SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 170/2016.

Sucre, 27 de junio de 2016.

Expediente: SC-CA.SAII-PDO.353/2015.

Distrito: Pando.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: Los recursos de casación en el fondo de fs. 99 a 101 vta., interpuesto por Ailton Suarez Reboso en su calidad de Director General Ejecutivo de Zona Franca Comercial e Industrial de Cobija (ZOFRACOBIJA); y de fs. 104 a 106, deducido por el actor Boris Marcelo Espinoza Melgar, contra el Auto de Vista Nº 101/15 de 30 de julio de 2015 de fs. 94 a 95,  pronunciado por la Sala Civil, Social, Familia de la Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, dentro del proceso laboral por cobro de beneficios sociales, seguido por Boris Marcelo Espinoza Melgar contra Ailton Suarez Reboso Director General de ZOFRACOBIJA, el Auto de fs. 109 vta. que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y,

CONSIDERANDO I:

Que, tramitado el proceso laboral, el Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social de Cobija-Pando, emitió la Sentencia Nº 84 015 de 5 de junio de 2015 de fs. 70 a 72, declarando probada en parte la demanda de fs. 28 a 31 Vta., ordenando a la entidad demandada cancele dentro de tercero día, el monto de Bs.16.481.- (dieciséis mil cuatrocientos ochenta y uno 00/100 bolivianos), por concepto de subsidio de frontera de las gestiones 2013, 2014, 2015 y vacación.

En grado de apelación, deducido por ambas partes, la Sala Civil, Social, Familia de la Niñez y adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, mediante Auto de Vista Nº 101/15, confirmó totalmente la Sentencia apelada.

Que, contra el referido auto de vista, Ailton Suarez Reboso, en representación legal de la institución demandada y, el actor Boris Marcelo Espinoza Melgar, interpusieron recurso de casación en el fondo, respectivamente, en los que señalan los siguientes argumentos:

PRIMER RECURSO.- EN EL FONDO

Interpuesto por Ailton Suarez Reboso, en representación legal de la institución demandada, de fs. 99  a 101, sostuvo que el actor adquirió la calidad de funcionario público prestando sus servicios mediante la suscripción de contrato de prestación de servicio de personal eventual; agregando que la naturaleza jurídica de ZOFRACOBIJA se encuentra establecida en el Decreto Supremo (DS) Nº 25933, modificado por el DS Nº 29744 como una entidad pública descentralizada, con personalidad jurídica de derecho público, patrimonio propio, autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural; en ese sentido se encuentra bajo la aplicación de la Ley Nº 2027 Estatuto del Funcionario Público (EFP).

Refirió que con respecto al subsidio de frontera, el actor al adquirir la calidad de funcionario público eventual en mérito a la suscripción del contrato de prestación de Servicio de Personal Eventual, sus salarios fueron cancelados con recursos provenientes de la Partida 12100, dejando claramente establecido que los contratados no podrán cobrar suma adicional al contrato, tal como establece el DS Nº 27327 modificado por el DS Nº 27375, que en su art. 10 señala que toda contratación bajo la Partida 12100, no debe generar pago de aguinaldo ni otra clase de beneficio adicional bajo cualquier denominación. Por lo que los de instancia no habrían valorado el alcance administrativo de la Partida 12100, por lo que no sería aplicable el art. 12 del DS Nº 21137 de 30 de noviembre de 1985, para otorgar el pago del Subsidio de Frontera, existiendo notas emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y del Ministerio de Trabajo que no fueron valoradas por los Jueces de Instancia.

Alegó que no es aplicable el artículo único del DS Nº 12058 de 24 de diciembre de 1974, para el pago en dinero de las vacaciones, que tampoco consideraron el Dictamen General Nº 06/2014 de 9 de diciembre y Nº 01/2015 de 30 de enero, emitidos por la Procuraduría General del Estado, orientados a la protección de los intereses patrimoniales del Estado.

Concluyó solicitando que este Tribunal Supremo case el auto de vista recurrido y deliberando en el fondo, declare Improbada la demanda en todas sus partes.

SEGUNDO RECURSO.- EN EL FONDO

Interpuesto por el actor ahora recurrente Boris Marcelo Espinoza Melgar, de fs. 104 a 106 vta., sostuvo que el tribunal de apelación incurrió en errónea y contradictoria interpretación de las Leyes; pese a establecer que los trabajadores ZOFRACOBIJA, están sometidos a la Ley General del Trabajo (LGT) conforme dispone el art. 39 parágrafo V del DS Nº 27944, el DS Nº 22410 de 11 de enero de 1990, el DS Nº 0470 de 7 de abril de 2010, el Reglamento Especial de Zonas Francas.

