SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 194/2016.

Sucre, 30 de junio de 2016. 

Expediente: SC-CA.SAII- LP.068/2016

Distrito: La Paz

Magistrado Relator: Dr. Marcos Fidel Tordoya Rivas

VISTOS: El recurso de casación de fs. 502 a 505, interpuesto por el Club Hípico Los Sargentos representado legalmente por José Ramiro Vega Velasco, contra el Auto de Vista Nº 057/2010 SS.II de 23 de marzo, cursante de fs. 498 y vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Superior de Justicia del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso laboral por reincorporación, seguido por Patricia Norah Wieler de Fosca contra la entidad recurrente; la respuesta de fs. 508 a 510  vta., el Auto de 11 de mayo de 2010 cursante a fs. 511 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I. 1. Antecedentes del proceso

I.1.1 Sentencia

Tramitado el proceso de referencia, la Juez Quinto de Trabajo y Seguridad Social de La Paz, emitió la Sentencia Nº 98/2009 de 16 de septiembre de 2009 de fs. 443 a 454, declarando improbada la demanda de reincorporación de fs. 123 a 131 subsanada a fs. 133 de obrados.

I.1.2 Auto de Vista

En grado de apelación de fs. 489 a 496 y vta., deducido por Patricia Wieler de Fosca, la Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Superior de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista Nº 057/2010, anuló obrados hasta fs. 443, disponiendo que debe dictarse nueva sentencia.

El fundamento de la resolución de vista para anular la sentencia reside en que la juez a quo, no observó correctamente lo dispuesto por el art. 382 del Código de Procedimiento Civil (CPC); es decir que, la Juez de instancia no consideró la objeción de pruebas planteada por la entidad demandada.

I.2 Motivos del recurso de casación

El referido auto de vista, motivó a la entidad demandada a interponer el recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 502 a 505, esgrimiendo los siguientes argumentos:

EN EL FONDO.

Acusó la violación del art. 251 del CPC, ya que la nulidad de obrados solo debe ser declarada cuando su causal este determinada específicamente en la Ley, lo cual no ocurrió en el presente caso donde no existe una norma específica que refiera la nulidad del acto cuando la autoridad judicial no resuelva o no se pronuncie con relación a la objeción de la prueba presentada, soslayando los principios doctrinales de especificidad o legalidad, así como el de la finalidad del acto, retrotrayendo el proceso hasta un vicio que fue propugnado por la entidad demandada, sin considerar el principio doctrinal de convalidación tácita y expresa de las partes  interpretación errónea y aplicación indebida de la Ley, desconociendo los fundamentos con los cuales se puede declarar una nulidad.

Indicó que el auto de vista viola el art. 247 de la Ley de Organización Judicial (LOG) que especifica claramente la imposibilidad de anular de oficio actuaciones cuya vulneración no se encuentran sancionadas con nulidad por ley expresa; toda vez que, la nulidad sólo procede cuando causa daño o perjuicio a quien la solicita, lo que no sucede en el presente caso, puesto que al ser presentada la objeción por la parte a la cual favorece la sentencia, la inobservancia del procedimiento no afecta a la misma y tampoco pone en indefensión a la parte actora por no ser ésta la que objeto dicha prueba.

Alegó la interpretación errónea de los arts. 382 y 447 del CPC, ya que la objeción planteada fue fundada en el inc. 2) del art. 382 del ritual civil por existir óbices legales, objeción que no requiere de resolución previa, sino que dependiendo de lo probado en la etapa probatoria, el juez considerará o no la prueba objetada. Asimismo, refirió en relación a las tachas presentada, el juez considerará o no las declaraciones de los testigos tachados según la probanza de la parte que interpuso las mismas, más aún cuando la demandante no llevó a declarar a los testigos tachados, por lo que, no tuvo que considerarse declaraciones que no existieron.

EN LA FORMA.

Manifestó que el tribunal de apelación vulneró el art. 236 del CPC, pues no se pronunciaron respecto a los puntos planteados en la apelación, ya que la demandante no opuso como norma vulnerada el art. 380 del CPC

I.2.1 Petitorio

Concluyó el memorial del recurso solicitando se case el auto de vista recurrido y deliberando en el fondo declare probada la demanda, o en su caso anule el auto de vista a fs. 498 y vta.,  disponiendo que el tribunal de apelación se pronuncie en el fondo de la causa.

I.3 Respuesta al recurso de casación

Por memorial de fs. 508 a 510 vta. , la actora responde al memorial de recurso de casación, fundamentando el mismo y solicitando se declare infundado el recurso y confirmar el Auto de Vista 057/2010, ordenando se vuelva a dictar nueva sentencia considerando las pruebas objetadas, o caso contrario case el auto de vista y se declare probada la demanda de reincorporación.

