SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 197/2016.

Sucre, 30 de junio de 2016.  

Expediente: SC-CA.SAII-CBBA.71/2016.

Distrito: Cochabamba

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano. 

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 281 a 286 vta., interpuesto por el Centro Medico Quirúrgica Boliviano BELGA S.R.L., representado legalmente por Remy Danilo Méndez Belmar, contra el Auto de Vista Nº 301/2014 de 19 de diciembre, cursante de fs. 231 a 233, emitido por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso coactivo social seguido por Wilmer Sanjinéz Lineo, apoderado de Sr. Juan Edwin Mercado Claros, en su calidad de Director General Ejecutivo del Servicio Nacional del Sistema de Reparto “SENASIR”, contra el centro médico recurrente, la respuesta de fs. 292 a 297, el auto de fs. 298, que concedió el recurso, el Auto Supremo Nº 30/2016-A de 14 de marzo de fs. 304 y vta. que declaró admisible la casación; los antecedentes del proceso, y

CONSIDERANDO I:

I.1. Antecedentes del proceso.

I.1.1 Auto interlocutorio Definitivo.

Que, dentro el trámite del proceso coactivo social seguido por Servicio Nacional del Sistema de Reparto “SENASIR”,  contra el Centro Médico Quirúrgica Boliviano BELGA S.R.L., representado legalmente por Remy Danilo Méndez Belmar, el Juez de Partido Tercero del Trabajo y Seguridad Social de Cochabamba, pronunció el Auto Interlocutorio de 5 de septiembre de 2013 de fs. 124 a 126 vta., declarando probada en parte las reclamaciones de la parte coactivada opuesta con escrito de fecha 2 de agosto de 2013 de fs. 110 a 111, en lo que respecta a la excepción perentoria de prescripción por los periodos determinados en dicha resolución, debiendo a tal efecto la parte coactivante girar nueva nota de cargo por los periodos no prescritos que fueron detallados, sin costas.


I.1.2 Recurso de apelación y Auto de Vista

En grado de apelación formulada por Wilmer Sanjinéz Lineo, apoderado del Sr. Juan Edwin Mercado Claros, en su calidad de Director General Ejecutivo del Servicio Nacional del Sistema de Reparto “SENASIR” de fs. 134 a 135, en cumplimiento al Auto Supremo Nº 440/2014 de 21 de noviembre, de fs. 222 a 226, emitido por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, la Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emitió  el Auto de Vista Nº 301/2014, revocando el auto motivado apelado y declarando probada la demanda.

I.2 Motivos del recurso de casación

Este fallo motivó el recurso de casación en la forma y en fondo, interpuesto por el Centro Médico Quirúrgica Boliviano BELGA S.R.L., representado legalmente por Remy Danilo Méndez Belmar, con los argumentos expuestos en el memorial de fs. 281 a 286, en el que acusa:

En la forma:

1.- Denuncia que en el auto vista, se omitió cumplir lo establecido en el segundo considerando del Auto Supremo Nº 440/2014 de 21 de noviembre, en relación al deber de motivación, fundamentación y congruencia, igual que el anterior que fue emitido por el mismo vocal; en ese sentido el auto de vista no se pronuncia en relación al contenido del texto del recurso de apelación de fs. 134 a 135, donde se advierte que el SENASIR, expresamente expuso tres agravios que fueron identificados y descrito en el acápite 1.3 del auto supremo, los que fueron ratificados en el memorial de apelación de fs. 170 a 174, que también han sido individualizados en el primer considerando del anterior auto de vista y en el auto de vista ahora recurrido, pero que nuevamente el tribunal de alzada sólo se limitó a considerar y responder el segundo agravio expuesto por el apelante, simplemente citó los arts. 436 del Reglamento del Código de Seguridad Social (RCSS), 230 del Código de Seguridad Social (CSS) y 48. IV de la Constitución Política del Estado (CPE), para concluir que el art. 230 del CSS no contempla específicamente la prescripción de la acción de cobro de aportes, en tal razón, por la prescripción que se operó resulta inviable para la recuperación de aportes devengados.

2.- Expresó también que los agravios uno y tres no fueron considerados ni analizados en el auto de vista, expuesto en el recurso de apelación referente a la aplicación del art. 4 del Decreto Supremo (DS) Nº 25809 Instructivo 01/98 aprobado por la Resolución Administrativa (RA) Nº 072/01 de 18 de octubre, que establece que el plazo de 15 años solo se refería al periodo de fiscalización y luego a la prescripción de la acción judicial de cobro de aporte al seguro social a largo plazo y del sistema de reparto.

