SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 208/2016.

Sucre, 12 de julio de 2016. 

Expediente: SC-CA.SAII-CBBA.082/2016.

Distrito: Cochabamba.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 1527 a 1532, interpuesto por la empresa “DISMAT S.R.L.”, representada por Luis Alberto López, contra el Auto de Vista Nº 028/2015 de 28 de octubre, cursante de fs. 1519 a 1525, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso contencioso tributario, seguido por la empresa recurrente contra la Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes GRACO Cochabamba del SIN, la respuesta de fs. 1535 a 1537, el auto de fs. 1538 que concedió el recurso, el Auto Supremo Nº 41/2016-A de 29 de marzo de fs. 1543 y vta., que admitió la casación; los antecedentes del proceso, y

CONSIDERANDO I:

I. 1. Antecedentes del proceso

I.1.1 Sentencia

Que, tramitado el proceso, la Juez Segundo de Partido Administrativo, Coactivo, Fiscal y Tributario de Cochabamba, emitió Sentencia el 25 de marzo de 2013 de fs. 1387 a 1395, declarando probada en parte la demanda contencioso tributaria, modificando parcialmente la Resolución Determinativa N° 17-00067-11 de 24 de marzo de 2011, al disponer: 1) confirmar el monto total de los reparos determinados por el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) gestión 2007, Impuesto a las Transacciones (IT) periodos fiscales de enero a diciembre de 2007 y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos fiscales de enero, marzo, abril, mayo, noviembre y diciembre de 2007; 2) deja sin efecto los reparos determinados del IVA sólo de los periodos fiscales de febrero, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2007, en razón al pago total que realizó el sujeto pasivo por dichos periodos; 3) mantiene inalterable el resto de los puntos establecidos en la Resolución Determinativa impugnada.


I.1.2 Auto de Vista

Que, planteado por ambas partes recursos de apelación, de fs. 1398 a 1401 por la entidad demandada y, de fs. 1404 a 1409 vta. por el representante de la empresa demandante, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por Auto de Vista Nº 010/2014 de 12 de febrero (fs. 1437 a 1440), confirmó la Sentencia de 25 de marzo de 2013, motivando a ambas partes interponer recursos de casación: En el fondo y en la forma por la Empresa DISMAT S.R.L. de fs. 1445 a 1460 y, en el fondo por GRACO Cochabamba de fs. 1463 a 1469, mereciendo el Auto Supremo N° 227/2015 de 23 de julio de fs. 1507 a 1509 que, anuló obrados al considerar que el auto de vista no resolvió todos los puntos apelados por DISMAT SRL., para que sin espera de turno se proceda al sorteo de la causa y emita nuevo auto de vista con la pertinencia de los arts. 192 y 236 del CPC.

Que, en cumplimiento a la nulidad dispuesta por el Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, pronunció el Auto de Vista N° 028/2015 de 28 de octubre, cursante de fs. 1519 a 1525, que resolviendo ambos recursos de apelación de las partes, confirmó la Sentencia de 25 de marzo de 2013, cursante de fs. 1387 a 1395.

I.2 Motivos del recurso de casación

Que, contra el Auto de Vista N° 028/2015, el representante de la empresa demandante, interpuso recurso de casación en el fondo de fs. 1527 a 1532, manifestando en síntesis los siguientes argumentos:

Que, efectuado la relación de antecedentes, que dio lugar a la nulidad del primer auto de vista, en la segunda resolución del tribunal de apelación, existe violación de disposiciones legales que afectan derechos e intereses legítimos de la empresa demandante, por lo siguiente:

1).- Interpretación errónea de leyes, al efecto como respaldo cita las Sentencias Constitucionales (SS.CC) 76/2004 de 16 de julio y 53/2006 de 27 de junio,  para referir que las normas procedimentales aplicables al proceso contencioso tributario, son las previstas en el Título IV del antiguo Código Tributario (Ley 1340) y supletoriamente las del Código de Procedimiento Civil (CPC) conforme establece el art. 214 de dicha Ley 1340, por lo que, en cuanto al término de ofrecimiento de prueba en los procesos contenciosos tributarios, es aplicable el art. 265 el Código Tributario (Ley 1340); que en cumplimiento a dicha norma la empresa DISMAT SRL, aparte de la prueba documental pre-constituida adjuntada con su demanda, por memorial de 2 de junio de 2011, presentó también ante el juez dentro el periodo de probatorio de 30 días, la prueba adicional en 143 fojas, que forma parte de la “Carpeta de Pruebas de Cargo Adicional”, siendo aceptada con noticia contraria por proveído a fs. 1360.

