SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA




Auto Supremo Nº 201/2016.

Sucre, 30 de junio de 2016.

Expediente: SC-CA.SAII-SCZ.076/2016.

Distrito: Santa Cruz de la Sierra.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo y la forma de fs. 153 a 156, deducido por Marcelo Osinaga Pedriel, en representación legal de la Asociación de Comerciantes Minoristas “13 de julio” de la Feria de Barrio Lindo, contra el Auto de Vista N° 238 de 21 de agosto de 2015, cursante de fs. 145 y vta. dictado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso laboral, instaurado por Karen Leonor Mantilla Aliaga contra la institución recurrente, la respuesta de fs. 159 a 162, el Auto a fs. 165 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, el Juez Tercero de Partido de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Santa Cruz Tarija, emitió la Sentencia N° 65 de 2 de abril de 2015 de fs. 114 a 117 vta., declarando probada en parte la demanda de fs. 20 a 23, sin costas, disponiendo que la parte demandada, cancele a favor de la actora, la suma de Bs.38.638.5.-, por concepto de desahucio, indemnización, aguinaldo, vacación, incremento salarial, sueldo devengado, bono de antigüedad, subsidio, más la multa y actualización prevista por el art. 9 del Decreto Supremo (DS) N° 28699 de 1 de mayo de 2006.

Esta decisión propició que ambos sujetos procesales formulen recurso de apelación de fs. 102 a 121 y de fs. 128 a 130, respectivamente, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental del Distrito Judicial de Santa Cruz por Auto de Vista N° 238 de 21 de agosto de 2015 a fs. 145, por confirmó la Sentencia 2 de abril de 2015 de fs. 114 a 117 vta., con costas, luego por Auto de 17 de noviembre de 2015 a fs. 150, dispone no ha lugar a la solicitud de explicación y complementación impetrada por la actora.

Contra esta determinación la parte demandada recurrió de casación en la forma y en el fondo, conforme a los fundamentos expuestos en el memorial de fs. 153 a 156 de obrados.

CONSIDERANDO II: Que, con carácter previo y antes de considerar los fundamentos del recurso planteado, cabe señalar que en cumplimiento a lo establecido en el art. 17 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, este Tribunal tiene la facultad de revisar las actuaciones procesales que llegan a su conocimiento, a fin de establecer si concurrieron irregularidades procesales en la tramitación de los procesos, para imponer en su caso, la sanción que corresponda o determinar si correspondiese, cuando el acto omitido lesione la garantía constitucional del debido proceso, haciendo insubsanables las consecuencias materiales y jurídicas del mismo, la nulidad de obrados de oficio, según prevé el art. 252 del Código de Procedimiento Civil (CPC).

Al respecto, del análisis de antecedentes procesales, se evidencia que, como consecuencia de la demanda interpuesta por la actora, el juez a quo, emitió la Sentencia N° 65 de 2 de abril de 2015, conforme se evidencia de fs. 114 a 117 vta., la cual fue objeto de apelación por ambos sujetos procesales, primero la parte demandada lo hizo de fs. 120 a 121 y de forma posterior, la actora interpuso recurso de apelación de fs. 128 a 130.

En ese contexto, haciendo un análisis minucioso del auto de vista recurrido, se evidencia que el Tribunal ad quem, solamente se pronunció con relación al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada “Asociación Gremial de Comerciantes Minorista 13 de julio de la feria de barrio Lindo”, omitiendo emitir pronunciamiento sobre el otro recurso de apelación presentado por la parte demandante Karen Leonor Mantilla Aliaga cursante de fs. 128 a 130, en el cual presenta como agravio el pago de horas extras; extremo reclamado incluso por memorial de enmienda y complementación a fs. 147 y vta., sin haber merecido ninguna respuesta a este reclamo por auto a fs. 150.

Sobre el particular, debe tenerse presente que los tribunales de segundo grado, al constituir órganos judiciales de conocimiento y no así de puro derecho como es el Tribunal de casación, tienen la facultad para analizar y resolver todos los fundamentos de los recursos de alzada, apreciando y considerando el conjunto de la prueba acumulada al proceso, no pudiendo soslayarse la resolución de la causa, si en el texto de los memoriales de la apelación, constan fundamentos y especialmente agravios que deben ser considerados y resueltos sin restricción alguna.

