SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 148/2016.

Sucre, 12 de mayo de 2016.  

Expediente: SC-CA.SAII-CHUQ.335/2015.

Distrito: Chuquisaca.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 199 a 202 vta., interpuesto por Yury Juan Claros Mendoza en representación de la Empresa Consultora y Constructora (C & S), contra el Auto de Vista N° 410/2015 de 28 de agosto, 193 a 195, pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso social seguido por Pago de Beneficios Sociales y Sueldos Devengados, que sigue Daniel Edmundo Quintana Medina contra la empresa C & S, la respuesta de fs. 206 a 207 vta., el Auto a fs. 208 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO: Que, tramitado el proceso laboral, la Juez Primero de Partido Civil, Familiar, de la Niñez y Adolescencia, Penal, de Trabajo y Seguridad Social de Monteagudo, emitió la Sentencia N° 01/2014 de 21 de febrero de fs. 101 a 103 vta., por la que declaró probada la demanda principal de fs. 16 a 20 y la demanda ampliatoria de fs. 24 a 25 vta., de obrados, con costas, disponiendo que la Empresa Consultora y Constructora C & S, representada legalmente por Yury Juan Claros Mendoza, cancele a favor del demandante la suma de Bs.50.459,96.-(cincuenta mil cuatrocientos cincuenta y nueve 96/100 bolivianos), por los conceptos de desahucio, indemnización por tiempo de trabajo, aguinaldo, doble aguinaldo, salarios devengados, reintegro salarial del 8%, subsidios prenatal, natalidad y lactancia; bajo conminatoria de emitirse mandamiento de apremio, más los derechos de actualización y multa señalados por el art. 9 del Decreto Supremo (DS) N° 28699 de 1 de mayo de 2006.

En grado de apelación, interpuesto por la empresa demandada de fs. 117 a 120, mediante Auto de Vista N° 457/2014 de fecha 3 de septiembre de 2014 de fs. 138 a 139 vta., la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca anuló obrados hasta el Auto N° 02/2014 de 23 de mayo cursante a fs. 123, declarando ejecutoriada la Sentencia N° 01/2014 de 21 de febrero de fs. 101 a 103 vta., sin costas.

Que, contra el referido auto de vista, la parte demandada interpuso recurso de casación de fs. 148 a 150, el mismo que fue resuelto mediante Auto Supremo N° 443 de fecha 26 de noviembre de 2014, de fs. 164 a 166, emitido por la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, anulando el Auto de Vista N° 457/2014 de fecha 3 de septiembre de 2014 de fs. 138 a 139 vta., para que la Sala Social, Administrativa Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justica de Chuquisaca emita un nuevo auto de vista pronunciándose en el fondo de la apelación de fs. 117 a 120. Observando la pertinencia prevista por el art 236 del CPC.

Que, en cumplimiento de dicho fallo, se pronunció nuevo Auto de Vista N° 20/2015 de 15 de enero de fs. 169 a 170 vta., por la Sala Socia Administrativa Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, que resolvió Anular obrados a fs.101 inclusive, para que la juez de mérito dicte una nueva sentencia en base a los fundamentos expuestos en la resolución, sin costas.

El mencionado Auto de Vista, originó que la empresa demandada formule recurso de casación que fue resuelto mediante Auto Supremo N° 443 de fecha 29 de junio de 2015, de fs. 188 a 189, anulando obrados hasta el sorteo de fs. y 137 vta., inclusive, disponiendo que el tribunal de apelación emita nuevo auto de vista.

Que, conforme lo dispuesto en el Auto Supremo N° 443 de fecha 29 de junio de 2015, de fs. 188 a 189, se emitió el Auto de Vista N° 410/2015 de 28 de agosto de fs. 193 a 195, por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, confirmando totalmente la Sentencia N° 01/2014 de 21 de febrero, cursante a fs. 101 a 103 vta., con costas en ambas instancias.

Que, el referido auto de vista, motivó el recurso de casación en el fondo de fs. 199 a 202 vta., interpuesto por Yury Juan Claros Mendoza en representación de la Empresa Consultora y Constructora “C & S”, bajo los siguientes argumentos:

Acusó que existen contradicciones entre las resoluciones dictadas, toda vez que el Auto de Vista N° 020/2015 de 15 de enero, cursante de fs. 169 a 170 vta., que dispone anular obrados hasta fs. 101, inclusive, sin embargo mediante Auto Supremo N° 443 de fecha 29 de junio de 2015 se determinó anular por segunda vez con la misma recomendación del anterior para el tribunal ad quem se pronuncie en el fondo, por lo que con este antecedente el tribunal de segunda instancia emite el Auto de Vista N° 410/2015 de 28 de agosto,  cursante de fs. 193 a 195, confirmando la sentencia.