Expresa que esta prueba resulta esencial y decisiva para la definición favorable del juicio, porque habría demostrado lo siguiente: a) Que la Nota de Remisión N° 00077122 de 18 de diciembre de 2007 por $us.193.300,26 que es uno de los reparos más significativos de la Resolución Determinativa impugnada, emitida a favor de la Alcaldía Municipal de Cochabamba, fue efectivamente facturada, como consta la factura N° 387, con número de autorización 39050025965 y Código de Control N° EO-OD-9E-C9-C5; b) Que la “Cuenta gastos por impuestos” del estado de resultado de la empresa periodo fiscal al 31 de diciembre de 2007 por Bs.1.077.905,53, se encuentra respaldado con la documentación pertinente acompañada al memorial de 2 de junio de 2011; c) Que el importe de gasto por Bs.254.256,41 que figura en la cuenta de resultados “Otros Ingresos” (egresos), de los estados financieros de DISMAT SRL al 31 de diciembre de 2007, está constituida por el importe de Bs.299.928,70 corresponde a la baja y revalúo de activos fijos a dicha fecha y que restando de esta suma los ingresos por intereses bancarios, devoluciones del seguro de siniestros, descuentos y otros que alcanzan a Bs.45.672,29 se tiene un importe final de Bs.254.256,41 que figura en el estado de resultados de la empresa al 31 de diciembre de 2007.

Agrega que, esta prueba no fue tomada en cuenta en el primer auto de vista, por ello interpusieron recurso de casación, pero que tampoco se consideró en el (segundo) Auto de Vista Nº 28/2015 ahora impugnado, al ser rechazada con el argumento que la prueba presentada por DISMAT SRL con posterioridad a la demanda, por memorial de 2 de junio de 2011, en el periodo de los 30 días no sería admisible por no haber sido adjuntado junto a la demanda en calidad de prueba pre-constituida, invocando como único sustento legal de esa decisión, el art. 331 del CPC., además porque no se habría presentado en originales, cuando la mayoría de los documentos son originales y los restantes cursan en fotocopias debidamente legalizadas.

Que, en el auto de vista los Vocales sostienen que el Juez reviso la prueba pre-constituida ofrecida por la Administración Tributaria (AT), es decir, el legajo administrativo tributario donde constan los cargos y descargos ofrecidos por las partes, al establecer “que eventualmente pudo haber sido ofrecida en la vida judicial bajo razones de excepción debidamente justificadas”, criterio con el que se habría justificado el ilegal rechazo de la prueba literal de 143 fojas.

2).- Denuncia violación y aplicación indebida de normas legales, al señalar que la resolución recurrida, invocó el art. 331 e implícitamente el art. 330 ambos del CPC, como sustento de la ilegal desestimación de la prueba literal del anexo de 143 fojas, que se violó el art. 265 de la Ley N° 1340 de 28 de mayo de 1992, de aplicación preferente en los procesos contenciosos tributarios, al disponer que dentro del término de prueba de 30 días, las partes tienen el derecho de presentar las pruebas pertinentes para impugnar la resolución administrativa  cuestionada y en el mismo plazo presentar alegatos; que el rechazo de esa prueba, implica violación al derecho del contribuyente DISMAT SRL en lugar de ser tomadas en cuenta en el proceso judicial, que la decisión del tribunal ad quem resulta contraria a la línea doctrinal del Tribunal Constitucional en la SC N° 0315/2012 de 18 de junio, al establecer que, “los elementos que componen el “debido proceso”, son entre otros el derecho a la valoración razonable de la prueba”, situación que no habría cumplido el tribunal de apelación.

Reitera que se aplicó indebidamente el art. 331 del CPC, con el criterio de que una vez presentada la demanda sólo se aceptaría documentos con fecha posterior o siendo anteriores bajo juramento de no haber tenido antes conocimiento de ellos, norma que sería aplicable solo al procedimiento civil ordinario y no al proceso contencioso tributario, que preferente y obligatoriamente debió aplicarse el art. 265 de la Ley 1340, conforme previene el art. 214 de la norma citada, para expresar que resulta ilegal la resolución de desestimación o rechazo de sus pruebas por el tribunal de alzada, no obstante de haberse presentado dentro el periodo de prueba de 30 días fijado por la Juez a quo.

