SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA




Auto Supremo Nº 211/2016.

Sucre, 12 de julio de 2016. 

Expediente: SC-CA.SAII-SCZ.086/2016.

Distrito: Santa Cruz de la Sierra.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.



VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 269 a 270 vta., interpuesto por Jaime Blanco Aguayo, en representación de la Caja Petrolera de Salud, contra el Auto de Vista N° 178 de 12 de junio de 2015 de fs. 256 a 258 vta., emitido por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro  del proceso laboral, por pago de beneficios, seguido por Jhaneth Zulema Medinacelli Carata, Martha Parada Saavedra, Juliana Arias Sánchez, Marlene Pedraza Gutiérrez, Angélica Ortega Jurado, Vidalia Margot Menacho Saavedra, Gloria Montero Ponce, Silvia Roda Yebara, Deisy Cuchallo Jimenez y Candelaria Algarañaz Velasco, la respuesta de fs. 276 a 277, el auto de fs. 280 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, la Juez Cuarto  del Trabajo y Seguridad Social de  Santa Cruz, emitió la Sentencia N°14 de 27 de febrero de 2015, cursante de fs. 229 a 234 vta., de obrados, declarando probada la demanda interpuesta por los actores nombrados, disponiendo que la Caja Petrolera de Salud, pague a favor de los demandantes, los montos establecidos en la parte resolutiva del fallo, que ascienden a un total de Bs. 402.315.16.- (cuatrocientos dos mil trecientos quince 16/100 bolivianos).

En grado de apelación, interpuesta por el representante legal de la institución demandada cursante de fs. 240 a 242, por Auto de Vista N° 178,  que confirmó en todas sus partes la Sentencia Nº 14, sin costas.

Contra el auto de vista señalado, Jaime Blanco Aguayo, en representación legal de la Caja Petrolera de Salud, interpuso recurso de casación en el fondo, con los fundamentos expuestos en el memorial de fs. 269 a 270 vta., de obrados.

CONSIDERANDO II: Que, con carácter previo y antes de considerar los fundamentos del recurso planteado, cabe señalar que en cumplimiento a lo establecido en el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), este Tribunal tiene la facultad de revisar las actuaciones procesales que llegan a su conocimiento, a fin de establecer si concurrieron irregularidades procesales en la tramitación de los procesos, para imponer en su caso, la sanción que corresponda o determinar si correspondiese, cuando el acto omitido lesione la garantía constitucional del debido proceso, haciendo insubsanables las consecuencias materiales y jurídicas del mismo, se impone la nulidad de obrados de oficio, según prevé el art. 252 del Código de Procedimiento Civil (CPC).

En este contexto, es menester señalar que conforme la amplia jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, el recurso de apelación o de alzada, constituye el más importante y usual de los recursos ordinarios, es el remedio procesal por el que se pretende que un tribunal jerárquicamente superior, generalmente colegiado, revoque o modifique una resolución judicial que se estima errónea en la interpretación, aplicación del derecho, en la apreciación de los hechos o de la prueba.

Ello supone una doble instancia donde el tribunal o juez debe circunscribirse a examinar la decisión impugnada sobre la base del material reunido en primera instancia, pero esto no obsta que, excepcionalmente, en segunda instancia se ofrezca y admita nueva prueba.

Bajo estas premisas, es innegable que la motivación de las resoluciones judiciales constituye un deber jurídico consagrado constitucionalmente como uno de los elementos del debido proceso, que se convierte en una garantía de legalidad procesal para proteger la libertad, la seguridad jurídica, la racionalidad y fundamentación de las resoluciones judiciales o administrativas, más aún si lo que se pretende es modificar o revocar el fallo venido en apelación o casación, donde la motivación o fundamentación deberá ser tal, que permita vislumbrar con claridad las razones de decisión por las que se modificó un fallo de instancia.

En efecto, el Diccionario de la Lengua Española asigna a la palabra motivación la "acción y efecto de motivar", a su vez, define "motivar" como "dar o explicar la razón o motivo que ha tenido para hacer una cosa".

Esto implica que todo administrador de justicia a momento de resolver una controversia sometida a su conocimiento, debe inexcusablemente exponer los hechos, los razonamientos relacionados con el análisis y valoración del acervo probatorio, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma.

Consecuentemente, cuando un juez omite motivar una resolución, no sólo suprime una parte estructural de su fallo, sino que en la práctica toma una decisión de hecho y no de derecho, en la que impide a las partes conocer cuáles son las razones que sustentan su fallo, por ello, las resoluciones judiciales deben ser lógicas y claras, no sólo para establecer la credibilidad de la sociedad civil en la jurisdicción, sino además, para que los justiciables puedan fundamentar sus recursos y se aperture la competencia del superior en grado.

