SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 204/2016.

Sucre, 11 de julio de 2016. 

Expediente: SC-CA.SAII-SCZ.077/2016.

Distrito: Santa Cruz de la Sierra.

Magistrado Relator: Dr. Fidel marcos Tordoya Rivas.


       VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 169 a 172 vta., interpuesto por Cesar Figueroa, en representación de la Caja Nacional de Salud (CNS), contra el Auto de Vista Nº 318 de 16 de diciembre 2014 de fs. 159 a 162, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso laboral de beneficios sociales, seguido por Teófilo Calisaya Coro contra la institución recurrente, el memorial de respuesta de fs. 175 a 179, el Auto a fs. 182 vta., que concedió el recurso; el Auto Supremo N° 36/2016-A de 22 de marzo, de fs. 190 y vta., que admitió la casación; los antecedentes del proceso, y

       CONSIDERANDO I:

       I. 1. Antecedentes del proceso

       I.1.1 Sentencia

       Que, tramitado el proceso de referencia, el Juez Tercero de Partido del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Santa Cruz, emitió la Sentencia Nº 09 de 7 de marzo de 2014, cursante de fs. 111 a 115, declarando probada en parte la excepción de prescripción de todas las gestiones hasta febrero del 2007, en aplicación del art. 120 de la LGT, por lo que corresponde calcular el reintegro de sueldos desde febrero de 2007 hasta marzo del 2010 y reintegro doble aguinaldo desde febrero de 2007 hasta la gestión de 2009; luego declara probada la demanda en parte cursante a fs. 03 a 04 vta., sin costas, disponiendo que la Caja Nacional de Salud Regional Santa Cruz (CNS), representado por Loretta Young Viscarra, pague a tercero día de ejecutoriada la sentencia a favor del ex trabajador los benéficos sociales siguientes: bono de antigüedad, reintegro de sueldos, reintegro doble de aguinaldos, en la suma de Bs.186.675,73.- (ciento ochenta y seis mil setecientos setenta y cinco 73/100 bolivianos), más la actualización y reajustes dispuestos en el art. 9 del DS N° 28699 de 1 de mayo de 2006.

       I.1.2 Auto de Vista

       En grado de apelación deducido por la CNS de fs. 138 a 142 vta., la contestación de fs. 148 a 152 vta., la Sala Social Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante el Auto de Vista Nº 318, revocó en parte lo determinado en la sentencia, dejando sin efecto en parte el bono de antigüedad, correspondiendo que el juez a quo realice el cálculo del bono de antigüedad sobre un salario mínimo nacional teniendo en cuenta el art. 3 del Decreto Supremo (DS) N° 26450 de fecha 18 de septiembre del año 2001, en aplicación del art. 48 de la Constitución Política del Estado (CPE) en cuanto a la irrenunciabilidad e imprescriptibilidad de los derechos laborales; sin costas.

       Contra el auto de vista, Cesar Figueroa, en su calidad de Administrador Regional Santa Cruz de la CNS interpuso el recurso de casación en el fondo por memorial de fs. 169 a 172 vta., dentro el plazo previsto por ley.

       I.2 Motivos del recurso de casación

       Que, citado la entidad demandada con el auto de vista impugnado, interpuso recurso de casación en el fondo, al tenor de los siguientes argumentos:

       1) Denuncia violación, interpretación errónea y aplicación indebida de la ley expresando, que el auto de vista impugnado, al confirmar parcialmente la sentencia que condena a la entidad demandada al pago de reintegro de salarios indebidos en la suma de Bs.144.525,70.- (ciento cuarenta y cuatro mil quinientos veinticinco 70/100 bolivianos), reintegro de aguinaldos en la suma de Bs.23.436,60.- (veintitrés mil cuatrocientos treinta y seis60/100 bolivianos) y bono de antigüedad a calcularse sobre el salario mínimo nacional, transgredió las normas que regulan a la entidad demandada, lo que justifica la casación total del auto de vista, conforme al art. 253 del Código de Procedimiento Civil (CPC de 1975), por cuanto contiene violación, interpretación errónea, aplicación indebida de la ley, error de hecho y derecho en la apreciación de la prueba, que causan perjuicio económico a la Caja Nacional de Salud.

