SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 192/2016.

Sucre, 30 de junio de 2016. 

Expediente: SC-CA.SAII- LP.066/2016

Distrito: La Paz

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 156 a 158, interpuesto por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR) representado legalmente por Wilmer Sanjinés Lineo, contra el Auto de Vista Nº 054/2015 de 14 de mayo, cursante de fs. 153 a 154, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Contencioso y contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso de reclamación de pensiones que sigue Ángel Poma contra la institución recurrente, la respuesta de fs. 163, el Auto de fs. 230, que concedió el recurso en cumplimiento al Auto Supremo Nº 586, de 2 de septiembre de 2015,  de fs. 187 a 188, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I:

I. 1.Antecedentes del proceso

Que a efectos del trámite de compensación de cotizaciones iniciado por Ángel Poma, la Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR, emitió la Resolución Nº 00003205 de 19 de abril de 2013, cursante a fs. 70, desestimando la solicitud de Compensación de cotizaciones por procedimiento manual del asegurado.

Dicha determinación fue impugnada a través del recurso de reclamación de fs. 75, aclarada a fs.123, argumentando que como ex funcionario de la Compañía Minera Orlandini Ltda., en virtud a existir error en los datos de registro en la que se le consignó como Ángel Poma Gómez, aspecto que en su oportunidad fue corregido en la misma empresa previa presentación de toda la documentación pertinente, habiéndosele consignado posteriormente como Ángel Poma, conforme correspondía, aspecto que refrendó con la certificación que acompañó a su recurso, solicitando se revise la resolución emanada; recurso que fue resuelto por la Comisión de Reclamación del SENASIR, mediante Resolución Nº 651/14 de 26 de septiembre de 2014 de fs. 125 a 127 que resolvió confirmar el Auto Nº 00003205, pronunciado por la Comisión de Calificación de Rentas cursante a fs. 70, por encontrarse de acuerdo a los datos del expediente y normativa en vigencia.

I.1.2 Auto de Vista

En grado de apelación de fs. 143 a 145 deducido por Ángel Poma, la Sala Social y Administrativa Contencioso y contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Auto de Vista Res. A.V. Nº 054/2015 S.S.A.-II, revocó la Resolución Nº 651/14, disponiendo que el SENASIR realice la certificación de Compensación de Cotizaciones a favor de Ángel Poma en observancia a las consideraciones realizadas en el auto de vista.

I.2 Motivos del recurso de casación

El referido auto de vista, motivó el recurso de casación en el fondo de fs. 156 a 158, interpuesto por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto-SENASIR a través de representante legal, en el que esgrime los siguientes fundamentos:

Primeramente transcribe lo expresado por el Tribunal de Apelación en el considerando segundo, párrafo tercero del auto de vista impugnado. Y, a continuación expresa lo que dispone el art. 24 párrafo I de la Ley Nº 065 de 10 de diciembre de 2010 en concordancia con el art. 1 del Decreto Supremo (DS) Nº 0822 de 16 de marzo de 2011; el art. 48 y 50 del DS Nº 082 referido, Reglamento de Desarrollo Parcial a la Ley Nº 065; art. 14 del DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004; art. 18 del DS Nº 27543 sobre modalidades de certificación para fines de compensación de cotizaciones; la cláusula primera de la Resolución Ministerial (RM) Nº 550 de 28 de septiembre de 2005.

Continúa expresando que el interesado presentó documentación que no corresponde con las planillas presentadas por la empresa y que se encuentran en resguardo del SENASIR, mismas que corresponden al Sr. Ángel Poma Gómez, y no así al impetrante, estableciendo que por error involuntario señaló el apellido completo de su madre y no así solo Poma, hecho realizado para prestar su servicio militar, presentando en el mismo con fecha de nacimiento de 1953, para luego mantener la fecha de 1955, hechos que no coinciden con los datos de la empresa Orlandini.

