SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 169/2016.

Sucre, 27 de junio de 2016. 

Expediente: SC-CA.SAII-LP.352/2016.

Distrito: La Paz.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 93 a 96, interpuesto por Juan Edwin Mercado Claros, en representación del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), contra el Auto de Vista N° 081/2015 S.S.A.II de 21 de julio de 2015 de fs. 90 a 91, pronunciado por la Sala Social Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del recurso de reclamación de renta única de viudedad instaurada por Josefa Rojas de Apaza, contra el SENASIR, la respuesta de fs. 100 a 101, el Auto a fs. 102 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso, y

CONSIDERANDO I: Que dentro del trámite de calificación de renta única de viudedad, interpuesto por Josefa Rojas de Apaza, la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR, mediante Resolución N° 00000424 de 29 de enero de 2015 de fs. 42 a 43, resolvió desestimar la renta de viudedad solicitada por Josefa Rojas Apaza, en virtud a las razones y fundamentos legales expuestos en la parte considerativa de dicha Resolución.

Ante esta situación, la asegurada interpuso recurso de reclamación cursante a fs. 64, que fue resuelto por la Comisión de Reclamación de Rentas del SENASIR, mediante Resolución N° 194/15 de 23 de marzo de 2015 de fs. 67 a 70, confirmando la Resolución N° 00000424.

Interpuesto el recurso de apelación por la asegurada de fs. 78 a 79, la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista N° 081/2015 S.S.A.II, revocó la Resolución N° 194/15, disponiendo que se dicte nueva resolución reconociendo la renta de viudedad a Josefa Rojas de Apaza, conforme a los fundamentos expuestos, con las formalidades de ley.

disponiendo que se dicte nueva resolución reconociendo la renta de viudedad a Josefa Rojas de Apaza, conforme a los fundamentos expuestos, con las formalidades de ley.

Dicho fallo, motivó el recurso de casación en el fondo, interpuesto por el representante del SENASIR, quien transcribiendo el párrafo sexto del segundo considerando del auto de vista recurrido, manifestó en síntesis:

Que, el tribunal ad quem, en el auto de vista recurrido, concluyó que la Resolución Administrativa que fue apelada, no hizo una correcta interpretación y aplicación de las normas constitucionales y legales aplicables al caso concreto, cuyo cumplimiento por su naturaleza de orden social es inexcusable, por lo cual dicho tribunal consideró necesario modificarla.

Señaló que, dentro del proceso, se presentó un certificado de matrimonio, más al momento de solicitud de la renta de viudedad, el único documento presentado fue un Certificado SERECI EA-PTDA. RC N° 1152/2014, que establece un resumen de la partida de matrimonio, no siendo un certificado de matrimonio como tal, en el que se establece claramente que en la parte inferior se consigna la observación siguiente: "La esposa no tenía libertad de estado para contraer matrimonio documentación que no hace ninguna prueba con respecto a la filiación con el titular de la renta, además a fs. 37, la demandante, solicita acceder ser tomada como conviviente del asegurado, habiendo presentado la certificación a fs. 31, que la recurrente tenía pleno conocimiento de su falta de libertad de estado y que no podía presentar la documentación solicitada como esposa del titular.

Al respecto señaló lo previsto en el art. 32 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición, en ese entendido señaló que, si bien hubo convivencia con la requirente en los dos últimos años a la muerte del causante, el titular de la renta hasta su muerte no contaba con libertad de estado, determinándose el incumplimiento de dicho presupuesto.

Por otra parte, citó también lo previsto en el art. 52 del Código de

Seguridad Social (CSS), presupuesto que no se cumplió, toda vez que el matrimonio celebrado entre Ignacio Apaza Gutiérrez y Josefa Rojas de Apaza, fue posterior al matrimonio celebrado entre la recurrente y Esteban Quenallata Cario, celebrado el 26 de junio de 1952, siendo que uno de los principales requisitos para contraer matrimonio, como lo señala el art. 46 del Código de Familia (CF), es contar con libertad de estado y que según Informe N° 1152/2014, la esposa no tenía libertad de estado para contraer matrimonio, no siendo imputable al SENASIR, ni estar dentro de sus facultades, dirimir situaciones jurídicas respecto al estado civil de la impetrante, en esa línea normativa, citó lo previsto en los arts. 34 del Manual de Prestaciones aludido, 129, 46 y 73 del CF, normativa que da plena fe de la necesidad de inscripción de la documentación en los registros respectivos con su sentencia ejecutoriada, aspectos que no son concurrentes dentro del presente proceso, aclarando además que Ignacio Apaza Gutiérrez, al solicitar su renta de vejez el año 1986, presentó a su esposa Josefa Rojas Apaza, mediante certificado de matrimonio, más la impetrante al no contar con libertad de estado, y en conocimiento de estas irregularidades, intentando acceder a una renta de forma normal, solicita acceder a la misma como conviviente; al respecto, citó jurisprudencia contenida en los Autos Supremos (AASS) Nos. 265/2013 de 23 de mayo y 195/2010.

