SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo N° 111/2016.

Sucre, 7 de abril de 2016.

Expediente: SC-CA.SAli-SCZ. 306/2015.

Distrito: Santa Cruz.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 220 a 223, interpuesto por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR) representado legalmente por Olga Duran Uribe y Brenda Erika Siñani Rojas, contra el Auto de Vista N° 145 de 6 de mayo de 2015, cursante de fs. 211 a 214, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso de calificación de renta de viudedad que sigue Carmen Parada Vda. de Alipaz en su calidad de derecho habiente del causante Fidel Enrique Alipaz Monje contra la institución recurrente, la respuesta de fs. 225 y vta., el Auto de fs. 226 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I: Que, por Resolución N° 009901 de 15 de noviembre de 2006 (fs. 59 a 60), la Comisión de Calificación de Rentas, suspendió definitivamente la Renta Única de Viudedad otorgada en favor de la Sra. Carmen Parada Rojas y de manera transitoria suspendió la Renta de Orfandad otorgada en favor del menor Carlos Enrique Alipaz Parada hasta que se presente el Auto Definitivo de 24 de marzo de 1999, disponiendo que por el área de revisión de rentas se proceda a determinar lo indebidamente cobrado.

Dicha determinación fue impugnada a través de Recurso de Reclamación de fs. 115 a 117; recurso que fue resuelto por la Comisión de Reclamación del SENASIR, mediante Resolución N° 0249/09 de 16 de abril de 2009 (fs. 139 a 143) que resuelve confirmar la Resolución N° 009901 de 15 de noviembre de 2006 dictada por la Comisión de Calificación de Rentas, por encontrarse dispuesta conforme las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

En grado de apelación de fs. 192 a 193 deducido por la demandante Carmen Parada Vda. de Alipaz, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Auto de Vista N° 145 de 6 de mayo de 2015 (fs. 211 a 214), revocó la Resolución 009901 de 15 de noviembre de 2006, emitida por la Comisión Calificadora de Rentas y Revocó la Resolución 0249/09 de 16 de abril de 2009, dictada por la Comisión de Reclamación del SENASIR, y deliberando en el fondo ordenó a la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR, rehabilitar la renta única de viudedad en favor de Carmen Parada Vda. de Alipaz en su calidad de esposa y derecho habiente de Fidel Enrique Alipaz Monje y sea a partir de su suspensión. Sin costas.

Dicha resolución motivó el recurso de casación en el fondo de fs. 220 a 223, interpuesto por el SENASIR a través de sus representantes legales, en el que esgrimen los siguientes fundamentos:

Expresan como antecedente que de acuerdo al informe social de 26 de septiembre de 2006 de fs. 55 a 57, la causante cuenta con tres partidas de matrimonio por lo que se recomendó la suspensión definitiva de la renta única de viudedad por no contar con libertad de estado, al encontrarse paralelamente casada con Fernando Acosta Ikinouchi, por lo que se procedió a suspender definitivamente la renta de viudedad de la que gozaba, además indica que el segundo matrimonio no cumple con los requisitos establecidos en el art. 46 del Código de Familia (CF), matrimonios, vigentes al fallecimiento de Carlos Enrique Alipaz Parada, no contando la causante con libertad de estado ni con el derecho de reclamar una renta que no le corresponde, pues hasta que la anulabilidad de matrimonio y la sentencia de divorcio fueron dictadas, estas tuvieron plena validez conforme establece el art. 92 del Código de Familia.

Señala como normas legales transgredidas y mal aplicadas: los arts. 46, 92 y 141 del Código de Familia (CF), 52 del Código de Seguridad Social (CSS), art. 9 del DS N° 27991; ya que el Auto de Vista establece que la existencia de estos documentos de anulación y divorcio tiene carácter retroactivo, sin embargo de acuerdo a lo establecido en esta normativa, el matrimonio anulado produce sus efectos como si hubiese sido válido hasta que la sentencia de anulación pase a autoridad de cosa juzgada, al igual que la sentencia de divorcio; que el SENASIR tiene la facultad de revisar de oficio o por denuncia debidamente justificada las calificaciones de rentas y pagos globales concedidos.