Que, en la resolución del auto de vista se incurrió en transgresión y aplicación indebida de las citadas normas, por haber sido ignorada la valoración de prueba que aportó al proceso, al imponer a DISMAT SRL., el pago de una obligación tributaria inexistente por el IUE de la gestión 2007, IT de los periodos fiscales enero a diciembre de 2007 e IVA de los periodos fiscales enero, marzo, abril, mayo, noviembre y diciembre de 2007, así como multas y sanciones incluida en la Resolución Determinativa, no dejadas sin efecto en la sentencia y ratificada en su integridad por Auto de Vista N° 28/2015 de 28 de octubre.

3).- Denuncia de ilegal la ratificación de calificación de la conducta como omisión de pago y la imposición de sanción correspondiente, señalando que el auto de vista al confirmar la sentencia, luego de rechazar las pruebas de 143 fojas, adjuntado con su memorial de alegatos, considera ilegal el no haberse tomado en cuenta dicha prueba adicional de DISMAT SRL con el que habría demostrado la inexistencia de la deuda tributaria por el IVA, IT e IUE de la gestión 2007, pero que fue declarada subsistente en la sentencia; es decir, que el auto de vista es ilegal por haber confirmado la calificación de la conducta de DISMART SRL, como omisión de pago y por ende la imposición de la multa del 100% sobre el tributo omitido actualizado; que no se cumplió lo previsto en el art. 165 del Código Tributario vigente, al haberse aplicado indebidamente al caso, por lo que reclama que se declare la inexistencia de dicha sanción.

I.2.1 Petitorio

La empresa demandante ahora recurrente, en el recurso de casación en el fondo solicita que se case el Auto de Vista Nº 28/2015 de 28 de octubre y, deliberando en el fondo se declare PROBADA en su integridad la demanda presentada por DISMART SRL y dejar sin efecto todas las obligaciones tributarias, multas y sanciones incluidas en la Resolución Determinativa N° 17-00067-11 de 24 de marzo de 2011, con costas.

I.3.- Respuesta al recurso de casación

Que, notificado el representante de la entidad demandada con el recurso de casación (fs. 1433), contestó con base a los argumentos del memorial de fs. 1535 a 1536 vta., manifestando en lo principal que el recurso es infundado, por cuanto durante el proceso de fiscalización, la Administración Tributaria (AT) en ningún momento restringió al contribuyente el derecho de ofrecer prueba y alegar sus fundamentos, que contrariamente tenía la posibilidad de presentar la documentación que creyere conveniente y pertinente en las diferentes etapas del proceso de fiscalización en sede administrativa, documentación que ahora pretende hacer valer recién ahora, cuando no fue de conocimiento del ente fiscalizador ni existía en los antecedentes administrativos dando lugar a la Resolución Determinativa.

Que, es acertado lo resuelto en el auto de vista al confirmar la sentencia; además que el art. 165 de la Ley N° 1340 fue correctamente aplicado por los jueces de instancia, por cuanto los reparos establecidos por la AT en la Resolución Determinativa, no fueron desvirtuados por el contribuyente, al evidenciar que pago de menos la obligación tributaria, por ello la conducta se adecua a la sanción de omisión de pago impuesta.

Concluyó impetrando que el recurso de casación sea declarado infundado, y se mantenga firme el auto de vista y la sentencia.

CONSIDERANDO II:

II.1.- Fundamentos jurídicos del fallo

Que, así planteado el recurso de casación y no obstante de incumplir la carga procesal que impone el art. 258 inc. 2) del Código de Procedimiento Civil (CPC), revisando los antecedentes del proceso, este tribunal ingresa al análisis de lo recurrido, estableciendo lo que sigue:

II.1.1.- Antecedentes del proceso

En principio, es menester establecer cuáles fueron los motivos que dieron lugar al proceso contencioso tributario, se dónde se tiene:

1).- El proceso inicia con la Orden de Fiscalización N° 00100FE0013, por el Departamento de Fiscalización GRACO Cochabamba del SIN, que procedió a la fiscalización de las obligaciones impositivas del contribuyente DISMAT SRL, a objeto de comprobar si se cumplió o no las disposiciones legales, correspondiente al pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las Transacciones (IT), Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) e Impuesto al Régimen Complementario al IVA (RC-IVA) de los periodos fiscales enero a diciembre de 2007, como resultado de dicha fiscalización se emitió la Resolución Determinativa GRACO N° 17-00067-11 de 24 de marzo de 2011, cursante de fs. 22 a 27 del 1er Cuerpo del expediente, por el que se estableció los tributos omitidos y otros.

