SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 179/2016.

Sucre, 27 de junio de 2016.  

Expediente: SC-CA.SAII-LP.051/2016.

Distrito: La Paz.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 178 a 180, interpuesto por COSSMIL, representado por Roberto René Alarcón Loza, contra el Auto de Vista Nº 114/2015 SSA-II de 12 de noviembre, de fs. 170 a 172, pronunciado por la Sala Social Administrativa, Contencioso y Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso social, seguido por Pablo Oswaldo Justiniano Vaca, en representación de la actora Mary Cruz Zelada de Belmonte, contra la institución que representa el recurrente, la respuesta de fs. 185 a 187, el auto a fs. 188 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso, y 

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso social, el Juez Séptimo de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, emitió la Sentencia Nº 243/2014 de 31 de octubre de fs. 97 a 105, declarando probada en parte la demanda, disponiendo que la institución demandada, por intermedio de su representante legal, cancele a favor de la actora, la suma de Bs. 78.173,68 (setenta y ocho mil ciento setenta y tres 68/100 bolivianos).-, por concepto de indemnización, desahucio, aguinaldo doble, incremento salarial, vacaciones y multa del 30 %.

En grado de apelación formulada por la parte demandada de fs. 149 a 151 vta., la Sala Social Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista Nº 114/2015 SSA-II, confirmó la Sentencia Nº 243/2014 de 31 de  octubre. 

Dicho fallo motivó el recurso de casación en el fondo de fs. 178 a 180, interpuesto por la institución demandada manifestando en síntesis:

Que, en la sentencia, no se tomó en cuenta que, la actora no fue funcionaria de planta, y que sus servicios prestados en la institución fue bajo la modalidad de contrato de compra de servicios, temporales, por lo que no corresponde el pago de beneficios sociales.

Sobre el tiempo de servicios que la actora dice haber prestado, sostuvo que no presentó documento que respalde su permanencia en la institución.

Añadió que, la demandante no demostró los supuestos aumentos que le correspondería, y que a tiempo de emitir el auto de vista recurrido, no se tomaron aspectos de fondo, avocándose a dar curso solo a las peticiones de la demandante.

En este sentido, para justificar la negativa del pago de beneficios sociales a favor de la actora, citó lo previsto en los arts. 122, 145, 6 y 14 del Decreto Ley (DL) N° 11901, 18 de la Ley N° 1405 y 3 y 4 de la Ley N° 2027.

Concluyó solicitando, se anulen obrados hasta el vicio más antiguo y se rechace la demanda.         

CONSIDERANDO II: Que, así interpuesto el recurso, de la revisión de los antecedentes procesales, se establece lo siguiente:

Analizado el contenido textual del recurso, se advierte impericia en su planteamiento, pues recurre de casación en el fondo y en su petitorio solicita se anulen obrados hasta el vicio más antiguo, sin especificar a que vicio se refiere, confundiendo la finalidad de ambos recursos, los que tienen diferentes objetivos; en efecto, el recurso de casación en el fondo, tiene por finalidad casar el auto de vista recurrido, por errores “in judicando”, es decir, por aplicación incorrecta de la ley, en tanto que, el recurso en la forma, persigue la nulidad de obrados por errores de procedimiento cometidos por los juzgadores de instancia, denominados “in procedendo”; sin embargo, al haber hechos controvertidos que deben ser dilucidados, se ingresa a su análisis.

En este contexto, el caso objeto de examen, se circunscribe en dilucidar, si corresponde el pago de beneficios sociales a favor de la actora, como determinaron los juzgadores de instancia, pues la parte recurrente, manifiesta que no corresponde su pago, con el argumento de que la actora, no fue funcionaria de planta, señalando además que COSSMIL, es una entidad pública.

Con relación al primer punto, referente a que en la sentencia no se tomó en cuenta que la actora no fue funcionaria de planta, este Tribunal no revisa actuaciones del juez a quo, esa es atribución u obligación del tribunal ad quem, siempre y cuando este extremo haya sido expresado como agravio; es así que, analizado el recurso de apelación de fs. 149 a 151 vta., este punto no fue motivo de expresión de agravio, omisión que hace aplicable el principio de preclusión previsto en los arts. 3.e) y 57 del Código Procesal del Trabajo (CPT), este mismo razonamiento se debe aplicar respecto al segundo punto sobre el tiempo de trabajo prestado por la actora en la institución demandada, además, sobre el tema expresado por la parte recurrente, en sentido de que la actora no demostró su permanencia en la institución, así como los supuestos aumentos que le correspondería, de acuerdo a los arts. 3.h), 66 y 150 del CPT, referido a la inversión de la prueba, es obligación del demandado desvirtuar  los hechos alegados por la parte demandante.

De otro lado, en cuanto al tercer reclamo referente a que el tribunal ad quen, a tiempo de emitir el auto de vista no habría tomado en cuenta aspectos de fondo, no es evidente toda vez que el fallo de segunda instancia, se circunscribió a lo previsto en el art. 236 del Código de Procedimiento Civil (CPC).

En cuanto a la normativa citada por COSSMIL con la que dicha institución pretende justificar la improcedencia de los derechos y beneficios sociales, se advierte que estas normas  no fueron citadas en apelación, por lo que no es posible entonces que fueron mal interpretadas por el Tribunal de segunda instancia  excepto al Decreto Supremo (DS) N° 11901 que de ninguna manera desvirtúa los derechos que tiene la demandante al pago de sus beneficios sociales, puesto que, si la institución demandada consideraba que no era procedente el pago de esos derechos, debió presentar documentación respaldatoria que acredite tal situación conforme a lo previsto en los art. 3.h), 66 y 150 del CPT, pues el hecho de que COSSMIL sea una institución pública no es un argumento valedero y contundente que lo exonere de los pagos reclamados por la actora, los cuales son irrenunciables conforme lo previsto en el art. 48.III de la Constitución Política del Estado (CPE) y 4 de la Ley General del Trabajo (LGT). Que al respecto este Tribunal, mediante Auto Supremo (AS) de 26 de junio de 2014, como consecuencia de un recurso de casación presentado por COSSMIL, en un caso similar, declaro infundado el recurso con el fundamento principal que, de acuerdo al art. 11.e) de reglamento interno de COSSMIL  dispone: “El pago de beneficios sociales de acurdo a la Ley General del Trabajo”, de donde se advierte que la actora está amparada por la mencionada Ley, por lo que corresponde el pago de sus derechos y beneficios sociales a su favor como de manera acertada, establecieron los juzgadores de instancia, quienes para arribar a la conclusión asumida, valoraron de manera correcta la prueba aparejada al proceso, conforme determinan los arts. 3. j), 158 y 200 del CPT.   

Que en ese marco legal, se concluye, que el auto de vista impugnado, se ajusta a las normas legales en vigencia, no se observa violación de norma legal alguna, por consiguiente, corresponde resolver en la forma prevista por los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por mandato de la norma remisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa,  Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 178 a 180, interpuesto por COSSMIL.

Sin costas, en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y art. 52 del Decreto Supremo Nº 23215 de 22 de julio de 1992. 

Regístrese, notifíquese y devuélvase.