SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 137/2016.

Sucre, 12 de mayo de 2016.  

Expediente: SC-CA.SAII-OR. 324/2015.

Distrito: Oruro.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: Los recursos de casación en el fondo de fs. 603 a 605 y vta., interpuesto por Daniel Augusto Careaga Garrón representando legalmente a la Empresa Minera Huanuni y la adhesión al recurso, a fs. 614 vta., por parte de la Corporación Minera Boliviana (COMIBOL), contra el Auto de Vista Nº 111/2015 de 4 de junio de fs. 538 a 545, pronunciado por la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social-Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso laboral seguido por Francisca Contreras Yucra vda. de Macias y otros, contra la Empresa Minera Huanuni, la respuesta de fs. 618 a 619, el Auto a fs. 620 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, el Juez de Partido Ordinario de Sentencia en lo Penal y Liquidador de las Provincias Pantaleón Dalence y Poopó del departamento de Oruro, emitió la Sentencia Nº 11/2014 de 10 de noviembre de 2014 de fs. 478 a 482, declarando probada la demanda e improbada la excepción perentoria de prescripción, sin costas; disponiendo que la Empresa Minera Huanuni  y la Corporación Minera de Bolivia, a través de sus representantes legales, cancelen a favor de los demandantes Francisca Contreras Yucra Vda. de Macías, Zenón Pardo Ayala, María Cama Ancasi Vda. de Contreras declarada heredera de Demetrio Contreras Mitma, Inés Torrez Arce Vda. de Yucra declarada heredera de Mario Yucra Quispe y Beatriz Huayllani Bustamante Vda. de Villca declarada heredera de Pedro Villca Manuel, a cada uno de ellos la suma de $us.4.500.-(cuatro mil quinientos 00/100 dólares), por concepto de pago de excedentes de producción.

En grado de apelación formulada por ambas entidades demandadas de fs. 488 a 489 y fs. 518 a 520, la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social-Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia del Oruro, emitió el Auto de Vista Nº AV-SECCASA 111/2015, declarando improcedente ambos recursos y confirma la Sentencia Nº 11/2014 de 10 de noviembre de 2014. 

Dicho fallo motivó el recurso de casación en el fondo de fs. 603 a 605 vta., interpuesto por la Empresa Minera de Huanuni, manifestando en síntesis lo siguiente:

1.- Que, el juez de primera instancia no advirtió que anteriormente sustanció un proceso por el mismo hecho, el mismo demandado y varios de los mismos demandantes, emitiéndose la sentencia 02/2010 que declaró probada la excepción perentoria de prescripción e improbada la demanda principal y que cuenta con una sentencia firme y ejecutoriada; una vez puesto en conocimiento del tribunal de alzada este hecho, mediante auto de vista impugnado se estableció que: “(…) la institución demandada tenía el mecanismo procesal de defensa como es la excepción de cosa juzgada (…)”, razonamiento que resulta ser inaceptable desde cualquier punto de vista, toda vez que el mismo tribunal asienta que de alguna forma el demandante hizo conocer este aspecto y atribuye el peso probatorio al demandado, sin considerar que como operadores de justicia, tienen acceso a archivos y obviamente conocimiento del caso; es por ello que el juez de la causa y el tribunal de alzada, debieron declarar de oficio la excepción de cosa juzgada, una vez que tuvieron conocimiento de la existencia de un proceso anterior con sentencia ejecutoriada e identidad de causa, objeto, demandado y demandantes.

Refiere, que no es imprescindible que la excepción de cosa juzgada sea presentada por la parte demandada, sino que la misma debe ser declarada de oficio, mucho más cuando existe interés público y afectación al Estado, afirmación que  refrenda doctrinalmente citando al efecto a Lino Enrique Palacio en su obra “Derecho Procesal Civil”, aclarando a su vez que la Empresa Minera Huanuni es una Empresa Nacional Pública Estratégica, conforme establece la Ley Nº 535 de Minería y Metalúrgica de 28 de mayo de 2014, por consiguiente el Juez de instancia que atendió la primera causa con identidad de objeto, causa, demandantes y demandado, que resulta ser el mismo que sustanció la actual demanda, debió observar este hecho y declarar la excepción de cosa juzgada de oficio, velando la seguridad jurídica y el interés superior del Estado.

Con relación a la excepción de cosa juzgada, cita la doctrina del autor Josué Valladares Veintimilla de la Universidad “Cesar Vallejos” de la República del Perú, así también lo contenido en la página web http://www.gerencie.com/ y la jurisprudencia establecida en la Sentencia T-794/12 y el Auto 127/04 emitida por la Corte Constitucional de Colombia, así como también la emitida en la Sala Civil y Comercial de la República de Argentina; sin descartar además la transgresión de los arts. 115 y 117 en sujeción del 410 todos de la CPE.

Concluye que ha existido agravio a sus derechos y al debido proceso, por no haber observado y en su caso declarado la excepción de cosa juzgada de oficio, es así que el juez o tribunal de alzada inobservaron lo previsto por el art. 3.4  de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) de 24 de junio de 2010, no cumpliéndose el principio de seguridad jurídica, pues permitir que un hecho ya juzgado y resuelto, con sentencia ejecutoriada, vuelva a ser sometido a estas instancias y por ende juzgado de nuevo, abriendo la posibilidad de que una de las partes dentro de un determinado proceso, ante el descontento del resultado de la sentencia, pueda interponer una nueva demanda en reiteradas ocasiones, generándose con ello graves consecuencias en el sistema judicial.

2.-  Denuncia que no ha existido una correcta valoración de las pruebas, infringiéndose el art. 158 del Código Procesal del Trabajo (CPT), toda vez que los documentos en los que basa el demandado su pretensión, en ninguna parte señala que el pago realizado a los trabajadores de la palmilla (quizá quiso decir planilla) de octubre de 2006, habría sido por excedentes de producción de las gestiones 2000 al 2005.

Que tanto el Laudo Arbitral Nº 01/2007 de marzo, así como la carta enviada por el Ministro de Minería de diciembre de 2006 y el Convenio de 15 de noviembre de 2006 suscrito entre el Ministro de Minería, el Ministro de Trabajo, el Presidente del COMIBOL y el Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros, no establecieron ningún compromiso de pago a los trabajadores por excedentes de producción.

Concluye que al haber fundado la sentencia y el auto de vista en estos documentos tomándolos como hechos probados, se ha infringido la norma y cometido un acto de justicia, toda vez que se ha condenado sin que exista ningún elemento de convicción que reafirme lo demandado.

Solicita que el Tribunal Supremo de Justicia, en aplicación de los arts. 25, 253 y 271.3 y .4 del Código de Procedimiento Civil (CPC), case el auto de vista recurrido y se declare improbada la demanda principal, con costas.

Por su parte, la Corporación Minera de Bolivia, por memorial a fs. 614, se adhirió al recurso de casación interpuesto por la Empresa Minera Huanuni en fecha 26 de agosto de 2015.    

CONSIDERANDO II: Que, así planteado el recurso de casación por las empresas demandadas, se ingresa a resolver los reclamos planteados en relación a los datos del proceso.

1.- Respecto al reclamo de que el Juez y el tribunal de alzada debieron haber declarado de oficio la excepción de cosa juzgada, una vez que tuvieron conocimiento de la existencia de un proceso anterior con sentencia firme y ejecutoriada con identidad de causa y objeto, demandado y demandantes. 

De inicio corresponde establecer que, el instituto de la cosa juzgada, obliga al juzgador a verificar y contrastar objetivamente el contenido de una decisión o actuación anterior que hubiere hecho tránsito a cosa juzgada y definitiva; es decir, una decisión jurisdiccional que haya adquirido precisamente la autoridad de ese fenómeno jurídico, sin que se halle pendiente de modificación por una resolución superior vía impugnación; ello con el propósito de establecer si las partes, el objeto y la causa presentan identidad con los mismos elementos del proceso actual, porque de ser así, los juzgadores se encontrarían prohibidos de conocer, tramitar y fallar sobre lo ya resuelto, así dotar de seguridad a las relaciones jurídicas, al ordenamiento jurídico, y por ende a la convivencia de los justiciables. En ese contexto, este instituto rige la función jurisdiccional otorgando al fallo judicial la calidad de indiscutible pues constituye decisión final y da la certeza al justiciable que ese contenido permanecerá inalterable, independientemente de que el decisorio hubiera sido favorable o desfavorable para quien promovió la acción.

Ahora bien, debido a la importancia de conlleva el instituto jurídico de la cosa juzgada, en la legislación laboral dicha excepción ha sido instituida en el art. 127 del CPT, cuya disposición legal desarrolla un catálogo de excepciones de posible oposición, como ser, excepciones previas (incompetencia, impersonería, conexitud de causas e imprecisión o contradicción en la demanda); y, perentorias (de pago, prescripción y cosa juzgada).

