SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 215/2016.

Sucre, 12 de julio de 2016.  

Expediente: SC-CA.SAII-LP.91/2016.

Distrito: La Paz

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano. 

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 74 vta. a 75, interpuesto por Remedios Ramírez Valeriano vda. de Coronado, contra el Auto de Vista Nº 119/15 de 13 de octubre a fs. 70 vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del recurso de reclamación, seguido por la recurrente contra el SENASIR, la respuesta de fs. 80 a 82, el auto a fs. 83 que concedió el recurso, el Auto Supremo Nº 49/2016-A de 6 de Abril a fs. 89 que declaro admisible la casación; los antecedentes del proceso, y

CONSIDERANDO I:

I.1.- Resoluciones emitidas por el SENASIR:

Que, dentro del recurso de reclamación seguido por Remedios Ramírez Valeriano vda. de Coronado, la Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR, mediante Resolución Nº 2841 de 17 de abril de 2014 a fs. 30, resolvió otorgar en favor de Remedios Ramírez Valeriano, el formulario de cálculo de compensación de cotizaciones N° 35113, en el cual se considera un monto de compensación de cotizaciones de Bs. 1.948,80.- (un mil novecientos cuarenta y ocho 80/100 bolivianos), el que previa aceptación es válido para la emisión del certificado de compensación de cotizaciones por procedimiento manual.

  Formulado el recurso de reclamación interpuesto por la asegurada cursante a fs. 43, la Comisión de Reclamación del SENASIR, mediante Resolución Nº 961/14 de 31 de diciembre de 2014 de fs. 48 a 50, resolvió confirmar la Resolución Nº 2841 de 17 de abril de 2014.

I.1.2. Auto de Vista

Esta decisión motivó el recurso de apelación interpuesto por la asegurada de fs. 61 a 62, resuelto mediante Auto de Vista Nº 119/15, emitido por la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, confirmando la Resolución Nº 961/2014 de 31 de diciembre de fs. 48 a 50 de obrados, sin costas. 

I.2 Motivos del recurso de casación

Ante esta determinación, la asegurada, interpuso recurso de casación en el fondo de fs. 74 a 75, acusando en síntesis:

Que, el auto de vista recurrido infringió derechos elementales como principios del seguro social, al hacer una tasación inadecuada de la documentación presentada, sin considerar que se esta en materia social donde la tasación de la prueba es conciencia y netamente jurídica.

En este contexto sostuvo que, el auto de vista recurrido, para llegar a la conclusión asumida, citó normas que no vienen al caso, pues existen normas específicas sobre compensación de cotizaciones, como el Decreto Supremo (DS) Nº 26069 de 9 de febrero de 2001, basándose lamentablemente en un informe técnico que señala que no existe planilla, extremo que no es cierto, por que las mismas existen, además del certificado de trabajo de fs. 1 y 2, que son suficientes para certificar los aportes reclamados, es decir, de los periodos septiembre 1995 a abril de 1997, que trabajó en la Empresa DINNERMAN SRL.

Por otra parte sostuvo que no se tomo en cuenta la documentación presentada en obrados, que por cierto en originales se encuentran en archivo del SENASIR, la cual no fue debidamente evaluada, como el certificado de nacimiento donde se demuestra que la asegurada responde al nombre de Remedios Ramírez Valeriano con fecha de nacimiento de 7 de diciembre de 1955, respecto a esto puede variar en planillas uno de los apellidos o estar mal escrito, pero la matrícula es la misma, empero por este aspecto no puede dejar de tasar la documentación presentada, es decir, hacer tajantemente como en materia civil, cuando la mencionada evaluación es menos exigente si tomamos en cuenta lo dispuesto por los arts. 159 a 197 del Código Procesal del Trabajo (CPT), donde simples indicios hacen prueba, todos estos puntos no han sido tomados en cuenta por el ente gestor, sosteniendo que no se cuenta con documentación de los mencionados periodos.