Por tal motivo, denunció como normas legales transgredidas y mal aplicadas el art. 32 del Manual de prestaciones de rentas en Curso de pago y Adquisición, 52 del CSS, 129, 46 y 73 del CF.

Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo case el auto de vista recurrido y confirme la Resolución N° 00194/15, previa las formalidades de ley.

CONSIDERANDO II: Que, así expuestos los fundamentos del recurso, se establece lo siguiente:

En el caso objeto de análisis, la controversia se circunscribe en dilucidar si corresponde o no, conceder renta de viudedad a favor de la solicitante Josefa Rojas de Apaza, dispuesta en el auto de vista recurrido, fallo con el que el representante del SENASIR no está de acuerdo, con el argumento de que la nombrada señora no contaba con libertad de estado para contraer nuevo matrimonio con Ignacio Apaza Gutiérrez, titular de la renta, motivo por el cual, denunció como normas legales transgredidas y mal aplicadas los arts. 32 del Manual de prestaciones de rentas en Curso de Pago y Adquisición, 52 del CSS, 46, 73 y 129 del CF.

En este contexto, a fin de resolver la problemática planteada, debemos señalar que el art. 52 del CSS, concordante con el art. 103 de su Reglamento (RCSS), establecen como sujetos para el pago de la Renta de Viudedad a la esposa o a falta de ésta, a la conviviente que hubiera estado inscrita como tal en los registros de la Caja, por lo menos un año antes del fallecimiento del causante, siempre que no hubiere existido impedimento legal para contraer matrimonio y que la vida en común se hubiera iniciado dos o más años antes del deceso; por su parte el art. 32 del MPRCPA, establece: "Se concede renta de viudedad a la esposa sobreviviente, o a falta de ésta, a la conviviente que hubiera estado inscrita como tal en los registros de la Caja de Salud a la que pertenecía el asegurado, por lo menos un año antes de la fecha de fallecimiento del causante, siempre que el asegurado o conviviente no hubiera tenido impedimento legal para contraer matrimonio; vale decir, que el causante ostentaba el estado de soltero, viudo o divorciado mediante sentencia judicial ejecutoriada y que la vida en común se hubiera iniciado dos o más años antes del deceso".

En este contexto, conforme a la normativa citada, se concede la renta de viudedad a la esposa, y se determina otras formalidades ante la falta de esta para la conviviente; empero, en el caso de autos existe la esposa, y lo que debe determinarse es si la solicitante era esposa del causante, hecho que se concluye con el certificado de matrimonio cursante a fs. 3, que acredita la celebración de matrimonio entre Ignacio Apaza G y Josefa Rojas A.

Ahora bien, lo argumentado por el ente gestor, en sentido de que la solicitante de la renta de viudedad Josefa Rojas de Apaza, no tenía libertad de estado, al haber estado casada primero con Esteban Quenallata Cario, conforme se evidencia en el certificado SERECI EA-PTDAEA-PTDA RC N° 1153/2014 de 26 de septiembre, cursante a fs. 30 de obrados, habiendo

contraído segundas nupcias con el causante Ignacio Apaza Gutierrez, este último acto jurídico inexistente y anulable a juicio de la Administración, carece de racionalidad, pues la nulidad o la anulabilidad de cualquier acto jurídico como lo es el matrimonio civil, requiere el pronunciamiento de un juez competente, y no puede el SENASIR pretender sancionar el segundo matrimonio con la nulidad, vulnerando el debido proceso y la presunción de inocencia de la interesada, ya que antes de determinar la nulidad de ese acto jurídico debe existir un proceso ante autoridad competente, donde ella pueda defender su posición y como resultado del mismo se llegue a determinar la validez o no del matrimonio con el causante, garantías constitucionales que se encuentran establecidas en los arts. 115 y 116 de la Constitución Política del Estado (CPE), normativa que tiene una aplicación preferencia! a las demás normas, de conformidad su art. 410.11.

