efectuar pagos por encima del que legalmente asiste.

Por ultimo adjuntó recibo por pago de beneficios sociales que no pudo adjuntar en el término de prueba.

Concluyó solicitando se conceda el recurso para que este tribunal case el Auto de Vista N° 50/15 y deliberando en el fondo se declare improbada la demanda.

CONSIDERANDO II: Que, analizado los fundamentos planteados en el recurso, ingresando a su análisis en relación a los datos del proceso se establece lo siguiente:

  1. El recurrente mencionó que la empresa no fue debidamente notificada,    considerando que tanto el juez a quo como el tribunal ad quem, han vulnerado sus derechos a la defensa, a la “seguridad jurídica” y la garantía al debido proceso, por cuanto debió ser notificada personalmente con la demanda  pertinente,  y a pesar de haber interpuesto incidente de nulidad de dicha diligencia, el mismo fue resuelto de manera negativa por el Juez Sexto de Trabajo y Seguridad Social; que  la resolución por simple decreto no constituye acto ilegal que vulnere los derechos invocados por la recurrente, quien a través del presente recurso pretende la nulidad de la notificación, de la revisión del proceso se puede determinar del informe emitido por la oficial de diligencias que la citación por cédula con la demanda y la notificación con el auto de rebeldía, se establece que son totalmente válidas y legales, de conformidad al artículo 121 del Código de Procedimiento Civil (CPC).

       Que, del análisis del cuaderno procesal se verifica que a fs. 8 y 11 de obrados, existen las diligencias de citación, cumpliéndose con los requisitos establecidos por nuestra normativa en vigencia, a fs. 68 el oficial de diligencias informa que se constituyó en el domicilio señalado; con la finalidad de notificar de manera personal al demandado, quien no fue encontrado, dejando aviso judicial, retornando al día siguiente tal cual ordena nuestro ritual procesal, procediendo a la notificación por cedula.

En consecuencia, no se ha violado norma legal alguna, habiéndose, ajustado las resoluciones emitidas tanto por el a quo como por el ad quem, a la normativa legal aplicable al caso.

  1. Menciona que la sentencia del inferior dispone el pago de otros rubros entre ellos primas, vacaciones, reintegro de incremento salarial sin que los mismos se ajusten a normas laborales en vigencia.

Con referencia a la prima, es aquella que se paga a los trabajadores, cuando la empresa obtuvo utilidades al finalizar la gestión anual, la prima está sujeta a las utilidades, por lo tanto no es un derecho adquirido, toda vez que podría pagarse entre un salario, medio salario, o no podría pagarse monto alguno, si no existió utilidad demostrada contablemente. En el caso que nos ocupa, de la revisión del cuaderno procesal se evidencia que la recurrente no presentó prueba en contrario que establezca que no percibió ganancias, y siendo que la falta de balance legal del empleador hará presumir que se ha obtenido utilidades tal como lo ordena el Art. 181 del CPT; en este entendido no debemos olvidar que en todo juicio laboral incoado por el trabajador, la carga de la prueba corresponde al empleador, esto de conformidad a  los artículos 66 y 150 del citado compilado adjetivo laboral; por cuanto, en materia laboral el juzgador no se encuentra sometido a la tarifa legal de la prueba, más bien forma su libre convencimiento, inspirándose en principios científicos que informan la sana crítica de la prueba, con arreglo al artículo  158 del CPT. Asimismo, conforme lo determina el artículo 3 inciso j) del código adjetivo laboral, uno de los principios en los que se basa todo procedimiento en materia laboral es la libre apreciación de la prueba, por la que el juez valora las pruebas con amplio margen de libertad de acuerdo a la lógica jurídica, los dictados de su conciencia y los principios que rigen la materia;  por lo expuesto, se evidencia que lo actuado por los jueces de instancia se ajusta a derecho, siendo pertinente y objetivo lo resuelto por el ad quem y por la a quo, ya que al no existir el balance general ante Impuestos Nacionales por parte del empleador,  como ordena el artículo 181 del Código Procesal del Trabajo, es presumible que sí obtuvo utilidades, correspondiendo el pago de la prima como lo solicita el demandante.   

