SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 217/2016. 

Sucre, 12 de julio de 2016.  

Expediente: SC-CA.SAII-SCZ.093/2016.

Distrito: Santa Cruz de la Sierra.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 552 a 560 vta., interpuesto        por  OVANDO S.A.,  legalmente representada por  Patricia  Vanessa  Corina

Burillo de Ugarte, contra el Auto de Vista N° 54 de 11 de noviembre de 2015 de fs. 548 a 549, emitido por la Sala Social Contenciosa Tributaria y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso social por cobro de beneficios sociales, seguido por Edgar Enrique Vargas Sánchez contra la empresa recurrente, la respuesta de fs. 564 a 565 vta., el Auto de fs. 566 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso y:

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, el Juez Primero del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Santa Cruz, pronunció la Sentencia N° 158 de 29 de mayo de 2015, cursante de fs. 504 a 508, declarando probada el derecho demandado, con costas, en cuyo mérito ordena que la empresa OVANDO S.A., representada por su gerente General Sr. Jaime Alejandro Ovando Davis, pague a tercero día de su notificación los beneficios sociales del demandante Edgar Enrique Vargas Sánchez, de acuerdo al finiquito siguiente en la suma de Bs.164.717,63.- (ciento sesenta y cuatro mil setecientos diecisiete 63/100 bolivianos)

Que, en grado de apelación de fs. 522 a 532 promovida por la empresa demandada OVANDO S.A., legalmente representada por Patricia Vanessa Corina Burillo de Ugarte, la Sala Social Contenciosa Tributaria y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista N° 54, confirmando la Sentencia N°158, con costas.

Contra este fallo la empresa demandada por intermedio de su representante legal interpone recurso de casación de fs. 552 a 560 vta. en base a los fundamentos que se sintetizan a continuación:

1.- Denunció que el tribunal ad quem, al emitir el auto de vista no valoró los argumentos de apelación, por lo que resulta indispensable que sus probidades diferencien dos aspectos: i) el proceso penal en curso en contra del demandante, respecto del cual se presentó abundante jurisprudencia emitida por el Tribunal supremo de Justicia y ii) las restantes vulneraciones probadas gracias a la investigación penal, que muestra las vulneraciones a los incisos a) y c) del art. 16 de la Ley General del Trabajo (LGT), que no fueron evaluadas ni consideradas en la instancias de apelación, asimismo indico que no existe debate ni controversia jurídica sobre lo acreditado por las copias legalizadas que cursan de fs. 56 a 376 de obrados, de fs. 434 a 443 y de fs. 444 a 447 de obrados, que cuentan con la fuerza probatoria asignada por el art. 1311 del Código Civil (CC), en este proceso no se ha cuestionado ni objetado que el demandante ha sido imputado y acusado por la comisión del delito de hurto de $us.40.400.- (cuarenta mil cuatrocientos 00/100 dólares americanos), ocurrido el 23 de diciembre de 2014, encontrándose el proceso en pleno curso y avance, siendo falso lo aseverado por la autoridad de alzada que simplemente existe una denuncia penal, corresponde en consecuencia, demostrar que el auto de vista ha incurrido en una serie de violación a lo dispuesto en el inciso 3) del art. 253, así como por el inciso 4) del art. 254 del CPC,

2.- El auto de vista vulnero el art. 154 del CPC, de manera independiente, y ajena a la temática referida al proceso penal en curso y a la inexistencia de una sentencia condenatoria ejecutoriada, existen otras vulneraciones que fueron ignoradas por el tribunal de apelación, señalando que tanto el demandante Edgar Enrique Vargas Sánchez como la empresa demandada han señalado de manera unánime, durante el termino probatorio, que la empresa AUTOLIDER INTERNACIONAL S.R.L., es concesionaria de OVANDO S.A., en sus declaraciones consideraron que el demandante fue contratado como encargado de Sistema para prestar apoyo a los concesionarios de OVANDO S.A., por lo que el nexo resulta de gravitante importancia, siendo que el hurto al concesionario OVANDO S.A., fue perpetrado durante horas de trabajo y asistencia directa del hoy demandante al concesionario afectando de manera directa y tangible a OLVANDOS.A., finalmente refiere jurisprudencia aplicable en los Autos Supremos (AASS) Nos. 151 de 17 de mayo de 2005, N° 562 de 10 de noviembre de 2008 y N° 058 de 29 de enero de 2004.

