SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo N° 153/2016.

Sucre, 12 de mayo de 2016.

Expediente: SC-CA.SAII-LP.339/2015.

Distrito: La Paz.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.


VISTOS El recurso de casación en el fondo de fs. 75 vta. a 78, interpuesto por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), representado por Juan Edwin Mercado Claros, contra el Auto de Vista N° 79/2015 S.S.A.-I, de 5 de junio de fs. 71 a 72, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del recurso de reclamación instaurado por María Renee Morales Quiroga contra el SENASIR, la respuesta de fs. 82 a 83, el auto de fs. 84 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso, y

CONSIDERANDO I: Que, dentro del trámite de solicitud de compensación de cotizaciones promovido por María Renee Morales Quiroga, la Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR, mediante Resolución N° 3278 de 15 de mayo de 2014 de fs. 40, resolvió otorgar en favor de María Renee Morales Quiroga, el formulario de compensación de cotizaciones número 35,824, en el cual se considera un monto de compensación de cotizaciones de Bs.29.625.52.-, el presente previa aceptación es válido para la emisión del certificado de compensación de cotizaciones por procedimiento manual.

Ante esta situación, la solicitante planteó recurso de reclamación a fs. 47, que fue resuelto por la Comisión de Reclamación de Rentas del SENASIR, mediante Resolución N° 752/14 de 29 de septiembre de 2014 de fs. 52 a 54, confirmando la Resolución N° 3278 de 15 de mayo de 2014 a fs. 40.

En grado de apelación interpuesta por la asegurada de fs. 58 a 59, por Auto de Vista N° 79/2015 S.S.A.-I, la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, revocó la Resolución N° 752/14, dejando sin efecto la Resolución N° 3278 y dispuso que el SENASIR proceda a efectuar una nueva certificación de compensación de cotizaciones a favor de la interesada, en observancia a las consideraciones de dicha resolución.

Este fallo, originó que el representante legal del SENASIR Interponga el recurso de casación en el fondo de fs. 75 vta. a 78, quien transcribiendo parte del segundo considerando del auto de vista recurrido, sostuvo lo previsto en el art. 14 del DS N° 27543 de 31 de mayo de 2004, referente a la utilización de documentos que cursan en el expediente, aduciendo que esta normativa no es aplicable en el presente caso, toda vez que no existe la documentación en resguardo para establecer las cotizaciones efectivamente realizadas por la recurrente, porque al existir planillas de los periodos en cuestión, la solicitante no figura en ellas, no pudiendo certificarse, pues el DS citado, establece su aplicación si no existieran planillas a las cuales recurrir para corroborar los aportes mencionados.

Asimismo, expresa que no se certifican los periodos reclamados 04/87 a 07/89, debido a que no se cuenta con documentación en el área de certificación, periodos que necesariamente tendrían que ser certificados mediante planillas cursantes en el fondo complementario correspondiente y/o en aplicación de normativa con planillas que acrediten aportes a largo plazo o a un fondo complementario.

Por otra parte sostuvo que el art. 24 de la Ley N° 065 de 10 de diciembre de 2010, citado por el tribunal ad quem, debe ser analizado a profundidad y en concordancia con lo establecido en el art. 1 del DS N° 0822 de 16 de marzo de 2011, no pudiendo el tribunal de alzada fraccionar la normativa y tomar en cuenta a su conveniencia y por ende valorar la misma; citando lo previsto en los arts. 48 y 50 del DS N° 0288.

En este sentido señala que, los periodos reclamados, no se certifican en virtud a que la asegurada no figura en planillas de la Empresa COPROMIN SRL., manifestado que el DS N° 27543 de 31 de mayo de 2004 se encuentra regulada para trámites de rentas en curso de adquisición y renta en curso de pago dentro del sistema de reparto, normativa que no se puede aplicar en el presente caso.

Por otro lado manifestó que, el auto de vista recurrido, no realizó una aplicación correcta de la norma, puesto que el DS N° 27543, que se convierte en fundamento del citado fallo, disposición legal que no ha sido considerada adecuadamente por el tribunal de alzada, puesto que la norma es clara en sentido que la misma, valorará la documentación a la fecha de promulgación del DS, no así como en el presente caso, documentación presentada desde el año 2013, como el Formulario UCC-l-01 de Identificación de Procedimiento de Cálculo de Compensación de Cotizaciones de 25 de junio de 2013 a fs. 28.

