SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 174/2016.

Sucre, 27 de junio 2016. 

Expediente: SC-CA.SAII-CBBA.046/2016.

Distrito: Cochabamba.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.


VISTOS: El recurso de casación o nulidad de fs. 156 a 158 vta., interpuesto por Verónica Rosario Villarroel Terrazas en su condición de Gerente Regional de la Empresa de Correos de Bolivia, contra el Auto de Vista Nº 024/2015 de 4 de febrero de fs.152 a 154, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso laboral por cobro de beneficios sociales, seguido por Narciso Serrano Tola contra la institución recurrente, el memorial de respuesta de fs. 161 a 162, el Auto de fs. 163, que concedió el recurso; el Auto de fs. 168 y vta., que admitió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I. 1. Antecedentes del proceso

I.1.1 Sentencia

Tramitado el proceso de referencia, el Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social Tercero de la ciudad de Cochabamba, emitió la Sentencia Nº 261 de 5 de abril de 2012 de fs. 130 a 133, declarando probada en parte la demanda e improbada la excepción perentoria de pago, sin costas, disponiendo que la institución demandada a través de su Gerente Regional Sra. Verónica Rosario Villarroel Terrazas, pague en favor del actor la suma de Bs.24.572,52.- (veinticuatro mil quinientos setenta y dos 52/100 bolivianos), por concepto de indemnización, aguinaldo, vacación.

I.1.2 Auto de Vista

En grado de apelación de fs. 136 a 137, deducido por su gerente regional de la institución demandada, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Auto de Vista Nº 024, confirmó la sentencia apelada Nº 261, con costas en ambas instancias.

I.2 Motivos del recurso de casación

El referido auto de vista, motivó a la entidad demandada a interponer el Recurso de Casación y/o nulidad, esgrimiendo los siguientes argumentos:

Acusó que el auto de vista en su argumentación sostiene un conjunto sistemático de normas y decretos supremos interpretados de forma errónea, así como de la prueba de descargo aportada, la interpretación efectuada por el ad quem, no ingresa al espíritu del legislador, ocasionándoles perjuicio y agravio; que no corresponde condenar con costas.

Que, el ad quem, en su resolución de forma contraria al procedimiento reglado, habría confirmado la sentencia apelada, concediendo la totalidad de peticiones que formuló al realizar su demanda. La sentencia emitida por el a quo concedió al actor la indemnización más no el desahucio, declarándose por ello probada en parte la demanda; empero, la resolución del ad quem en su criterio no sería congruente jurídicamente con la decisión del a quo, puesto que éste debió  confirmar en parte su resolución; por ello habría interpretado erróneamente el art. 237 del Código de Procedimiento Civil (CPC de 1975) parágrafo I, núm. 2 y al tratarse de una norma procesal de orden público se violaría también el contenido del art. 90 del mismo cuerpo de leyes que sanciona su inobservancia procesal en el parágrafo II con la nulidad respectiva.

Que, el auto de vista tampoco dio cumplimiento al art. 197 del CPC de 1975 que dispone costas procesales.

Que, el auto de vista no reparó que la causal de despido indirecto alegada en la demanda, no se debió a una función discrecional del Gerente de la Empresa, con ánimo de perjudicar al funcionario público, sino al contrario fue una decisión gerencial que buscó brindar mayor eficiencia y eficacia al desenvolvimiento administrativo de la empresa; toda vez que, el actor no cumplía el horario de trabajo ni sus funciones de Gerente; en ese sentido, al no existir causal de despido, empero si retiro voluntario por parte del funcionario, se produjo el agravio a la empresa y  ésta,  debió pagar los beneficios sociales sin considerar la voluntariedad del retiro.

Que, tampoco se valoró de forma correcta los arts. 3.j) y 158 del Código Procesal del Trabajo (CPT), en referencia a la nota expresa de renuncia voluntaria cursante de fs. 4 y 51 de obrados, misma que no fue presentada con las formalidades de ley; nota que debió ser presentada de forma personal y conforme a la SC. Nº 0748/2003-R, de 04 de junio de 2013, se establece que no fue presentada personalmente por el renunciante; en consecuencia, el acto de oficialización de renuncia carece de validez jurídica por no  haber sido presentada personalmente; hecho que no habría sido valorado por los de instancia.

Que, la resolución del ad quem, es ultra petita, en favor del funcionario público renunciante, quien en su demanda alega de forma errónea despido indirecto y sin que exista petición de parte la demanda defectuosa fue corregida por los de instancia alegando que existe renuncia voluntaria; acto incongruente en la racionalidad jurídica a tiempo de solventar el supuesto derecho laboral conculcado, infringe el art. 3.1) y 3) del CPC, respecto de la igualdad de las partes en todas las actuaciones del proceso.

I.2.1 Petitorio

Concluyó, solicitando al Tribunal Supremo de Justicia, anule el auto de vista recurrido, dejando sin efecto las cuantías por concepto de beneficios sociales o en su defecto se anule el auto de vista recurrido por las evidentes infracciones a la ley y/o se anule obrados hasta el vicio más antiguo, con costas, daños y perjuicios. 

