SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA


Auto Supremo Nº 184/2016.

Sucre, 27 de junio de 2016.  

Expediente: SC-CA.SAII-LP.058/2016.

Distrito: La Paz.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 448 a 452 vta., interpuesto por Juan Daniel Encinas Maldonado, en representación legal de la Caja de Salud de la Banca Privada, contra el Auto de Vista Nº 166/2015-SSA-I de 20 de noviembre, cursante de fs. 437 a 439, pronunciado por la Sala Social Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso laboral, seguido por Carlos Guillermo Suárez Tejada, contra la Caja de Salud de la Banca Privada, la respuesta de fs. 457 a 458, el auto a fs. 459, que concedió el recurso, el Auto Supremo Nº 18/2016-A de 29 de febrero, de fs. 465 que declaro admisible el recurso; los antecedentes del proceso, y

CONSIDERANDO I:

I. 1.Antecedentes del proceso

I.1.1 Sentencia

Tramitado el proceso de referencia, el Juez Séptimo de Partido de Trabajo y Seguridad Social de La Paz, emitió la Sentencia Nº 077/15 de 18 de marzo de 2015 de fs. 392 a 401, declarando probada en parte la demanda y probada en parte la excepción perentoria de pago, disponiendo que la Caja de salud de la Banca Privada, a través de su representante, pague a favor de Carlos Guillermo Suárez Tejada, el monto de Bs.120.365.28 (ciento veinte mil trecientos sesenta y cinco 28/100 bolivianos), por concepto de indemnización, desahucio, aguinaldo, vacaciones, incremento salarial y multa del 30%, más la actualización en ejecución de sentencia, conforme determina el art. 9-I del Decreto Supremo (DS) Nº 28699 de 1 de mayo de 2006.

  I.1.2 Auto de Vista

En grado de apelación de fs. 411 a 416, deducido por Juan Carlos Capra Guerrero, en representación legal de la Caja Nacional de Salud, la Sala Social Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista Nº 166/2015-SSA-I, confirmó en su integridad la Sentencia apelada Nº 077/2015 de 18 de marzo, cursante de fs. 392 a 401 de obrados, con el fundamento de que entre las partes en conflicto, existió relación laboral  con las características esenciales prevista en los arts. 2 del DS Nº 28699.  

I.2 Motivos del recurso de casación

El referido auto de vista, motivó a la institución demandada a interponer el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 448 a 452, estableciendo en síntesis:

Que, entre la Caja de Salud de la Banca Privada y el actor, existió una relación contractual de carácter civil de prestación de servicios profesionales, regido por el art. 732 y siguientes del Código Civil (CC), que, se contrató al demandante como Urólogo, contra entrega de facturas, perteneciente al campo del  derecho civil privado, por consiguiente, mal pretende el profesional reclamar beneficios sociales, reconocidos en los fallos de instancia, adjuntando para tal efecto, facturas emitidas por el actor, los contratos civiles y testimonio de referencia de prestación de servicios profesionales médicos, documentos que demuestran que el trabajador efectuaba la venta de sus servicios a la institución demandada, por lo que al suscribir este tipo de contratos, se sometió voluntariamente a las clausulas contenidas en ellos, reconociendo la naturaleza civil de estas contrataciones, que hallan su base legal en las disposiciones contenidas en los arts. 519 y 732 y sgts. del CC, transcribiendo en efecto, las cláusulas del contrato suscrito entre partes.

Sobre los hechos no considerados en el auto de vista recurrido, sostuvo que, el auto de vista recurrido dispuso que todos los contratos suscritos se convierten se convirtieron en indefinidos al tenor del art. 2 del Decreto Ley (DL) 16187 de 16 de febrero de 1972, reiterando al respecto, que el actor firmó contratos civiles de prestación de servicios profesionales, aduciendo que esta normativa solo es aplicable cuando se celebran contratos laborales a plazo fijo que reúnan las características de una típica relación laboral y no en un contrato netamente civil como sucedió en el caso presente.

En virtud a los antecedentes descritos, se establece que el auto de vista recurrido, efectuó un análisis erróneo de los antecedentes y aplicación equivocada de las normas legales que rigen la materia civil, por cuanto se está desnaturalizando la relación del actor con la aludida Caja de Salud, toda vez que la vinculación que existió fue pura y simplemente de venta privada de servicios profesionales, en el marco de los arts. 450, 519, 569 y 732 y siguientes del CC, no existiendo dependencia ni subordinación del profesional entre partes.

I.2.1 Petitorio

Concluyó solicitando se dicte resolución casando en parte el auto de vista recurrido.

I.3 Respuesta al recurso de casación

Por memorial de fs. 457 a 458, el apoderado del actor, dio respuesta al memorial de recurso de casación, fundamentando el mismo y solicitando se declare improcedente o en su caso infundado el recurso, con costas.

CONSIDERANDO II:

II.1 Fundamentos jurídicos del fallo.

En el caso objeto de análisis, la parte recurrente cuestiona el auto de vista emitido por el tribunal de segunda instancia, por haber confirmado la sentencia emitida por el juez a quo, donde se reconoce en parte a favor del actor los derechos y beneficios sociales demandados, fallo con el que no está de acuerdo, con el fundamento de que entre el actor y la Caja de Salud de la Banca Privada, no existió relación laboral con las características previstas por ley, sino que dicha relación fue de carácter estrictamente civil-comercial.