Asimismo manifiesta que el primero, anuló obrados, disponiendo se dicte una nueva sentencia bajo el fundamento de que la resolución de primera instancia no contendría fundamentación alguna respecto a los beneficios sociales demandados, por lo que se habría vulnerado el debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación, así como los principios de igualdad y de defensa; empero en forma paradójica y contradictoria, al emitir el tercer auto de vista donde confirman totalmente la misma sentencia indican que el a quo procedió al análisis de las pretensiones así como de la prueba producida, concluyendo que no son evidentes los agravios denunciados en el recurso de apelación puesto que todos los ítems que el a quo dispuso que se paguen, fueron debidamente identificados y explicados.

Refirió que las contradicciones mencionadas, vulneran flagrantemente el principio de congruencia, principio inmerso en el Auto Supremo N° 214/2010 de 20 de mayo, así como la seguridad jurídica, la cual es una condición esencial para los litigantes que recurren en busca de la justicia, transgrediendo también los arts. 115.1 y II, y 120 de la Constitución Política del Estado (CPE).

Igualmente acusó la falta de fundamentación, argumentación, motivación, e incongruencia de la Sentencia N° 01/2014 que cursa de fs. 101 a 103 y del Auto de Vista N° 410/2015 cursante de fs. 193 a 195, puesto que el auto de vista recurrido al señalar que en la sentencia no es necesario que se expresen fundamentos extensos en su contenido pues, una resolución se tendrá por bien fundamentada cuando de su texto, sea posible advertir las razones por las cuales el Juez se decantó por una u otra situación, situación contraria a lo manifestado en el Auto de Vista N° 020/2015 de 15 de enero de 2015, que establecía lo contrario al extrañar estos requisitos como son la debida fundamentación y motivación que constituyen la columna vertebral de una sentencia, y que forman una unidad lógica con los antecedentes de hecho, situación que en la especie no fue cumplida.

Manifestó que el Auto recurrido carece de un análisis racional, sobre cada uno de los rubros del finiquito de la sentencia toda vez que el juzgador no hace mención de donde sale la base de cálculo del salario, el desahucio, la indemnización por tiempo de servicios, el aguinaldo más multas, los salarios devengados, el reintegro del 8% y el pago de los subsidios, así como se debió precisar el periodo, los meses o días, como también bajo qué base legal y que prueba correspondería pagar estos beneficios al trabajador.

Finalmente invocó que el Tribunal Supremo de Justicia, case el auto de vista recurrido, disponiendo se emita un nuevo Auto de Vista enmendando las vulneraciones de las leyes laborales y constitucionales.

CONSIDERANDO II: Que, así expuestos los fundamentos del recurso de casación, para su resolución es menester realizar las siguientes consideraciones:

Antes de ingresar en el análisis de la problemática planteada, se debe dejar claramente establecido que el memorial de interposición del recurso carece en absoluto de técnica jurídica y pericia procesal, limitándose a efectuar una simple mención de los antecedentes del proceso, y señalar que el tribunal ad quem hubiese incurrido en contradicciones; asimismo dicho recurso se trata de un memorial simple y superficial, que indica que recurre de casación en el fondo, sin embargo refiere argumentos de forma, sin advertir que la doctrina y la abundante jurisprudencia nacional, ha dejado claramente establecido que el recurso de casación en el fondo debe fundarse en errores in judicando en que hubieran incurrido los juzgadores de instancia al emitir sus resoluciones, debiendo estar debidamente identificadas en las causales señaladas en el art. 253 del Código Adjetivo Civil, en tanto que para el recurso de casación en la forma, que se funda en los errores in procedendo, tiene relación con la infracción de normas adjetivas incumplidas o mal aplicadas en la tramitación del proceso, especificadas en el art. 254 de la misma norma legal, además del hecho que cada una de las formas de recurrir señaladas, se genera en causas distintas y persigue efectos diferentes.

Sin embargo, a fin de dar una respuesta al recurrente se pasa a resolver el mismo, en base a los siguientes fundamentos:

En cuanto a las contradicciones entre el Auto de Vista N° 020/2015 de 15 de enero que anula la sentencia por falta de fundamentación y motivación, con el Auto de Vista N° 410/2015 de 28 de agosto, que incongruentemente confirmaría la sentencia; sobre el particular amerita puntualizar que en cumplimiento al Auto Supremo N° 443 que anula el auto de vista de fs.169 a 170 vta., el tribunal de alzada, se pronunció en el fondo del recurso de apelación planteado, lo que implica que dicho auto fue dejado sin efecto; en ese contexto y toda vez que el tribunal ad quem al constituirse en un órgano judicial de conocimiento y no así de puro derecho como es este tribunal de casación, tiene la facultad para analizar y resolver todos los fundamentos y agravios expuestos en el memorial de alzada, por lo que de la revisión del auto de vista impugnado el mismo consideró y resolvió todos los agravios acusados sin restricción alguna, exponiendo su razonamiento, y respaldando el mismo con las normas jurídicas tanto sustantivas como adjetivas aplicables al caso por resolverse, por lo que no se evidencia vulneración alguna a la seguridad jurídica, ni debido proceso como fue acusado por el recurrente.