Añade que de la revisión de las planillas correspondientes a la Compañía Minera Orlandini Ltda., se establece que el interesado no figura en las mismas, siendo que el nombre que se establece es de Poma Gómez Ángel, con el que no coincide ni la fecha de nacimiento, por lo que se solicitó al interesado aclare estos hechos y presente documentación acreditable, y la modificación de los datos personales, rectificación de los mismos, cancelación de partidas, habiendo presentado certificados de nacimiento, de trabajo y otros en los cuales figura el nombre de Ángel Poma aclarando que es trabajador de la Compañía Minera Orlandini Ltda., más no presenta ninguna modificación o corrección o cancelación realizada ante entes jurisdiccionales que logren establecer fehacientemente el porqué del cambio de nombre y fecha de nacimiento, hecho que demuestra inconsistencia en los datos del asegurado, siendo que  el mismo tenía el tiempo y capacidad además de la responsabilidad de tener toda su documentación en orden, no siendo el SENASIR responsable por la documentación del asegurado quien tenía la obligación de realizar las modificaciones que correspondían para hacer valer sus derechos.

Señala que el auto de vista no realizó una aplicación correcta de la norma, puesto que dentro del mismo DS Nº 27543, que se convierte en fundamento del indicado auto de vista, a través de su art. 14 refiere la utilización de documentos que cursan en el expediente, siendo clara la norma en sentido de que la misma valorará la documentación cursante a la fecha de promulgación del Decreto Supremo, no así como en el presente caso, documentación presentada desde el año 2008 como se verifica del formulario a fs. 08, siendo que el Decreto Supremo está referido de forma clara y concisa a los documentos ya cursantes en los expedientes para poder ser valorados, no así documentación presentada de forma posterior o complementaria al decreto supremo referido, promulgado en fecha 31 de mayo de 2004. Y, siendo que el auto de vista establece que se presume que no está en planillas, éste basó su decisión en la aplicación errónea del indicado decreto supremo.

A continuación, reitera como normas mal aplicadas el art. 14 del        DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004 y art. 24 de la Ley Nº 065 de 10 de diciembre de 2010.

I.2.1 Petitorio

Concluyó solicitando se dicte resolución casando el Auto de Vista recurrido, y se confirme la Resolución de la Comisión de Reclamación Nº 651/14, emitido por el SENASIR.

I.3 Respuesta al del recurso de casación

Por memorial a fs. 163, Ángel Poma, dio respuesta al memorial de recurso de casación, y luego de fundamentar el mismo, solicita se declare infundado el recurso de casación, y se disponga la nueva calificación de su compensación de cotizaciones.

CONSIDERANDO II:

II.1 Fundamentos jurídicos del fallo

Expuestos así los fundamentos del recurso de casación en el fondo, del análisis de su contenido, se desprende que la parte recurrente acusa mala aplicación del art. 14 del DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004 y del art. 24 de la Ley Nº 065 de 10 de diciembre de 2010, con el argumento que, siendo que el Decreto Supremo refiere de forma clara y concisa a los documentos ya cursantes en los expedientes para poder ser valorados, no así documentación presentada de forma posterior o complementaria al decreto supremo referido, promulgado en fecha 31 de mayo de 2004.

Identificada la controversia, del análisis, luego de la revisión y evaluación del auto de vista recurrido, y los datos del proceso en su conjunto, se establece lo siguiente:

Del Auto de Vista impugnado RES. A.V. Nº 054/2015 S.S.A.II se verifica que el Tribunal de Apelación dispuso revocar la Resolución Nº 651/14, dictada por la Comisión de Reclamación; disponiendo que el Servicio Nacional del Sistema de Reparto, realice la certificación de Compensación de Cotizaciones a favor de Ángel Poma, fundando su decisión en lo dispuesto por el art. 14 del DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, situación que la entidad recurrente considera como indebida aplicación de la Ley, bajo el razonamiento que dicha norma refiere de forma clara y concisa a los documentos ya cursantes en los expedientes para poder ser valorados, no así documentación presentada de forma posterior o complementaria al decreto supremo referido, promulgado en fecha 31 de mayo de 2004.

