SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 212/2016.

Sucre, 12 de julio de 2016.

Expediente: SC-CA.SAII-OR.088/2016.

Distrito: Oruro.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 80 a 81 vta., interpuesto por Tomas Vargas Canaviri en su condición de Gerente y representante de la empresa Corporación Industrial Sabaya S.R.L. (CORINSA S.R.L.); contra el Auto de Vista AV-SECCASA-24/2016 de 24 de febrero, cursante de fs. 76 a 78, pronunciado por la Sala Especializada Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso laboral por pago de beneficios sociales, seguido por Limber Jiménez Canaviri contra la empresa recurrente; el Auto a fs. 88 que concedió el recurso, el Auto Supremo Nº 46/2016-A de 6 de abril, de Admisión, a fs. 94 y vta., los antecedentes del proceso, y;

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO

I.1. Auto Interlocutorio

Por memorial de fs. 1 a 3, Limber Jimenez Canaviri, formuló demanda por pago de beneficios sociales contra la empresa CORINSA S.R.L., que dentro del trámite del proceso laboral, la empresa demandada planteó “excepción previa de conexitud de causa, incompetencia y falta de personería”, que fue resuelto por el Juez a quo, mediante Auto Interlocutorio 060/2015 de 30 de octubre, cursante de fs. 50 a 51 del legajo adjunto, declarando improbadas las excepciones.

I.2. Auto de Vista impugnado

Notificado con el Auto Interlocutorio 060/2015, Tomas Vargas Canaviri, en su condición de apoderado de Omar Eid Montaño, Representante Legal y Gerente de la empresa CORINSA S.R.L., formuló recurso de apelación, siendo resuelto por el Auto de Vista AV-SECCASA-24/2016, pronunciado por la Sala Especializada Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, confirmando el auto interlocutorio apelado, con condenación de costas.

Contra el referido auto de vista, Tomas Vargas Canaviri, en su condición de apoderado de Omar Eid Montaño, Representante Legal y Gerente de la empresa CORINSA S.R.L., interpuso recurso de casación en el fondo de fs. 80 a 81 vta., en el que en síntesis manifiesta los siguientes argumentos:

II. RECURSO DE CASACIÓN

II.1. Motivos del recurso de casación en el fondo

La empresa recurrente manifiesta que de la revisión minuciosa del auto de vista impugnado se puede evidenciar que existen infracciones siendo estas las siguientes violaciones:

II.1.1. Que, en ningún momento desconoció la jurisdicción con la que cuenta el Juez a quo para conocer asuntos laborales, pero habiéndose iniciado la pretensión del cobro de beneficios sociales por parte del demandante, por la vía administrativa, la misma que no fue agotada en todas sus partes e instancias, puesto que no existe una resolución expresa de culminación de la vía administrativa, encontrándose en consecuencia otras instancias pendientes como ser el recurso de alzada y/o revocatoria, recurso jerárquico y otros, en consecuencia tales inobservancias y requisitos no concluidos impiden que el juzgador tenga absoluta competencia para poder conocer este asunto, ya que forzadamente debe culminarse el procedimiento planteado inicialmente.

II.1.2. El recurrente refirió en cuanto a la excepción de impersoneria, que está se entiende en el sentido estricto de la ausencia de facultades procesales y pretensiones que tiene el demandante para iniciar el presente proceso laboral, tal como lo manifestó Couture “exponiendo que la personería en sentido procesal se entendería como personalidad o capacidad legal para comparecer en juicio, como así también señala que es la representación legal y suficiente para litigar”, por lo cual reiteró que el demandante no posee capacidad procesal, para accionar la presente demanda laboral, toda vez que ante el hecho flagrante “el estado etílico en que fue encontrado este de manera flagrante, con el cual además hubo incumplido el contrato laboral pactado entre partes” (sic), por lo que con este hecho gravísimo el actor disipo y dilapido (perdió) por mandato del art. 16 inc. g) de la Ley General del Trabajo (LGT), su desahucio e indemnización, criterios que no fueron considerados por el tribunal de alzada.  

Petitorio: Concluyó el memorial advirtiendo de la transgresión y violación de los arts. 127.a) y 129 de la “norma ritual laboral” (sic), solicitando al Tribunal Supremo de Justicia, que CASE el auto de vista recurrido, disponiendo en cuanto a la primera excepción la declinatoria de competencia y consiguientemente remitan obrados a la autoridad administrativa que corresponda, en cuanto a “la segunda excepción dispongan la suspensión de manera definitiva del proceso” (sic).

II.2. Contestación al Recurso de Casación en el fondo

Corrido en traslado el recurso, Limbert Jimenez Canaviri, contesto al mismo por memorial cursante de fs. 84 a 87 del expediente, solicitando a éste Tribunal se declare Infundado el recurso de casación, sea con imposición de costas y demás condenaciones de Ley.

III. ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN

III.1. Por Auto Supremo (AS) Nº 46/2016-A, se verificó que el mismo fue presentado dentro del plazo previsto por ley, además que cumplió con los requisitos previstos en el art. 258 del Código de Procedimiento Civil (CPC. 1975), en relación con el art. 274.I del Código Procesal Civil (CPC vigente), hechos que hicieron admisible la consideración del recurso de casación.