3.- Finalmente manifestó que, los vicios procesales no pueden ser convalidados ni subsanados, porque como estableció el Tribunal Supremo de Justicia, con ellos se comprometen derechos y garantías constitucionales como el debido proceso y el derecho a la defensa; pues el tribunal de alzada mediante el auto de vista desconociendo su propia competencia, elude responder de manera positiva a los fundamentos del recurso de apelación. 

En el fondo:

1.- Acusó que el auto de vista recurrido, constituye una mala, deformada, torcida e incorrecta interpretación del Auto Supremo Nº 728, expediente Nº 152/2013-A, porque si bien transcribe parte de sus fundamentos, omite referirse a que este auto supremo, no establece de forma clara e inequívoca la imprescriptibilidad de los aportes adeudados a la Seguridad Social, antes de la promulgación de la actual Constitución Política del Estado en su art. 48-IV, omite considerar que la referida norma, no tiene efecto retroactivo, por mandato del art. 123 de la misma norma constitucional, que establece que todas las normas, incluida la propia constitución se aplica para lo venidero, por lo que dicho art. 48-IV no debió ser aplicado por el tribunal ad quem.

2.- En ese sentido, tal como reconoció y estableció el juez a quo,  que del análisis del art. 465 del RCSS, se reconoce y admite la prescripción tanto del derecho como de la acción de cobro señalando: “no podrán ser exigidas ni pagadas”, no podía establecerse por el tribunal ad quem la imprescriptibilidad del cobro que pretende realizar el ente gestor, más aún, si a momento de que se requirieron los pagos y se hicieron conocer los supuestos adeudos, ya se habría operado la prescripción, de los periodos establecidos por el juez a quo, es decir, que en virtud del art. 3 del D.S. Nº 25714 de 23 de marzo de 2000, estos periodos ya estaban prescritos por mandato de la norma antes señalada; que se aplicó indebidamente  el art. 465 del R.C.S.S., y art. 7 del Decreto Ley (D.L.) Nº 18494 de 13 de julio de 1981, que deroga el art. 65 del D.L. Nº 13214, establecen como plazo para la prescripción 15 años.

3.- Por otra parte, acusa que el tribunal ad quem, de manera incorrecta funda su resolución en el hecho de que el art. 230 del CSS, no contempla específicamente la prescripción de la acción de cobro de aportes, sin advertir que esa norma, corresponde al Capítulo V del Título VI del Régimen Jurídico y Administrativo, de dicho cuerpo legal, y hace mención a la acción de los asegurados y beneficiarios; a diferencia del art. 465 del RCSS que refiere a la prescripción de los aportes.      

I.2.1 Petitorio

Concluyó, solicitando se conceda el recurso de casación en el fondo, ante el Tribunal Supremo de Justicia, para que dicte Auto Supremo, anulando o casando el Auto de Vista Nº 301/2014 de 19 de diciembre, de acuerdo a los extremos señalados en el recurso.

I.3 Respuesta al recurso de casación

Por memorial de fs. 292 a 297 el representante legal del SENASIR, respondió el recurso de casación, fundamentando el mismo y solicitando se declare infundado o improcedente el recurso, sea con imposición de costas.                                           

CONSIDERANDO II:

II.1 Fundamento jurídico del fallo.

Que, de la revisión exhaustiva de los datos del proceso y del contenido del recurso, el tema central está vinculado a establecer si en el caso de análisis operó o no la prescripción de los aportes al seguro social a largo plazo, puesto que la excepción perentoria de prescripción, en primera instancia fue declarada probada en parte, fallo que fue revocado por el tribunal de apelación mediante el auto de vista recurrido, declarando probada la demanda.

II.1.1.- Resolviendo el recurso en la forma:

1.- Que, la casación en la forma debe fundarse en errores “in procedendo”, es decir por violaciones esenciales del proceso, en el caso presente el recurrente se apoya en el art. 254. 4 del CPC, al considerar que el auto de vista no se pronunció sobre alguna de las pretensiones deducidas en la apelación, porque no se habría evaluado todos los agravios de la apelación, sobre la demanda, la sentencia y todos los antecedentes del proceso, decisión que resultaría arbitraria. Respecto al debido proceso y derecho a la defensa, sostiene que el tribunal ad quem, al emitir el auto de vista, no cumplió con la fundamentación, motivación y congruencia establecido en el Auto Supremo Nº 440/2014.    