Concluye solicitando se case el Auto de Vista N° 145 de 6 de mayo de 2015 y se confirme la Resolución de la Comisión de Reclamación N° 249/09 de 16 de abril de 2009 emitida por el SENASIR, y confirme la Resolución N° 009901 de 15 de noviembre de 2006.

CONSIDERANDO II: Que, así expuestos los fundamentos del recurso, se establece lo siguiente:

La institución recurrente señala como normas transgredidas y mal aplicadas: los arts. 46, 92 y 141 del CF, 52 del CSS, art. 9 del DS N° 27991; ya que el auto de vista establece que la existencia de los documentos de anulación y divorcio presentados por Carmen Parada Rejas tiene carácter retroactivo, sin embargo de acuerdo a lo establecido por ley, el matrimonio anulado produce sus efectos como si hubiese sido válido hasta que la sentencia de anulación pase a autoridad de cosa juzgada, al igual que la sentencia de divorcio, teniendo el SENASIR la facultad de revisar de oficio o por denuncia debidamente justificada de la calificaciones de rentas y pagos globales concedidos.

Al efecto, de conformidad a lo establecido por el art. 9 del DS N° 27991, el SENASIR tiene la facultad de revisión de rentas en curso de pago, de oficio o por denuncia debidamente justificada de las calificaciones de rentas y pagos globales concedidos; aspecto que no ha sido cuestionado por los tribunales de instancia, por encontrarse dicha atribución establecida por ley.

Sin embargo, el punto de controversia en la litis radica en establecer si es correcta la determinación de la Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR de suspender definitivamente la Renta única de viudedad otorgada en favor de Carmen Parada Rojas.

Cabe señalar, que de la lectura de la Resolución de Vista y de la revisión de actuados, se tiene que el SENASIR por Resolución N° 015001 de 16 de octubre de 2000 (fs. 43), otorgó a favor de Carmen Parada Rojas e hijos, Renta única de viudedad y orfandad, equivalente al 60% Bs.1.876,47 parta la viuda, 20% Bs. 625,50 para cada hijo de la renta única que hubiere percibido su causante, en un total de Bs. 3.127,47, renta pagadera a partir de junio de 2000. Sin embargo, por Resolución N° 009901 de 15 de noviembre de 2006 emitida por la Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR, se dispuso la suspensión definitiva de la Renta única de viudedad otorgada, con el fundamento de que de acuerdo al reporte obtenido -de la Base de Datos- de la Corte Nacional Electoral, se evidencia que Carmen Parada Rojas cuenta con tres partidas de matrimonio vigentes: la primera de 15/03/73 con Remberto Suarez Viana; la segunda de 24/10/82 con Fidel Enrique Alipaz Monje (titular de la Renta); y la tercera de 15/06/94 con Fernando Acosta Ikinouchi; y, como fundamento jurídico ésta Resolución N° 009901, señala el art. 34 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición (MPRCPA), aprobado por Resolución Secretarial (RS) N° 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997 y el art. 37 del referido MPRCPA.

De la lectura de estas disposiciones en las que se funda la Resolución N° 009901 que suspendió definitivamente la Renta única de viudedad a Carmen Parada Rojas, se tiene que el art. 34 del MPRCPA dispone: “no tendrán derecho a la renta de viudedad la divorciada por sentencia ejecutoriada antes de la fecha del fallecimiento del causante, la esposa que hubiese estado separada en forma libremente consentida y continuada por más de dos años, conforme dispone el Código de Familia, la conviviente, si el “de cujus” estuvo casado y no existía sentencia de divorcio ejecutoriada y cuando hubieran quedado dos o más concubinas, situación que será comprobada mediante procedimiento especial."', y el art. 37 de la misma norma legal señala: “La renta de viudedad en curso de pago, cesará a la muerte de la viuda o cuando ésta contraiga nuevas nupcias o entrara en concubinato. Se presume existir concubinato de la viuda, en caso de nacimiento de un hijo después de trescientos días de la muerte del causante.”] deduciéndose que ninguna de estas disposiciones se adecúan al caso denunciado y que originó la suspensión de la renta que gozaba Carmen Parada Rojas al fallecimiento de su esposo y titular de la renta, Fidel Enrique Alipaz Monje.