CONSIDERANDO II:

II.1 Fundamentos jurídicos del fallo

Expuestos así el fundamento del recurso de casación, es necesario realizar las siguientes consideraciones:

Que, la jurisprudencia sentada por este Supremo Tribunal, estableció que el recurso de casación constituye una demanda nueva de puro derecho utilizada para invalidar una sentencia o auto definitivo en los casos expresamente señalados por ley, pudiendo presentarse como recurso de casación en el fondo, recurso de casación en la forma o en ambos efectos, de acuerdo a lo estatuido por el art. 250 del CPC, en coherencia con lo establecido en los arts. 253 y 254 del mismo cuerpo legal.

En ese orden, la doctrina procesal ha establecido que la finalidad del recurso de casación en el fondo es la de unificar la interpretación de las normas jurídicas de nuestro país creando la jurisprudencia correspondiente. En tanto que la finalidad del recurso de casación en la forma, es la de anular la resolución recurrida o un proceso cuando al ser dictado en su sustanciación, se violan formas esenciales sancionadas con nulidad por la ley, por ello, la interpretación de las leyes que regulan las nulidades debe ser uniforme. En ambos casos, son de inexcusable cumplimiento los requisitos establecidos en el art. 258 numeral 2) del Código Adjetivo Civil, es decir, que se debe citar en términos claros, concretos y precisos la sentencia o auto del que se recurre, su folio, la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error que están expresamente previstos en la ley; por consiguiente, los mismos no están sujetos a capricho de las partes; y menos, del juzgador.

En el caso de examen, en los fundamentos del recurso de casación se advierte que su interposición es errónea, puesto que fue planteado en el fondo, cuando debió ser planteado en la forma, en atención a la naturaleza jurídica que caracteriza a cada uno de los recursos señalados y principalmente, a que la resolución de vista impugnada anuló obrados, siendo evidente, en consecuencia, que el Tribunal de Alzada no se ha pronunciado sobre el fondo de la problemática que motivó el trámite del presente litigio, por lo que no hay posibilidad alguna de que se presente casación por las causales previstas por el artículo 253 del CPC. Sin embargo, teniendo en cuenta los nuevos lineamientos que ha establecido la Sentencia  Constitucional (SC) Nº 2210/2012, que permite una flexibilidad en la exigencia de los requisitos que debe imprimirse en el Recurso de Casación, que a pesar de su notoria falta de técnica recursiva en su interposición, pasamos a considerar, sólo con fines de dar una respuesta a las denuncias expuestas.

En cuanto a la nulidad de los actos procesales, la SC 0444/2011-R de 18 de abril, asumiendo el razonamiento de la SC1644/2004-R de 11 de octubre, señaló: “...la nulidad consiste en la ineficacia de los actos procesales que se han realizado con violación de los requisitos, formas o procedimientos que la Ley procesal ha previsto para la validez de los mismos; a través de la nulidad se controla la regularidad de la actuación procesal y se asegura a las partes el derecho constitucional al debido proceso (…) la autoridad jurisdiccional debe observar y está obligada a cumplir las reglas que el legislador ha establecido para la tramitación de los procesos, asegurando el derecho al debido proceso y el principio de la seguridad jurídica”.

Por otro lado, es pertinente precisar que en materia de nulidades  procesales  rigen principios que deben ser estrictamente observados por los órganos jurisdiccionales, a saber: a) Principio de especificidad o legalidad, previsto en el art. 251 num. 1) del CPC, referida a que el acto procesal se haya realizado en violación de prescripciones legales, sancionadas con nulidad, es decir, que no basta que la ley prescriba una determinada formalidad para que su omisión o defecto origine la nulidad del acto o procedimiento, por cuanto ella debe ser expresa, especifica, porque ningún trámite o acto judicial será  declarado nulo  si la nulidad   no está  expresamente determinada por la ley; b) Principio de Trascendencia que establece que no hay nulidad de forma , si la alteración procesal no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de la defensa en juicio, responde a la máxima “no hay nulidad sin perjuicio”; esto significa que quien solicita nulidad debe probar que la misma le ocasionó perjuicio cierto e irreparable, que solo puede subsanarse mediante la declaración de nulidad, es decir, demostrar cual es el agravio que le causa el acto irregularmente cumplido y si este es cierto e irreparable; c) Principio de protección, que establece que la nulidad solo puede hacerse valer cuando a consecuencia de ella quedan indefensos los intereses del litigante, sin ese ataque al derecho, la nulidad no tiene porque reclamarse y su declaración carece de sentido; d) Principio de convalidación, en virtud del cual toda nulidad no observada oportunamente se convalida por el consentimiento, lo que significa, que aún en el supuesto de concurrir en un determinado caso los otros presupuestos de la nulidad, esta no podrá ser declarada si es que el interesado consintió expresa o tácitamente el acto defectuoso, la primera cuando la parte que se cree perjudicada se presenta al proceso ratificando el acto viciado, y la segunda cuando en conocimiento del acto defectuoso, no lo impugna por los medios idóneos, que a criterio de Couture, la convalidación se apoya en el principio de que "frente a la necesidad de obtener actos válidos y no nulos, se halla la necesidad de obtener actos firmes sobre los cuales pueda consolidarse el derecho (...)". En ese sentido, refiere el art. 16.I de la Ley del Órgano Judicial (LOG), que señala que: “Las y los magistrados, vocales y jueces, deberán proseguir con el desarrollo del proceso, sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuando existiera irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole su derecho a la defensa conforme a ley”.