Concluye solicitando, que se conceda el recurso casación, a fin de que el Tribunal Supremo de Justicia, en aplicación del art. 210 del Código Procesal del Trabajo (CPT), resuelva el recurso procediendo a la casación de auto de vista y la sentencia, con expresa imposición de multa por incumplimiento de deberes en ambas instancias.

CONSIDERANDO II: Que, así planteado el recurso, analizando su contenido en base a los antecedentes del proceso, se tiene lo siguiente:

Al respecto, analizados los antecedentes del proceso, si bien es cierto, la destitución del actor de su fuente laboral por parte de su empleador el 21 de febrero de 2014, fue por haber infringido supuestamente el art. 16.g) de la LGT, que establece que no habrá lugar a desahucio ni indemnización cuando exista una de las siguientes causales inciso g) robo o hurto por el trabajador, concordante con el art. 9.g) de su Decreto Reglamentario, en mérito a ello se lo acusa de hurto de dinero, situación que fue puesta en conocimiento y que se está investigando, tal como consta las literales de descargo presentadas por la empresa demandada en fotocopias legalizadas de fs. 56 a 376, de fs. 434 a 443 y de fs. 444 a 447 de obrados; sin embargo, si bien existe una denuncia ante el Fiscal de Materia de la ciudad de Santa Cruz, con imputación penal de 22 de abril de 2014 de fs. 356 a 359, por la presunta comisión del delito de hurto y posteriormente ampliada por cohecho activo previsto y sancionado por los arts. 326 y 158 del Código Penal (CP), respectivamente, denuncia que se constituye en una forma de ejercicio de la acción penal sin que su sola presentación implique la autoría o responsabilidad penal del denunciado, lo que implica que la responsabilidad quedará definida previa realización de un proceso penal en sus diferentes etapas y una vez la sentencia a dictarse quede ejecutoriada, para que con su resultado se pueda respaldar el despido del actor, figura que se extraña en el presente proceso.

Sobre el segundo agravio traído a casación, en este punto se podrá advertir, en el caso que se analiza, no se acreditó la existencia de un proceso administrativo interno sobre este particular, así como tampoco existe sentencia condenatoria ejecutoriada emitida por autoridad competente; apreciaciones por las cuales se establece que la causa5 de despido - robo o hurto por el trabajador-, ameritaba ser dilucidada previamente en un Proceso Administrativo Interno, permitiéndosele al actor desvirtuar los hechos que se le atribuyeron en resguardo de su derecho a la defensa y en virtud a la presunción de inocencia que se encuentran garantizados por los arts. 115.11 y 116.1 de la Constitución Política del Estado (CPE), que al efecto prevén: "El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa...” y “Se garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso, en caso duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado", para luego, en caso de comprobarse con el debido sustento legal la causal del art. 16.g) de a LGT, despedir al actor con justa causa, lo que no ocurrió en el caso que se analiza, rechazando la empresa demandada el amparo que tal norma le proporcionaba de manera imperativa.

En la especie, de la revisión del expediente se colige que, no es evidente lo denunciado, hasta tanto y cuando se determine en juicio por autoridad jurisdiccional competente, sobre la inocencia o culpabilidad del actor, mediante sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada, caso contrario estaría vulnerando así el principio de presunción de inocencia plasmada en nuestra Constitución Política del Estado, en su art. 116, cono estableció la amplia jurisprudencia constitucional, en la Sentencia Constitucional (SC) N° 1445 de 19 de agosto de 2013, entre otras, al establecer: ‘‘se presume la inocencia mientras no se demuestre la culpabilidad".

A ello se añade que el objeto del proceso laboral es la protección de los derechos del trabajador cuya irrenunciabilidad consagra el art. 48.1 y II de la CPE, en ese entendido, el auto de vista recurrido se pronunció sobre los aspectos reclamados de manera acertada; por una parte y, por otra, en base a la prueba idónea cursante en obrados, donde se acreditó la relación del demandante con la empresa recurrente; en consecuencia el tribunal ad quem, emitió su resolución a la apelación, conforme dispone el art. 236 del CPC, resolviendo el fondo de la causa en estricta sujeción a las disposiciones laborales en vigencia.

En virtud a lo expresado se concluye que no son evidentes las infracciones acusadas en el recurso casación en la forma y en el fondo, por lo que corresponde dar aplicación a la disposición contenida en el art. 271.2) con relación al art. 273 del CPC, en cumplimiento de la norma remisiva del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, del Estado Plurinacional Boliviano, con la facultad conferida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42. I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 552 a 560; con costas.

Se regula el honorario profesional del abogado en la suma de Bs. 500 que mandará pagar el tribunal ad quem.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.