SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo N° 142/2016.

Sucre, 12 de mayo de 2016.

Expediente: SC-CA.SAII-SCZ.329/2015.

Distrito: Santa Cruz de la Sierra.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.


VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 159 a 160 vita., interpuesto por Tito Riony Soto Gutiérrez, contra el Auto de Vista N° 123 de 6 de mayo de 2015, cursante de fs. 155 a 156 vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso social seguido por Luis Fernando Aguilar Mamani, contra el recurrente, la respuesta de fs. 163 a 164 vta., el auto a fs.165 que concedió el recurso los antecedentes del proceso y

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, el Juez Primero de Partido de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Santa Cruz, emitió la Sentencia N° 142 de 17 de noviembre de 2014 de fs. 140 a 142, declarando probada la demanda, con costas, disponiendo que Tito Riony Soto Gutiérrez, pague a favor del actor la suma de Bs.25.212,93.- por concepto de indemnización, aguinaldo, vacación y sueldo de 10 días, más la multa del 30 %.

En grado de apelación formulada por la parte demandada de fs. 144 a 145, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista N° 123 de 6 de mayo de 2015, confirmando la Sentencia N° 142 de 17 de noviembre de 2014 de fs. 140 a 142, con costas.

Dicho fallo motivó el recurso de casación en la forma y en fondo, interpuesto por la Tito Riony Soto Gutiérrez, manifestando en síntesis:

En la casación en la forma, señala que el Auto Supremo (AS) N° 444 de 16 de noviembre de 2012, anuló obrados a fs. 49, disponiendo que el juez de origen señale nuevo día y hora de audiencia para recibir declaraciones de los testigos de descargo, sin embargo, el a quo por decreto de 10 de enero de 2013, apartándose de lo ordenado por el citado AS, dispuso la notificación a las partes con el Auto Interlocutorio a fs. 43, olvidando que la anulación es de fs. 49 y no a fs. 43, violando el principio de imparcialidad e incumpliendo las resoluciones supremas, dispuso que las partes ofrezcan las pruebas que les convengan, cuando la parte demandante dejó precluír el plazo para ofrecer pruebas, violando los arts. 3. e. y 149 del Código Procesal del Trabajo (CPT), extremo reclamado en apelación, sin embargo, el auto de vista recurrido, no tomó en cuenta esta irregularidad, señalando que el juez tiene amplias facultades para producir las pruebas que sean necesarias, incumpliendo lo dispuesto en el Auto Supremo citado, parcializándose con el actor, al permitir la declaración del testigo de cargo a fs. 134 y vta., es más, dicho testigo declaró después de cerrado el término probatorio, cuya declaración es contradictoria, carente de verdad, violando el debido proceso y objetividad y el art. 90 del CPC.

De otro lado señaló que, las declaraciones de sus testigos no convencieron al a quo y esperaba que el tribunal ad quem, anulara obrados a fs. 118 inclusive, debiendo él a quo, señalar audiencia para recibir las declaraciones de los testigos de descargo, sin embargo no lo hizo, en desmedro de sus derechos e incumpliendo resoluciones supremas.

En la casación en el fondo señaló que, el juez a quo, hizo una incorrecta valoración de las pruebas testificales de descargo de fs. 128 a 130 vta., donde se afirma que el actor trabajó bajo su dependencia desde el 10 de octubre de 2007 hasta el 10 de julio de 2008, fecha en que renunció voluntariamente al trabajo y que su sueldo era de Bs. 1.200,00 aspecto que debió ser valorado por el tribunal ad quem, sin embargo, solo se limitaron a considerar que el juez de origen valoró la prueba testifical, sin verificar si esas declaraciones son o no coincidentes y uniformes, hechos que constituyen agravios a sus derechos.

Por otra parte adujo que, el a quo, en la primera sentencia de fs. 82 a 83 dispuso el pago total de Bs.24.540,00.- monto que contradice con lo dispuesto en la sentencia del mismo juez de fs. 140 a 142, donde dispuso el pago de Bs.25.212.93.00.- aspecto que no fue advertido ni valorado por el tribunal de apelación, no obstante de la facultad prevista en el art. 17 de la LOJ N° 025.

Concluyó solicitando se anulen obrados hasta fs. 118 inclusive por contradecir el AS N° 444 de fs. 111 a 113 vta. y por contener errónea apreciación y valoración de las pruebas de descargo y violar los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad, igualdad y debido proceso y pide la correcta valoración de las pruebas de descargo de fs. 128, 129 y 130 vta., y se resuelva conforme al art. 274 del CPC.