2).- El contribuyente formuló demanda contenciosa tributaria de fs. 1323 a 1332 del 5to Cuerpo, impugnando en la vía jurisdiccional contra la citada Resolución Determinativa (RD), impetrando que se declare probada la demanda y por lo tanto la inexistencia de la totalidad de la deuda tributaria actualizada, intereses y multas por omisión de pago fijadas en el monto global de 1.308.606 UFVs o su equivalente en moneda nacional contenida en la RD; que admitida la demanda por proveído de 13 de abril de 2011 (fs. 1333), con fundamento en la SC 0076/2004 de 16 de julio, en sujeción a las previsiones contenidas en la Ley 1340, fue corrida en traslado al Gerente Distrital de GRACO Cochabamba del SIN, en función al art. 232 de la Ley 1340, así mismo la juez a quo suspendió toda ejecución del acto impugnado y ordenó remitir todos los elementos de prueba que se encontraban en poder de la entidad demandada, en cumplimiento a los arts. 215 y 231 de la Ley 1340. Acción que mereció respuesta por la entidad demandada en base a los argumentos expuestos por memorial de fs. 1338 a 1343, solicitando que se declare improbada la demanda. 

3).- Tramitado el proceso, la Sentencia de 25 de marzo de 2013 de fs. 1387 a 1395, declaró probada en parte la demanda modificando parcialmente la RD impugnada, dejando sin efecto los reparos determinados del IVA sólo de los periodos fiscales de febrero, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2007, en razón al pago total que realizó el contribuyente, manteniendo vigente en todo lo demás el resto de los puntos establecidos en la RD. A su vez, en grado de apelación planteada por ambas partes, por Auto de Vista N° 028/2015 de 28 de octubre, cursante de fs. 1519 a 1525, se confirmó la sentencia apelada; contra esta resolución el representante de la empresa demandante, formuló recurso de casación en el fondo de fs. 1527 a 1532, motivo de la presente resolución.

II.1.2.- De los extremos denunciados y los motivos de la controversia

El recurso de casación en el fondo tiene por finalidad invalidar tanto decisiones judiciales, como la Resolución Determinativa, emitida por la Administración Tributaria (AT), al denunciar: 1) Interpretación errónea de la Ley; 2) violación y aplicación indebida de normas legales, y 3) ilegal ratificación de la calificación de conducta como omisión de pago y la imposición de sanción correspondiente. En consecuencia, merecerán su análisis y consideración a continuación:        

II.2.- Sobre la denuncia de interpretación errónea de la Ley

El recurrente refirió que las normas aplicables al proceso contencioso tributario, son las previstas en el Título IV del antiguo Código Tributario (Ley 1340) y supletoriamente el Código de Procedimiento Civil (CPC), conforme establece el art. 214 de dicha Ley 1340, por lo tanto, en cuanto al término de ofrecimiento de prueba, es aplicable el art. 265 de la citada Ley 1340; que en cumplimiento a dicha norma la empresa DISMAT SRL, aparte de la prueba documental pre-constituida adjuntada a su demanda, por memorial de 2 de junio de 2011 de fs. 1352 a 1358 vta., presentó ante la Juez dentro el periodo probatorio de 30 días, una Carpeta de Pruebas adicional en 143 fojas, que no obstante ser aceptada a fs. 1360, no habría sido considerada en la sentencia ni en el auto de vista que aplicó el art. 331 del CPC como sustento legal, sin considerar la aplicación preferente del art. 265 de la Ley N° 1340.

II.2.1.- Sobre el marco normativo

Al presente, es menester establecer el marco normativo a aplicarse en los procesos contenciosos tributarios, toda vez que, con la promulgación de la Ley N° 2492 (Nuevo Código Tributario) de 2 de agosto de 2003, en vigencia plena desde el 2 de noviembre del mismo año, abrogó la Ley N° 1340 de 28 de mayo de 1992 por la Disposición Legal Novena. Esta Disposición, fue declarada “Constitucional” a través de la Sentencia Constitucional (SC) N° 0076/2004 de 16 de julio, que en su parte resolutiva exhortó al entonces Poder Legislativo para que en el plazo de un año subsane el vacío legal “a la ausencia de un procedimiento contencioso tributario” bajo conminatoria en caso de incumplimiento, la indicada Disposición Legal Novena de la Ley 2492, quedará expulsada del Ordenamiento Jurídico Nacional, en lo que respecta a la abrogatoria del procedimiento contencioso tributario, establecido en el Título IV, arts. 214 al 302 del Código Tributario Boliviano  (CTB) Ley 1340; por esta razón, al presente es correcta la aplicación tanto de la Ley 2492 como también de la citada Ley 1340, en los procesos contenciosos tributarios y administrativos, en todo lo que corresponda.