Al efecto alegó que adquirió estabilidad laboral al tener más de tres contratos firmados con la entidad demandada, conforme a lo que dispone el art. 2 del Decreto Ley (DL) Nº 16187 de 16 de febrero de 1979; en ese entendido, manifestó que al haber sido contratado en más de tres oportunidades adquirió estabilidad laboral. Asimismo señaló que la destitución de su cargo sin previo proceso y argumento legal, vulneró lo establecido por los arts. 13, 46, 48, 115 y 116 de la Constitución Política del Estado (CPE).

En relación al desahucio e indemnización, manifestó que no observaron lo dispuesto por el DS Nº 0470 Reglamento de Régimen Especial de Zonas Francas Industriales (RREZFI), correspondiéndole este derecho al igual que vacación, en virtud al art. 48.I y II de la CPE.  

Concluyó solicitando que se dicte resolución declarando probada la contestación de la demanda en todas sus partes, con condenación de costas en ambas instancias, sin precisar un petitorio claro y concreto.

CONSIDERANDO II:

Que, así expuestos los fundamentos de los recursos de casación de fs. 99 a 101; y de fs. 104 a 106 vta., para su resolución es menester realizar las siguientes consideraciones:

1.- RESOLVIENDO EL PRIMER RECURSO DE CASACION EN EL FONDO.

Que, del examen del recurso de casación, el auto de vista recurrido, los antecedentes del proceso y las normas aplicables a la materia, se tiene lo siguiente:        

       De la revisión de antecedentes procesales, se evidencia que la principal controversia en el caso presente, radica si existió: interpretación errónea que a criterio de la institución demandada habría incurrido el ad quem.

En referencia a la interpretación errónea, se tiene que sobre los alcances de la LGT, el plexo jurídico que protege al trabajador están consagrados en los arts. 46.I y II, 48.I, II, IV y VI, 49.III, 50, y 115.I y II de la CPE y en el Código Procesal del Trabajo (CPT), los jueces de Trabajo tienen competencia para conocer los procesos laborales, que demanden los trabajadores bolivianos.

De su parte el Art. 42 del DS Nº 25933, modificado por el Parágrafo I del art. 2 del DS Nº 29744, señala que “La Zona Franca Comercial e Industrial de Cobija es una entidad pública descentralizada, con personalidad jurídica de derecho público, patrimonio propio, autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, bajo tuición del Ministerio de Producción y Microempresa”.

Según el art. 4 del Reglamento del Régimen Especial de Zonas Francas aprobado por DS Nº 470 de 7 de abril de 2010, “Los usuarios, concesionarios, así como los prestadores de servicios conexos, deberán sujetarse y aplicar plenamente la legislación nacional en materia laboral, de seguridad social, seguridad industrial, comercial, ambiental, tributaria, aduanera y demás disposiciones legales vigentes, así como al presente Reglamento”. Por otra parte el DS Nº 22410 de Régimen de Zonas Francas Industriales, en su art. 33 señala que “Se mantienen las aportaciones de los regímenes de seguridad social de personal boliviano y de las empresas que trabajan en las ZOFRA y las obligaciones sociales prescritas en la LGT”.

De las normas expuestas se tiene que, si bien la SOFRACOBIJA es una entidad pública, no debe descuidar considerarse que la misma es también una entidad descentralizada, con patrimonio propio, autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, lo que supone que en términos económicos no existe una dependencia directa del TGN, de tal modo que en la materia resulte aplicable la previsión contenida en el art. 1 del DR de la LGT y DS 8125 de 30 de octubre de 1967.

Más aún si se considera la expresa previsión del art. art. 4 del RREZFI aprobado por DS Nº 470 de 7 de abril de 2010, en el que expresamente señala que los usuarios y concesionarios, entre los que se encuentra ZOFRACOBIJA deberán sujetarse y aplicar plenamente la legislación nacional en materia laboral.

Con referencia a la oposición de pago del  Subsidio de Frontera, al respecto cabe mencionar que si bien la institución demandada señala que el Funcionario Público tenía la calidad de eventual y se encontraba en el marco de la Partida 12100, así también el DS. N° 27327, modificado por el DS. 27375 en sus arts. 5 y 10; el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en CITE: MEFP/VPCF/DGPGP/UOEPED/Nº 1246/12 de 31 de diciembre de 2012; el OF. EXT.JDTP-MTEPS/rgpz Nº 001972013 de fecha 11 de junio de 2013 del Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social; los Dictámenes de la Procuraduría General del Estado Nos 06/2014 de 09 de diciembre y 01/2015 de 30 de enero, otorgan ciertas restricciones; sin embargo, es menos cierto, que las restricciones alcancen al subsidio de frontera, toda vez que aquel tiene la calidad de derecho adquirido, se encuentra revestido de carácter irrenunciable, imprescriptible, en consecuencia son nulas las convenciones que tiendan a burlar sus efectos por mandato imperativo del constituyente.

