SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y                                                                         ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 207/2016.

Sucre, 12 de julio de 2016.  

Expediente: SC-CA.SAII-PDO.81/2016.

Distrito: Pando

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano. 

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 152 a 153 vta., interpuesto por Jerónimo Pinehiro Lauria, Jacinto Condori Torrez y Griselda Cueto Mereles, en representación del Gobierno Autónomo Municipal de Cobija, contra el Auto de Vista Nº 23/2016 de 5 de febrero, cursante de fs. 149 a 150, pronunciado por la Sala Civil, Familiar, Social, Niña Niño y Adolescente, Contencioso Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, dentro del proceso laboral seguido por Sandra Muzumbita Ramírez, contra la institución municipal demandada, la respuesta de fs. 156, el auto de fs. 157 que concedió el recurso, el Auto Supremo Nº 40/2016-A de 29 de marzo de fs. 163 y vta. que declara admisible la casación;  los antecedentes del proceso, y

CONSIDERANDO I:

I.1.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:

I.1.1- SENTENCIA:

Que, tramitado el proceso laboral, el Juez de  Partido de Trabajo y Seguridad de la ciudad de Cobija-Pando, emitió la Sentencia Nº 181 015 de 24 de noviembre de 2015 de fs. 112 a 114 vta., declarando probada en parte la demanda de fs. 21, sin costas, disponiendo que la institución demandada cancele a favor de la actora, la suma de Bs. 15.195.- (quince mil ciento noventa y cinco 00/100 bolivianos), por concepto desahucio, indemnización, aguinaldo, vacación y salario devengado de 17 días.

I.1.2.- AUTO DE VISTA:

En grado de apelación deducida por la parte demandada de fs. 116 y vta., por Auto de Vista Nº 23 de 5 de febrero de 2016, de fs. 149 a 150, la Sala Civil, Familiar, Social, Niña, Niño y Adolescente, Contencioso Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cobija-Pando, confirmó totalmente la resolución apelada.

I.2.- MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO:

Este fallo motivó el recurso de casación en el fondo de fs. 152 a 153 vta., interpuesto por Jerónimo Pinehiro Lauria, Jacinto Condori Torrez y Griselda Cueto Mereles, en representación del Gobierno Autónomo Municipal de Cobija-Pando, manifestando en síntesis:

Que, en el auto de vista recurrido se violó el art. 122 de la Constitución Política del Estado (CPE), porque la resolución del juez de la causa no está fundamentada conforme a las disposiciones legales administrativas, siendo que el pago de indemnización, desahucio y vacaciones, no le corresponde a la actora, excepto el subsidio de frontera, además, muchos de estos derechos han prescrito, pues solo tendría derecho a exigir dichos derechos, de los dos últimos años.

Sostuvo la violación del art. 119 de la CPE, porque al confirmar la sentencia dieron su conformidad sobre la parcialización de la autoridad de origen a la parte demandante, aspectos con los que, el auto de vista, manifestó su plena ratificación y confirmación del fallo de primera instancia.

Denunció, la incorrecta aplicación de los arts. 3. j) y 158 del Código Procesal del Trabajo (CPT), porque el juez de la causa, de forma indebida adecuo estas disposiciones como base legal para la aplicación del Decreto Supremo (DS) N° 110 de 1 de mayo de 2009, apoyándose erróneamente en los arts. 1, 2 y 3 del citado DS, para el pago del desahucio e indemnización, que el tribunal de segunda instancia no tomó en cuenta y que, al confirmar la sentencia de primera instancia, se parcializó con la parte demandante.

Aclaró que, el DS N° 110, es para las trabajadoras y los trabajadores que se hicieron incorporar con la Ley N° 321, están sujetos a la Ley General del Trabajo, sin embargo, la actora es servidora pública conforme establece el art. 233 de la CPE, y no era trabajadora asalariada permanente y de planta, por ende, sujeta a las Leyes N° 2027 y 1178  y al DS N° 26111 de Administración de Personal, por lo que no corresponde ningún desahucio e indemnización, porque no está enmarcada dentro de los alcances de la Ley General del Trabajo, menos a la Ley N° 321 de 18 de diciembre de 2012.