IV. ESTUDIO DEL CASO Y JUSTIFICACIÓN DEL FALLO

IV. Del recurso de casación en el fondo

Interpuesto el recurso de casación en el fondo, del análisis y fundamentación del recurso y del Auto de Vista impugnado que cursan en el cuaderno procesal y consideración de la normativa aplicable al presente caso, se tiene lo siguiente:

Que el recurrente fundamentó su criterio de supuesta incompetencia que tendría el Juez a quo, para conocer la demanda, con el argumento de que el demandante habría iniciado la pretensión del cobro de beneficios sociales, por la vía administrativa y al no haberse culminado esa tramitación con una resolución definitiva, para plantear los recursos pertinentes en esa instancia, impiden que la jurisdicción ordinaria tenga competencia para poder conocer este asunto, porque según el recurrente forzadamente debe concluir el procedimiento planteado inicialmente; de lo cual debemos considerar que estos alegatos no fueron demostrados con alguna prueba del supuesto proceso administrativo, si bien es cierto que el demandante presentó su denuncia ante la Jefatura Departamental de Trabajo de Oruro, empero no se llegó a ninguna conciliación o acuerdo entre partes, motivo por el cual la citada jefatura emitió la “PRELIQUIDACION O PREFINIQUITO” a fs. 42, para que el demandante pueda proseguir son su demanda ante el órgano jurisdiccional competente.

Que, en cuanto a la supuesta incompetencia que tendría el Juez a quo, para el conocimiento de la causa, debemos señalar que este criterio se encontraba establecido en el art. 26 de la Ley de Organización Judicial (LOJ) de 18 de febrero de 1993 que señalaba: “…Competencia es la facultad que tiene un tribunal o juez para ejercer la jurisdicción en un determinado asunto…” y en el art. 152 núm. 2 de la norma citada que refiere: “…COMPETENCIA Los jueces del trabajo y seguridad social tienen competencia para lo siguiente: (…) Conocer y decidir, en primera instancia, de las acciones, individuales o colectivas, por derechos y beneficios sociales, indemnizaciones y compensaciones y, en general, conflictos que se susciten como emergencias de la aplicación de las leyes sociales, de los convenios y laudos arbitrales…”; norma abrogada y remplazada por la Ley 025 que en sus arts. 26 y 152 núm. 2) reafirman lo citado.”, aspecto concordante con el art. 1 de la Ley General del Trabajo que señala “La presente ley determina con carácter general los derechos y obligaciones emergentes del trabajo, con excepción del agrícola que será objeto de disposición especial. Se aplica también a las explotaciones del Estado y cualquier asociación pública o privada, aunque no persiga fines de lucro, salvo las excepciones que se determinen.”; y, el art. 43 inc. b) del Código Procesal del Trabajo (CPT) refiere “…De las acciones sociales individuales o colectivas, suscitadas como emergencia de la aplicación de las leyes laborales, de los convenios, de los Laudos Arbitrales, del Código de Seguridad Social en los casos previstos en dicho cuerpo de leyes, su reglamento y demás prescripciones legales conexas a ambos…”, mandatos jurídicos que solventan el criterio de este Tribunal, al citar sobre este punto, que el Juez de Partido Primero de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Oruro, tiene competencia para conocer las acciones individuales o colectivas, por derechos, beneficios sociales y otros con carácter general que surgen de los derechos y obligaciones del trabajo, es decir que estaba plenamente respaldado por ley su competencia para conocer la demanda por pago de beneficios sociales interpuesto por Limber Jiménez Canaviri.

En cuanto a la supuesta falta de personería del demandante, debemos señalar que dentro del cuaderno procesal se encuentran: 1) Contrato de trabajo efectuado entre CORINSA S.R.L. en su condición de empleador y Limber Jiménez Canaviri como trabajador, realizado el 23 de agosto de 2012, cursante de fs. 29 a 30; 2) Memorándum de despido de 18 de junio de 2015 a fs. 28; y, 3) Otros documentos adjuntos de fs. 25 a 27. Esta documentación demuestra la relación laboral que existió entre el demandante y la empresa recurrente, de lo que se tiene que no cabe duda que el demandante fue trabajador de la empresa citada, además que este hecho no fue refutado por el recurrente, por lo que ambos al tener una relación contractual laboral, habilita al trabajador para que pueda demandar el pago de sus beneficios sociales si así los considerara oportuno, evidenciándose en el presente caso, que el demandante posee personería o legitimación activa para accionar y la empresa recurrente legitimación pasiva para ser demandada.

De los argumentos expuestos precedentemente, esta Sala concluye que no son evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de casación de fs. 80 a 81 vta., al carecer de sustento fáctico y jurídico; lo que conlleva a afirmar que el Tribunal de alzada realizó una adecuada apreciación y valoración de los antecedentes del proceso, no incurriendo en transgresión de norma alguna, correspondiendo en tal circunstancia resolver en el marco de las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por la norma remisiva contenida en el artículo 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación cursante de fs. 80 a 81 vta., interpuesto por Tomas Vargas Canaviri en representación legal y Gerente de la empresa Corporación Industrial Sabaya S.R.L. (CORINSA S.R.L.); en consecuencia, se dispone la prosecución de la causa conforme a Ley, con costas. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase.