SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo N° 159/2016.

Sucre, 12 de mayo de 2016.

Expediente: SC-CA.SAH-CBBA.345/2015.

Distrito: Cochabamba.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 160 a 163, interpuesto por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), representado legalmente por Wilmer Sanjinez Lineo, contra el Auto de Vista N° 114/2015 de 15 de julio, cursante de fs. 156 a 158, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro el proceso de Reclamación de Compensación de Cotizaciones seguido por María Gisela Roxana Monterrey García contra el SENASIR, la respuesta al recurso de casación de fs. 168 a 170, el Auto que concedió el recurso a fs. 167; los antecedentes del proceso y,

CONSIDERANDO I: Que, dentro del trámite de compensación de cotizaciones interpuesto por María Gisela Roxana Monterrey García, la Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR, emitió la Resolución N° 10572 de 7 de noviembre de 2013 cursante a fs. 43, resolviendo otorgar a favor de María Gisela Roxana Monterrey García, una densidad de 39 aportes, por un monto de Compensación de Cotizaciones de Bs.28.190,01.- en base al Formulario de Cálculo de Compensaciones de Cotizaciones N° 29284.

Contra esta resolución, la asegurada interpuso recurso de reclamación a fs. 47, argumentando que sólo le reconocieron los aportes realizados por los tres años y tres meses correspondientes al periodo trabajado en el Hotel Diplomat y no así los aportes realizados en el Banco Big Beni, desde octubre de 1983 a junio de 1987, recurso que fue resuelto por la Comisión de Reclamación del SENASIR, mediante Resolución N° 369/14 de 10 de junio de 2014 de fs. 97 a 100, confirmó la Resolución N° 10572 de 7 de noviembre de 2013, emitida por la Comisión de Calificación de Rentas.

En grado de apelación deducido por la asegurada de fs. 131 vta. a 132, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Auto de Vista N° 114/2015, revocó la Resolución N° 369/14 de 10 de junio de 2014, disponiendo que el SENASIR incluya en la compensación de cotizaciones los periodos reclamados por la asegurada, es decir los aportes realizados en el Banco Industrial y Ganadero del Beni S.A. dentro del periodo comprendido entre octubre de 1983 a junio de 1987, conforme los fundamentos esgrimidos.

Dicha resolución motivó el recurso de casación en el fondo de fs. 160 a 163 interpuesto por la entidad demandada (SENASIR), en el que acusó que los fundamentos del auto de vista son contradictorios e incongruentes y vulneran lo establecido en la Resolución Ministerial (RM) N° 498 de 7 de septiembre de 2005, no siendo aplicable lo dispuesto por los arts. 13, 14, 15, 16, 17 y 18 del Decreto Supremo (DS) N° 27543 de 31 de mayo de 2004, toda vez que se tiene un procedimiento específico para la Banca Privada como resulta ser el Estudio Matemático Actuarial (EMA); aspecto éste que coincidiría con lo establecido en las Resoluciones Administrativas Nos. 0774 de 20 de octubre de 1999 y 618 de 6 de noviembre de 2001, en ese sentido refiere que, si el EMA no reconoce los periodos recurridos, mucho menos se podría evidenciar la transferencia de los Fondos de la Banca Privada al Fondo de Pensiones, por ende el Estado Plurinacional de Bolivia no podría asumir deudas que en su momento no se hayan cancelado, aclarando además que el SENASIR no realiza el EMA.

Refiere que las certificaciones de aportes a largo plazo se realiza en base a los Estudios Matemáticos Actuariales a nivel Nacional de conformidad a la Resolución Administrativa (RA) N° 213/11 de 26 de octubre de 2011 y si bien la RA N° 774 de 20 de octubre de 1999, establece la calificación de prestaciones jubilatorias para el sector de la banca privada en base a un EMA, posteriormente se promulgó el DS N° 27543 de 31 de mayo de 2004, cuyo objetivo fue tener acceso a un Pago de Reparto Anticipado (PRA), así como facilitar el tratamiento de certificaciones de aportes, conforme establece el art. 14 del citada norma, sin embargo esta disposición no resulta ser aplicable al presente caso, toda vez que por disposición del art. 18, las certificaciones de aportes se deben realizar en función a la documentación cursante en el expediente.