Sostuvo la indebida aplicación de la Ley Nº 321 y DS Nº 110, porque se demostró con pruebas la modalidad de contrato, pero desconociendo mediante el auto de vista recurrido, confirman la sentencia, que va en contra de los intereses económicos de la institución demandada, citando al respecto, lo previsto en el art. 1 de la aludida Ley, puesto que en el presente caso, la actora, no es personal asalariado permanente, como exige la ley, sino está sujeta a sus contratos como personal de servicio  a plazo fijo, los que además, están interrumpidos de uno al otro.

También, denunció la violación de los arts. 4 y 6 de la Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario Público, al expresar que la demandante está dentro del marco de esa disposición y que sus derechos de la actora están regulados por la Ley Nº 2027 citada. 

I.2.1.- Petitorio

Concluyó solicitando que, el Tribunal Supremo de Justicia, anule obrados o case el auto de vista recurrido.     

CONSIDERANDO II:

II. 1.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Que, así planteado el recurso de casación, ingresando a su análisis en relación a los datos del proceso se establece lo siguiente:

En el caso objeto de análisis, corresponde dilucidar si la actora tiene derecho al pago de desahucio e indemnización concedidos en la sentencia de primera instancia y confirmado en el auto de vista recurrido, puesto que según los representantes legales de la institución recurrente, manifiestan que a la actora no le corresponde dicho pago, por ser funcionaria pública.

Al respecto, analizados los antecedentes que informan al proceso, se advierte que, revisado el recurso de apelación de fs. 116, interpuesto por la entidad demandada, los puntos que expresó como agravios, son los relacionados a que la actora prestó servicios en la institución municipal de Cobija bajo la modalidad de contrato a plazo fijo y que no se probó su retiro intempestivo, es decir, que las denuncias y los extremos reclamados en el recurso de casación, sobre la violación de los arts. 122, 119 de la CPE, 3. j) y 158 del CPT, Ley N° 321, el DS Nº 110 y arts. 4 y 6 del Estatuto del Funcionario Público, no fueron objeto de reclamo o expresados como agravios en el recurso de alzada, omisión que fue motivo para que el tribunal de segunda instancia no se pronuncie sobre estos puntos, activándose en consecuencia, el principio de preclusión previsto en los arts. 3. e) y 57 del CPT, al señalar que el proceso consiste en el desarrollo de las diversas etapas en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, el juez impedirá el regreso a momentos procesales ya extinguidos o consumados, rechazando de oficio toda petición por pérdida de la oportunidad conferida por Ley para la realización de un acto procesal, sin necesidad de solicitar informe previo al Secretario ni otro trámite.

Motivo por el cual no se ingresa en mayores consideraciones sobre el tema, correspondiendo ratificar los fallos de los tribunales de instancia, quienes para arribar a la decisión asumida, valoraron correctamente la prueba aportada durante la tramitación de la causa, conforme facultan los arts. 3. h), 158 y 200 del CPT, además, el Tribunal Supremo, no puede valorar prueba excepto si se hubiera denunciado y demostrado error de hecho y error de derecho, extremo que no sucedió en el caso que se analiza, pues esta prerrogativa está reservada para los juzgadores de instancia, e incensurable en casación, tal como estableció  la amplia jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia.  

II.2.- CONCLUSIONES

Consiguientemente y en mérito a lo expuesto, no siendo evidente las infracciones acusadas en el recurso, corresponde resolver de acuerdo a lo previsto en los arts. 271. 2) y 273 del CPC, aplicables por mandato del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184. 1 de la Constitución Política del Estado y 42. I. 1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 152 a 153 vta.                                                                                               , interpuesto por los representantes legales del Gobierno Autónomo Municipal de Cobija-Pando.

Sin costas, en aplicación del artículo 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y art. 52 del Decreto Supremo Nº 23215 de 22 de julio de 1992. 

Regístrese, notifíquese y devuélvase.