En efecto, las Sentencias Constitucionales (SSCC) 535/2005 de 18 de mayo y 25/2006 de 25 de abril, siguiendo el entendimiento de la SC 0076/2004 repusieron la vigencia de la Ley N° 1340 en cuanto a su aplicación. En esta misma línea, cumpliendo con el carácter vinculante de las SSCC citadas, fueron pronunciados los Autos Supremos (AASS) Nos. 305/2008 SSA-I; 408/2008 SSA-II, entre otros, pues en la resolución de los procesos aplicaron la Ley N° 1340, disponiendo el primero que, “El plazo para la presentación del proceso contencioso tributario es el señalado en la Ley 1340 (antiguo Código Tributario Boliviano), al haber entrado nuevamente en vigencia por disposición del Tribunal Constitucional”; mientras que el segundo señaló, “La SC N° 076/2004 de 16 de julio, ha determinado declarar la constitucionalidad de la Disposición Final Novena del Código Tributario Boliviano, con vigencia temporal de un año a partir de la fecha de citación con esa sentencia, exhortando al Poder Legislativo para que en dicho plazo subsane el vacío legal existente inherente a la ausencia de un procedimiento contencioso tributario, bajo conminatoria en caso de incumplimiento, de que la indicada disposición legal quedará expulsada del ordenamiento jurídico nacional, en lo que respecta a la abrogatoria del procedimiento contencioso tributario establecido en el Título VI, arts. 214 al 302 del Código Tributario. En consecuencia, al no haberse cumplido con esta exhortación, el Título VI (arts. 214 al 302 del Código Tributario, Ley 1340), que regula sobre el procedimiento contencioso tributario, se encuentra nuevamente vigente y constituye el marco legal a observarse en la interposición de las impugnaciones de los actos administrativos (…)”  (negrillas fueron añadidas).

Que, así establecida la norma a ser aplicada en el caso de análisis, no queda duda la aplicación preferente de las normas del Código Tributario, conforme afirmó el recurrente y aplicadas en la tramitación del proceso por los tribunales de instancia, en virtud a lo previsto en la última parte del art. 15.I de la Ley Nº 25 del Órgano Judicial, al disponer que, “en materia judicial la Constitución se aplicará con preferencia a cualquier otra disposición legal o reglamentaria y que la ley especial será aplicada con preferencia a la ley general”; por consiguiente, los arts. 214 al 302 de la Ley 1340, constituyen la norma adjetiva tributaria que debe ser observada en la tramitación de los procesos contenciosos tributarios.

II.2.2.- Aplicación subsidiaria del Código Procesal Civil

Que, el art. 214 de la Ley N° 1340 dispone: “Los juicios que se promueven ante el Tribunal Fiscal (ahora sede judicial), se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento establecido en este Título (Título VI). Sólo a falta de disposición expresa, se aplicaran las normas del Procedimiento Civil” (negrillas y subrayado fueron añadidas). Esta disposición guarda estricta relación con el art. 74.2 de la Ley N° 2492, norma remisiva que también permite la aplicación de las normas del Procedimiento Civil y del Procedimiento Penal, sólo a falta de disposición expresa, según corresponda.

En definitiva, la norma adjetiva civil, es supletoria en materia tributaria a falta de disposición expresa, aplicación que fue adoptada en el proceso en sede jurisdiccional, en todo lo que correspondía.

II.2.3.- Del término probatorio y la presentación de pruebas

El recurrente, afirmó que dentro el plazo probatorio de los 30 días común y perentorio a las partes, presentó prueba de cargo en carpeta adicional de 143 fojas, por memorial de 2 de junio de 2011 de fs. 1352 a 1358 vta., y no obstante de haber aceptado la juez a fs. 1360, denuncia que no fue considerada en la sentencia ni en el auto de vista, que aplicó el art. 331 del CPC como sustento legal, cuando la misma debió ser considerada y valorada conforme al art. 265 de la Ley N° 1340.