En cuanto a la excepción de cosa juzgada, por regla general en lo que a excepciones perentorias trata, el art. 133 del citado CPT, ordena su resolución conjuntamente la dictación de Sentencia; y en el caso de la excepción de la cosa juzgada en particular, el art. 135 de la citada norma adjetiva, ha establecido la obligación procesal a la parte que propone esta excepción, de presentar el testimonio correspondiente.

Así, se tiene que las excepciones perentorias previstas en el artículo 127.b) del CPT entre ellas la de cosa juzgada, obligatoriamente deben ser opuestas por la parte interesada cuando se apersonan al proceso o hasta el momento de contestar la demanda para ser resueltas juntamente con la causa principal, conforme establece el art. 133 del CPT, debiendo inexcusablemente adjuntar testimonio de los actuados procesales referidos al anterior proceso.

En el caso de autos, se advierte que la empresa demandada no observó ni dio cumplimiento a las normas mencionadas precedentemente, pues, al momento de contestar la demanda de fs. 112 a 113 vta., no opuso la excepción perentoria de “cosa juzgada” en base a las previsiones contenidas en el art. 1319 del Código Civil (CC), como  resultado de esta omisión el juez a quo no se pronunció al respecto a momento de emitir la sentencia, en efecto la parte demandada en forma extemporánea hace énfasis a esta excepción recién a momento de interponer recurso de apelación de fs. 488 a 490 y reiterándolo en el recurso de casación de fs. 603 a 605 vta., con el errado criterio que el juez a quo y el tribunal de alzada debieron haber declarado de oficio la excepción de cosa juzgada.

Por lo relacionado, se colige que fue la empresa demandada - recurrente - quién por su descuido y negligencia no planteó en su oportunidad la excepción perentoria de cosa juzgada, razón por la que el tribunal ad quem estableció su preclusión con acierto, toda vez que la empresa demandada, debió en las instancias pertinentes contradecir las pretensiones de los actores, por cuanto se entiende que el proceso consiste en el desarrollo de las diversas etapas en forma sucesiva y su consiguiente clausura definitiva de cada una de ellas, conforme establecen los arts. 3.e) y 57 del CPT, descuido que si llegare a causar daño a la empresa nacional y por ende al Estado Boliviano, por sus representantes y apoderados legales, deberá ser reparado por las vías legales que prevé nuestro ordenamiento jurídico.

Además de ello, resulta propicio resaltar el hecho de que la empresa demandada, ni siquiera a momento de interponer el recurso de apelación y de casación, dio cumplimiento a lo establecido por el art. 135 del CPT, toda vez que no adjuntó el correspondiente testimonio de las piezas procesales donde se evidencia la existencia del proceso anterior que tenga identidad de causa, objeto y partes que sean semejante con el proceso actual, requisito que resulta ser primordial para que los jueces de instancia realicen un análisis minucioso para determinar la procedencia o improcedencia de la excepción aludida; en síntesis, la parte demandada pretende subsanar su negligencia procesal con argumentos fútiles ajenos a la normativa laboral vigente.

Por su parte, en lo que refiere al argumento de que la excepción de cosa juzgada debe ser declarada de oficio por los jueces y tribunales de instancia, justificando su pretensión a través de la doctrina y jurisprudencia extranjera citada en su recurso de casación, sobre el particular, corresponde precisar que las mismas no resultan ser vinculantes ni obligatorias, más aún si la legislación laboral y la jurisprudencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional Plurinacional, consideran que la excepción de cosa juzgada al constituir un mecanismo de defensa, debe ser necesariamente interpuesto por el demandado a momento de contestar la demanda y adjuntando el correspondiente testimonio; por consiguiente, no resulta evidente el reclamo realizado por la empresa recurrente, al contrario de obrados consta  que el tribunal de alzada realizó un análisis correcto de los hechos y las normas respecto al reclamo suscitado.

2.- En lo que refiere a que no habría existido una correcta valoración de las pruebas, infringiéndose lo dispuesto por el art. 158 del CPT, por cuanto no existiría prueba de ningún compromiso de pago a los trabajadores por excedente de producción.