       Que, el auto de vista viola el art. 6 del Decreto Reglamentario a la Ley General del Trabajo (DR-LGT), al confirmar la ilegal sentencia que dispone el pago retroactivo de sueldos desde el mes de febrero de 2007 hasta 2009, calculado sobre el sueldo promedio indemnizable de Bs.3.906,10.-, que la institución demandada jamás contrató con ese monto de salario, por no encontrarse presupuestado en la planilla presupuestaria N° 12100, violentando los arts. 4 y 5 de la Ley Nº 2042.

       Agrega que, presentó en calidad de prueba documental, con la fuerza probatoria que otorga el art. 159 del Código Procesal del Trabajo (CPT), los contratos de trabajo de fs. 12 a 15 y 36 a 41, que no fueron valorados por los de instancia, en los que se evidencia que el sueldo pactado entre las partes es de Bs. 1.307.-; suma de dinero que la entidad demandada pagó puntualmente al demandante, sin embargo los de instancia al otorgar un salario promedio exorbitante violaron con sus resoluciones el art. 6 del DR-LGT.

       Que, el auto de vista al condenar a la CNS al pago de sueldos retroactivos y pago doble de aguinaldo con un promedio salarial diferente al pactado por las partes, también viola el art. 18.II.e) y art. 5 del Decreto Supremo (DS) Nº 26115 de 16 de marzo de 2001, que tiene directa relación con los arts. 4 y 5 de la Ley Nº 2042, al determinar que las entidades públicas deben ajustar sus gastos al techo presupuestario aprobado por el Ministerio de Hacienda para cada gestión y, al existir en la CNS las partidas presupuestarias Nº 11700 para el pago de sueldos del personal de planta y la Nº 12100 para el personal eventual, donde se encuentra presupuestado el sueldo que se le pagó al actor en contraprestación a sus servicios; que demuestra el error en que incurrieron los juzgadores al otorgar un sueldo superior al convenido, causando agravio a la entidad demandada en el monto condenado por los de instancia.

       Que, el ad quem justificó su fallo alegando igualdad de salarios para el personal no permanente, en virtud del art. 15 del DS Nº 23410 de 16 de febrero de 1993, empero esta norma en su parte in fine condiciona que la institución cuente con presupuesto suficiente para comprometer este pago, bajo prevención que la conducta se adecuara al tipo penal de malversación de fondos; que de la prueba adjuntada se evidencia la inexistencia presupuestaria para el pago de otros conceptos no comprometidos por la institución al demandante, por tratarse de personal no institucionalizado, lo cual evidencia la violación de los arts. 4 y 5 de la Ley Nº 2042 de Administración Presupuestaria.

       2) Asimismo, denuncio error de hecho y derecho en la apreciación de la prueba, lo que hace viable la sanción con la casación prevista por el art. 253.1 y 3 del CPC, haciendo alusión a la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo de Justicia en el Auto Supremo Nº 585 de 02 de octubre de 2013.        

       Expresa que existe, error de hecho y derecho en la apreciación de la prueba, refiriendo que en obrados cursan los contratos de trabajo que evidencian que el demandante no se institucionalizó en un cargo con ítem conforme al Sistema de Organización Administrativa, Programación de Operaciones y Presupuesto que forman parte de la Ley de Administración y Control Gubernamental en los arts. 6, 7 y 8 de la Ley Nº 1178, además con el certificado a fs. 24 se acreditó que el actor no se sometió a concurso de méritos y de competencia para optar a un cargo institucionalizado, en resistencia a lo ordenado por la Resolución Ministerial Nº 0614 de 24 de mayo de 2002, DS Nº 28719 de 17 de mayo de 2006 y DS Nº 1403 de 09 de noviembre de 2012, que disponen la institucionalización de la CNS para contar con personal eficiente que contribuya al cumplimiento de sus objetivos; no obstante de ello, el auto de vista justifica erróneamente su fallo al señalar que no se demostró con pruebas eficaces la negativa de someterse a concurso de méritos y examen de competencia.