CONSIDERANDO II: Que, antes de ingresar al análisis del proceso, se advierte que el demandado recurre de casación en la forma y en el fondo pidiendo se anulen obrados hasta fs. 118 y al mismo tiempo se case el auto de vista recurrido, sin explicar por separado ambos recursos, denotándose impericia en su planteamiento, no obstante de aquello, a fin de dar una respuesta al recurrente, se ingresa a su examen:

Sobre el primer punto, relacionado al incumplimiento del Auto Supremo N° 444 de 16 de noviembre de 2012 cursante de fs. 111 a 113 vta., que anuló obrados a fs. 49 inclusive, disponiendo que el juez a quo, señale nuevo día y hora de audiencia para la declaración testifical de descargo, por no haberse notificado a las partes, extremo que según el recurrente fue incumplido por el juez a quo, actitud con la que se estaría violando el principio de imparcialidad e incumpliendo resoluciones judiciales, al haber dispuesto que las partes ofrezcan pruebas.

Al respecto, analizados los antecedentes procesales, se advierte que el juez a quo, en cumplimiento del Auto Supremo Anulatorio N° 444 citado, mediante Auto de 10 de enero de 2013 de fs. 118, dispuso se notifique a las partes para que ofrezcan o ratifiquen las pruebas que convengan, es así que, el demandado medíante memorial de fs. 122, ofrece y ratifica todas las pruebas ofrecidas y las testificales ofrecidas mediante memorial a fs. 48, solicitando señale día y hora de audiencia para recibir las declaraciones de sus testigos; en tal circunstancia, el juez a quo, por decreto de 10 de septiembre de 2013 cursante a fs. 122 vta., da por ratificada y ofrecida la prueba testifical de descargo, señalando audiencia para la recepción de dicha prueba, el día miércoles 16 de octubre de 2013 a horas 16:00, llevándose a cabo dicha audiencia en la fecha y hora prevista, conforme se evidencia por el acta de audiencia de declaración de testigos de descargo de fs. 128 a 130 vta. de obrados, extremo que desvirtúa lo aseverado por el recurrente, no siendo evidente lo acusado.

En el fondo, el recurrente denuncia la incorrecta valoración de las pruebas testificales de descargo cursante de fs. 128 a 130 vta. de obrados.

De lo manifestado precedentemente, se advierte que la parte recurrente, pretende se efectué una nueva valoración de la prueba acumulada durante la tramitación de la causa, sin percatarse que esta situación ya fue dilucidada por la juez a quo como por el tribunal de apelación, siendo preciso aclarar que, la valoración y compulsa de las pruebas, es una atribución privativa de los juzgadores de instancia e incensurable en casación, a menos que demuestre con precisión y de manera fehaciente la existencia de error de hecho, que se da cuando se considera que no hay prueba suficiente sobre un hecho determinado, o que se hubiere cometido error de derecho, que recaiga sobre la existencia o interpretación de una norma jurídica, o en su caso que los juzgadores de instancia ignorando el valor que atribuye la ley a cierta prueba, le hubieran dado un valor distinto, aspectos que en la especie no concurrieron, ya que si bien denuncia falta de valoración de la prueba cursante de fs. 128 a 130 vta., no se denuncia la existencia de error de hecho ni error de derecho en la valoración de la prueba, no siendo suficiente la simple enunciación de falta de valoración de dicha prueba por parte de los juzgadores de instancia, de donde se deduce que no es evidente tal acusación; al advertirse que tanto la juez a quo como el tribunal de alzada, al haber dispuesto el pago de los derechos y beneficios sociales a favor del actor, valoraron correctamente las pruebas aportadas por las partes, conforme determinan los arts. 3.j., 158 y 200 del Código Procesal del Trabajo (CPT), en virtud al cual, no se encuentra sujeto a la tarifa legal de la prueba y por lo tanto puede formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la sana crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes, apreciando los indicios en conjunto, teniendo en cuenta la gravedad, concordancia y convergencia, y las demás pruebas que obran en el proceso, aspecto que fue cumplido por los juzgadores de instancia a momento de emitir sus fallos; no habiendo el demandante desvirtuado los fundamentos de la presente acción como correspondía hacerlo, en virtud de lo previsto en los arts. 3. h. 66 y 150 del CPT hecho que valió también como fundamento para que los juzgadores de instancia arribaran a la decisión asumida; razón por la cual corresponde reconocer a favor del actor, los derechos y beneficios sociales concedidos en sentencia y confirmados en el auto de vista recurrido, los cuales son irrenunciables conforme lo prevé el art. 48.III de la CPE., concordante con el art. 4 de la LGT.

Que en ese marco legal, se concluye, que el auto de vista impugnado, se ajusta a las normas legales en vigencia, no se observa violación de norma legal alguna, por consiguiente, corresponde resolver en la forma prevista por los artículos 271.2 y 273 del CPC, aplicables por mandato de la norma remisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 159 a 160 vta., con costas.

Se regula el honorario profesional de abogado en Bs.500.- que mandará pagar el tribunal ad quem.


Regístrese, notifíquese y devuélvase.