Ahora bien, conforme lo señala el tribunal ad quem, por memorial de 31 de enero de 2008, Laura Marilú Alipaz Parada, hija y apoderada de Carmen Parada Rojas, en fecha 31 de enero de 2008, interpuso recurso de reclamación contra la indicada resolución de suspensión, enervando los argumentos señalados por el SENASIR, adjuntando la sentencia N° 54/2007 de 16 de julio de 2007 (fs. 102- 105), por la cual se declara probada la demanda de anulabilidad absoluta de matrimonio celebrado entre Fernando Acosta Ikinouchi y Carmen Parada Rejas, disponiéndose por tanto la cancelación de su partida matrimonial; y, la sentencia de divorcio N° 01/2007 de 9 de enero de 2007 (fs. 110-112), por la que se declara probada la demanda de divorcio y disuelto el vínculo matrimonial de Carmen Parada Rejas y Remberto Suarez Viaña. No obstante la presentación de dichos documentos, la Comisión de Reclamación por Resolución N° 0249/09 de 16 de abril de 2009 confirmó la resolución apelada.

Al efecto, los artículos 52 del CSS y 32 del MPRCPA, que a la letra dicen: "Art. 52.- La renta de viudedad se pagará en las condiciones previstas en el

artículo anterior, a la esposa o a falta de esta a la conviviente ", "Art. 32 - Se

concede renta de viudedad a la esposa sobreviviente, o a falta de ésta, a la conviviente que hubiera estado inscrita como tal en los registros de la Caja de Salud a la que pertenecía el asegurado, por lo menos un año antes de la fecha de fallecimiento del causante, siempre que el asegurado o conviviente no hubiera tenido impedimento legal para contraer matrimonio; vale decir, que el causante ostentaba el estado de soltero, viudo o divorciado mediante sentencia judicial ejecutoriada y que la vida en común se hubiera iniciado dos o más años antes del deceso ..." (las negrillas y subrayado son nuestros), por lo que el requisito principal para que Carmen Parada Rejas sea beneficiada con la renta de viudedad, era precisamente demostrar la calidad de esposa sobreviviente de Fidel Enrique Alipaz Monje, habiéndolo hecho al presentar el certificado de su matrimonio. La exigencia de no tener impedimento legal para contraer matrimonio descrita en el artículo 32 del MPRCPA, es para el causante o asegurado y en el presente caso Fidel Enrique Alipaz Monje, según el certificado de matrimonio de fs. 190, figura como soltero.

Por lo señalado, resulta acertado lo fundamentado por el Tribunal de Apelación cuando señala que “al haber la apelante demandado la anulabilidad y la cancelación de las otras dos partidas de matrimonio y encontrándose vigente la partida matrimonial que lo une con el fallecido, corresponde a ésta reconocerle como única y legítima esposa del Sr. Fidel Enrique Alipaz Monje."

También debe tenerse presente la posesión de estado demostrada por Carmen Parada Rejas, los hijos procreados en el matrimonio, habiendo perdurado el matrimonio y sus efectos incluso después del fallecimiento del de cujus, certificado de defunción tramitado por la propia esposa conforme consta a fs. 191; demostrando la condición de heredera de Fidel Enrique Alipaz Monje, correspondiéndole por tanto el derecho de percibir la renta de viudedad.

Al respecto, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia mediante Auto Supremo N° 351 de 19 de septiembre de 2012 señaló: "... la sentencia declarativa de divorcio, tiene efectos retroactivos en el tiempo pues se retrotrae al momento en el que se celebró el acto jurídico del matrimonio, es decir, como si dicha unión conyugal nunca hubiera sucedido, resolución que debe ser respetada y acatada no sólo por las partes intervinientes, sino por todos de forma general ya que ostenta carácter de cosa juzgada material y formal, pues adquirió el efecto de irrevocabilidad e inmutabilidad.