Al respecto, el art. 265 de la Ley 1340, dispone: “Contestada legalmente la demanda, el Tribunal abrirá un término improrrogable de prueba de treinta días con todos los cargos, dentro del cual las partes deberán presentar las pruebas pertinentes en su derecho con relación a la validez o nulidad del acuerdo, acto o resolución administrativa impugnados y sus respectivos alegatos”. (negrillas y subrayado son nuestras).

Que, la norma transcrita, faculta a las partes ofrecer y reproducir todos los medios probatorios para demostrar la pretensión del actor o, en caso contrario, para ser desvirtuada por el demandado, dentro el periodo de prueba abierto al efecto, siendo deber de los juzgadores valorar toda la prueba presentada por las partes al proceso, sin embargo, -según denuncia el recurso- en la sentencia de primer grado no se habría considerado, tampoco por el tribunal de alzada, al resolver el recurso de apelación planteado por el actor, con el argumento que aquella prueba no se ajusta a la previsión del art. 331 del CPC, porque teniendo en su poder debió presentar con la demanda, y siendo de fecha posterior o anteriores desconocidos, con juramento de no haber tenido conocimiento de ellos, pero además porque no todos los documentos eran originales ni estaban legalizadas.

En la especie, si bien en parte es cierto lo expresado en el recurso, (sobre la aplicación de la norma adjetiva civil), empero no debe perderse de vista que el tribunal de apelación, en cumplimiento a lo dispuesto por el Auto Supremo anulatorio Nº 227/2015 de 23 de julio de fs. 1507 a 1509, sí ingresó al análisis y valoración de la prueba, así consta en el punto quinto del segundo Considerando del auto de vista de fs. 1519 a 1524 vta., puesto que, no obstante de referir que esta prueba debió ser presentada conforme a la previsión de los arts. 330 y 331 del CPC, es evidente que algunos documentos, como facturas, declaraciones juradas y depósitos bancarios de pagos realizados a favor de la AT, etc., adjuntados en la carpeta adicional de 143 fojas, efectivamente no son originales sino simples fotocopias sin legalizar. En efecto, toda esta documentación sí mereció amplio análisis y valoración por el tribunal de alzada conforme a prudente criterio y sana crítica, en sujeción al art. 397 del CPC., de cuya compulsa se puede colegir que esa valoración no necesariamente implica que debía favorecer a quien la presentó; en el caso de análisis, el tribunal ad-quem realizó la relación de pagos hechas por el contribuyente, para concluir que dicha prueba no fue suficiente para determinar la inexistencia de la obligación tributaria, como se podrá precisar más adelante.

II.3.- Sobre la violación y aplicación indebida de las normas legales

En este punto, en el recurso se reiteró que el auto de vista rechazo la prueba adicional de cargo presentada dentro el periodo de prueba, aplicando indebidamente los arts. 330 y 331 del CPC, violando el mandato del art. 265 de la Ley 1340, con el fundamento que, de haberse valorado dicha prueba, la obligación tributaria se hubiera declarado extinguido y dejado sin efecto la RD, al amparar su reclamo en la SC N° 035/2012 de 18 de junio, haciendo alusión que la violación al derecho de la valoración de la prueba, constituye también transgresión al debido proceso en la tramitación del proceso.

II.3.1.- De la pretensión de la empresa recurrente

Que, en la especie, el recurrente afirmó que con la referida prueba demostró: a) que la Nota de Remisión N° 00077122 de 18 de diciembre de 2007 por $us.193.300,26 fue uno de los reparos más significativos de la RD impugnada, que efectivamente se emitió por ese monto la factura N° 387, con número de autorización 39050025965 y Código de Control N° EO-OD-9E-C9-C5; b) que la cuenta gastos por impuestos del Estado de Resultado de la empresa periodo fiscal al 31 de diciembre de 2007 por Bs.1.077,905,53, tiene respaldo con la documentación pertinente adjuntada dentro el periodo de prueba; c) que el importe de gasto por Bs.254.256,41 que figura en la cuenta de resultados “de ingresos y egresos”, de los estados financieros de DISMAT SRL al 31 de diciembre de 2007, está constituida por el importe de Bs.299.928,70 corresponde a la baja y revalúo de activos fijos a dicha fecha y que restando de esa suma los ingresos por intereses bancarios, devoluciones del seguro de siniestros, descuentos y otros que alcanzan a Bs.45.672,29 se tiene un importe final de Bs.254.256,41 que figura en estado de resultados de la empresa al 31 de diciembre de 2007. En síntesis, la empresa demandante DISMAT SRL, ahora recurrente, pretende que se case el Auto de Vista Nº 28/2015 de 28 de octubre y, por ende se declare probada la demanda en su integridad, dejando sin efecto todas las obligaciones tributarias, multas y sanciones incluidas en la RD N° 17-00067-11 de 24 de marzo de 2011.

