SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 191/2016. 

Sucre, 30 de junio de 2016.  

Expediente: SC-CA.SAII-LP.065/2016.

Distrito: La Paz.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 625 a 627 vta., interpuesto por Jimmy Troche Zambrana, contra el Auto de Vista N° 72/15 de 19 de junio de 2015, cursante de fs. 618 a 619, pronunciado por la Sala Social Administrativa Tercera, del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro de, proceso laboral, seguido por Jimmy Troche Zambrana, contra la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) S.A, la respuesta de fs. 646 a 651 vta., el Auto fs. 652 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso, y

CONSIDERANDO I:

I.1 Antecedentes del proceso

I.1.1Sentencia.

Que, tramitado el proceso de referencia, la Juez Segundo de Partido de Trabajo y Seguridad Social de ciudad de La Paz, emitió la Sentencia N° 153/2014 de 5 de agosto de fs. 553 a 560, declarando probada en parte la demanda y probada en parte la excepción perentoria de pago, disponiendo que ENTEL S.A., a través de su representante, pague a favor del actor, el monto de Bs.3.963.28.- (tres mil novecientos sesenta y tres 28/100 bolivianos), por concepto de incremento salarial y multa del 30%. Sin costas.

I.1.2        Auto de Vista

En grado de apelación deducido por ambos sujetos procesales de fs. 580 a 582 y 588 a 591, respectivamente, la Sala Social y Administrativa Tercera, del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista N° 72/15, confirmó la Sentencia N° 153/2014 de 5 de agosto, con el fundamento de que, se tiene una impugnación que hace ver que el proceso instaurado contra el actor sigue en curso y que la acusación se encuentra en investigación, no existiendo una resolución definitiva, por lo que la juez a quo, determinó una participación en hechos contratos a la norma interna reglamentaria y acomodadas la previsión del art. 16 de la Ley General del Trabajo (LGT), circunstancia por lo que al actor no le corresponde los derechos sociales.

1.2 Motivos del recurso de casación

El referido auto de vista, motivó al actor a interponer el recurso de casación en el fondo de fs. 625 a 627 vta., denunciando en síntesis:

Que, fue despedido de forma intempestiva, con el supuesto argumento de haber infringido el art. 16 de la LGT y 9.e) del Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo (DR-LGT), extremo que no es evidente, pues ENTEL, en ningún momento instauró un proceso interno a fin de respaldar y demostrar la falsa acusación que se dio en su contra, aspecto que no fue debidamente investigado por el tribunal ad quem.

De fs. 563 a 567, cursa sobreseimiento emitido por el fiscal del caso, que demuestra que no cometió delito, para que le priven de sus derechos laborales, peor aún, cuando fue despedido a los 3 meses de edad que tenía su hija, hecho que demuestra la violación al Decreto Supremo (DS) N° 012 de 19 de febrero de 2009, que determina la inamovilidad laboral.

Señaló que, la parte demandada no presentó la conclusión del proceso penal; sin embargo, ENTEL S.A., determinó su retiro forzoso en forma injusta e ilegal, sin embargo, los juzgadores de instancia, dan pleno criterio a una simple acción penal, que en la actualidad se encuentra en pleno trámite.

En este sentido, denunció como disposiciones infringidas los arts. 116, 48.II y III de la Constitución Política del Estado (CPE), 13 de la LGT, referidos a la presunción de inocencia, puesto que en el caso de autos, el tribunal de alzada, sin que la parte demandada haya enervado en fondo de la causa, confirmó la sentencia de primera instancia; a la irrenunciabilidad de los derechos y beneficios sociales de los trabajadores, al concluir en el auto de vista recurrido, que no corresponde el pago de los derechos sociales.

En tal sentido sostuvo que, lo que correspondía haber dispuesto en alzada que, mientras no se pruebe la culpabilidad del trabajador con sentencia ejecutoriada, se presume su inocencia, debiendo aplicar en toda su magnitud el principio in dubio pro operario, lo cual no fue considerado por el tribunal ad quem, en franca violación a la CPE y demás disposiciones legales, siendo viable el pago de desahucio e indemnización.


I.2.1        Petitorio

Concluyó solicitando se dicte resolución casando el auto de vista recurrido

y deliberando en el fondo se declare probada la demanda.

I.3 Respuesta al recurso de casación

Por memorial de fs. 646 a 651, ENTEL S.A., respondió al recurso de casación, fundamentando el mismo y solicitando se declare improcedente el recurso, con costas.

CONSIDERANDO II:

II.1 Fundamentos jurídicos de fallo.

En el caso objeto de análisis, la controversia se circunscribe en dilucidar si corresponde o no el pago de los beneficios sociales demandados por el actor, los cuales fueron negados por los juzgadores de instancia.

Al respecto, analizado los antecedentes que informan al proceso, se advierte que el actor en su memorial de demanda de fs. 9 a 10 de obrados, sostiene que prestaba servicios como Analista de Marketing Operativo, desde el 1 de abril de 2009, hasta el 1 de julio de 2013, en las oficinas de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (ENTEL), cargo del que fue despedido por una supuesta infracción del art. 16 de la LGT, y 9 de su (DR-LGT), sin antes llevar un proceso o sumario en su contra, es decir de manera injustificada.

