SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 158/2016.

Sucre, 12 de mayo de 2016. 

Expediente: SC-CA.SAII-CBBA.344/2015.

Distrito: Cochabamba.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 134 vta. a 135, interpuesto por Wilmer Sanjinez Lineo, apoderado de Juan Edwin Mercado Claros, Director General Ejecutivo del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), contra el Auto de Vista Nº 296/2014 de 17 de diciembre de fs. 128 vta. a 131, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del recurso de reclamación instaurado por Humberto Quispe Guzmán, contra el SENASIR, la respuesta de fs. 140 vta. a 141, el auto a fs. 139 que concedió el recurso,  los antecedentes del proceso y, 

CONSIDERANDO I: Que, dentro del recurso de reclamación de renta única de vejez interpuesto por Humberto Quipe Guzmán, la Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR, mediante Resolución Nº 2316 de 27 de marzo de 2013 a fs. 57, resolvió otorgar en favor de Humberto Quispe Guzmán, el formulario de cálculo de compensación de cotizaciones Nº 21,083, en el cual se considera el monto de compensación de cotizaciones de Bs.413.03.-(cuatrocientos trece 03/100 bolivianos) previa aceptación es válido para la emisión del certificado de compensación de cotizaciones por procedimiento manual.

Ante esta determinación el asegurado interpuso recurso de reclamación a fs. 64, que fue resuelto por la Comisión de Reclamación de Rentas del SENASIR, mediante Resolución Nº 00943/13 de 27 de noviembre de fs. 99 a 102, revocando en parte la Resolución Nº 2316 de 27 de marzo de 2013 a fs. 57 de obrados, disponiendo se otorgue a favor del asegurado aportes correspondientes a 7 años de aportes, manteniendo firme y subsistente el salario cotizable de Bs.1660.20.- (un mil seiscientos sesenta 20/100 bolivianos), correspondiente al periodo diciembre/1994.

En grado de apelación interpuesta por el asegurado de fs. 116 a 118, por Auto de Vista Nº 296/2014 de 17 de diciembre de 2014 de fs. 128 a 131, asimismo la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, revocó Resolución Nº 00943/2013 de 27 de noviembre de 2013, disponiendo que el SENASIR incluya en el cálculo de compensación de cotizaciones del asegurado, los periodos de enero 1981 a diciembre 1987.  

Este fallo originó que el representante del SENASIR, formule recurso de casación en el fondo, cursante de fs. 134 vta. a 135, manifestando en síntesis:

Mala interpretación y errónea aplicación de la Ley, porque los fundamentos del auto de vista recurrido son contradictorios e incongruentes con la normativa vigente, porque sustenta jurídicamente con la enunciación de la normativa que establece la documentación supletoria prevista en el art. 14 del Decreto Supremo (DS) N° 27543 que no se aplica al caso, que al ser manifiesta las contradicciones, no existe coherencia en la resolución de vista, vulnerando el principio de legalidad, denotando falta de valoración que debe ser reparado mediante revisión de oficio prevista en el art. 15 de la Ley del Órgano Judicial.

Señaló interpretación contradictoria que crea inseguridad jurídica, citando al respecto, el art. 83 del Manual de Prestaciones y que contradictoriamente el auto de vista hace caso omiso del art. 2 de la RM N° 498 de 7 de septiembre de 2005 y art. 1 de la RA N° 0774 de 20 de octubre de 1999.

Que el auto de vista, atenta el orden público, lesiona los intereses del Estado y crea inseguridad jurídica, citando el art. 83 del Manual de Prestaciones, que por principio de legalidad, los aportes se calculan en mérito a documentación en planillas por cálculo realizado en base a estas se determinó la modificación del promedio salarial de 350 a 347 cotizaciones, por lo que corresponde que los pagos y cobros indebidos, sean devueltos, señalando lo previsto en el art. 28 del Manual de Certificación de Salario Cotizable y densidad de aportes para la compensación de cotizaciones, aduciendo que esta normativa dispone que el estudio matemático actuarial es un requisito indispensable para realizar el cálculo de aporte.