De tal forma, se acredita que habiéndose tramitado la renta de viudedad con posterioridad, es decir después del fallecimiento de su finado esposo, y siendo que la partida matrimonial inscrita en la Oficialía N° 792, Libro 3, Folio 149 y Partida 149 con Segundo Vargas Velasco (fs. 193-194) ha persistido de manera inalterable desde su celebración hasta su fallecimiento, se demostró la condición de heredera de la demandante, correspondiéndole el derecho de percibir renta de viudedad conforme el Tribunal de Alzada determinó en base a una correcta interpretación y aplicación de las normas legales, por lo que no resultan evidentes las infracciones al respecto acusadas en el recurso.”

A su vez, no se debe olvidar que el derecho a una renta y la seguridad social están también reconocidos por los Convenios y Tratados Internacionales como el Convenio 102 de la OIT de 1952, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que gozan de proclamación y regulación propia, protegiendo todos, a la persona humana de las contingencias propias de la vejez, como base del ejercicio de otros derechos fundamentales como la vida, la salud física y psicológica, la dignidad, la vestimenta, la alimentación, que busca cubrir las necesidades básicas del beneficiario de la renta, quien es considerado para el Estado, de atención prioritaria y en etapa de vulnerabilidad, aspecto por el cual, la interpretación de la norma aplicable a este sector y la realización de tales derechos, deben tener la prevalencia del derecho sustantivo antes que las formalidades, haciendo de tal manera efectivos los valores, principios y fines del Estado consagrados en el capítulo segundo del título primero, correspondiente a la primera parte de la Constitución Política del Estado(CPE); aspectos considerados en la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 0280/2012 de 4 de junio de 2012.

Consecuentemente, el Estado tiene la obligación de defender el capital humano, protegiendo la salud de la población asegurando la continuidad de sus medios de subsistencia, rehabilitación y mejorando las condiciones de vida del grupo familiar, cubriendo las contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos profesionales, invalidez, vejez, muerte, paro forzoso, asignaciones familiares, vivienda de interés social y otros, mismos que se encuentran ratificados en los arts. 35 y ss. de la Constitución Política del Estado.

Asimismo, debe considerarse que conforme el artículo 180. I de la CPE, la jurisdicción ordinaria encuentra como fundamento a la verdad material, principio procesal que además se encuentra estipulado en el artículo 30.11 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), por el cual, se obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, de la forma como ocurrieron y en estricto cumplimiento de las garantías procesales, es decir que se debe dar prevalencia a la verdad, a la realidad de los hechos, a la verdad pura, antes de subsumir el accionar jurisdiccional en ritualismos procesales que no conducen a la correcta aplicación de la justicia, de tal forma, en la especie, conforme ha valorado adecuadamente el tribunal de alzada en base a toda la documentación presentada por la actora, la misma se constituye legalmente en beneficiaría de la renta de viudedad invocada.

Por lo expuesto precedentemente, se concluye que el tribunal de alzada aplicó e interpretó correctamente la normativa vigente a momento de emitir la resolución recurrida, no habiendo transgredido, mal interpretado ni vulnerado norma alguna, correspondiendo resolver el recurso deducido por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto de fs. 220 a 223, en la forma dispuesta por los arts. 271. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil (CPC), aplicables por la norma remisiva contenida en el art. 633 del RCSS y 15 del MPRCPA.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los artículos 184. 1 de la Constitución Política del Estado y 42. I. 1 de la Ley del Órgano Judicial N° 025 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de fs. 220 a 223 interpuesto por el SENASIR.

Sin costas, en aplicación del artículo 39 de la ley 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y art. 52 del Decreto Supremo N° 23215 de 22 de julio de 1992.


Regístrese, notifíquese, devuélvase.