Referente al aguinaldo y al incremento salarial, de acuerdo a la mención que se hace dentro del recurso de casación, la recurrente establece que en verdad el trabajador no percibió estos derechos al decir en el punto 3 lo siguiente “En sentencia cursante de fs. 51 a 56 dispone entre otros rubros, aguinaldo 2011, duodécimas 2012, pago doble Bs.4.400. habiendo sido lo justo y legal que determine el juez de alzada, al tiempo de revocar el fallo del inferior, corresponde el pago aguinaldo 2011, Bs.1.200.- más duodécimas 10 meses 2012, Bs.1.000, o sea Bs.2.200…..”; es decir,  está aceptando tácitamente que no cumplió con los pagos de aguinaldo como prevé la norma, lo que evidencia que la recurrente infringió disposiciones legales vigentes como son la  “Ley de aguinaldo de navidad” de 18 de noviembre de 1944, que dispone en su artículo 1: “Toda empresa Comercial o industrial o cualquier otro negocio, está obligado a gratificar a sus empleados y obreros con un mes de sueldo y 25 días de salario respectivamente, como aguinaldo de navidad ….”, el art. 2 complementa lo siguiente: “La transgresión o incumplimiento de esta ley, será penada con el pago del doble de las obligaciones a que se refiere el artículo anterior”.  Es decir, que ante el incumplimiento del pago de aguinaldo en el tiempo establecido por ley existe una pena o sanción cual es el pago del doble de las obligaciones. Las modificaciones que están inmersas dentro del DS 229, la Ley de 11 de junio de 1947, la Ley de 22 de noviembre de 1950, el DS 2317 del 29 de diciembre de 1950, refieren sobre la obligatoriedad del pago del aguinaldo. En conclusión, al no haberse cumplido con el pago de aguinaldo en el plazo pertinente lo actuado por el Ad quem como por el a quo  se enmarcan a derecho.

Con respecto al pago al incremento salarial, de la revisión de obrados se evidencia que la recurrente incumplió con esta obligación ordenada por el DS 809  de 2 de marzo de 2011, que en su parte pertinente establece: “Artículo 7°.- (Base del incremento salarial en el sector privado) Para la gestión 2011, el Incremento Salarial en el sector privado será convenido entre los sectores patronal y laboral, considerando como base de negociación el diez por ciento (10%) del incremento salarial establecido en el presente Decreto Supremo, cuya aplicación podrá ser inversamente proporcional.

En este sentido, el Decreto Supremo 1213  de 1 de mayo de 2012 establece:Artículo 7°.- (Base del incremento salarial en el sector privado) Para la gestión 2011, el Incremento Salarial en el sector privado será convenido entre los sectores patronal y laboral, considerando como base de negociación el diez por ciento (10%) del incremento salarial establecido en el presente Decreto Supremo, cuya aplicación podrá ser inversamente proporcional”.

En ese sentido, el DS 1213 determina: Artículo 7º.- (Base del incremento salarial en el sector privado) Para la gestión 2012 el Incremento Salarial en el sector privado será convenido entre los sector patronal y laboral, considerando como base de negociación el ocho por ciento (8%); desde luego y como lo establecen las disposiciones finales de cada Decreto Supremo, los incrementos salariales se aplicarán con carácter retroactivo al 1 de enero de cada gestión. Es decir, la recurrente tenía la obligación de pagar lo ordenado por Ley, desde el 1 de enero de año 2011; que al no ser evidente la infracción acusada por la empresa demandada, se determina que tanto el ad quem como el a quo han ajustado a disposiciones legales vigentes su actuar.

  1. Con respecto al subtítulo DISPOSICIONES INFRINGIDAS, que hace referencia a los artículos 3, 66 y 150 del CPT, 3ro del DS N° 229 de 21 de diciembre de 1944 y la violación de los Decretos Supremos 809, de 2 de marzo de 2011 y 1213 de 1 de mayo del 2012, ya se han detallado y se han respondido en los puntos anteriores a cada uno de estos, siendo redundante en su posición; por lo que no amerita mayores consideraciones.
  2. Con respecto al recibo adjunto al recurso de casación, es necesario mencionar que este recurso constituye una demanda nueva de puro derecho, que procede cuando la sentencia recurrida contuviere violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la Ley, cuando contuviere disposiciones contradictorias. Cuando en la apreciación de la prueba se hubiere incurrido en error de hecho o de derecho; mas no para apreciación de prueba sin las formalidades legales, es decir que esta prueba debió presentarse dentro el periodo de presentación de pruebas para su respectiva valoración, o en su caso presentarla como prueba de reciente obtención con las formalidades de rigor. Siendo impertinente el recibo presentado en esta nueva demanda (recurso de casación). Por lo que no corresponde a este tribunal supremo de justicia referirse al mismo, en todo caso previa comprobación de su veracidad será considerada en ejecución de sentencia por el juez a quo.  

       En consecuencia, al no existir mérito para disponer la casación del auto de vista recurrido, toda vez que las infracciones acusadas son infundadas, corresponde resolver el recurso de casación, conforme los artículos 271.2) y 273 del CPC, aplicables por permisión del artículo 252 del CPT.  

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los artículos 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42 parágrafo I, numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 97 a 98 vta., interpuesto por el representante legal de la Empresa de Seguridad “FAROS”. Con costas.

Se regula el honorario profesional de abogado, por haber contestado el recurso en la suma de Bs. 500.- que mandará pagar el tribunal ad quem.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.