SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 126/2016.

Sucre, 7 de abril de 2016.  

Expediente: SC-CA.SAII-LP.321/2015.

Distrito: La Paz.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo  de fs. 109 a 110 vta., interpuesto por Lilia Verazain de Vásquez, contra el Auto de Vista Nº 050/2015 de 05 de mayo, cursante de fs. 105 a 106 vta., emitido por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso social, seguido por Dionicia Asquicho Poma contra la recurrente, el Auto a fs. 113, que concedió el recurso; los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, la Juez Segundo de Partido de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, pronunció la Sentencia Nº 029/2014 en fecha 07 de febrero, cursante de fs. 72 a 77, declarando probada en parte la demanda de fs. 23 a 24 vta., aclarada a fs. 26 de obrados, debiendo la señora Lilia Verazain de Vásquez cancelar a la actora la suma de Bs.51.578.- por concepto de indemnización saldo de aguinaldo y bono de antigüedad, sin costas. Monto que en ejecución de sentencia será actualizado de acuerdo a ley.

Que, en grado de apelación, promovida por ambas partes de fs. 89 a 90 y fs. 93 a 94 vta., respectivamente,  la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Auto de Vista Nº 050/2015 de 05 de mayo, cursante de fs. 105 a 106 vta.,  confirmó la Sentencia Nº 029/2014 de 7 de febrero, con las formalidades de ley.

Dicho fallo motivó el recurso de casación de fs. 109 a 110 vta., interpuesto por Lilia Verazain de Vásquez, en base a los fundamentos que se sintetizan a continuación:

1.- Acusó que el tribunal ad quem, incurrió en error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba que cursa en el expediente, que no se consideró lo dispuesto en el art. 169 del Código Procesal del Trabajo (CPT), al manifestar que al contestar la demanda y en el transcurso del proceso, demostró que la demandante Dionicia Asquicho Poma, fue contratatada a partir del año 1996 y no como sostiene la actora desde el año 1992, ya que se aclara que fue contratada el mes de agosto de 1996, para el desempeño del cargo de trabajadora del hogar, sin embargo en el proceso no se analizó ni realizó correcta revisión de los antecedentes, peor aún de la prueba de descargos, por cuanto en lo que se refiere a la prueba testifical señala que no se habría presentado más de dos testigos, cuando fue propuesto a cuatro testigos, de los cuales dos de ellas en forma categórica y uniforme han señalado que la demandante ingresó a trabajar el año 1996, según actas de declaraciones de fs. 61 a 63; por esta razón señala que debe apreciarse considerar la credibilidad personal de los testigos, las circunstancias y la eficacia probatoria suficiente de sus declaraciones sobre la verdad de los hechos, porque la actora  no habría aportado nada al respecto.

2.- Denuncio también que el tribunal ad quem, vulnero normas laborales, porque resto valor probatorio a las declaraciones testificales de descargo incurriendo en error de derecho por la falta en la valoración de los medios de prueba, ya que la prueba propuesta es admisible, debiendo apreciar considerando la credibilidad personal de los testigos, la circunstancias y la eficacia probatoria suficiente que de sus declaraciones sobre los hechos pueda resultar.     

Concluyó solicitando al tribunal de apelación que concedan el recurso de casación en el fondo, ante el superior en grado con la respectiva remisión de obrados, sin precisar un petitorio claro y concreto sobre la pretensión del recurso.

CONSIDERANDO II: Que así planteado el recurso, analizando su contenido en base a los antecedentes del proceso, se tiene lo siguiente:

Con relación al error de hecho y de derecho, por la falta de apreciación de la prueba testifical, de los datos del proceso se evidencia que dicha acusación no es evidente, toda vez que era obligación de la parte demandada aportar prueba para desvirtuar las aseveraciones de la demanda, porque de obrados se advierte que no acompaño ninguna prueba documental, ante esta situación se impone la aplicación del art. 150 del Código Procesal del Trabajo (CPT), que estipula: “En esta materia corresponde al empleador demandado desvirtuar los fundamentos de la acción, sin perjuicio de que el actor aporte las pruebas que crea conveniente”. De donde que, el proceso social precautela los derechos del trabajador, donde puede acreditar las pruebas que creyere pertinente, siendo evidente que la carga de la prueba corresponde al empleador, vale decir que el indicado artículo de manera clara y precisa siguiendo la línea protectiva del derecho social, estipula la obligación del empleador para desvirtuar los extremos demandados por los actores, que en la especie, no fue desvirtuada, en aplicación del art. 3.h) y 66 del CPT; por consiguiente del análisis del conjunto de las pruebas lo que el tribunal de alzada realizo la valoración y compulsa adecuada de las mismas.

