SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 152/2016.

Sucre, 12 de mayo de 2016.  

Expediente: SC-CA.SAII-LP.338/2015.

Distrito: La Paz.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 235 a 237 interpuesto por Asunta Bernal Achacayo Vda. de Carita, derecho habiente de Juan Carita Calderón, de fs. 235 a 237, contra el Auto de Vista N° 65/2015 de 05 de junio, cursante de fs. 230 a 231, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en cumplimiento al Auto Supremo (AS) N° 045 de 19 de febrero de 2015 de fs. 223 a 225, emitido por la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, dentro del proceso de reclamación de pensiones seguido por la recurrente contra el Sistema Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR); responde de fs. 242 vta. a 243; el Auto a fs. 244 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I: Que, la Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR, mediante Resolución N° 003065 de 9 de abril de 2009 de fs. 150 a 151, resolvió: Primero, rectificar la Matrícula del causante Juan Carita Calderón para que figure con Matrícula N° 271120CCJ, y Segundo, fusionar las rentas de viudedad del Sector Municipal (IVM) y la del Sector COMIBOL (RP), en aplicación del art. 63 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición de la Unidad de Recaudación, aprobado por la RS N° 10.0.0.087/97 de 21 de julio y la RA N° 678 de 22 de diciembre de 2008, debiendo procesarse una sola boleta de pago a favor de la derechohabiente Asunta Bernal Achacayo, como Renta por Riesgo Profesional con Matrícula N° 395519BAA, en la suma de Bs.1.575,21.- renta a ser procesada desde el mes de abril del 2009.

Que contra dicha resolución, el derecho habiente Asunta Bernal Vda. de Carita, mediante la Nota de 14 de mayo de 2009 a fs. 155, interpuso recurso de reclamación, que fue reiterado por memorial de fs. 166 a 167, siendo resuelto por la Comisión de Reclamación del Servicio Nacional del Sistema de Reparto, mediante la Resolución N° 034/10 de 17 de febrero, de fs. 175 a 178, confirmando la Resolución N° 3065, refutada emitida por la Comisión de Calificación de Rentas.

Notificada la asegurada con dicha Resolución, interpuso recurso de apelación mediante memorial de fs. 179 a 180, en cumplimiento del AS N° 45 de 19 de febrero de 2015 de fs. 223 a 225, la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal de Justicia de La Paz; pronunció el Auto de Vista N° 65/15 de 05 de junio de 2015, cursante de fs. 230 a 231, anulando la Resolución N° 034 de fecha 17 de febrero de 2010 de fs. 175 a 178 de antecedentes, disponiendo que la Comisión de Reclamaciones del SENASIR, emita nueva resolución con la fundamentación debida, respecto a los puntos omitidos en cuanto al reclamo de la beneficiaría.

Esta resolución motivó que la señora Asunta Bernal Achacayo Vda. de Carita derecho habiente de Juan Carita Calderón, interponga el recurso de casación en el fondo, con los fundamentos expuestos en el memorial de fs. 235 a 237 de obrados.

CONSIDERANDO II: Que, con carácter previo y antes de considerar los fundamentos del recurso planteado, cabe señalar que en cumplimiento a lo establecido en el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), este Tribunal tiene la facultad de revisar las actuaciones procesales que llegan a su conocimiento, a fin de establecer si concurrieron irregularidades procesales en la tramitación de los procesos, para imponer en su caso, la sanción que corresponda o determinar si correspondiese, cuando el acto omitido lesione la garantía constitucional del debido proceso, haciendo insubsanables las consecuencias materiales y jurídicas del mismo, se impone la nulidad de obrados de oficio, según prevé el art. 252 del Código de Procedimiento Civil (CPC).