       Aduce que, por el principio de razonabilidad e inversión de la prueba, el demandante no está exento de aportar prueba que acredite sus pretensiones; por lo que, los juzgadores de instancia dejaron en completa indefensión a la CNS, violando el art. 115 de la CPE.

       I.2.1 Petitorio

       Concluye, solicitando, que se dicte Auto Supremo casando totalmente el auto de vista impugnado y, deliberando en el fondo se revoque totalmente la sentencia emitida por el a quo y se declare improbada la demanda en todas sus partes por contener violación, interpretación errónea, aplicación indebida de la ley, error de hecho y derecho en la apreciación de la prueba, por lo que, amerita la casación en el fondo sancionado por los arts. 253.1 y 3, 271.4 y 274 del CPC de 1975.

       I.3. Respuesta al recurso de casación

       Por memorial de fs. 175 a 179, el actor responde al memorial de recurso de casación, refiriendo que por la implicancia de trabajo realizado en su condición de técnico radiólogo, la radiación a la que se expuso le habría causado daños irreversibles por el trabajo de dos décadas. Que las actividades que desplego resultarían ser propias y permanentes de la institución demandada y los contratos suscritos son violatorios de la constitución, de la LGT, siendo su sueldo en un 300% menor al salario percibido por sus colegas.

       Arguye, que no percibió bono de irradiación, antigüedad, riesgo profesional, vacaciones en la escala vigente, incrementos, violando sus derechos laborales, con la celebración de contratos al margen del derecho, cita la Sentencia Constitucional N° 0177/2012 para apoyar sus argumentos, ante la discriminación de igual trabajo por igual salario del que habría sufrido.

       Menciona que la institución después de dos décadas de trabajo aun  lo mantenían en su condición de trabajador eventual.        

       Que, la sentencia y el auto de vista (AV) violan el art. 6 del (DR-LGT), el art. 2 del Decreto Ley (DL) N° 16187. Que la institución maliciosamente no habría institucionalizado a su persona, vulnerando los principios rectores que regulan la materia. 

       Concluye, solicitando que se dicte Auto Supremo declarando infundado el recurso interpuesto, con costas.        

       CONSIDERANDO II:

       II.1. Fundamentos jurídicos del fallo

       Expuesto así el fundamento del recurso de casación en el fondo, es necesario realizar las siguientes consideraciones:

       De la revisión de antecedentes procesales, se evidencia que la principal controversia en el caso presente, radica si existió: violación; interpretación errónea; aplicación indebida de la ley; error de hecho; y, error de derecho.

       II.1.1. En referencia a la violación de la ley, que en criterio de la entidad recurrente el tribunal ad quem y el juez a quo habrían incurrido:

               

En principio debemos referir que para la procedencia de esta causal es preciso que exista: la no aplicación correcta de los preceptos de leyes sustantivas y/o la no aplicación correcta de sus preceptos legales.

       En referencia a que el tribunal ad quem y el juez a quo, al instrumentar sus decisiones, no hubieren aplicado de forma correcta el contenido del art. 6 del DR-LGT, al otorgar el pago del bono de antigüedad, reintegro de sueldos, reintegro doble de aguinaldos, sin haber considerado que el contrato constituye ley entre partes, sin observar que no estaba contemplado en la planilla presupuestaria N° 12100, que en su criterio violaron los arts. 4 y 5 de la Ley N° 2042, el DS. 26115 que regula respecto al personal eventual los arts. 6, 7 y 8 de la Ley 1178. 

       Que, de la revisión y análisis minucioso de la sentencia y el auto de vista no se advierte incorrecta aplicación de los preceptos legales, al supuesto factico acaecido, toda vez que el actor desempeño sus funciones en la entidad empleadora con la misma responsabilidad del personal permanente o institucionalizado,  de manera que no es racional, tampoco lógico establecer criterios distintos a funcionarios que efectúan las mismas tareas, empero tienen igual responsabilidad que los institucionalizados o permanentes; al haberse prolongado su relación laboral en el tiempo sin definir su condición mediante la celebración de contratos. Este tribunal compartiendo el criterio de los tribunales de instancia, entiende que no es racional, ni razonable, haberse otorgado un trato desigual a iguales, que en definitiva despliegan igualdad de funciones y responsabilidades, en estricto apego a la norma suprema y las normas del bloque de constitucional, que por su efecto útil son vinculantes, siendo deber del juez efectivizar derechos de tal naturaleza, aplicables por previsión de los arts. 48, 13, 256 y 410 de la CPE., bajo los principios de protección especial y reforzada al tratarse de un trabajador que se encuentra en condición de vulnerabilidad frente al empleador.