II.3.2.- Del análisis de los descargos de la empresa demandante

En principio, la RD Nº 17-00067-11, de 24 de marzo, estableció una deuda tributaria de Bs.2.083.456.- por concepto de IVA, IT e IUE, deuda que emerge de las diferencias entre las ventas según DDJJ. Form. 200 y las ventas según contribuyente (Notas de remisión al crédito y contado) presentadas como descargos en fecha 01/02/2011 más un importe de Bs.44.962.15 de las notas de remisión presentadas en fecha 27/09/2010, como ventas al contado y/o crédito en los mismos periodos; que revisando la documentación adjuntada al proceso en relación a los puntos reclamados por el recurrente, sobre la fiscalización por tributos omitidos del IVA, IT e IUE de los periodos fiscales enero a diciembre de 2007, se colige los siguientes hechos:

Que, a fs. 49, 51, 52, 53, 61, 62, se tiene la Declaraciones Juradas mensuales Form. 200 IVA, del periodo a declararse y los pagos efectuados en fechas 22/02/2007 (enero/2007), 23/04/2007 (marzo 2007), 22/05/2007 (abril 2007), 22/06/2007 (mayo 2007), 24/12/2007 (noviembre 2007), 22/01/2008 (diciembre 2007), que muestran los importes correspondientes a las ventas, expuestas a fs. 24 del 1er Cuerpo del expediente, en la RD Nº 17-00067-11, en la columna de Ventas S/DDJJ. FORM. 200.

A fs. 63, 65, 66, 67, 75, 76, se verifica en las DDJJ. Form. 400 Impuesto a las Transacciones los importes declarados correspondientes a los meses de enero, marzo, abril, mayo, noviembre y diciembres de 2007, registrados como ingresos brutos en formulario 200, expuestos en la RD.

De fs. 29 a 48 se puede verificar las rectificaciones (pago de deudas por impuestos) con el formulario 1000, del pago por los meses de enero a diciembre de 2007, dos boletas por el mes de junio de 2007, más los depósitos efectuados al Banco en fecha 24 de diciembre de 2010 por los mismos periodos.

Que, sin embargo, no existe evidencia en el expediente del detalle y los documentos de respaldo correctamente elaborados que sustenten las ventas del contribuyente y desvirtúen los reparos establecidos en RD Nº 17-00067-11, por el importe de Bs.2.065.339.64. (diferencias encontradas entre las Ventas según DDJJ y las ventas según notas de remisión al crédito y contado que demuestren el total de sus Ventas).

De fs. 78 a 80 cursan los documentos que respaldan el pago de Bs.57.871.- por IT, pago realizado con formulario 1000 y con depósito al Banco Bisa S.A. correspondiente a mayo de 2007.    

Sobre el particular, el Código de Comercio (CCom) en su Capítulo IV, Contabilidad, arts. 36 y 44 disponen que, todo comerciante está en la obligación de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza importancia y organización de la empresa, sobre base uniforme que permita demostrar la situación de sus negocios, una justificación clara de todos y cada uno de sus actos y operaciones sujetos a contabilización. En el libro diario se registraran día por día y en orden progresivo las operaciones realizadas por la empresa de tal modo que cada partida exprese claramente la cuenta o cuentas deudoras y acreedoras con una glosa clara y precisa de tales operaciones y sus importes, con indicación de las personas que intervengan y los documentos que las respalden.

Además, los comprobantes contables antes de ser registrados deben analizar los efectos que tiene la operación sobre elementos de la ecuación contable fundamental y clasificar dichos efectos en base a cuentas específicas, un comprobante diario debe reflejar: La fecha y número del asiento, los títulos de las cuentas afectadas, importes de los cargos y créditos, y una breve explicación o glosa de la operación. (Contabilidad Básica, Juan Funes Orellana, Miguel Vargas, Augusto Vela).