En ese entendido, debe considerarse lo prescrito por art. 14 del           DS  Nº 27543, de 31 de mayo de 2004 dispone: “(Utilización de documentos que cursan en el expediente) En caso de inexistencia de planillas y comprobantes de pago en los archivos del SENASIR, del período comprendido entre enero de 1957 y abril de 1997, el SENASIR certificará los aportes con la documentación que cursa en el expediente del asegurado, a la fecha de publicación del presente Decreto Supremo, bajo presunción juris tantum. Los documentos elegibles para este propósito serán uno o más de los siguientes: a) Finiquitos. b) Certificados de trabajo. c) Boletas de pago o planillas de haberes. d) Partes de afiliación y baja de las Cajas de Salud respectivas. e) Record de servicios o Calificación de años de Servicio. f) Contratos de trabajo, memoranda de designación y despido. g) Liquidación de internación de minerales, para el caso de cooperativistas mineros u otros documentos equivalentes para estos cooperativistas.

Considerando esta norma y en ese razonamiento, se ha evidenciado durante el trámite, y tal cual se estableció en el auto de vista, que el asegurado Ángel Poma trabajó bajo dependencia de la Compañía Minera Orlandini Ltda., y que si bien no se encuentra correctamente registrado el nombre en las planillas de la compañía y los aportes efectuados, dicho aspecto resulta “…irrelevante si consideramos la pertinencia de la norma legal citada, toda vez que en obrados cursa los siguientes documentos que avalan la identidad del apelante, como ser los Formularios de Aviso de Baja del asegurado a fs. 1 y Reingreso del Trabajador a fs. 2, correspondientes a la Caja Nacional de Salud, documentos que demuestran que Ángel Poma ha trabajado efectivamente en la Compañía Minera Orlandini Ltda., durante los periodos de 28 de diciembre de 1974 al 23 de Marzo de 1987, el Record de Servicios a fs. 3, que también establece que el interesado ha prestado sus servicios en dicha compañía minera, por otro lado el Certificado de Trabajo a fs. 4, emitido por el Contador General de esa compañía que ratifica el tiempo deservicios prestado por el Sr. Poma, antecedentes que no han sido debidamente considerados por la autoridad administrativa a tiempo de tomar sus determinaciones.”

Asimismo se debe considerar que la compañía Minera Orlandini por certificación a fs. 35, aclara que Ángel Poma prestó sus servicios en la empresa a partir de 28 de diciembre de 1974, al 23 de marzo de 1987 y que si bien se evidencia en planillas de la empresa como Ángel Poma Gómez, posteriormente en julio de 2006, presentó documentos originales de certificado de nacimiento, certificado de bautismo, cédula de identidad y otros, para el trámite a SENASIR, registrado en los documentos actuales como Ángel Poma, aclarando que es el mismo ex trabajador de la empresa. Y, además de dicha certificación, el reclamante presentó certificado de bautismo y de nacimiento de fs. 18 a 19 y la certificación emitida por el Servicio de Registro Cívico Regional Huanuni a fs. 47, que señala que Ángel Poma tiene una sola partida de nacimiento; documentos que acreditan el nombre correcto y fecha de nacimiento del impetrante; los que no fueron tomados en cuenta por la Comisión de Calificación de Rentas, pese a que fueron presentados a tiempo y no fueron susceptibles de invalidación al no constatarse su fraudulencia, en correcta aplicación de lo dispuesto por el art. 14, del  DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004; razón por la cual no se encuentra indebida aplicación de la norma mencionada por el Tribunal de Apelación ni del art. 24, de la Ley Nº 065, de 10 de diciembre de 2010.

En esa línea, es menester referirnos a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado como norma fundamental del ordenamiento jurídico boliviano, cuando en su art. 45 establece: I. “Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social”; II. “La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia…..”, para luego el parágrafo IV señalar: “El Estado garantiza el derecho a la jubilación con carácter universal, solidario y equitativo”; es decir, que se debe buscar la máxima eficacia de los derechos que hacen a la seguridad social, que en el caso de examen se traduce en el reconocimiento real y verdadero de todos los años de trabajo que alega tener el trabajador, quien demostró ser Ángel Poma, conforme la prueba que el mismo presenta. Al respecto, la Sentencia Constitucional (SC) Nº 55/2013 de 11 de enero, expresó: “… que los derechos a la seguridad social constituyen un conjunto, en el que se encuentra el de la jubilación, y tanto el acumulado de potestades como cada uno de esos derechos de forma individual, gozan de proclamación y regulación constitucional propia, encontrando cada uno de ellos su contenido intrínseco, de ese modo es que tal como se señaló en la SCP 0280/2012 de 4 de junio, la jubilación protege “…a la persona humana de las contingencias propias de la vejez -como hecho natural- por su deterioro físico y psicológico, convirtiéndose en la base para el goce y disfrute de otros derechos fundamentales”.