I.3 Respuesta al recurso de casación

Por memorial de fs. 161 a 162, el actor responde al memorial de recurso de casación, fundamentando que no cumple los requisitos contenidos en el art. 258 del CPC de 1975, haciendo cita de Autos Supremos (AS); al respecto, agrega que el recurrente no expresó los agravios sufridos, al contrario, el recurso se equipararía a una demanda nueva de puro derecho y el ad quem, al confirmar la sentencia apelada no habría infringido norma alguna. Refiere que el error de hecho o derecho sobre la apreciación de la prueba, la recurrente no habría mencionado las leyes infringidas.

Arguye, que ante el incumplimiento de las formalidades de la norma, resulta aplicable el art. 273 del CPC de 1975, concluye, solicitando que este tribunal declare infundado el recurso.

CONSIDERANDO II:

II.1 Fundamentos jurídicos del fallo

Expuestos así el fundamento del recurso de casación, es necesario realizar las siguientes consideraciones:

De la revisión de antecedentes procesales, se evidencia que la principal controversia en el caso presente, radica si existió: errónea interpretación de la ley; error de hecho; violación de las formas esenciales del proceso otorgando más de lo pedido.

II.1.i. Con referencia a la errónea interpretación de la ley, la recurrente refiere que el ad quem, al haber confirmado la sentencia, condenando en costas en ambas instancias, habría incurrido en falta de congruencia jurídica con la decisión del a quo, y en su criterio, debía confirmar parcialmente, por lo que se habría interpretado erróneamente el art. 237.I.2 del CPC de 1975; aspecto que conllevaría a la violación del art. 90 de la norma citada precedentemente.

Ahora bien, del análisis de obrados se tiene que el a quo declaró probada la demanda en parte; aspecto que no libera a la recurrente el pago de las costas con referencia a las pretensiones probadas; y, a las que tiene derecho el trabajador, que resulta del incumplimiento del empleador; por ello a efecto de materializar el pago puso en movimiento el proceso, activación que generó gastos económicos, por este motivo y razón el ad quem, determinó costas en ambas instancias, sustentado en el art. 237.I.1 del CPC de 1975; con relación a lo establecido en el art. 223 parágrafo II del Código Procesal Civil (CPC), que en su esencia establece que toda sentencia pronunciada contra el demandado, será condenado en costas, de lo que se infiere que no se realizó interpretación errónea alguna del art. 237 parágrafo I núm. 2) del CPC de 1975. Sin embargo, por disposición expresa del arts. 39 de la Ley Nº 1178 (Ley SAFCO) de 20 de junio de 1990 y  el art. 52 del DS. Nº  23215 de 22 de junio de 1992, no se puede condenar en costas al Estado, siendo que la empresa “Correos de Bolivia”, recae dentro esa esfera de la estructura del Estado, por lo tanto no corresponde las costas, en lo sustancial este aspecto no adquiere trascendencia, que amerite nulidad.

  II.1.ii. En lo referente a la denuncia que no fue un despido indirecto, al contrario habría sido una decisión gerencial, a objeto de obtener eficacia y eficiencia, en razón al informe Nº 031/2011 de fecha 4 de noviembre del 2004, siendo un retiro voluntario que el ad quem no habría advertido.

De la revisión de obrados se tiene que, el pago de beneficios sociales, determinados en sentencia y confirmados en el auto de vista, fue por concepto de indemnización por tiempo de servicios, duodécimas de aguinaldo y 23 días de vacación, derechos adquiridos que son irrenunciables, imprescriptibles, y la institución al no demostrar su pago documentado son exigibles.

La recurrente recae en una falacia al tratar de argumentar sobre algo que no existe controversia y tiene validez universal para el a quo, ad quem y la misma recurrente, toda vez que se analizó, debatió y argumento que se trató de un retiro voluntario, donde hubo aceptación tácita, despido in-causado, auto despido, por lo tanto, no se condenó por desahucio con el pago de tres meses. Entonces este punto expresado en su recurso, no tiene lógica, ni amerita mayor argumento. Aun considerando las pruebas que refiere, nos lleva al mismo resultado, toda vez que ellas  acreditan el pago efectivo de derechos adquiridos, irrenunciables e imprescriptibles.

II.1.iii. Con referencia a la denuncia que el ad quem, incurrió en error de hecho, respecto a la renuncia del Sr. Narciso Serrano Tola, por la ausencia de formalidades que modulo la SC Nº 748 de 4 de julio de 2013.

Al respecto doctrinalmente se entiende por error de hecho, cuando el juzgador se ha equivocado en la materialidad de la prueba, es decir, el juzgador aprecia mal los hechos por considerar una prueba que no obra materialmente en proceso, o cuando da por demostrado un hecho que no surge del medio probatorio que existe objetivamente, o en su caso, cuando el Juez altera o modifica, cercenando o incrementando, el contenido objetivo de la prueba existente; error que tiene que ser manifiesto de modo que sea identificado sin mayor esfuerzo o raciocinio, lo cual implica irrefutabilidad y magnitud del yerro.