Bajo ese aspecto enfatizó que, el SENASIR es una institución desconcentrada llamada a defender los intereses de los bolivianos y a la protección de los derechos y garantías constitucionales, prueba de ello es la existencia de un expediente administrativo a nombre de la asegurada, no puede acusarse e esta institución de su incumplimiento u omisión, pues hacen parte de sus directrices institucionales y constitutivas; se hace referencia en el auto de vista del art. 45.IV de la CPE, mediante el cual se garantiza el derecho a la jubilación con carácter universal, solidario y equitativo, transcribiendo también el texto del art. 67.II de la CPE, donde se advierte el imperativo que hace la norma marco, que obliga al cumplimiento del respeto al derecho de acceder a una renta de vejez.

Por tales razones denunció como normas transgredidas y mal aplicadas, el art. 45 de la CPE y el DS N° 27543.

Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia case el auto de vista recurrido y confirme las Resoluciones Nos. 752/14 de 29 de septiembre de 2014 y 3278/14 de 15 de mayo de 2014, emitidas por el SENASIR.

CONSIDERANDO II: Que, así expuestos los fundamentos del recurso, se

establece lo siguiente:

En el caso de análisis, se visualiza que el representante de la institución recurrente, no está de acuerdo con el fallo del tribunal de segunda instancia, por haber revocado la Resolución N° 752/13 de 29 de septiembre de 2014, dejando sin efecto la Resolución N° 3278 de 15 de mayo y disponer que el SENASIR, proceda a efectuar una nueva certificación de compensación de cotizaciones a favor de la interesada; pues según el ente gestor, la asegurada no figura en planillas de la Empresa COPROMIN SRL., durante los periodos 04/87 a 07/89, denunciando como normas legales transgredidas y mal aplicadas el art. 45 de la Constitución Política del Estado (CPE) y el DS N° 27543.

Al respecto, el art. 24 de la Ley de Pensiones (LP) N° 065 de 10 de diciembre de 2010, vigente a tiempo del inicio del trámite de compensación de cotizaciones prevé: Compensación de Cotizaciones I. “Es el reconocimiento que otorga el Estado Plurinacional, a los Asegurados por los aportes efectuados al Sistema de Reparto vigente hasta el 30 de abril de 1997, que se financia con los recursos del Tesoro General de la Nación”.

Hecha esta aclaración, sobre el tema en cuestión, el art. 14 del DS N° 27543 de 31 de mayo de 2004, relativo a la utilización de documentos que cursan en el expediente señala: “En el caso de inexistencia de planillas y comprobantes de pago en los archivos del SENASIR, del periodo comprendido entre enero de 1957 y abril de 1997, el SENASIR certificará los aportes con la documentación que cursa en el expediente del asegurado, a la fecha de publicación del presente Decreto Supremo, bajo presunción juris tantum. Los documentos será uno o más de los siguientes: finiquitos, certificados de trabajo, boletas de pago o planillas de haberes, partes de filiación y baja de las Cajas de Salud respectivas...”. Concordante con su art. 18 que dice: “...Para fines de certificación de aportes para la determinación de montos de compensación de cotizaciones por procedimiento manual, se podrán utilizar las modalidades establecidas en los Arts. 13, 16 y 17 del presente Decreto Supremo...”. A su vez, su art. 16, va más allá, al señalar: “...Para fines de certificación de aportes en mora de entidades, que dejaron de funcionar y se encuentran actualmente cerradas; que hubieran estado en su momento debidamente afiliadas a los entes gestores de salud y se evidencie la existencia de al menos un aporte al Sistema de Reparto, dichos aportes serán certificados con la documentación que curse en el expediente conforme al Artículo 14 del presente Decreto Supremo". Normativa que dio mayor facilidad para que los beneficiarios pudieran acceder al beneficio de las rentas que otorga el SENASIR; empero esta determinación no es la única que prevé dicho procedimiento supletorio, el art. 83 del MPRCPA, dispone claramente que, cuando por algunos periodos de tiempo no existieran planillas en sus archivos, se complementará la verificación de aportes con los avisos de afiliación y de baja del trabajador, de reingreso del asegurado, complementados por certificados de trabajo, records de servicios y finiquitos de pago de beneficios sociales, concordante con la Resolución Ministerial (RM) N° 550 de 28 de septiembre de 2005.

Al respecto, revisados los antecedentes que informan al proceso, se constata que, la asegurada, ha momento de iniciar su trámite de compensación de cotizaciones, presento a fs. 14, aviso de baja del asegurado, a fs. 15 aviso de afiliación y reingreso del trabajador y a fs. 16 certificado de trabajo extendido por la Empresa CORPOMIN Consultores y Promotores Mineros SRL., documentos en los que se demuestra de forma contundente que la solicitante trabajó en las empresa descrita precedentemente y aportó para el seguro de vejez a largo plazo durante los periodos 04/86 a 07/89 extrañados por el SENASIR, documentación que no fue tomada en cuenta por los personeros del ente gestor a momento de emitir sus resoluciones.