En el caso en análisis cumple los dos requisitos de procedibilidad: El primero, referido a la calidad de las personas al tratarse de funcionario público o trabajador del sector público; el segundo, referido al lugar de trabajo dentro de los 50 KM. lineales de las fronteras internacionales, donde se desplego la fuerza de trabajo (Cobija), previsto por mandato imperativo del art. 12 del  DS. N° 21137 de 30 de noviembre de 1985.

Ahora bien, conforme se evidencia del contrato de prestación de servicios de personal eventual de fs. 23 a 26, 41 a 64 en su la cláusula séptima refiere que será un contrato administravo dentro de la Ley 1178, ligado al servicio que realiza no existiendo obligación referida a beneficios sociales por la LGT., excepto lo estipulado en el contrato, sin embargo; al no ser un servicio especializado, ajena al giro de la institución, se convierte en un derecho adquirido, de conformidad al DS. N° 21137 de 30 de noviembre de 1985, entonces al revestirse de los requisitos de procedibilidad, se torna en exigible, al constituirse en una fracción del salario que en última instancia se constituye en un derecho humano, donde los jueces son los garantes efectivos de su gocé en la protección oportuna, frente a eventuales conculcaciones, de conformidad a lo previsto por los arts. 9.4); 22; de la CPE., donde el Estado por intermedio de los jueces tiene el deber de garantizar los valores, principios, derechos, así como la dignidad del trabajador. Los salarios o sueldos devengados son inembargables e imprescriptibles, siendo el subsidio de frontera un fragmento que forma parte del salario debe de ser interpretado en virtud del principio de pro persona, en procura de alcanzar su goce efectivo, como establece el art. 48.III, .IV de la CPE, así como lo previsto en el art. art. 4 del RREZFI que expresamente señala que los usuarios y concesionarios, entre los que se encuentra ZOFRACOBIJA deberán sujetarse y aplicar plenamente la legislación nacional en materia laboral.

Del análisis de los antecedentes del proceso se evidencia que la entidad demandada tiene su sede en la ciudad de Cobija que se encuentra ubicada dentro de los cincuenta kilómetros lineales de frontera, como también dicha entidad no canceló el subsidio de frontera por las gestiones 2013, 2014 y 2015, por ende corresponde la cancelación de dicho derecho adquirido al trabajador. En consecuencia, no resulta evidente lo aseverado por el recurrente, por cuanto el a quo como el ad quem obraron en estricto apego a la ley.

Con referencia a las vacaciones, al respecto, siendo un derecho conquistado y reconocido en el ámbito mundial por la OIT, es considerado como el tiempo concedido por ley para el cese del trabajo, otorgándole al trabajador el descanso ininterrumpido y remunerado para la reposición de energías fisiológicas debido al desgaste sufrido en la fuente laboral, derecho adquirido y regulado por los arts. 44 de la Ley General del Trabajo (LGT), art. 1 del DS Nº 17288 de 18 de marzo de 1.980, Art. único del DS Nº 12058 de 24 de diciembre de 1974 y finalmente art. único del DS Nº 12059 de fecha 24 de diciembre del mismo año, que determinan las modalidades para este beneficio. No siendo evidente la acusación realizada por el recurrente, porque el a quo y el ad quem circunscribieron sus resoluciones en estricto apego a las normas vigentes, en su otorgamiento los de instancia obraron dentro el marco establecido, no siendo evidente lo denunciado por la institución demandada ahora recurrente.

2.- RESOLVIENDO EL SEGUNDO RECURSO DE CASACION EN EL FONDO.

Que, del examen del recurso de casación, el auto de vista recurrido, los antecedentes del proceso y las normas aplicables a la materia, se tiene lo siguiente:        

De la revisión de antecedentes procesales, se evidencia que la principal controversia en el caso presente, radica si procede: el pago del desahucio y vacaciones, que a criterio del actor ahora recurrente procede.

Con referencia al desahucio, en el caso concreto se aplica la ley especial, el DS Nº 29744 que modifica el art. 42 del DS Nº 25933, que estipula que Zona Franca Cobija, es una institución pública descentralizada, con personería jurídica de derecho público, por lo tanto al no ser el desahucio un derecho adquirido los funcionarios públicos no ingresan dentro ese campo, por lo tanto no corresponde su pago, por lo mismo el a quo y el ad quem realizaron una correcta apreciación, no siendo evidente la acusación realizada por el actor ahora recurrente.