En ese contexto, a fin de determinar si una relación de trabajo tiene las características esenciales laborales, hay que tener en cuenta que todo trabajo es una prestación a favor de otro, por lo que siempre existe la realización de un acto, un servicio o ejecución de obra; la distinción radica en el modo de la relación existente entre quienes lo brindan y lo reciben, a tal fin corresponde observar el papel realizado por cada una de las partes, que ante las exigencias de las reglas impuestas por el empleador, es posible que se pretenda ocultar o encubrir la realidad bajo apariencias de una relación no laboral, por lo que, a este fin la doctrina del derecho laboral destaca entre los varios componentes de la relación laboral, el elemento de la dependencia o subordinación, según el cual, quién recibe el trabajo tiene la facultad de dirigirlo e imponer sus reglas, tomando los frutos de ese trabajo y para determinar la relación se debe recurrir al principio de primacía de la realidad que privilegia los hechos frente a las formalidades y apariencias impuestas por el empleador, principio establecido en el art 4. d) del DS Nº 28699.

En este marco, conforme establece el art. 1 del DS Nº 23570 de 26 de julio de 1993, las características esenciales de la relación laboral son: a) La relación de dependencia y subordinación  del trabajador respecto del empleador, b) La prestación del trabajo por cuenta ajena y c) La percepción de remuneración o salario en cualquiera de sus formas de manifestación, concordante con el art. 2 de la misma norma legal que establece que en las relaciones laborales en las que concurran aquellas características esenciales precedentemente citadas, se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo (LGT).

Al respecto, de la revisión de la documentación adjuntada durante la tramitación del proceso, se evidencia que entre el actor y la institución demandada, se suscribieron contratos, bajo el nomen de “Contrato de prestación de servicios profesionales”, en los cuales se establecieron una serie de condiciones, obligaciones, responsabilidades y prohibiciones, impuestas al trabajador, las que debía asumir en el desempeño de sus funciones, además, hechos que demuestran categóricamente la relación de dependencia y subordinación, exclusividad, la existencia de salario o remuneración de acuerdo a lo previsto en el art. 39 del Reglamento de la Ley General del Trabajo (RLGT) y subordinación del actor con la institución demandada, por cuanto dada la naturaleza del trabajo realizado, reúne todas las características exigidas por los arts. 1 del DS Nº 23570 y 2 del DS Nº 28699, razón por la que no puede considerarse como una relación de carácter civil o comercial como erradamente pretende hacer creer el representante legal de la Caja de Salud de la Banca Privada, puesto que la prueba documental con la que la parte demandada pretende justificar que las funciones desempeñadas por el demandante emanaron de un contrato de prestación de servicios enmarcado dentro de la esfera civil-comercial, regulada por disposiciones civiles y no laborales, motivo por la que según el recurrente, no correspondería el pago de los beneficios sociales a favor del actor, no constituyen prueba idónea y contundente que desvirtúe tal afirmación, resultando insuficiente para enervar los fundamentos expuestos por el actor, porque para privar a los trabajadores de los derechos y beneficios sociales que la ley le reconoce, debe existir prueba suficiente que permita al juzgador formar un claro y amplio criterio sobre las causas por las cuales no correspondería reconocer a su favor lo que en derecho reclama; extremo que no aconteció en el presente caso, debiendo tenerse presente además que, de acuerdo al art. 5 del DS Nº 28699 “cualquier forma de contrato, civil o comercial, que tienda a encubrir la relación laboral, no surtirá efectos de ninguna naturaleza, debiendo prevalecer el principio de realidad sobre la relación aparente”, porque determinar en el caso presente que no existió relación de dependencia y subordinación, se estaría convalidando un fraude laboral porque se abriría la posibilidad de realizar contratos de carácter civil, con el objeto de encubrir una relación laboral con el fin de eludir el reconocimiento de los derechos de los trabajadores, los cuales son irrenunciables de acuerdo a los artículos 48. III de la Constitución Política del Estado y 4 de la LGT.

Estas guías de orientación llevan al convencimiento de que entre el actor y la institución demandada, existió relación de dependencia y subordinación, es decir, bajo el ámbito de la LGT y no dentro de la esfera del derecho privado o civil, hecho por el cual corresponde reconocer a favor a su favor, los derechos y beneficios sociales concedidos por los juzgadores de instancia en sus fallos, quienes para arribar a la determinación asumida, valoraron de manera correcta la prueba adjuntada al proceso, conforme la faculta los arts. 3. j), 158 y 200 del Código Procesal del Trabajo (CPT).

Bajo estas premisas, se concluye que el auto de vista objeto del recurso de casación, se ajusta a las normas legales en vigencia, no se observa violación a norma legal alguna, correspondiendo resolver el mismo de acuerdo a los artículos 271.2 y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por la permisión del artículo 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los artículos 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de casación la forma y en el fondo de fs. 448 a 452 vta., interpuesto por el representante legal de la Caja de Salud de la Banca Privada. Con costas.

Se regula el honorario del profesional abogado, en la suma de Bs. 500 que mandará pagar el tribunal ad quem

Regístrese, notifíquese y devuélvase.