                                 Ahora, si bien no se puede determinar la nulidad del matrimonio entre la solicitante y el causante, por lo considerado precedentemente, ya que debe hacérselo dentro de un proceso para ello, empero, al haberse presentado un documento público emitido por el Estado a través de la entidad encargada para ello, como es el certificado de matrimonio a fs. 3, y no puede desconocerse lo que acredita dicho documento, ya que fue emitido por la entidad estatal encargada de regular este instituto -el matrimonio-, y la solicitante cumplió con demostrar a través de la documentación más idónea (el certificado de matrimonio) que estaba casada con el causante. Ahora, para contraer matrimonio se deben cumplir con requisitos establecidos en el Código de Familia en sus arts. 44 al 54, entre ellos el art. 46 que indica: "(Libertad de estado) No puede contraerse nuevo matrimonio antes de la disolución del anterior", requisitos exigidos antes de la celebración de un matrimonio por parte de la entidad estatal designada para ello, con los cuales debió cumplir la solicitante para contraer nupcias con el causante; y al existir un certificado de matrimonio que acredite tal hecho, el matrimonio entre la solicitante y el de cujus, implica que para la obtención del mismo se cumplieron los requisitos necesarios para su materialización; y para ser considerado nulo debe ser sometido a un proceso en el cual a través de las contraposiciones se determinará por autoridad competente lo que en derecho corresponda, aspecto que no corresponde efectuar al SENASIR, menos a este alto Tribunal por medio de este procesos; sin perjuicio, de lo anotado procedentemente, la beneficiaría deberá proceder a tramitar la nulidad y la correspondiente cancelación de la primera partida de matrimonio a la brevedad posible.

Por tal razón, al haber acreditado a través de un certificado idóneo la solicitante ser la viuda del causante Ignacio Apaza Gutiérrez, debe otorgársele la renta de viudedad, mientras no se demuestre que el matrimonio fuera nulo o invalido, ya que la validez del mismo se acredita a través de ese certificado, extendido por la entidad estatal encargada para ello, lo contrario sería desmerecer no solo el derecho de la solicitante, sino la credibilidad de las certificaciones publicas efectuadas por el Estado a través de sus administradores y entidades encargadas de regular la actividad estatal; además, en materia de seguridad social, existen preceptos constitucionales que están establecidos bajo principios fundamentales propensos a precautelar el bienestar de las personas, como una obligación del Estado de salvaguardar el capital humano y sus derechohabientes, y que puedan contar con una renta, y los mecanismos o procedimientos instituidos para el reconocimiento de este derecho, deben ser interpretados y aplicados desde y conforme la Constitución, asumiendo a este objeto los principios constitucionales que estructuran el derecho a la Seguridad Social, como el de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia, este último considerado como uno de los principios más importantes de la seguridad social, porque está referido a que el servicio o la prestación debe ir dirigido a cubrir la contingencia necesaria, acorde al momento y a la circunstancia, evitando en este marco cualquier medida que tienda a restringir o menoscabar este derecho; también, es necesario recordar que los derechos sociales son irrenunciables, siendo obligación del Estado defender el capital humano, protegiendo la salud de la población, asegurando la continuidad de sus medios de subsistencia, rehabilitación y mejorando las condiciones de vida del grupo familiar; así también se debe considerar los principios de proteccionismo y favorabilidad con los que se cuenta en esta materia, debiendo ante la duda (que no la hay porque se debe presumir siempre la validez del matrimonio demostrado por documento idóneo como lo es el certificado de matrimonio) inclinarse siempre en favor del asegurado, derecho extensivo a la derechohabiente que solicita una renta para su subsistencia, que por derecho le corresponde.


De tal manera, conforme a lo desarrollado, se concluye que el auto de vista recurrido, no transgrede ni vulnera la normativa indicada por parte de la institución recurrente; por el contrario se ajusta a las disposiciones legales en vigencia; y conforme al principio de la favorabilidad y proteccionismo del que goza este sector (rentistas), y en base a la búsqueda verdad material como primacía de la correcta impartición de justicia, y respeto a los derechos consagrados en nuestra Ley fundamental, este Alto Tribunal, considera que no son evidentes las infracciones acusadas en el recurso; correspondiendo resolver conforme prescriben los arts. 271.2) y 273 del Código de Procedimiento Civil (CPC); aplicables por la norma remisiva contenida en los arts. 633 del RCSS y 15 del MPRCPA, aprobado por Resolución Secretarial No 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en el art. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.1.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 93 a 96, interpuesto por el SENASIR.

                                  Sin costas, en aplicación del art. 39 de la Ley No 1178 de 20 de julio de 1990 y art. 52 del Decreto Supremo No 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese, devuélvase.