Con referencia a las vacaciones, es necesario señalar que el art. 44 de la LGT, reformado por el art. 1º del DS Nº 3150 de 19 de agosto de 1952, regula el derecho al “descanso anual” a que tienen todos los trabajadores que hubieren cumplido un año de trabajo, conforme la escala señalada en el DS Nº 17288 de 18 de marzo de 1980; por cuanto el descanso, es una condición mínima que ofrece la posibilidad de que el trabajador renueve la fuerza y la dedicación para el mejor desarrollo de sus actividades; consiguientemente, y por disposición del art. 33 del DRLGT, se tienen como reglas generales, que las vacaciones: 1. No sean acumulables y sean ejercitadas cada año, conforme al rol de turnos que formule la parte empleadora, y 2. No sean compensables en dinero.

Sin embargo de lo señalado, y como en toda regla se tiene también la excepción, el propio art. 33 del RGLGT, establece excepciones para ambas reglas, como se anota: 1. En cuanto a la no acumulabilidad, se tiene la salvedad “que exista un acuerdo mutuo y por escrito entre ambas partes laborales”, y 2. En lo referido a la no compensabilidad económica de las mismas, se tiene la salvedad “cuando se termine el contrato de trabajo”, sin embargo ambas reglas y excepciones se encuentra íntimamente vinculadas al tratarse del mismo derecho sustantivo, el derecho al descanso anual remunerado, no siendo posible su tratamiento de manera separada. 

Respecto a la primera regla, debe señalarse que, al ser la vacación un derecho expectaticio que se lo adquiere luego de que el trabajador haya cumplido el año de trabajo, el titular de este derecho tiene que hacer uso del descanso que le corresponde dentro del año que sigue, conforme al rol de turnos que formule el empleador, es decir hasta que no se acumule una nueva vacación, dada la prohibición dispuesta para que este derecho no pueda ser acumulado; situación última que de darse la acumulación, debe existir imperativamente un acuerdo en forma escrita, entre las partes para su acumulación, es decir, sea mediante convenio, carta, memorando o cualquier nota con proveído de rechazo, prórroga, o suspensión de este derecho, etc., o finalmente un silencio del empleador respecto a la solicitud escrita realizada por el trabajador para hacer uso de este derecho dentro del año que debe ser concedido.

Así expuesta la primera regla y su correspondiente excepción, para la segunda regla, referida a la prohibición de compensación económica de las vacaciones, salvo cuando se diera la terminación del contrato de trabajo; es decir, cuando un trabajador se desvincula de su fuente laboral dentro del período en que debiera concedérselas, por causas ajenas a su voluntad, sin que haya gozado de su derecho a la vacación remunerada, con lo cual, se impide que el subordinado laboral pueda exigir dicha vacación o hacer uso del derecho a tomarlas por su cuenta; corresponde en esa circunstancia, compensar económicamente la vacación no disfrutada, es decir la vacación a la cual ya tenga derecho.

       De lo expuesto concluimos que, en caso de retiro, sea este voluntario o forzoso, se compensa en dinero únicamente las dos últimas vacaciones pendientes de uso por el año de trabajo cumplido, al cual también corresponde agregar la compensación de la vacación en dinero por duodécimas si existen, en proporción a los meses trabajados dentro del último período, conforme se infiere del artículo único del Decreto Supremo Nº 12058 de 24 de diciembre de 1974. Salvando desde luego las vacaciones acumuladas por acuerdo mutuo y por escrito, conforme lo señalado en el párrafo precedente.

En ese sentido, debe comprenderse a cabalidad la naturaleza y la finalidad de la vacación, y por consecuencia su prohibición de compensación económica como regla, al no existir acuerdos escritos de compensación o acumulación de vacación, no corresponde lo solicitado por el actor ahora recurrente, tampoco se evidencia errónea interpretación de norma alguna, por lo que el a quo y el ad quem, obraron correctamente, no siendo evidente la acusación realizada, toda vez que el a quo y el ad quem circunscribieron sus resoluciones en estricto apego a las normas vigentes.

Que, en ese marco legal, se concluye, que la sentencia y el auto de vista recurrido, se ajustan a las normas legales en vigencia, no se observa violación de norma legal alguna, por consiguiente, corresponde resolver en la forma prevista por los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por mandato de la norma remisiva contenida en el artículo 252 del CPT.


POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los artículos 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADOS tanto el recurso de casación en el fondo de fs. 99  a 101 vta., interpuesto por Ailton Suarez Reboso, en representación legal de la institución demandada, como también el recurso de casación en el fondo de fs. 104 a 106 vta., interpuesto por el actor Boris Marcelo Espinoza Melgar; sin costas por ser ambas partes recurrentes.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.