De otro lado, la parte demandante aduce que al actor no le correspondería el pago de sus beneficios sociales, por haber enmarcado su conducta en las causas de despido justificado prevista en los arts. 16 de la LGT y 9 de su DR- LGT.

Al respecto, en obrados se advierte que, mediante Carta FA-HR- 036/2013, cursante a fs. 6 de obrados, el Gerente de Finanzas y Administración de ENTEL S.A., le comunicó al actor, la extinción de la relación de trabajo por causa justificada, sin derecho al pago de beneficios sociales, en estricta aplicación de las causales de despido por justa causa prevista en los arts. 16.e) de la LGT y 9.e) y g) de su Decreto Reglamentario.

Como se podrá advertir, al actor supuestamente se lo despidió por haber enmarcado su conducta en la normativa citada ut supra, por incumplimiento parcial o total del convenio, y por los delitos de abuso de confianza, cometidos en el desempeño de sus funciones, sin embargo, tal afirmación carece de todo valor probatorio, primero porque las supuestas infracciones alegadas por el representante de la empresa recurrente, como causal de despido, no han sido demostradas ni desvirtuadas, pues no se encuentra documentación fidedigna que confirme que el actor hubiera incurrido en tales acusaciones, porque de la revisión de antecedentes procesales, no se advierte ningún proceso disciplinario interno, como señalan nuestras leyes vigentes, como tampoco existe sentencia ejecutoriada o sanción dictada por autoridad judicial competente, apreciaciones a través de las cuales se establece que la causal de despido, de las que se e acusa, ameritaba ser dilucidada previamente en un Proceso Administrativo Interno, donde se le permita desvirtuar los hechos que se le atribuyeron, en resguardo de su derecho a la defensa y en virtud a la presunción de inocencia que se encuentran garantizados por los arts. 115.11 y 116.1 de la CPE, para luego, en caso de comprobarse, con el debido sustento legal la causal de justificado, despedir al trabajador con justa causa, lo que no ocurrió en el caso que se analiza, ya que simplemente se acusa que la actora habría cometido una serie de delitos, los cuales no fueron probados por la parte demandada, pese a que de acuerdo a los arts. 3. h), 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo (CPT) referidos al principio de la inversión de la prueba, que determinan que, en materia social la carga de la prueba corresponde al empleador, incumpliendo la parte demandada con estos preceptos, además que para privar a los trabajadores de los beneficios sociales que reconocen las leyes, debe existir prueba suficiente que permita al juzgador formar claro y amplio criterio sobre las causales de retiro en que hubiese incurrido la trabajadora, las simples acusaciones, sin que se hallen respaldadas por prueba fehaciente, no constituye factor determinante para aplicar lo previsto en los arts. 16.e) de la LGT y 9. e) y g) del Decreto Reglamentario a la Ley General del Trabajo, referente a las causales justificadas de despido, ya que si bien existe una Resolución de Imputación Formal, presentada ante el Juez Cuarto de Instrucción en lo Penal Cautelar de La Paz, conforme se evidencia de fs. 525 a 526 de obrados, por parte del Fiscal de Materia, por la presunta comisión de los delitos de conducta antieconómica y manipulación informática, hecho que se constituye en una forma de ejercicio de la acción penal, sin que su sola presentación implique la autoría o responsabilidad penal del acusado, lo que implica que, la responsabilidad quedará definida previa realización de un proceso penal en sus diferentes etapas y una vez la sentencia a dictarse quede ejecutoriada, para que con su resultado se pueda respaldar el despido de la actora, figura que se extraña en el presente proceso, razón por la cual corresponde el pago de indemnización y desahucio, extremos que no han sido debidamente compulsados por los juzgadores de instancia a tiempo de emitir sus resoluciones, no siendo por tanto evidente las infracciones acusadas.

Es importante señalar, que el trabajo por constituir la base del orden social y económico de la nación, es un derecho que se encuentra consagrado y protegido por los arts. 46 y 48 .11.111 de la CPE, prohibiendo además el art. 49.111 de la referida constitución, el despido injustificado y toda forma de acoso laboral, habiéndose emitido en ese marco varias normas que tienden a proteger la estabilidad laboral, entre ellas el DS N° 28699 de 1 de mayo de 2006, cuyo art. 11, protege y reconoce la estabilidad laboral de todos los trabajadores asalariados, claro está cuando estos no incurran en las prohibiciones previstas por ley que den lugar a su despido con justa causa, parámetros protectivos que en el caso no pueden ser desconocidos.

Bajo estas premisas, al ser evidentes las infracciones denunciadas en el recurso, corresponde resolver en la forma prevista por los arts. 27.4 y 274 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por mandato del art. 252 CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.I de la Constitución Política del Estado y 42.1.1 de la Ley del Órgano Judicial N° 025 de 24 de junio de 2010, CASA el Auto de Vista recurrido y deliberando en el fondo declara probada la demanda, disponiendo que la institución demandada cancele a favor del actor la suma de Bs.47.353.86.- (cuarenta y siete mil trecientos cincuenta y tres 86/100 bolivianos)

Según la siguiente liquidación:

  Sueldo Promedio indemnizable: Bs. 6.531.43.-

       Indemnización: (4 años y 3 meses):                     Bs.27.758.57.-

       Desahucio                                                             Bs.19.594.29.-

                        Total a cancelar                                 Bs.47.352.86.-

Más la multa del 30% a cancelarse en ejecución de sentencia.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.