En la problemática planteada, sobre el fundamento para disponer la nulidad mediante el auto de vista recurrido a fs. 498 amparándose en el art. 90 del CPC, debe precisarse que en nuestra práctica forense muchos entienden que las normas procesales al ser de orden público y que las estipulaciones contrarias serían nulas, autorizaría a los jueces anular el proceso en el que se hubiere incurrido en cualquier defecto en su tramitación aunque tal hecho no estuviere expresamente sancionado con nulidad, apreciación errónea por cuanto el mismo, al disponer que las normas procesales son de orden público y de cumplimiento obligatorio, solo establece el carácter publicista del proceso, por lo tanto, la nulidad señalada en el art. 90 del CPC, se refiere tan solo a las renuncias que se convienen de las reglas del proceso y no así a los errores en la tramitación de los juicios; por cuanto las nulidades procesales se rigen por los principios procesales señalados en el párrafo anterior. 

Por lo relacionado, en la especie, si bien el tribunal de Alzada  en el auto de vista recurrido, en relación a que la juez de primera instancia no se pronunció sobre la objeción de la prueba presentada por la entidad demandada mediante memorial a fs. 326, dicho extremo no puede significar motivo de nulidad de obrados, en razón a que las nulidades procesales, conforme a lo manifestado supra, tiene sus límites y es ante todo la mesura, la reflexión y los principios procesales que rigen a dicho instituto; más aún cuando el no pronunciamiento de dicha objeción en la resolución impugnada no causo perjuicio alguno, ni vulneró derechos y garantías de las partes, máxime si las mismas tuvieron conocimiento de la Sentencia Nº 98/2009, conforme se infiere de la diligencia cursante de fs. 463 y 479, para que puedan interponer los recursos previstos por ley solicitando el pronunciamiento sobre la objeción de la prueba propuesta.

En tal sentido, siendo que la determinación de las nulidades procesales se reserva a la Ley conforme exige el art. 251. 1) del CPC, situación que no se da en el caso por cuanto el no pronunciamiento de la objeción de prueba en cumplimiento de lo señalado en el art. 382 del adjetivo, no constituye legalmente motivo de nulidad (principio de especificidad), más cuando dicha omisión no causo perjuicio a las partes (principio de trascendencia), menos fue objeto de recurso o reclamo alguno sobre el particular (principio de convalidación). En ese marco, la nulidad procesal dispuesta por el tribunal de apelación no correspondía ser dictada en razón a que no se busca sólo el aseguramiento por sí de la observancia de las formas procesales, sino el cumplimiento de la finalidad de lo determinado, ya que el órgano jurisdiccional debe aspirar permanentemente a pronunciar fallos, que expresen no solamente criterios de legalidad, sino de justicia, otorgando a los litigantes la seguridad, certeza y firmeza de sus resoluciones.

Por lo relacionado precedentemente, corresponde resolver el recurso en la forma que prevén los arts. 271. 3) y 275 del CPC, en virtud a la permisión remisiva dispuesta por el art. 252 del Código Procesal del Trabajo(LGT), bajo las atribuciones conferidas a este alto Tribunal, en sujeción a lo dispuesto por el art. 17 de la LOJ, en correspondencia con el parágrafo I del art. 90 CPC.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad que le confiere el art. 42. I.1 y 17 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025, ANULA obrados hasta fs. 498, disponiendo que el Tribunal de Alzada, sin espera de turno, bajo responsabilidad administrativa, previo sorteo, pronuncie nuevo auto de vista resolviendo en el fondo el recurso de apelación de fs. 467 a 476 y vta. Sin multa por ser excusable.

Por secretaria, cúmplase lo dispuesto en el art. 17. IV de la Ley del Órgano Judicial.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.