       Que, lo expresado se encuentra refrendado por el art. 15 del DS Nº 23410, que de forma textual dispone: “(Trabajadores eventuales) Los salarios de los trabajadores no permanentes o eventuales se fijarán tomando como referencia los sueldos o salarios que se pagan al personal permanente, con responsabilidad similar en la misma institución si tienen previsión presupuestaria… ”. (El subrayado es nuestro). Aspectos que en su momento debieron haber previsto los responsables a fin de no crear trato diferenciado, mandato imperativo impuesto por el legislador a todo empleador.

       Que, a su vez el  DL Nº 16187 de 16 de febrero de 1979, sobre los contratos a plazo fijo e indefinido, estableció: “Artículo 1.- El contrato de trabajo puede celebrarse en forma oral o escrita, por tiempo indefinido, a plazo fijo, por temporada, por realización de obra o servicio, condicional o eventual. A falta de estipulación escrita, se presume que el contrato es por tiempo indefinido salvo prueba en contrario”. Así también la Resolución Ministerial (RM) Nº 283/62 de 13 de junio, señala que el contrato de trabajo podrá ser limitado en su duración si así lo impone la naturaleza.

       En ese sentido, si bien la RM Nº 193/72 de 15 de mayo, establecía que los contratos de trabajo pactados sucesivamente por un lapso menor al término de prueba o por plazos fijos que sean renovados periódicamente, adquirirán la calidad de contratos a plazo indefinido a partir de la segunda contratación y siempre que se trate de realización de labores propias del giro de la empresa, no es menos cierto que el art. 2 del DL Nº 16187 de 16 de febrero de 1979, establece que no está permitido más de dos contratos sucesivos a plazo fijo, como tampoco están permitidos contratos a plazo fijo en tareas propias y permanentes de la empresa. En el caso presente, se evidencia la infracción de estas disposiciones por parte de la CNS, al haber mantenido esta situación por tiempo bastante prolongado, en virtud a la normativa descrita, impone como sanción la conversión del contrato a plazo fijo en uno por tiempo indefinido. Cabe advertir, que prevalece lo dispuesto por el DL Nº 16187 que prohíbe más de dos contrataciones a plazo fijo al tratarse de una norma de superior jerarquía que la RM Nº 193/72, que determinaba que desde la segunda contratación los contratos a plazo fijo adquieren la calidad de indefinidos; empero, subsiste la última parte de dicha Resolución Ministerial, referida a que en todo caso debe tratarse de la realización de labores propias y permanentes del giro de la empresa; en el caso de análisis, habiendo trabajado como Técnico de Rayos X, resulta que es una actividad propia, con carácter permanente al giro de la CNS.

       Que, aclarando la frase “labores propias y permanentes de la empresa”, regulado por la normativa precitada, el art. 2 de la Resolución Administrativa (RA) Nº 650/07 de 27 de abril, emitida por el Ministerio de Trabajo, previó que: “Las tareas propias y permanentes son aquellas vinculadas al giro habitual o principal actividad económica de la empresa, aquellas sin las cuales no tendría objeto la existencia de la unidad económica; en cambio, las tareas propias y no permanentes, son aquellas que siendo vinculadas al giro habitual o principal actividad económica de la empresa, se caracterizan por ser extraordinariamente temporales, como las tareas de suplencia por licencia, bajas médicas, descansos pre y post natales, declaratorias en comisión, las tareas por cierto tiempo por necesidades de temporada, las tareas por cierto tiempo en organizaciones o entidades, cuya fecha de cierre o conclusión de actividades se encuentre predeterminada”.