Bajo estos parámetros, aparejando un contexto normativo en torno a la apreciación y valoración de la prueba, el CPT establece en sus arts. 3.J) y 158 por la que el Juez valora las pruebas con amplio margen de libertad conforme a la sana lógica, los dictados de su conciencia, no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas, y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos. La valoración de la prueba es atribución privativa de los jueces de grado incensurable en casación a menos que se demuestre error de hecho o de derecho como exige el art. 253.3) del CPC de 1975, aspecto no demostrado en el presente caso, toda vez que del análisis del segundo Considerando núm. 2 del auto de vista recurrido, se evidencia, una correcta apreciación y valoración de la prueba realizada tanto por el Tribunal de Alzada, cuanto por el Juez de Primera Instancia, al ser claros y sustentados en norma los fundamentos.

Que, en la especie, el a quo determino de forma lógica el paso de las premisas, fáctica, normativa, intelectiva para concluir que corresponde el pago, por tres conceptos, indemnización, aguinaldo y vacación, aspecto que fue refrendado por el ad quem, la valoración de la prueba cursante a fs. 4, no fue la decisiva, que la misma se revista de formalidades que refiere la sentencia constitucional, es irrelevante, cuando de ella no emergen la calidad de derechos adquiridos. Por ello no es evidente la infracción acusada al art. 3.j) y 158 del CPT.

II.1.iv. Con referencia a la denuncia que el ad quem, y el a quo incurrieron en ultra petita, cuando de oficio sin que exista petición directa del demandante, abrían corregido por renuncia voluntaria, cuando en los hechos pidió despido indirecto, aspecto que en su criterio conculcaría con los arts. 3 y 4 del CPC de 1975.

Que, el legislador configuro la norma adjetiva procesal, bajo criterios de discriminación positiva, a efecto de alcanzar y materializar los derechos del trabajador, ante la desigualdad real del trabajador frente al empleador, este último dueño de los medios de producción. Dentro esa lógica instituyo una clausula abierta el art. 252 del CPT, para incorporar aspectos no previstos de manera excepcional, entre ellas el CPC de 1975, siempre que no signifiquen violación a la norma adjetiva especial. 

Si bien es cierto, que existe una afectación al debido proceso en su componente derecho a la defensa, cuando nos encontramos frente a un fallo ultra petita en materia civil, donde las partes se encuentran en igualdad de condiciones; sin embargo, en materia laboral es necesario establecer su alcance dado que en el derecho procesal laboral existe un principio conocido como ultra o extra petita, el cual permite al Juez de primera instancia, conceder en su fallo más de lo que el trabajador solicitó en su demanda. Con esa permisión el Juez laboral, cuando corresponda, puede conceder al trabajador más de lo que solicitó en su demanda si encuentra que, se ajusta a derecho, al trabajador le es propio más de lo pretendido, con ello se busca garantizar y resguardar la faz de irrenunciabilidad de los derechos laborales, de manera que el trabajador no está facultado a renunciar a ellos y, si el Juez laboral encuentra que con la demanda el trabajador está renunciando a derechos mínimos, puede fallar extra y ultra petita para reconocer en la Sentencia esos derechos al trabajador de conformidad al art. 64 del CPT.

Frente a la disposición legal glosada esta Sala considera que los fallos extra o ultra petita obedecen a una facultad especial en materia laboral que el legislador atribuyó en determinadas circunstancias y condiciones al Juez laboral, a fin de garantizar una protección especial a la irrenunciabilidad de los derechos y beneficios mínimos, establecidos en las normas laborales, de manera que puedan ser supervisados y controlados en segunda instancia, en los hechos se efectuó por el ad quem, que se aprecia en su fundamentación.

De esta forma, respecto de los derechos laborales, las prerrogativas y beneficios mínimos con carácter irrenunciable, derivados de la relación de trabajo, en virtud del carácter de orden público que representan de acuerdo con los principios constitucionales, significa que el Juez que resuelve esa clase de conflictos, cuenta con libertad para asegurar su reconocimiento, mediante el ejercicio de una atribución que le permite hacer efectiva la protección especial de la cual gozan los trabajadores, frente a sus propias pretensiones y a la realidad procesal. De lo que se concluye que la renuncia voluntaria surgió del debate en el curso del proceso, se encuentra debidamente probado, cuyo derecho fue amparado en su facultad ejercida en el principio pro operario y versa sobre derechos irrenunciables señalados por Ley, como son el aguinaldo y la vacación, fallo que fue confirmado por el ad quem al considerarla acertada. De lo que se infiere no es evidente la acusación denunciada por el recurrente.

 Consiguientemente de la revisión del recurso en análisis y en mérito a las consideraciones precedentemente señaladas, corresponde resolver el Recurso de la forma prevista por los arts. 271.2 y 273 del CPC, aplicables por mandato del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los artículos 184. 1 de la Constitución Política del Estado y 42. I. 1 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025, declara INFUNDADO el recurso de nulidad o casación en el fondo, interpuesto por Verónica Rosario Villarroel Terrazas en su condición de Gerente Regional de la Empresa de Correos de Bolivia.

Sin costas, en aplicación del art. 39 de la Ley SAFCO y art. 52 del Decreto Supremo Nº 23215.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.