A su vez, el art. 190 del CPC, dispone que: "La sentencia pondrá fin al litigio en primera instancia, contendrá decisiones expresas, positivas y precisas, recaerá sobre las cosas litigadas, en la manera en que hubieren sido demandadas sabida que fuere la verdad sobre las pruebas del proceso...", esta norma, de aplicación general, impone además a los tribunales de alzada el deber de observar estos preceptos, ajustando su resolución de segunda instancia y decidiendo la controversia en aplicación del art. 236 del CPC, con apego a los principios de congruencia, pertinencia y exhaustividad, dentro del marco jurisdiccional que le impone la resolución recurrida y la expresión de agravios del recurso, enmarcando su decisión a las formas de resolución previstas en el art. 237 del adjetivo civil.

En este contexto, es menester señalar que conforme la amplia jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, el recurso de apelación o de alzada, constituye el más importante y usual de los recursos ordinarios, es el remedio procesal por el que se pretende que un tribunal jerárquicamente superior, generalmente colegiado, revoque o modifique una resolución judicial que se estima errónea en la interpretación, aplicación del derecho, en la apreciación de los hechos o de la prueba; ello supone una doble instancia donde el tribunal o juez debe circunscribirse a examinar la decisión impugnada sobre la base del material reunido en primera instancia, puesto que los tribunales de segundo grado, al constituir órganos judiciales de conocimiento y no así de puro derecho como es el tribunal de casación, tienen la facultad para analizar y resolver todos los fundamentos de los recursos de alzada, apreciando y considerando en su conjunto la prueba acumulada al proceso, no pudiendo soslayarse la resolución de la causa si en el texto del memorial de apelación, constan fundamentos y especialmente agravios que deben ser considerados y resueltos sin restricción alguna, otorgando a las partes una respuesta razonada y efectiva dentro de los límites que establece el art. 236 del CPC, pues de no ser así, se vulnera la norma de orden público y de cumplimiento obligatorio.

Ahora bien, haciendo el análisis minucioso del auto de vista recurrido, se evidencia que el tribunal ad quem, anuló la Resolución N° 034 de 17 de febrero de 2010 cursante de fs. 175 a 178 de obrados, limitándose a disponer que se pronuncie una nueva con la fundamentación debida, sin emitir un pronunciamiento en términos precisos y positivos, otorgando o negando las pretensiones de la recurrente, planteadas en el recurso de apelación de fs. 179 a 180 de obrados, impidiendo a este tribunal abrir su competencia para conocer y resolver el fondo el recurso de casación formulado.

En este entendido, correspondía al tribunal de apelación, ingresar a analizar los aspectos de fondo, resolviendo el recurso de apelación planteado, otorgando a la recurrente una respuesta razonada y efectiva, dentro de los límites que establece el art. 236 del CPC y al no haberlo hecho ha vulnerado una norma de orden público y cumplimiento obligatorio que acarrea la nulidad de obrados, al provocar que se impida abrir la competencia de este Tribunal para emitir pronunciamiento en el fondo, toda vez que no existe aún ninguna resolución sobre los aspectos alegados en el recurso de alzada.

En conclusión, se advierte que el tribunal de segundo grado, no cumplió con las previsiones contenidas en el art. 190, 192, 236 del CPC, normas procesales que son de orden público y cumplimiento obligatorio, conforme instituye el art. 90 del adjetivo civil, cuya inobservancia acarrea la nulidad de oficio.

Por lo expuesto, corresponde aplicar los arts. 252 y 271.3 del CPC y 17 de la LOJ, aplicables por la norma remisiva contenida en el art. 633 del Reglamento del Código de Seguridad Social.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, ANULA obrados hasta el sorteo a fs. 229, inclusive, disponiendo que el tribunal ad quem, sin espera de turno ni dilación alguna, bajo responsabilidad administrativa, proceda al sorteo de la causa y emita nueva resolución con la pertinencia de los art. 192 y 236 del Código de Procedimiento Civil.

Sin multa por ser excusable.

Póngase en conocimiento del Consejo de la magistratura el presente Auto Supremo, en virtud del art. 17. IV de la Ley del Órgano Judicial.


Regístrese, notifíquese, devuélvase