       Consiguientemente, tratándose de contratos a plazo fijo, se habla de contrato a tiempo indefinido, si al vencimiento del término correspondiente persisten las actividades para las que el trabajador fue contratado (RM Nº 283/62 de 13/06/1962) o éste fue contratado en más de dos oportunidades sucesivas (art. 2 del DL Nº 16187), siempre que se trate de la realización de labores propias al giro de la empresa; por lo que, el cumplimiento del término pactado no constituye ipso facto la culminación de la relación laboral, al contrario se considera indefinido, del que emergen sus derechos anotados en el decisorio de la Sentencia y modificado en parte de forma acertada en el auto de vista.

       Que, conforme lo referido, el contrato a plazo fijo, es aquel caracterizado por una duración determinada o el establecimiento de un tiempo determinado de duración de la relación laboral. Por ello, de las normas citadas, se puede concluir que: Los contratos a plazo fijo son contratos escritos; en el mismo se consiente un determinado tiempo de duración de la relación laboral; se prohíbe más de dos contratos a plazo fijo; se prohíbe la celebración de contratos para trabajos propios y permanentes de una institución como la CNS.

       En función a lo manifestado, la CNS demandada suscribió con el actor contratos a plazo fijo sucesivos de prestación de servicios, ante esta situación se hace evidente que, la entidad demandada incurrió en la prohibición contenida en el art. 2 del DL Nº 16187.

       De lo que se infiere que, el tribunal ad quem y el juez a quo, obraron correctamente al aplicar los preceptos legales descritos en la normativa al supuesto factico acaecido, no siendo evidente la acusación efectuada por el recurrente.

       II.1.2. Con referencia a la aplicación indebida, que en criterio del recurrente, el tribunal ad quem y el juez a quo habrían incurrido. Al respecto se tiene que, para la procedencia de esta acusación es menester: la aplicación de preceptos a hechos no regulados por aquellas; aplicación de la ley a supuestos de hechos distintos a los previstos en la norma; violación de leyes sustantivas por haberse aplicado sus preceptos de hechos no regulados por aquellas.

       Que, en el caso en análisis, los hechos están regulados y previstos en la normativa descrita precedentemente, a ello se suma que el promedio indemnizable resulta de la suma del conjunto de derechos adquiridos del trabajador, entre ellos en el presente caso está comprendido el reintegro de sueldos y reintegro del bono de antigüedad; empero el ultimo calculado sobre un salario mínimo al tratarse de una entidad no productiva; porque, siendo parte indisoluble del salario perteneciente al trabajador, por lo mismo el tribunal ad quem y el juez a quo, realizaron correcta aplicación de las leyes a supuestos de hechos previstos en ella; establecidos entre otros en el art. 48 de la CPE; el art. 52 de la LGT, el art. 60 del DS. N° 21060, el art. 39 del DRLGT; se infiere que no existe violación de leyes sustantivas por haberse aplicado sus preceptos a hechos regulados por aquellas, por lo tanto no se halla debidamente justificada la denuncia realizada.

       II.1.3. Con referencia a la errónea interpretación de la ley, es necesario como condición previa el acaecimiento de: violación de leyes sustantivas por haber interpretado erróneamente sus preceptos; haber aplicado erradamente el concepto normativo contenido en la ley o haber dado un sentido equivocado a sus preceptos.

       Que, el recurrente refiere que el ad quem, interpreto correctamente la ley al haber confirmado la sentencia, condenando a la CNS el pago del bono de antigüedad, reintegro de sueldos, y aguinaldos dobles, esta afirmación no es evidente, porque al contrario tanto en la sentencia como  en el auto de vista, la interpretación efectuada por ambas instancias se encuentran ajustada en derecho, bajo la protección que otorga el art. 48 de la CPE.

       II.1.4. Con referencia a la denuncia que el ad quem, incurrió en error de hecho, que hubieren incurrido el ad quem y el a quo.

       Al respecto, doctrinalmente se entiende por error de hecho, cuando el juzgador se ha equivocado en la materialidad de la prueba, es decir, por apreciar mal los hechos considerando una prueba que no obra materialmente en el proceso, cuando da por demostrado un hecho que no surge del medio probatorio que existe objetivamente, o en su caso, cuando el Juez altera o modifica, cercenando o incrementando, el contenido objetivo de la prueba existente; error que tiene que ser manifiesto de modo que sea identificado sin mayor esfuerzo o raciocinio.