Acota que la demandante adjuntó documentación de los aportes realizados durante el desempeño de funciones realizadas en el Banco Industrial Ganadero del Beni, pero aclara que los aportes a largo plazo se encontraban a cargo del fondo de empleados, conforme se tiene determinado en la RA N° 299/13 de 31 de julio de 2013; por otra parte, de la Certificación de Salarios y Densidad que cursa a fs. 40, que demuestran los periodos certificados y no certificados, denotan que el Banco Industrial Ganadero Beni no certifica los periodos 10/83 a 05/87 debido a que la aseguradora no figura en el EMA existente en el Área de Certificaciones C.C. sector Transición, BEM-007, por lo cual no correspondería dar curso a lo planteado por la interesada.

Por otra parte, aclara que si bien el DS N° 27543 de 31 de mayo de 2004 en su art. 14 establece la certificación extraordinaria a través de documentos supletorios, refiere que dicha disposición se encuentra establecida para trámites de rentas en curso de adquisición y pago dentro del Sistema de Reparto, estableciendo como condicionante de aplicación, que la documentación deberá cursar en el expediente a la fecha de publicación del referido Decreto; aspecto que no se habría cumplido en el caso presente; además que la certificación de aportes en trámites deben estar ceñidos a lo establecido en la cláusula primera y segunda de la RM N° 550 de 28 de septiembre de 2005.

Por lo expuesto, denuncia vulneración y mala aplicación de los arts. 14 y 18 del DS N° 27543 de 31 de mayo de 2004, y concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia case el Auto de Vista N° 114/2015 pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, y confirme la Resolución de la Comisión de Reclamación N° 369/14 de 10 de junio de 2014, así como la Resolución de la Comisión de Calificación de Rentas N° 10572 de 7 de noviembre de 2013, emitido por el SENASIR.

CONSIDERANDO II: Que, así expuestos los fundamentos del recurso de casación, corresponde resolver el mismo en base a los hechos denunciados y la normativa invocada, estableciéndose lo siguiente:

1.1 En lo que concierne al reclamo referido a que el EMA, constituye el único documento que acredita los aportes dentro del sector de la Banca Privada; al respecto cabe señalar, que el nombrado art. 2 de la RM N° 498 de 7 de septiembre de 2005, concordante con las Resoluciones Nos. 0774 de 20 de octubre de 1999 y 618 de 6 de noviembre de 2001; previeron ciertos parámetros para la calificación de las prestaciones jubilatorias y certificaciones de aportes del sector de la Banca Privada en base a los EMA y sus complementarios, sin embargo no es menos cierto que el art. 14 del DS N° 27543 de 31 de mayo de 2004, relativo a la utilización de documentos que cursan en el expediente señala: "En el caso de inexistencia de planillas y comprobantes de pago en los archivos del SENASIR, del periodo comprendido entre enero de 1957 y abril de 1997, el SENASIR certificará los aportes con la documentación que cursa en el expediente del asegurado, a la fecha de publicación del presente Decreto Supremo, bajo presunción juris tantum. Los documentos será uno o más de los siguientes: Finiquitos, Certificados de trabajo, boletas de pago o planillas de haberes, partes de filiación y baja de las Cajas de Salud respectivas...”] disposición concordante con su artículo 18 que dice: "...Para fines de certificación de aportes para la determinación de montos de compensación de cotizaciones por procedimiento manual, se podrán utilizar las modalidades establecidas en los Artículos 13, 16 y 17 del presente Decreto Supremo...”. A su vez, el art. 16 va más allá, al señalar: "...Para fines de certificación de aportes en mora de entidades, que dejaron de funcionar y se encuentran actualmente cerradas; que hubieran estado en su momento debidamente afiliadas a los entes gestores de salud y se evidencie la existencia de al menos un aporte al Sistema de Reparto, dichos aportes serán certificados con la documentación que curse en el expediente conforme al Artículo 14 del presente Decreto Supremo". Normativa que dio mayor facilidad para que los beneficiarios pudieran acceder al beneficio de las rentas que otorga el SENASIR; empero esta determinación no es la única que prevé dicho procedimiento supletorio, el art. 83 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición (MPRCPA), dispone claramente que, cuando por algunos periodos de tiempo no existieran planillas en sus archivos, se complementará la verificación de aportes con los avisos de afiliación y de baja del trabajador, de reingreso del asegurado, complementados por certificados de trabajo, records de servicios y finiquitos de pago de beneficios sociales.