Que de aplicarse la resolución recurrida, se afectaría el erario nacional, porque obligaría a reconocer aportes que no cuentan con respaldo.

Concluyó solicitando se case el auto de vista recurrido y se confirme la Resolución N° 00943/13 de 27 de noviembre de 2013.

CONSIDERANDO II: Que, así expuestos los fundamentos del recurso, se establece lo siguiente:

En el caso de análisis, se advierte que el representante legal del SENASIR, no está de acuerdo con el fallo del tribunal ad quem, por haber revocado la Resolución Nº 00943/2013 de 27 de noviembre de 2013, y disponer que se incluya en el calculo de compensación de cotizaciones del asegurado, los periodos de enero de 1981 a diciembre de 1987, pues según el ente gestor, no corresponde porque el solictante no cuenta con respaldo durante dichos periodos.

Al respecto, el art. 14 del DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, relativo a la utilización de documentos que cursan en el expediente señala: “En el caso de inexistencia de planillas y comprobantes de pago en los archivos del SENASIR, del periodo comprendido entre enero de 1957 y abril de 1997, el SENASIR certificará los aportes con la documentación que cursa en el expediente del asegurado, a la fecha de publicación del presente Decreto Supremo, bajo presunción juris tantum. Los documentos será uno o más de los siguientes: Finiquitos, Certificados de trabajo, boletas de pago o planillas de haberes, partes de filiación y baja de las Cajas de Salud respectivas…”. Concordante con su artículo 18 que dice: “…Para fines de certificación de aportes para la determinación de montos de compensación de cotizaciones por procedimiento manual, se podrán utilizar las modalidades establecidas en los Artículos 13, 16 y 17 del presente Decreto Supremo…”. A su vez, su art. 16, va más allá, al señalar: “…Para fines de certificación de aportes en mora de entidades, que dejaron de funcionar y se encuentran actualmente cerradas; que hubieran estado en su momento debidamente afiliadas a los entes gestores de salud y se evidencie la existencia de al menos un aporte al Sistema de Reparto, dichos aportes serán certificados con la documentación que curse en el expediente conforme al Artículo 14 del presente Decreto Supremo". Normativa que dio mayor facilidad para que los beneficiarios pudieran acceder al beneficio de las rentas que otorga el SENASIR; empero esta determinación no es la única que prevé dicho procedimiento supletorio, el art. 83 del Manual de Prestaciones en Curso de Pago y Adquisición, dispone claramente que, cuando por algunos periodos de tiempo no existieran planillas en sus archivos, se complementará la verificación de aportes con los avisos de afiliación y de baja del trabajador, de reingreso del asegurado, complementados por certificados de trabajo, records de servicios y finiquitos de pago de beneficios sociales, concordante con la Resolución Ministerial (RM) Nº 550 de 28 de septiembre de 2005. 

Al respecto, revisados los antecedentes que informan al proceso, se constata que, el asegurado, ha momento de iniciar el presente trámite, a fs. 3, adjuntó certificado de trabajo, documento en el que se demuestra de forma contundente que el solicitante trabajó en el Banco Sur y aportó para el seguro de vejez a largo plazo durante los periodos enero/81 a 12/94, es decir, por los periodos extrañados por el SENASIR, documentación que no fue tomada en cuenta por el ente gestor a momento de emitir sus resoluciones; toda vez que la presentación del estudio matemático actual, no constituye una obligación del trabajador que cumple con sus aportes para obtener su futura jubilación, sino del empleador a cuyo fin es de responsabilidad del SENASIR exigir a las entidades bancarias, este requisito en su caso con las acciones correspondientes.

Antecedentes facticos que desvirtúan lo afirmado por el SENASIR, que argumenta que no contaba con documentación de respaldo de dichos periodos, llegándose a evidenciar que tanto la Comisión de Calificación de Rentas como la Comisión de Reclamaciones del SENASIR, no efectuaron una conveniente valoración de la documentación presentada por la solicitante, pues lo correcto sería que dichas comisiones a tiempo de pronunciar sus resoluciones, hayan aplicado lo dispuesto en el art. 14 del DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, así como lo previsto en el art. 83 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición, aspecto que no sucedió en el caso de análisis, pues solo se evocaron a considerar la documentación que tenían en su poder, vulnerando el mandato del art. 48 de la Constitución Política del Estado (CPE), referente a la irrenunciabilidad de los derechos.            