       Bajo estos parámetros, aparejando en el contexto normativo en torno a la apreciación y valoración de la prueba, el CPT establece en sus arts. 3.J) y 158, que el Juez valora las pruebas con amplio margen de libertad conforme a la sana lógica, los dictados de su conciencia, no estando sujeto a la tarifa legal de pruebas, y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos.

       Del análisis del segundo considerando de la sentencia recurrida, se evidencia, que el juez a quo valoro las documentales de fs. 2, 50, 52, 54, 12, 13, 14, 15 y 24, en hechos que surgieron de dichos medios probatorios, con existencia objetiva en el proceso, acaecidos en la realidad, cuyo contenido subyace en la prueba cursante en obrados, es decir, realizo correcta apreciación y valoración sistémica para formar su convicción; así mismo el tercer considerando del auto de vista recurrido, se evidencia que el tribunal ad quem cumplió con la calificación y valoración de la prueba, concluyendo que fue generada de forma correcta y dentro los términos de la norma adjetiva laboral. 

       Que, en la especie, tanto el a quo como  el ad quem, determinaron de forma lógica el paso de las premisas, fáctica, normativa, intelectiva para concluir que corresponde el pago, por los tres conceptos establecidos en la sentencia y revocado en parte por el auto de vista, no siendo por lo tanto evidente la acusación efectuada por el recurrente.

       II.1.4. Con referencia, al error de derecho, que en criterio del recurrente hubieren incurrido el ad quem y el a quo.

       De la revisión de obrados, no se observa que se hubiere; asignado a una prueba un valor que la ley no leda; o desconocido el que la ley le asigna; atribuido a una prueba legal un valor diverso del que le otorga la ley.

       Que al respecto, siendo la valoración y compulsa de las pruebas, una atribución privativa de los Juzgadores de instancia e incensurable en casación, a menos que se demuestre fehacientemente la existencia de error de hecho en la apreciación de las pruebas que se da cuando se considera que no hay prueba suficiente sobre un hecho determinado, o que se hubiere cometido error de derecho que recaiga sobre la existencia o interpretación de una norma jurídica, o en su caso que los juzgadores de instancia ignorando el valor que atribuye la ley a cierta prueba, le hubieran asignado un valor distinto, aspectos que en la especie no concurrieron en la tramitación de la presente causa, al evidenciarse que el tribunal ad quem y el juez a quo valoraron correctamente las pruebas aportadas por las partes, al no haber demostrado la CNS con pruebas eficaces la negativa de someterse el actor a concurso de méritos y examen de competencia, conforme a la facultad conferida por los arts. 3.j), 158 y 200 del CPT, en virtud a la cual no se encuentran sujetos a la tarifa legal de la prueba y por lo tanto pueden formar libremente su convencimiento, claro está, inspirándose en los principios científicos que uniforman la crítica de la prueba y atendiendo las circunstancias. De lo que se infiere que el tribunal de alzada realizo una correcta valoración de la prueba, no siendo evidente el error de hecho y error de derecho acusado, máxime si el recurrente tampoco acredito de manera fehaciente en qué consiste dicho error en la valoraron de las pruebas.

        Consiguientemente, de la revisión del recurso y el análisis conjunto a los antecedentes del proceso, en mérito a las consideraciones precedentemente señaladas, no se avizora aplicación indebida, o violación de ley alguna, error de hecho o de derecho; por lo que corresponde resolver el recurso conforme previenen los arts. 271.2 y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por permisión de la norma remisiva contenida en el artículo 252 del Código Procesal del Trabajo.

       POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 169 a 172 vta., interpuesto por Cesar Figueroa, en representación de la Caja Nacional de Salud (CNS).

       Sin costas, por disposición de los arts. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de Julio de 1990 y 52 del Decreto Supremo Nº 23215 de 22 de Julio de 1992.

          Regístrese, notifíquese y devuélvase.