En la recientemente citada Sentencia Constitucional Plurinacional, se realizó el desarrollo normativo propio para nuestro país del derecho a la jubilación, en el siguiente sentido: “El derecho a la jubilación, como parte del derecho a la seguridad social, fue reconocido por el Convenio 102 de la OIT de 1952, expresando que la seguridad social comprende, entre otros aspectos, las prestaciones de vejez. Asimismo, el art. 25.1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), establece que: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios…, teniendo derecho a la vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

También el art. 2.1, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), indica que: Cada uno de los Estados parte en el Pacto se compromete a adoptar medidas para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos por él reconocidos", y en el art. 9, del mismo Pacto, establece que: “Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social.

Por su parte, el Artículo XVI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (DADDH), señala que toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja, entre otros, contra las consecuencias de la vejez, que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia.

El art. 13.I de la CPE, establece que: Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos. (…)

En nuestro país, el beneficio de jubilación que recibe un adulto mayor, es un derecho en razón de poder cubrir sus necesidades básicas, puesto que con su pago se sustenta a sí mismo, y eventualmente a los familiares que sigan bajo su dependencia, más aun tomando en cuenta que las personas de la tercera edad, constituyen un grupo de atención prioritaria en aumento.

El Estado y la sociedad en su conjunto por los riesgos a los que están expuestos, tiene la obligación de dar prioridad a la prevención y el cuidado de la calidad de vida de los adultos mayores, quienes en su momento aportaron a la construcción y mantenimiento del Estado desde el sector activo, correspondiendo que ahora pertenecen al sector pasivo, se reconozca las consecuencias de su trabajo y la calidad de grupo de atención prioritaria.(…)

A modo de síntesis, esta Sala advierte que el derecho a la jubilación, como elemento de los derechos a la seguridad social, tiene un contenido propio, cual es el de garantizar a las personas que cumplan los requisitos para acceder a ese beneficio, sea por el transcurso del tiempo o por otros motivos, los recursos económicos consecuentes a su trabajo, necesarios para subsistir de modo compatible con su dignidad humana intrínseca, preservando la seguridad jurídica, los derechos adquiridos, así como la protección adicional que requieren las personas que aceden a ese beneficio, sea por su edad o por sus particulares circunstancias.”

También debe hacerse referencia a los arts. 180.I de la CPC y art. 30.11 de la Ley del Órgano Judicial (LOG), que prevén como un principio procesal de la jurisdicción ordinaria a la verdad material, la que fue entendida por este Tribunal, como un principio que busca que toda resolución contemple de forma inexcusable la manera y cómo ocurrieron los hechos, en estricto cumplimiento de las garantías procesales; es decir, dando prevalencia a la verdad pura, a la realidad de los acontecimientos suscitados, antes de subsumir el accionar jurisdiccional en ritualismos procesales que no conducen a la correcta aplicación de la justicia; en esa lógica el art. 48.I y II de la Constitución Política del Estado, establece que las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio y que las mismas se interpretaran y aplicaran bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores, de primacía de la relación laboral, de continuidad y estabilidad laboral, de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de las trabajadoras y los trabajadores.

Por lo expuesto precedentemente, se concluye que el Tribunal de Alzada aplicó e interpretó correctamente la normativa vigente a momento de emitir la resolución recurrida, correspondiendo resolver el recurso deducido por  el Servicio Nacional del Sistema de Reparto de fs. 156 a 158, en la forma dispuesta por los arts. 271. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil (CPC), aplicables por la norma remisiva contenida en el art. 633 del Reglamento del Código de Seguridad Social(RCSS)

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los artículos 184. 1 de la Constitución Política del Estado y 42. I. 1 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de fs. 156 a 158.

Sin costas, en aplicación del art. 39 de la ley 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y art. 52 del Decreto Supremo Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.