Po lo que, en el caso presente corresponde calificar a favor del asegurado los periodos efectivamente trabajados correspondiente a las gestiones que fueron desconocidas por el ente gestor, los cuales han sido reparados de forma acertada por el tribunal de segunda instancia, en base a una correcta y adecuada valoración de la prueba, conforme determina el art. 397 del Código de Procedimiento Civil (CPC), aplicable al caso de autos por la permisión del art. 633 del Reglamento del Código de Seguridad Social (R-CSS).

A lo señalado, y conforme a la jurisprudencia sentada por este Tribunal, tanto en los procesos administrativos, como en la jurisdicción ordinaria, debe prevalecer la verdad material sobre la verdad formal, así los arts. 180.I de la CPE y 30.11 de la Ley del Órgano Judicial, establecen como principio procesal a dicha verdad, con la finalidad de que toda resolución contemple de forma inexcusable la manera y cómo ocurrieron los hechos, en estricto cumplimiento de las garantías procesales; es decir, dando prevalencia a la verdad pura, a la realidad de los hechos, antes de subsumir el accionar administrativo y jurisdiccional en ritualismos procesales que no conducen a la correcta aplicación de la justicia.

Bajo tales antecedentes, se evidencia en obrados que el tribunal ad quem, fundamentó y basó su fallo en función al análisis de la documentación presentada por el asegurado, sustentando además su Resolución en lo prescrito en el art. 14 del DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004.

De tal manera, conforme a la normativa precitada y a lo dispuesto en los art. 158 y 162 de la CPE de 1967, debe recordarse que los derechos sociales son irrenunciables, siendo obligación del Estado defender el capital humano, protegiendo la salud de la población, asegurando la continuidad de sus medios de subsistencia, rehabilitación y mejorando las condiciones de vida del grupo familiar, cuyos regímenes de seguridad social se inspiran en los principios de universalidad, solidaridad, unidad de gestión económica, oportunidad y eficacia; principios además que se ratifican en los art. 35.I y 45.II y IV, de la CPE, garantizando el derecho a la jubilación con carácter universal solidario y equitativo.

Por otra parte el derecho a la seguridad social y el derecho a la jubilación, están también reconocidos por los Convenios y Tratados Internacionales contenidos en el Convenio Nº 102 de la Organismo Internacional del Trabajo (OIT) de 1952, la Declaración Universal de Derechos Humanos el art. 25.1 y la Declaración Americana de Derechos y deberes del Hombre el art. 16, que gozan de proclamación y regulación propia, protegiendo todos, al ser humano de las contingencias propias de la vejez, como base del ejercicio de otros derechos fundamentales como la vida, la salud física y psicológica, la dignidad, vestimenta y alimentación, que busca cubrir las necesidades básicas del beneficiario de la renta, que es considerado de atención prioritaria para el Estado y en etapa  de vulnerabilidad, aspecto por el cual, la interpretación de la norma aplicable a este sector y la realización de tales derechos, deben tener la prevalencia del derecho sustantivo antes que las formalidades, haciendo de tal manera efectivos los valores, principios y fines del Estado, consagrados en el Capítulo Segundo, Título Primero correspondiente a la primera parte de la CPE.        

Por todo lo expuesto, se concluye que el auto de vista recurrido no transgrede ni vulnera ninguna norma, por el contrario, se ajusta a las disposiciones legales en vigencia, no siendo evidentes las infracciones acusadas en el recurso, por lo que corresponde resolver conforme prescribe el art. 271.2 y 273 del CPC, aplicables por la norma remisiva, contenida en los art. 633 del R-CSS y 15 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición, aprobado por Resolución Secretarial Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1987.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad que le confieren los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 134 y vta. a 135, interpuesto por el Servicio Nacional de Sistema de Reparto.

Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y art. 52 del Decreto Supremo Nº 23215 de 22 de julio de 1992.


Regístrese, notifíquese y devuélvase.