En consecuencia, el art. 36 del CCom, dispone: “Todo comerciante está en la obligación de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia y organización de la empresa, sobre una base uniforme que permita demostrar la situación de sus negocios y una justificación clara de todos y cada uno de los actos y operaciones sujetos a contabilización, debiendo además conservar en buen estado los libros, documentos y correspondencia que los respalden”.

II.3.3.- Conclusión sobre los reparos impositivos

Que, analizada la documentación de respaldo, respecto a las diferencias establecidas en las ventas según DDJJ Form. 200 y las ventas según notas de remisión al crédito y al contado, determinadas en RD Nº 17-0007-11, se puede concluir que no se evidencian los documentos de respaldo válidos, debidamente procesados como ser los Comprobantes de Ingresos con sus respectivas firmas de elaboración, autorización y aprobación que sustenten dichas ventas, como tampoco que respalden el importe establecido como diferencia a favor del fisco.

Que, en el caso de autos, la fiscalización realizada a la empresa demandante por la AT, estableció que existen diferencias entre las ventas realizadas y los pagos de impuestos tributarios del periodo fiscal 2007, que si bien fueron consolidados como pago a cuenta, y aun cuando existan otros pagos realizados no incluidos en la RD, deberá tomarse en cuenta en ejecución de esta resolución por la Juez a quo. Este tribunal también advierte que el contribuyente reclamó la validez de la factura Nº 387, que debió ser valorada, extendida a nombre de la Alcaldía Municipal de Cochabamba, en base a la Nota de Remisión Nº 00077122 de 18 de diciembre de 2007 (periodo y año fiscalizado) por la suma de $us.193.300,26, empero dicha factura fue expedida al año siguiente recién el 22 de febrero de 2008 por la suma de Bs.1.486.479,25 la misma si corresponde deberá ser tomada en cuenta en ejecución de fallos.

II.4.- Sobre la ratificación de calificación de la conducta del contribuyente

Que, la empresa demandante DISMAT SRL, también denunció de ilegal el auto de vista sobre la ratificación de la calificación de su conducta como “omisión de pago” y por ende la imposición de la multa del 100%, no obstante que con la prueba presentada demostró la inexistencia de la deuda tributaria, razón por la que considera que no concurre la conducta prevista en el art. 165 de la Ley N° 2492, aplicada y sancionada injustamente por la AT.

Que, en la especie, de obrados se advierte que por parte del contribuyente DISMAT SRL, no existió dejadez ni falta de pagos a favor de la AT, que corresponda establecer la conducta como omisión de pago, puesto que, de la documentación revisada se demuestra lo contrario que el contribuyente sí cumplió (aunque en parte sus obligaciones tributarias), realizando los depósitos bancarios conforme a las Declaraciones juradas adjuntadas al proceso.

Ante esta situación, se concluye que no corresponde calificar la conducta en la forma realizada, ni la sanción impuesta al sujeto pasivo, situación que debe ser modificada a mérito de lo precedentemente expresado, en estricta aplicación de justicia.  

II.5.- CONCLUSIONES

Consiguientemente, al no encontrarse justificadas las supuestas violaciones acusadas en el recurso, tampoco estar demostrado fehacientemente que DISMAT S.R.L., hubiera cancelado la totalidad de los reparos establecidos por la AT, no siendo posible determinar la inexistencia total de la obligación tributaria por el IUE de la gestión 2007, IT de los periodos fiscales enero a diciembre de 2007 e IVA de los periodos fiscales enero, marzo, abril, mayo, noviembre y diciembre de 2007, así como multas y otros incluidos en la RD, como pretendía la empresa demandante, debiendo en todo caso en ejecución de sentencia, previa liquidación de los pagos efectivamente realizados por el contribuyente, descontarse y disponer simplemente el pago de las diferencias incumplidas. En consecuencia, corresponde resolver el recurso de casación, conforme disponen los arts. 271 inc. 2) y 273 del adjetivo civil, aplicables por mandato de la norma remisiva contenida en los arts. 214 y 297 del Código Tributario, Ley Nº 1340 de 28 de mayo de 1992.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa,  Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad prevista en el art. 184.1 de la Constitución Política del Estado y art. 42.I.1 de la Ley 025 del Órgano Judicial, en aplicación del art. 220.IV del Nuevo Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 1527 a 1532, interpuesto por la empresa DISMAT SRL, representada por Luis Alberto López; con costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.