Así, en el caso objeto de análisis, se evidencia que la parte demandante, de fs. 128 a 130, llevó como agravios ante el Tribunal ad quem lo referido al pago de horas extras, extremo que según la sentencia, la actora no hubiera trabajado estas horas, agravio que no fue debidamente fundamentado menos absuelto por el tribunal de apelación, no obstante que le correspondía pronunciarse al respecto, otorgando al demandado recurrente una respuesta razonada y efectiva, dentro de los límites que establece el art. 236 del CPC anterior y al no haberlo hecho ha vulnerado una norma de orden público y cumplimiento obligatorio que acarrea la nulidad de obrado, porque impide abrir la competencia del Tribunal Supremo de Justicia, toda vez que no existe pronunciamiento sobre todos los aspectos alegados en el recurso de alzada de fs. 128 a 130, planteado por la actora.

En este contexto, la motivación de las resoluciones judiciales se constituye en un deber jurídico que hace al debido proceso, implicando que todo ministrador de justicia al resolver una causa, debe inexcusablemente exponer los hechos, efectuar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma.

Estas connotaciones encuentran también respaldo en la jurisprudencia de la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 0092/2012 de 19 de abril de 2012, cuyo fundamento jurídico previo dice: “La motivación de las resoluciones es un requisito elemental del derecho al debido proceso, conforme se encuentra establecido en la SC 1057/2011-R de 1 de julio, refiere que (…) las resoluciones que emiten las autoridades judiciales, deben exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de esas resoluciones, exigencia que se toma aún más relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación o casación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades inferiores...”.

En el caso, el auto de vista recurrido debió efectuar una mayor fundamentación en base a los agravios que fueron planteados por ambas partes y en particular a la apelación de fs. 128 a 130, que no mereció respuesta alguna, sustento que permite conjuntamente a la invocación de la normativa específica aplicable, emitir un fallo completo y que guarde relación con lo dispuesto por el artículo 236 en concordancia con el art. 227, ambos del CPC anterior.

A ello, debe añadirse que conforme ha establecido la jurisprudencia sentada por este Tribunal Supremo de Justicia, en los Autos Supremos Nº 86 de 10 abril de 2012 y 228 de 3 de julio de 2012, entre otros, cuando el juzgador omite la motivación en su Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino que en la práctica toma una decisión de hecho y no de derecho, que impide a las partes conocer cuáles son las razones que sustentan su fallo.

Ahora bien, cabe enfatizar que la debida y suficiente fundamentación de los fallos que supone exponer no sólo el razonamiento, sino respaldar el mismo con las normas jurídicas tanto sustantivas como adjetivas que sean aplicables al caso por resolverse, implica la obligación para que el juzgador absuelva todos los reclamos sometidos a su consideración, de modo tal que le permita a los recurrentes impugnar la decisión en esos puntos, pues privarle de ellos vulnera el derecho al debido proceso y con ello, como en el caso presente, a la defensa, consagrados y protegidos por los arts.115 y 119 de la Constitución Política del Estado, lo que precisamente ocurrió en el caso, al constar que el Tribunal ad quem, al margen de no fundamentar y motivar su resolución, omitió pronunciarse sobre todos los puntos materia del recurso de apelación infra petita, planteados por ambas partes procesales.

En conclusión, se advierte que el tribunal de apelación no cumplió con las previsiones contenidas en los arts. 190, 192, 236 del CPC anterior y 202 del Código Procesal del Trabajo (CPT), normas procesales que son de orden público y cumplimiento obligatorio conforme instituye el art. 90 del CPC anterior, cuya inobservancia importa la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, correspondiendo por tanto resolver de acuerdo a las disposiciones contenidas en los arts. 252, 271.3, 275 del CPC anterior  y 17 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, aplicables por mandato del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, ANULA obrados hasta el sorteo a fs. 144, inclusive, disponiendo que el tribunal de apelación, sin espera de turno ni dilación alguna, bajo responsabilidad administrativa, proceda al sorteo de la causa y emita nuevo auto de vista con la pertinencia prevista en los arts. 192 y 236 del Código de Procedimiento Civil, es decir resolviendo ambos recursos de apelación planteados por las partes en litigio.

No siendo excusable el error, se impone multa de Bs.100.- para cada uno de los Vocales suscribientes del Auto de Vista N° 238 de 21 de agosto de 2015, a fs. 145 y vta. de obrados.

Por Secretaría de Cámara, cúmplase con lo previsto en el art. 17.IV de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial.


Regístrese, notifíquese y devuélvase.