Antecedentes fácticos que desvirtúan lo afirmado por el SENASIR, que argumenta que el solicitante no figuraba en planillas, llegándose a evidenciar que tanto la Comisión de Calificación de Rentas como la Comisión de Reclamaciones del SENASIR, no efectuaron una conveniente valoración de la documentación presentada por la solicitante, pues lo correcto sería que dichas comisiones a tiempo de pronunciar sus resoluciones, hayan aplicado lo dispuesto en el art. 14 del citado DS N° 27543 de 31 de mayo de 2004, así como lo previsto en el art. 83 del MPRCPA, aspecto que no sucedió en el caso de análisis, pues solo se avocaron a considerar la documentación que tenían en su poder, vulnerando el mandato del art. 48 de la CPE, referente a la irrenunciabilidad de los derechos.

Po lo que, en el caso presente corresponde calificar a favor de la asegurada los períodos efectivamente trabajados correspondiente a las gestiones que fueron desconocidas por el ente gestor, los cuales han sido reparados de forma acertada por el tribunal de segunda instancia, en base a una correcta y adecuada valoración de la prueba, conforme determina el art. 397 del CPC, aplicable al caso de autos por la permisión del art. 633 del Reglamento del Código de Seguridad Social (R-CSS).

A lo señalado, y conforme a la jurisprudencia sentada por este Tribunal, tanto en los procesos administrativos, como en la jurisdicción ordinaria, debe prevalecer la verdad material sobre la verdad formal, así los arts. 180.1 de la CPE y 30.11 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), establecen como principio procesal a dicha verdad, con la finalidad de que toda resolución contemple de forma inexcusable la manera y cómo ocurrieron los hechos, en estricto cumplimiento de las garantías procesales; es decir, dando prevalencia a la verdad pura, a la realidad de los hechos, antes de subsumir el accionar administrativo y jurisdiccional en ritualismos procesales que no conducen a la correcta aplicación de la justicia.

Bajo tales antecedentes, se evidencia en obrados que el tribunal ad quem, fundamentó y basó su fallo en función al análisis de la documentación presentada por el asegurado, sustentando además su Resolución en lo prescrito en el art. 14 del DS N° 27543 de 31 de mayo de 2004.

De tal manera, conforme a la normativa precitada y a lo dispuesto en los arts. 158 y 162 de la CPE de 1967, debe recordarse que los derechos sociales son irrenunciables, siendo obligación del Estado defender el capital humano, protegiendo la salud de la población, asegurando la continuidad de sus medios de subsistencia, rehabilitación y mejorando las condiciones de vida del grupo familiar, cuyos regímenes de seguridad social se inspiran en los principios de universalidad, solidaridad, unidad de gestión económica, oportunidad y eficacia; principios además que se ratifican en los arts. 35.1 y 45.11 y IV, de la actual CPE, garantizando el derecho a la jubilación con carácter universal solidario y equitativo.

Por otra parte el derecho a la seguridad social y el derecho a la jubilación, están también reconocidos por los Convenios y Tratados Internacionales contenidos en el Convenio N° 102 de la Organización Internacional del Trabajo de 1952 (OIT), la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) (art. 25.1) y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (DADH) (art. XVI), que gozan de proclamación y regulación propia, protegiendo todos al ser humano de las contingencias propias de la vejez, como base del ejercicio de otros derechos fundamentales como la vida, la salud física y psicológica, la dignidad, vestimenta y alimentación, que busca cubrir las necesidades básicas del beneficiario de la renta, que es considerado de atención prioritaria para el Estado y en etapa de vulnerabilidad, aspecto por el cual, la interpretación de la norma aplicable a este sector y la realización de tales derechos, deben tener la prevalencia del derecho sustantivo antes que las formalidades, haciendo de tal manera efectivos los valores, principios y fines del Estado, consagrados en el Capítulo Segundo, Título Primero correspondiente a la primera parte de la CPE.

Por todo lo expuesto, se concluye que el auto de vista recurrido no transgrede ni vulnera ninguna norma, por el contrario, se ajusta a las disposiciones legales en vigencia, no siendo evidentes las infracciones acusadas en el recurso, por lo que corresponde resolver conforme prescribe el art. 271.2 y 273 del CPC, aplicables por la norma remisiva, contenida en los arts. 633 del R- CSS y 15 del MPRCPA, aprobado por Resolución Secretarial (RS) N° 10.0.0.087 de 21 de julio de 1987.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad que le confieren los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial N° 025 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 75 vta. a 78, interpuesto por el SENASIR.

Sin costas, en aplicación de los arts. 39 de la Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y 52 del Decreto Supremo N° 23215 de 22 de julio de 1992.


Regístrese, notifíquese y devuélvase.