Que, respecto al reclamo que el tribunal ad quem, restó valor probatorio a las declaraciones testificales de descargos, desconociendo lo establecido en el art. 169 de la CPT, que textualmente dispone: “hacen fe probatoria las declaraciones de dos o más testigos que concuerden en personas cosas, hechos, tiempo y lugares”; sobre este punto, resulta irrelevante la acusación vertida, toda vez que, las declaraciones testifícales de descargo de fs. 61 a 67, no son suficientes para demostrar la fecha de ingreso de la actora a su fuente de trabajo como trabajadora del hogar; la misma no es relevante, a más que, conforme lo dispuesto por los arts. 3.j) y 158 del adjetivo laboral citado, el juez al no encontrarse sujeto a la tarifa legal de la prueba, puede formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la sana crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes, tomando en cuenta para ello el conjunto de pruebas que cursan en el proceso, y que en el caso de autos, se advierte que el tribunal ad quem, luego de analizar las pruebas, estableció acertadamente que la decisión asumida por la juez fue la correcta.

En base a estos antecedentes, se llega a la convicción de que la actora trabajo 20 años, 5 meses y 21 días, aspectos que no fue desvirtuado por la parte demandada con prueba plena como era su obligación, y la causal de retiro fue voluntaria conforme se acredita en las literales de fs. 17 y 45 como en la confesión provocada de fs. 70 a 70 vta., manifestando: “yo recogí mis cosas porque ya no quise retornar porque me encontraba cansada” razón por la cual le corresponde los derechos reclamados en su demanda, como acertadamente determinaron en sus fallos los de instancias, consignada en la sentencia de primera instancia y confirmado por el por el tribunal de apelación, de acuerdo a los previsto en los arts. 12 de la Ley General del Trabajo (LGT), art. 1 del Decreto Supremo (DS) Nº 110 de 1 de mayo de 2009, y art. 18 de la Ley Nº 2450 de 9 de abril de 2003, (vigente durante la relación laboral), “de Regulación del Trabajo Asalariado del Hogar”, toda vez que los derechos reconocidos a favor de las trabajadores son irrenunciables e imprescriptibles, conforme determina el art. 48.III y IV de la Constitución Política del Estado (CPE), concordante con el art. 4 de la LGT.       

A lo señalado, conforme a la jurisprudencia sentada por este Tribunal, tanto en los procesos administrativos, como en la jurisdicción ordinaria debe prevalecer la verdad material sobre la verdad formal, así los arts. 180.I de la CPE y 30.11 de la LOJ, establecen como un principio procesal a dicha verdad, con la finalidad de que toda resolución contemple de forma inexcusable la manera y cómo ocurrieron los hechos, en estricto cumplimiento de las garantías procesales; es decir, dando prevalencia a la verdad pura, a la realidad de los hechos, antes de subsumir el accionar administrativo y jurisdiccional en ritualismos procesales que no conducen a la correcta aplicación de la justicia.

En ese entendido se concluye, que el auto de vista recurrido se pronunció sobre los aspectos reclamados de manera acertada, en base a la prueba  idónea cursante en obrados, donde se acreditó la relación de la demandante con la empleadora; en consecuencia el tribunal ad quem, emitió su resolución, conforme al art. 236 del Código de Procedimiento Civil (CPC), resolviendo el fondo de la causa en estricta sujeción a las disposiciones laborales en vigencia.

En virtud a lo expresado, se concluye que no son evidentes las infracciones acusadas en el recurso de casación, por lo que corresponde dar aplicación a la disposición contenida en los arts. 271.2 y  273 del CPC, en virtud de la permisión de la norma remisiva del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional Boliviano, con la facultad conferida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, Ley Nº 025, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 109 a 110. Con costas.

No se regula honorario profesional de abogado, por no haberse respondido el recurso de casación.


Regístrese, notifíquese y devuélvase