La motivación de las resoluciones judiciales entraña en el fondo, una necesaria argumentación y ésta sólo es posible mediante las correspondientes y múltiples inferencias exigidas por el caso concreto, que podrán ser de tipo enunciativo -sujetos a los cánones de la lógica común- y de tipo jurídico -sujetos a las reglas de la lógica jurídica- hasta concluir en la deducción jurídica definitoria en el caso singular.

El incumplimiento de las exigencias expuestas ameritan que el Tribunal Supremo disponga la nulidad de obrados, en aras de una correcta administración de justicia.

A su vez, el art. 190 del citado adjetivo civil, dispone que: "La sentencia pondrá fin al litigio en primera instancia, contendrá decisiones expresas, positivas y precisas, recaerá sobre las cosas litigadas, en la manera en que hubieren sido demandadas sabida que fuere la verdad sobre las pruebas del proceso", esta norma de aplicación general, impone además que los tribunales de alzada ajusten sus resoluciones de segunda instancia decidiendo la controversia en función del art. 236 del CPC, con apego a los principios de congruencia, pertinencia y exhaustividad, dentro del marco jurisdiccional que le impone la resolución recurrida y la expresión de agravios del recurso, enmarcando su decisión a las formas de resolución previstas en el art. 237 del adjetivo civil, conforme faculta el art. 252 del CPT.

En cumplimiento de esta obligación procesal, velando por el acatamiento de las normas citadas, de la revisión del expediente se advierte que el tribunal de alzada al momento de emitir el Auto de Vista Nº 178, y confirmar en todas sus partes la Sentencia Nº 14, disponiendo el pago de los derechos y beneficios sociales a favor de las demandantes, emitió una resolución sin la debida motivación y fundamentación, pues, de la lectura del segundo considerando de la resolución de alzada, se advierten criterios simplemente enunciativos e indicativos en cuanto a la prueba se refiere, empero no constan las inferencias exigidas por el caso concreto, que podrían ser razonamientos, sujetos a los cánones de la lógica común o sujetos a las reglas de la lógica jurídica hasta concluir en la deducción jurídica definitoria en el caso singular, es decir, no existe un análisis pormenorizado de los presuntos agravios sufridos, de la prueba producida en el proceso, no se dilucida el razonamiento del tribunal para determinar la confirmación total del fallo de primera instancia, concluyendo en definitiva que no se cumplió con el mandato del art. 236 del adjetivo civil.

A lo indicado, se establece que el tribunal de apelación, abstrayéndose de las funciones inherentes a su obligación, no resolvió los agravios expuestos en el recurso de apelación de la entidad demandada, atentando contra el derecho al debido proceso en su elemento del derecho a la legítima defensa y a la seguridad jurídica que no pueden ser soslayados por ese tribunal.

Revisado el recurso de apelación de fs. 240 a 242, los agravios expresados sobre los cuales el tribunal de segunda instancia no se pronunció, son los referentes a la conculcación de los arts. 236. I de la CPE, así como el art. 28 y sgts. de la Ley Nº 1178, como el Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública (DS Nº 23318-A), vulneración de los principios constitucionales de la Administración Pública e incongruente liquidación de beneficios sociales, vulneración del debido proceso y el cumplimiento obligatorio de la norma procesal y falta de valoración de las pruebas de descargo no valoradas en la sentencia por el juez a quo, que si bien lo menciona en el primer considerando, sin embargo, no se encuentra fundamentación alguna al respecto, tampoco, aspectos sobre los cuales no se encuentra fundamentación por parte del tribunal de apelación.                       

A lo expuesto, se debe agregar que la resolución de vista tampoco es exhaustiva en las consideraciones y en las decisiones que asume, en suma, todos estos aspectos demuestran la existencia de incongruencia, exhaustividad, falta de motivación y pertinencia de la resolución emitida y especialmente la omisión del cumplimiento de las normas citadas precedentemente, impidiendo que este tribunal pueda analizar el recurso formulado por el representante legal de la Caja Petrolera de Salud, partes, pues no puede emitirse criterio jurídico respecto de circunstancias de fondo que no fueron resueltas por el tribunal de alzada.

En consecuencia, al haberse incumplido normas procesales de orden público y cumplimiento obligatorio, corresponde fallar conforme disponen los arts. 252 y 275 del CPC, aplicables al caso presente por mandato del art. 252 del CPT.


POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda, del Tribunal Supremo de Justicia, en sujeción a lo estipulado por los arts. 15 y 60.1 de la Ley del Órgano Judicial, ANULA obrados hasta el sorteo de fs. 206 vta., disponiendo que el tribunal de alzada, sin espera de turno y previo sorteo, bajo responsabilidad administrativa, pronuncie un nuevo auto de vista que guarde congruencia entre la parte considerativa y la parte dispositiva, sea exhaustivo, motivado y resuelva la apelación en el marco del art. 236 del Código de Procedimiento Civil.


Se impone multa de Bs. 200 a los Vocales signatarios del auto de vista por no ser excusables las omisiones incurridas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.