En virtud a lo mencionado y de acuerdo al principio básico de la integridad, es necesario que los aportes que deben reconocer sean en forma oportuna y completa, lo contrario significaría atentar contra el derecho consagrado en el art. 45 y siguientes de la Constitución Política del Estado (CPE)

En este sentido sostuvo que se transgredieron los principios de integridad incluso como los operacionales de tecnicismo y eficiencia, arts. 18 del DS 27543, 12 del Decreto Ley (DL) 13214 y 20 del DL 14643. 

I.3 Petitorio

Concluyó solicitando se case el auto de vista recurrido, disponiendo se reconozca un año y siete meses de aportes en la citada empresa.     

CONSIDERANDO II: Que, así expuestos los fundamentos del recurso, se establece lo siguiente:

II.1 Fundamentos Jurídicos del Fallo.

En el caso de análisis, el recurrente no está de acuerdo con el fallo del tribunal de segunda instancia, por haber confirmado la Resolución Nº 961/14 de 31 de diciembre de fs. 48 a 50, con el fundamento de que la asegurada no presentó elementos que respalden los aportes realizados en los periodos reclamados por la asegurada, es decir, desde septiembre de 1995 a abril de 1997, pues la asegurada no figura en planillas.

Al respecto, el art. 14 del DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, relativo a la utilización de documentos que cursan en el expediente señala: “En el caso de inexistencia de planillas y comprobantes de pago en los archivos del SENASIR, del periodo comprendido entre enero de 1957 y abril de 1997, el SENASIR certificará los aportes con la documentación que cursa en el expediente del asegurado, a la fecha de publicación del presente Decreto Supremo, bajo presunción juris tantum. Los documentos será uno o más de los siguientes: Finiquitos, Certificados de trabajo, boletas de pago o planillas de haberes, partes de filiación y baja de las Cajas de Salud respectivas…”. Concordante con su art. 18 que dice: “…Para fines de certificación de aportes para la determinación de montos de compensación de cotizaciones por procedimiento manual, se podrán utilizar las modalidades establecidas en los Artículos 13, 16 y 17 del presente Decreto Supremo…”. A su vez, su art. 16 va más allá, al señalar: “…Para fines de certificación de aportes en mora de entidades, que dejaron de funcionar y se encuentran actualmente cerradas; que hubieran estado en su momento debidamente afiliadas a los entes gestores de salud y se evidencie la existencia de al menos un aporte al Sistema de Reparto, dichos aportes serán certificados con la documentación que curse en el expediente conforme al Artículo 14 del presente Decreto Supremo”. Normativa que dio mayor facilidad para que los beneficiarios pudieran acceder al beneficio de las rentas que otorga el SENASIR; empero esta determinación no es la única que prevé dicho procedimiento supletorio, el art. 83 del Manual de Prestaciones en Curso de Pago y Adquisición, dispone claramente que, cuando por algunos periodos de tiempo no existieran planillas en sus archivos, se complementará la verificación de aportes con los avisos de afiliación y de baja del trabajador, de reingreso del asegurado, complementados por certificados de trabajo, récords de servicios y finiquitos de pago de beneficios sociales, concordante con la Resolución Ministerial Nº 550 de 28 de septiembre de 2005. 

Al respecto, revisados los antecedentes que informan al proceso, se constata que la asegurada ha momento de presentar su solicitud de compensación de cotizaciones a fs. 2 cursa el certificado de trabajo expedido por la empresa Dinnerman SRL, así como las planillas de fs. 14 a 20 de obrados,  documentos en los cuales se demuestra de forma contundente que la solicitante trabajó en la empresa descrita precedentemente y aportó para el seguro de vejez a largo plazo durante los periodos extrañados por el SENASIR, documentación que no fue tomada en cuenta por los personeros del ente gestor a momento de emitir sus resoluciones.

En base a estos lineamientos y en virtud a los aludidos documentos, se desvirtúa lo afirmado por el SENASIR, que argumenta que la solicitante no presentó documentación retardatoria para certificar los periodos referidos, llegándose a evidenciar que tanto la Comisión de Calificación de Rentas como la Comisión de Reclamaciones del SENASIR, no efectuaron una conveniente valoración de la documentación presentada por el solicitante, pues lo correcto sería que dichas comisiones, así como el tribunal ad quem a tiempo de pronunciar sus resoluciones, hayan aplicado lo dispuesto en el art. 14 del citado D.S. Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, así como lo previsto en el art. 83 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición, aspecto que no sucedió en el caso de análisis, pues solo se evocaron a considerar la documentación que tenía en su poder, vulnerando el mandato del art. 48 de la C.P.E., referente a la irrenunciabilidad de los derechos.            