Al respecto, revisados los antecedentes que informan al proceso, se evidencia que la asegurada, al momento de presentar su solicitud de Compensación de Cotizaciones como consta a fs. 20 de obrados, entre otros documentos durante la tramitación del proceso adjuntó Planilla de Aportes al Fondo de Empleados, emitido por el Jefe de Administración de Banco Sur S.A. en Liquidación, que demuestra que la interesada prestó servicios en el Banco Industrial y Ganadero del Beni, desde octubre de 1983 hasta junio de 1987 de fs. 5 a 6; aspecto éste que es ratificada con documentación complementaria presentada por la interesada que cursa de fs. 78 a 81, consistente en un Extracto de Aportes emitida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) correspondiente al Banco Industrial y Ganadero del Beni S.A., donde se detalla los aportes retenidos de la interesada al Fondo de Pensiones de fs. 78 a 79; llegándose a evidenciar que la Comisión de Reclamaciones del SENASIR, no efectuó una conveniente valoración de la documentación presentada por la solicitante, pues lo correcto sería incluir dichos periodos reclamados a tiempo de pronunciar sus resoluciones, en cumplimiento a lo dispuesto por el art. 14 del citado DS N° 27543 de 31 de mayo de 2004, así como lo previsto por el art. 83 del MPRCPA, aspecto que no sucedió en el caso de análisis, pues sólo se evocó a considerar la documentación que tenía en su poder.

1.2 Con referencia a la acusación de que el art. 14 del DS N° 27543 de 31 de mayo de 2004, no regulan la compensación de cotizaciones, por cuanto éste artículo sólo procede para trámites del Sistema de Reparto y no así para trámites de Compensaciones de Cotizaciones, tal cual lo establecería la RM N° 550 de 28 de septiembre de 2005; al respecto éste alto Tribunal de casación ha establecido en resoluciones anteriores una línea sobre la problemática traída a

colación, como el AS N° 685 de 15 de diciembre de 2010, que determina: "…En relación al ámbito de aplicación del tratamiento extraordinario dispuesto por el Art. 14 del D.S. 27543, la Corte Suprema tiene sentado que: " el Ministerio de Hacienda ejerciendo la tuición que tiene sobre el Servicio Nacional del Sistema de Reparto, en uso de sus atribuciones, revisando las planillas del SENASIR, verificó que muchos asegurados no se encuentran consignados en las mismas, sin embargo, cuentan con documentación que acredita que han prestado servicios en empresas e instituciones sujetas a la seguridad social de largo plazo, por ello, en beneficio de los asegurados del sistema de reparto, emitió la R.M. N° 559 de 3 de octubre de 2005, complementando y ampliando los alcances del Art. 14 del D.S. N° 27543, sin imponer limitaciones sobre alguna de sus determinaciones" (A.S. Sala Social II, N° 22/2009). Asimismo, la resolución ministerial aludida de data posterior a la R. S. N° 550 de 28-09-05, en la parte in fine de su único artículo establece de manera concreta que se debe dar cumplimiento a las condiciones y procedimientos contenidos en el D.S. 27543..." (sic.); de similar manera, refiriéndose al mismo tema, se ha pronunciado el Auto Supremo (AS) N° 30 de 18 de febrero de 2013.

En esa línea, resulta imprescindible referirnos a lo dispuesto por la CPE como norma fundamental del ordenamiento jurídico boliviano, cuando en su art. 45 establece: I. "Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social"; II. "La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía,

oportunidad, interculturalidad y eficacia        el parágrafo IV complementa: "El

Estado garantiza el derecho a la jubilación con carácter universal, solidario y equitativoes decir, que se debe buscar la máxima eficacia de los derechos que hacen a la seguridad social, que en el caso de examen se traduce en el reconocimiento real y verdadero de todos los años de trabajo que alega tener el trabajador, conforme la prueba que el mismo presenta; en concordancia con lo señalado también por los arts. 180.1 de la CPE y 30.11 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establecen el principio de la verdad material como uno de los principios que fundamenta la jurisdicción ordinaria, con la finalidad de que toda resolución contemple de manera efectiva de cómo ocurrieron los hechos, en estricto cumplimiento de las garantías procesales, es decir, dando prevalencia a la verdad pura, a la realidad de los hechos, antes de subsumir el accionar administrativo y jurisdiccional en ritualismos procesales que no conducen a la correcta aplicación de la justicia.