Respecto a la denuncia de que no habría existido una correcta valoración de las pruebas, al respecto, cabe precisar que la empresa demandada, incumple con la técnica recursiva inherente a un recurso extraordinario como el de casación, por cuanto no cumple mínimamente con los postulados previstos por el art. 258.2 del CPC, toda vez que cuando de prueba se trata, el recurrente no solo debe individualizar las pruebas que no fueron valoradas conforme a ley, sino sobre todo, especificar el error manifiesto en su valoración y apreciación objetiva incurrida por parte de los jueces de instancia, a objeto de que éste Tribunal de Casación examine la existencia del error acusado, ya que la simple disconformidad o disentimiento con lo resuelto por el Juez, sin fundamentar la oposición o sin dar ni señalar las bases jurídicas, no importa una crítica concreta y razonada a lo fundamentado por el juzgador.

No obstante lo expuesto, el recurrente de forma genérica refiere que el Laudo Arbitral Nº 01/2007 de marzo de 2007, la carta enviada por el Ministro de Minería en diciembre de 2006 y el Convenio de 15 de noviembre de 2006 suscrito entre el Ministro de Minería, el Ministro de Trabajo, Presidente de COMIBOL y el Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros, no harían alusión a ningún compromiso de pago a los trabajadores por excedentes de producción; sobre el particular, si bien es cierto que dichas pruebas no hacen referencia a que el pago a favor de los trabajadores es resultado de los excedentes de producción, el tribunal ad quem realizó correcto análisis sistemático de los hechos conjuntamente con las normas y los principios laborales, es así que, de forma adecuada subsumió que el Laudo Arbitral Nº 001/2007 constituye  un documento legal por el cual consolida un derecho adquirido a favor de los trabajadores de la Empresa Minera Huanuni, toda vez que “los montos de dinero depositados en el Banco Nacional de Bolivia, en la suma total de $us.8.220.545,74.-  constituyen ser producto de la partición conjunta obtenida entre los trabajadores y la empresa demandada”, es así que en cumplimiento del referido Laudo Arbitral, se procedió a distribuir el 40% de la suma depositada, vale decir $us.3.200.000.- en favor de todos los trabajadores que figuraron en planillas desde el periodo abril de 2000 a octubre de 2006, consiguientemente resulta correcto incluir a los demandantes en el beneficio que implica aquel derecho adquirido, que resulta ser producto de los dineros depositados en cuentas bancarias a consecuencia de los excedentes de producción generados entre los periodos 2000 a 2006, fundamento éste que tiene como sustento válido lo argumentado correctamente por el tribunal de alzada quien señaló “que esos dineros son provenientes del esfuerzo de todos los trabajadores que aportaron para el colchón económico por la baja del mineral desde la gestión 2000 a octubre de 2007, espacio de tiempo en que los ahora demandantes y sus causantes fueron trabajadores activos de la Intervención RBG Minera Huanuni que generaron el excedente de producción”, en síntesis, si bien es cierto que dichas pruebas no hacen referencia expresa a que el pago es resultado del excedente de producción, el hecho de que esos dineros depositados sean producto de la participación conjunta obtenida entre los trabajadores y la empresa demandada, hace suponer ciertamente que dichos depósitos fueron resultado de las ganancias o excedentes generados por la empresa demandada, durante el periodo 2000 a 2006, no existiendo ninguna otra prueba que desvirtúe esta afirmación, consiguientemente se advierte que el tribunal de alzada, realizó correcta valoración de los antecedentes y de las pruebas que cursan de obrados, no existiendo ninguna vulneración a lo establecido por el art. 158 del CPT, más por el contrario, el juez de instancia y tribunal ad quem aplicaron lo que en materia laboral impera, como es el principio de la “Libre apreciación de la prueba”, por el cual el juez puede valorar las pruebas con amplio margen de libertad conforme a la sana lógica, los dictados de su conciencia y los principios enunciados, conforme establece el art. 3.j) del CPT.

   Que, en definitiva al no ser evidente las acusaciones alegadas por la empresa recurrente, debe darse aplicación a lo establecido por los artículos 271.2 y 273 del CPC, aplicables al caso de autos, por disposición de la norma remisiva contenida en el artículo 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 603 a 605 vta. interpuesto por la Empresa Minera Huanuni, así como también la adhesión al recurso de parte de la Corporación Minera Boliviana (COMIBOL) a través del memorial a fs. 614.


Regístrese, notifíquese y devuélvase.