Este análisis pormenorizado de los antecedentes descritos, nos lleva al razonamiento y la certeza de que estos aspectos no fueron tomados en cuenta por los representantes del SENASIR a momento de emitir sus resoluciones, ni por el tribunal ad quem, que no valoró la prueba, conforme determina el art. 397 del C.P.C., aplicable al caso de autos por la permisión del art. 633 del Reglamento del Código de Seguridad Social, correspondiendo en el caso presente, calificar a favor de la solicitante los periodos efectivamente trabajados correspondiente a las gestiones que fueron desconocidas por el ente gestor.

A lo señalado, y conforme a la jurisprudencia sentada por este Tribunal, tanto en los procesos administrativos, como en la jurisdicción ordinaria, debe prevalecer la verdad material sobre la verdad formal, así los arts. 180. I de la CPE y 30. 11 de la Ley del Órgano Judicial, establecen como principio procesal a dicha verdad, con la finalidad de que toda resolución contemple de forma inexcusable la manera y cómo ocurrieron los hechos, en estricto cumplimiento de las garantías procesales; es decir, dando prevalencia a la verdad pura, a la realidad de los hechos, antes de subsumir el accionar administrativo y jurisdiccional en ritualismos procesales que no conducen a la correcta aplicación de la justicia.

De tal manera, conforme a la normativa precitada y a lo dispuesto en los arts. 158 y 162 de la Constitución Política del Estado de 1967, debe recordarse que los derechos sociales son irrenunciables, siendo obligación del Estado defender el capital humano, protegiendo la salud de la población, asegurando la continuidad de sus medios de subsistencia, rehabilitación y mejorando las condiciones de vida del grupo familiar, cuyos regímenes de seguridad social se inspiran en los principios de universalidad, solidaridad, unidad de gestión económica, oportunidad y eficacia; principios además que se ratifican en los arts. 35. I y 45. II y IV de la actual CPE, garantizando el derecho a la jubilación con carácter universal solidario y equitativo.

Por otra parte el derecho a la seguridad social y el derecho a la jubilación, están también reconocidos por los Convenios y Tratados Internacionales contenidos en el Convenio Nº 102 de la OIT de 1952, la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 25.1) y la Declaración Americana de Derechos y deberes del Hombre (art. XVI), que gozan de proclamación y regulación propia, protegiendo todos, al ser humano de las contingencias propias de la vejez, como base del ejercicio de otros derechos fundamentales como la vida, la salud física y psicológica, la dignidad, vestimenta y alimentación, que busca cubrir las necesidades básicas del beneficiario de la renta, que es considerado de atención prioritaria para el Estado y en etapa  de vulnerabilidad, aspecto por el cual, la interpretación de la norma aplicable a este sector y la realización de tales derechos, deben tener la prevalencia del derecho sustantivo antes que las formalidades, haciendo de tal manera efectivos los valores, principios y fines del Estado, consagrados en el Capítulo Segundo, Título Primero correspondiente a la primera parte de la Constitución Política del Estado.

Por todo lo expuesto, se concluye que el auto de vista recurrido, no se ajusta a las disposiciones legales en vigencia, siendo evidentes las infracciones acusadas en el recurso, por lo que corresponde resolver conforme prescribe los arts. 271. 4) y 274 del CPC, aplicables por la norma remisiva, contenida en los arts. 633 del Reglamento del Código de Seguridad Social y 15 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición, aprobado por Resolución Secretarial Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1987.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad que le confieren los arts. 184. 1 de la Constitución Política del Estado y 42. I. 1 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, CASA el auto de vista recurrido y deliberando en el fondo, dispone que el SENASIR, certifique los años efectivamente trabajados por la asegurada.

Sin costas, en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y art. 52 del Decreto Supremo Nº 23215 de 22 de julio de 1992. 

Regístrese, notifíquese y devuélvase.