En relación a la falta de fundamentación, argumentación, motivación, e incongruencia de la Sentencia N° 01/2014 y del Auto de Vista N° 410/2015, careciendo de un análisis racional, sobre cada uno de los rubros demandados al no hacer mención de donde sale la base de cálculo del salario, el desahucio, la indemnización por tiempo de servicios, el aguinaldo más multas, los salarios devengados, el reintegro del 8% y el pago de los subsidios, así como no se precisó el periodo, los meses o días: al respecto cabe señalar que de la revisión de obrados, se tiene que pese a que el recurrente fue citado legalmente con la demanda, la misma no fue respondida, ocasionando que el demandado sea declarado rebelde contumaz, por lo que la juez a quo realizando la valoración de la prueba de cargo cursante en el expediente emitió la sentencia, determinando conforme sale de la documental que existió relación laboral entre el demandante y el recurrente, desde el 12 de marzo hasta el 9 de noviembre de 2012, es decir por 7 meses y 27 días; asimismo el sueldo percibido del actor por la prestación de sus servicios se estableció en la suma de Bs.4.000.-(cuatro mil 00/100 bolivianos) de acuerdo a los recibos cursantes a fs. 2, tiempo y salario en los que se basó la liquidación para determinar la indemnización y aguinaldo por duodécimas más multa; de igual manera, respecto al desahucio, toda vez que mediante la prueba de fs. 3 a 15, se acredito los salarios impagos al actor, los mismos que son derechos sociales reconocidos a los trabajadores e irrenunciables, siendo deber del Estado a través de la jurisdicción laboral, brindarles la tutela efectiva conforme con los principios proteccionistas que rigen y sustentan a la legislación laboral, más aun al tratarse del salario, el cuál conforme al art. 52 de la Ley General del Trabajo, se otorga por el pago del trabajo efectivo del trabajador y se emplea para su sustento y el de su familia, no pudiendo demorar su pago fuera de los plazos establecidos por ley, precisamente por la finalidad de subsistencia al que responde, y que en el caso de autos al haberse demostrado los salarios impagos se produce el despido indirecto del trabajador; así también dicho despido indirecto es atribuible al empleador, que incita y obliga al trabajador a tomar decisiones como consecuencia de la alteración de condiciones de la relación laboral, modifica de manera sustancial la armonía de la actividad laboral, al no haber sido cancelados sus salarios; en ese contexto se evidencia que los juzgadores de instancia actuaron correctamente, al determinar el pago de desahucio.

En cuanto al reintegro del 8%, se debe dejar establecido que en procura de mantener las condiciones de una remuneración justa y asegurar la subsistencia de los trabajadores y sus familias, tomando en cuenta las condiciones económicas, el gobierno nacional en la gestión 2012 determinó el incremento salarial del 8% mediante DS 1213 de 1 de mayo, aplicable al sector privado, y toda vez que el demandado no demostró su cancelación, corresponde dicho pago, por ser de cumplimiento obligatorio, no siendo relevante si fue o no mencionado la normativa en la resolución de primera instancia, pues en procura de garantizar los derechos de los trabajadores el mismo es irrenunciable.

Ahora bien, sobre el pago de subsidios y argumento de que el actor no hizo conocer a la empresa recurrente el estado de gestación de su esposa; al respecto cabe mencionar que, la SC 0771/2010-R de 2 de agosto, claramente determinó que no es exigible haber dado parte al empleador de la situación de embarazo en forma previa a su desvinculación, por cuanto al estar en la Ley Fundamental constitucionalizada la protección a la maternidad, este interés se sobrepone, en observancia a los derechos involucrados que merecen especial tutela por parte del Estado, razón por la que, aun cuando la entidad demandada alegará como motivo de denegatoria el reconocimiento de los subsidios en razón de que desconocía del estado de gestación de la esposa del trabajador, este argumento carece de sustento, frente a una necesidad indubitable, que es precisamente asegurar el derecho a la vida y a la salud de la madre y el menor.

Asimismo, se debe tener presente que, el demandado no cumplió con su obligación de la inversión de la prueba respecto a los conceptos demandados, por lo que no se puede argüir falta de valoración alguna o pretender una revalorización de la prueba, más aún si se valoraron correctamente las pruebas aportadas únicamente por la parte demandada, conforme a la facultad conferida por los arts. 3.j), 158 y 200 del Código Procesal del Trabajo (CPT), en virtud a la cual los juzgadores de instancia no se encuentran sujetos a la tarifa legal de la prueba y por lo tanto puede formar libremente su convencimiento, claro está, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes.

Por consiguiente y en mérito a lo expuesto precedentemente, se concluye que al no ser evidentes las infracciones denunciadas en el recurso, el tribunal ad quem realizó una correcta aplicación de la ley, correspondiendo resolver de acuerdo a las previsiones contenidas en los arts. 271.2 y 273 del Código de Procedimiento Civil, con la facultad remisiva del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025, declara INFUNDADO el recurso deducido de fs. 199 a 202 vta., con costas.

Se regula el honorario profesional del abogado en el monto de Bs.500.-(quinientos 00/100 bolivianos), que mandará a pagar el Tribunal de Alzada.


Regístrese, notifíquese, devuélvase