2.- En la especie, de los datos del proceso se evidencia que no es cierto la vulneración denunciada, toda vez que, de la lectura al Considerando II del auto de vista recurrido, se puede advertir que se dio respuesta a todos y cada uno de los puntos reclamados en apelación; que los fundamentos del recurso de casación en la forma carecen de veracidad y legalidad, al invocar argumentos que no tienen ningún asidero legal, al no haber demostrado la vulneración de derecho o garantía constitucional del debido proceso y derecho a la defensa; contrariamente el auto de vista hoy recurrido de casación en la forma, sí cumplió con el debido proceso en su elemento de motivación fundamentación y congruencia, en estricta aplicación de justicia, al haber cumplido los requisitos establecidos en las disposiciones legales en vigencia, toda vez que la resolución recayó sobre todos los extremos litigados, y fue debidamente fundamentados en la parte considerativa y resolutiva, que tiene su respaldo en los motivos y argumentos por los cuales arribó a dicha determinación, resolviendo todos los puntos reclamados en apelación. 

     3.- Finalmente, al no observarse argumento válido en el recurso de casación en la forma, se concluye que el tribunal de instancia no vulneró las garantías constitucionales como el debido proceso y derecho a la defensa, no obstante que el recurso de casación en la forma tampoco cumplía con la debida fundamentación que exige el art. 254. 4 del CPC, como acusó la parte recurrente.

II.1.2.- Resolviendo el recurso casación en el fondo.

1.- En cuanto al cómputo de la prescripción y determinar si en el caso que se analiza operó la misma, empezaremos identificando los periodos fiscalizados los cuales son objeto de reclamo; en este sentido, de antecedentes se evidencia que en cumplimiento a disposiciones legales el área de Fiscalización dependiente de la Unidad de Cobro de Adeudos y Fiscalización del SENASIR, procedió a fiscalizar al Centro Médico Quirúrgico, respecto a los aportes devengados al Seguro Social de Largo Plazo del Sistema de Reparto del Periodo comprendido para el régimen básico julio 1990, septiembre 1991, agosto 1992 y agosto de 1993 a abril  1997 y por el régimen complementario agosto de 1985, enero 1986, abril 1987 a mayo 1988, septiembre 1988, diciembre 1989, enero y agosto 1990, agosto 1992, enero 1993, abril 1994 y noviembre 1996; como resultado del proceso de fiscalización emitió el informe SENASIR/COBR-053/2012 de fecha 10 de abril de 2012 (fs. 7 a 16) determinando una deuda de suma exigible por cobrar de Bs. 775.481,70.-, equivalente a $us. 111.419,78.-, que incluye aportes, multas e intereses, el resultado del proceso de fiscalización fue puesto en conocimiento de la empresa mediante notificaciones oficiales de deuda CITES: SENASIR/UNI.CAF.NA./106/2011 de fecha 13/06/2011; rectificada SENASIR/UNI.CAFNA/157/2011 y SENASIR /UNI/CAF/NA/015/2012 de 14/02/2012, luego de presentado y analizada la documentación adjuntada como descargo, ante este hecho, el SENASIR, el 23 de mayo de 2012, presentó demanda coactiva fiscal, conforme consta de fs. 68 a 70 de obrados.

2.- De tales antecedentes, se advierte que los periodos fiscalizados  que no fueron cancelados por el Centro Medico Quirúrgico Boliviano BELGA SRL, representado legalmente por Remy Danilo Méndez Belmar, y reclamados por el SENASIR, son entre los periodos régimen básico julio de 1990 a abril de 1997, y régimen complementario de agosto de 1985 a  noviembre de 1996, conforme consta en el Informe citado ut supra y en la Nota de Cargo del SENASIR Nº 032/2012 de 10 de abril a fs. 6, mientras que la presente acción fue presentada recién el 23 de mayo de 2012 a horas 16:13, según nota cursante a fs. 70, es decir, computando desde abril de 1997 fecha del último periodo fiscalizado no cancelado, lo hizo aproximadamente después de casi 15 años, es decir cuando ya había prescrito su derecho de reclamar por este concepto.