Por lo anotado precedentemente, se concluye que las normas y los procedimientos establecidos para la Calificación de Rentas en Curso de Pago y Adquisición del Sistema de Reparto, son también aplicables a los Procedimientos de Constancia de Aportes y Compensación de Cotizaciones - Procedimiento Manual, en correcta aplicación a lo anotado por el art. 14 del DS N° 26069 de 9 de febrero de 2001, y complementada por el art. 5.2 de la RM N° 436 de 12 de junio de 2002 y art. 18 del DS N° 27543 de 31 de mayo de 2004; vale decir, que se utilizan los mismos procedimientos del Sistema de Reparto, tanto para la Certificación de Aportes en la Compensación de Cotizaciones por Procedimiento Manual como para el Sistema de Reparto, conforme refiere la parte considerativa de la RM N° 550 de 28 de septiembre de 2005, cuando en su tercer párrafo señala: "Que la Resolución Ministerial N° 436 de 12 de junio de 2002, en su artículo 5 inciso 2), determina que para la certificación de aportes en la Compensación de Cotizaciones por Procedimiento Manual, se utilizarán los mismos procedimientos del Sistema de Reparto", y dentro de esta misma normativa reglamentaria se ha establecido en su Disposición Quinta que: "En los trámites de acceso directo a la Compensación de Cotizaciones por Procedimiento Manual, se tomará en cuenta las certificaciones de aportes realizadas en el Sistema de Repartos en aplicación del Decreto Supremo N° 27543 de 31 de mayo de 2004 y Decreto Ley N° 13214 de 24 de diciembre de 1975”, normativa emitida por el Ministerio de Hacienda a fin de efectivizar el derecho instituido por toda la normativa citada.

En ese razonamiento, se ha evidenciado durante el trámite que la asegurada prestó servicios en el Banco Industrial y Ganadero Beni, pero al no tener la documentación que acredite aquello, la Comisión de Calificación de Rentas al momento de elaborar el Cálculo de Compensaciones y Cotizaciones a fs. 43, no le reconoció los periodos de 1983 a 1987 conforme solicitó la asegurada; sin embargo, la interesada en forma posterior ajuntó certificación de Extracto de Aportes emitido por la ASFI, donde acredita los aportes retenidos de la interesada al Fondo de Pensiones de fs. 78 a 79, prueba literal que tiene plena validez y fuerza legal pero que de forma errónea no fue considerada por la Comisión de Reclamación al momento de emitir la Resolución N° 369/14 de 10 de junio de 2014 de fs. 97 a 100, cuya entidad debió haber dispuesto la inclusión del periodo comprendido de octubre de 1983 a junio 1987, toda vez la que documentación presentada por la asegurada, no fue susceptible de invalidación al estar certificado por otra entidad estatal, en correcta aplicación de lo dispuesto por el art. 14 del DS N° 27543 de 31 de mayo de 2004; razón por la cual no resulta indebida la aplicación de la norma aplicada por el tribunal de apelación

Por último, corresponde resaltar, que el art. 48 de la CPE referente a la irrenunciabilidad de los derechos, dispone textualmente: "Los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles"; así el art. 67.1 de la Carta Magna, dispone que: "Además de los derechos reconocidos en esta Constitución, todas las personas adultas mayores tienen derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humana". Siguiendo esta línea, este Supremo Tribunal de Justicia, no puede desconocer el verdadero sentido y obligación que tiene el Estado, de proteger y defender el capital humano otorgando las prestaciones que establece la Ley, toda vez que los derechos de la seguridad social son derechos irrenunciables, conforme previenen los arts. 45, 48 y 67 de la CPE vigente.

Por todo lo expuesto, se concluye que el auto de vista recurrido no transgrede ni vulnera ninguna norma, por el contrario se ajusta a las disposiciones legales en vigencia, no siendo evidentes las infracciones acusadas en el recurso, por lo que corresponde resolver conforme prescribe el art. 271.2 y

273 del CPC, aplicables por la norma remisiva contenida en los art. 633 del Reglamento del Código de Seguridad Social (R-CSS) y 15 del MPRCPA aprobado por Resolución Secretarial (RS) N° 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por los arts. 184 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial N° 025 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 160 a 163 interpuesta por el SENASIR.

Sin costas, en aplicación del art. 39 de la Ley 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y art. 52 del DS N° 23215 de 22 de julio de 1992.


Regístrese, notifíquese, devuélvase.