3.- Al respecto, el art. del DS Nº 18494 de 13 de julio de 1981 en su art. 7, derogó el art. 65 del DL Nº 13214 de 24 de diciembre de 1975 y estableció que los aportes no pagados y/o no cobrados, por periodos superiores a los 15 años, prescribe: “El término de la prescripción se interrumpe por una demanda coactiva o cualquier acto que sirva para constituir en mora al deudor”, concordante con el art. 4 del Decreto Supremo Nº 25809 de 8 de junio del 2000 que prevé: “Los aportes no pagados y/o no cobrados, por periodos superiores a los quince (15) años prescriben, determinando como fecha límite de aportes el 30 de abril de 1997 (fecha de corte del Sistema Residual de Reparto de la Seguridad Social de largo plazo). El término de la prescripción se interrumpe por una demanda coactiva o cualquier acto que sirva para constituir en mora al deudor”.

4.- Como se podrá advertir de antecedentes, no consta de obrados documento alguno con el que el SENASIR hubiera interrumpido el término de la prescripción previsto en la normativa citada, pues como se manifestó precedentemente, la demanda fue presentada en fecha 23 de mayo de 2012, cuando ya se había vencido el término para hacerlo. Ahora bien, si  tomamos en cuenta el Informe Fiscalización FIS/210/2010 de fecha 30 de noviembre de 2010, emitido por el Área de Fiscalización, determinó una deuda liquida y exigible por cobrar de Bs. 661.231.09.-, que incluye multas e intereses, por conceptos de aportes del periodo comprendido para el régimen básico, julio 1990, septiembre 1991, agosto 1992 y agosto de 1993 a abril  1997 y por el régimen complementario agosto de 1985, enero 1986, abril 1987 a mayo 1988, septiembre 1988, diciembre 1989, enero y agosto 1990, agosto 1992, enero 1993, abril 1994 y noviembre 1996; teniendo en cuenta el cómputo de los 15 años de prescripción de los periodos establecidos en el DS Nº 25809 de   8 de junio de 2000, se ha operado la prescripción en los periodos julio 1990, septiembre/1991, agosto/1992, de agosto/1993 a septiembre/1994, en el régimen básico, agosto/1985, enero/1986, abril/1987 a mayo/1988, septiembre/1988, diciembre 1989, enero y agosto/1990, agosto/1992 y enero/1993, en el régimen complementario, toda vez que de antecedentes se advierte que no existe interrupción de la prescripción en los periodos antes referidos, conforme la normativa antes señalada, restando a la parte coactivante girar nueva Nota de Cargo con relación a los periodos no prescritos es decir marzo/1994, abril/1997, para el régimen básico, abril/1994 y noviembre 1996 para régimen complementario, puesto que el razonamiento esgrimido por el tribunal de apelación, al sostener que los aportes al seguro social son imprescriptibles amparado en el art. 48. IV de la CPE, conforme se advierte de la revisión del recurso de casación, el SENASIR versa su contenido en sentido de que, a partir de la vigencia de la Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009, se determina la imprescriptibilidad del derecho al cobro de los aportes al seguro social obligatorio; en ese sentido y conforme a la normativa reclamada de ser interpretada y aplicada por el tribunal ad quem, cabe señalar:

Que el art. 164. II de la CPE, señala que: “La ley será de cumplimiento obligatorio desde el día de su publicación, salvo que en ella se establezca un plazo diferente para su entrada en vigencia”; asimismo, el art. 123 dispone: “La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y de los trabajadores…” no es aplicable al caso presente por tratarse de hechos ocurridos antes de su vigencia, no pudiendo aplicarse la ley de manera retroactiva conforme previene el art. 123 de la Carta Fundamental.

Por lo expuesto, siendo parcialmente evidente las infracciones acusadas en el recurso de casación, corresponde resolver de acuerdo a lo establecido en los arts. 271. 4 y 274. II del CPC, aplicables por mandato del art. 633 del RCSS.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en los arts. 184. 1 de la Constitución Política del Estado y 42. I. 1 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, CASA parcialmente el Auto de Vista Nº 301/2014 de 19 de diciembre, cursante de fs. 231 a 233 y, deliberando en el fondo mantiene firme y subsistente el Auto Interlocutorio de 5 de septiembre de 2013, cursante de fs. 124 a 126 vta.

Sin costas, en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y art. 52 del D.S. Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.