SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo N° 109/2016.

Sucre, 07 de abril de 2016.

Expediente: SC-CA.SAII-PDO.304/2015.

Distrito: Pando.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 125 a 126, interpuesto por Edgar Limpias López en representación legal del Gobierno Municipal Autónomo de Santa Rosa de Abuná, contra el Auto de Vista N° 97/15 de 23 de junio de 2015 emitido por la Sala Civil, Social, Familia, de la Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, dentro del proceso social por pago de beneficios sociales, seguido por Julio Augusto Rojas Limiñani contra la entidad municipal recurrente, el memorial de respuesta de fs. 128 a 129, el Auto de concesión del recurso de fs. 130, los antecedentes del proceso; y,

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, el Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Cobija, Distrito Judicial de Pando, emitió la Sentencia N° 61 015 de 17 de abril de 2015 (fs. 56 a 58 vta.), que declaró probada en parte la demanda de fs. 17 a 19 vta. de obrados, disponiendo que el Gobierno Municipal de Santa Rosa de Abuná, cancele la suma de Bs. 48.000.- por concepto de salarios devengados y el pago de aguinaldo y doble aguinaldo, a favor del actor, sin costas.

En grado de apelación por ambas partes de fs. 62 a 66 vta., interpuesto por el actor y de fs. 99 a 100 formulado por la entidad demandada, la Sala Civil, Social, Familiar, de la Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, pronunció Auto de Vista N° 97/15, que revocó parcialmente la sentencia apelada, modificando la liquidación de pago, efectuada por el juez a quo, disponiendo el pago de la suma de Bs. 89.840.-, por concepto de salarios devengados, subsidio de frontera, aguinaldo y doble aguinaldo, sin costas por ser ambas partes apelantes.

Que, contra el referido auto de vista, la entidad demandada, interpuso recurso de casación en el fondo de fs. 125 a 126, en el que expresa los siguientes argumentos:


Que, el Decreto Supremo (DS) N° 1989, define que nadie puede ganar más que la Autoridad Ejecutiva del Estado, y que ésta norma se aplica analógicamente al Gobierno Municipal de Santa Rosa de Abuná, y siendo que el sueldo de la Máxima Autoridad Ejecutiva es de Bs.6.000.-, nadie puede ganar más de ese margen previsto, por lo que pagar el subsidio de frontera en la suma de Bs.29.480.-, es contraría a las normas que regulan la Administración Pública.

Más adelante señala que el demandante, como consultor en línea no tiene derecho al aguinaldo, y solamente se debería cancelar el segundo aguinaldo.

Concluyó el memorial del recurso, solicitando se case el Auto de Vista N° 97/15 y declare improbada en parte la demanda, por no corresponder el pago del primer aguinaldo y los subsidios de frontera.

El actor, mediante memorial de fs. 128 a 129 responde al recurso interpuesto, señalando que en ningún momento fue contratado como consultor, sino fue designado mediante Resolución Municipal N° 44/2012 emitido por H. Consejo Municipal del Gobierno Municipal de Santa Rosa de Abuná, en el cargo de asesor del dicho Consejo Municipal; Resolución vigente ya que no se emitió otra que abrogue la misma.

Alega que respecto al bono de frontera, éste le corresponde por estar el Gobierno Municipal de Santa Rosa de Abuná, dentro de los 50 kilómetros lineales de la frontera, tal como prescribe el DS N° 21137, concluyendo el memorial solicitando de declare infundado el recurso de casación y declare probada en su totalidad el auto recurrido.

CONSIDERANDO II: Que, así expuestos los fundamentos del recurso de casación, y el memorial de contestación, para su resolución es menester realizar las siguientes consideraciones:

Que, previo al análisis de la problemática planteada, se establece claramente que el memorial de interposición del recurso carece de técnica recursiva y pericia procesal, denotando un claro desconocimiento que el recurso de casación se constituye en una nueva demanda de puro derecho que debe contener para su procedencia los requisitos descritos por el art. 258.2 del Código de Procedimiento Civil (CPC).

Con relación al recurso de casación, Gonzalo Castellanos Trigo en su obra “Análisis doctrinal y jurisprudencial del Código de Procedimiento Civil Boliviano” (pp. 35 y 95) dice: “El recurso de casación es un recurso extraordinario, porque no cabe, sino contra determinadas resoluciones y por motivos preestablecidos por la ley; y no constituye una tercera instancia ni una segunda apelación y se la considera como una demanda nueva de puro derecho y sujeta al cumplimiento de requisitos específicos que determina la ley.” Continua: “Se debe indicar la ley o norma de derecho infringida o erróneamente aplicada, y la causal de casación; es decir, se requiere, en primer lugar, que haya un error de derecho, y que sea señalado expresamente por el recurrente; y en segundo lugar, que dicho error esté incluido dentro de las causales de casación (...)” “para cumplir con este requisito se debe indicar el artículo de la ley que se viola, y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error incurrido y la crítica generalizada del fallo. Lo que significa que debe indicarse el error y la correcta solución de la situación jurídica, objeto de la resolución que se recurre. La invocación debe ser clara, concreta y precisa, y no mera referencia o crítica general, debido a que no pueden suplirse sus omisiones o fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente, por lo cual la única posibilidad del recurrente es presentar oportunamente el memorial de interposición del recurso.” (las negrillas son agregadas)

En ese entendido, de la lectura del recurso planteado se colige que el mismo no cumple con estos postulados, constituyéndose en un recurso impreciso y carente de relevancia jurídica, que no se adecúa a los requisitos exigidos para su interposición, pues no realiza la fundamentación pertinente de agravios ni una crítica jurídica al fallo recurrido, tampoco identifica las causales señaladas en los arts. 253 y 254 del CPC, desarrolla una relación de hechos de escaso contenido jurídico, afirmando que nadie puede ganar más que la Máxima Autoridad Ejecutiva conforme dispone el DS N° 1989 de 2 de mayo de 2014, señalando a su vez que, al actor en su condición de consultor no le correspondería el pago del primer aguinaldo; no obstante, de las deficiencias observadas teniendo en cuenta la nueva visión de la justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, que se sustenta en los principios de seguridad jurídica, celeridad, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, entre otros, previstos en los arts. 3 y 30 de la Ley del Órgano Judicial, se ingresa a examinar y resolver el fondo de la litis a objeto de dar una respuesta oportuna a las partes integrantes del proceso.

Que, los fallos pronunciados por el juez a quo y tribunal ad quem, han establecido que el actor prestó sus servicios en su calidad de asesor del Consejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Rosa de Abuná, desempeñando sus funciones con las características esenciales de la relación jurídica laboral de dependencia, de subordinación, de trabajo para la institución, de percepción de una remuneración o salario, y la continuidad de la prestación de servicios, en sujeción a las previsiones del art. 1 del DS N° 23570 de 26 de julio de 1993, encontrándose bajo el alcance y protección de la Ley General del Trabajo (LGT).

Respecto al reclamo de que el actor no podía ganar más que la Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad, haciendo referencia al DS N° 1989 de 2 de mayo de 2014, se establece que dicha norma no es aplicable al caso en análisis; toda vez que, la misma se encuentra referida a la remuneración mensual de las máximas autoridades del Órgano Ejecutivo, así lo expresa la mencionada norma en su art. 1 que señala: “El presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer: a) La escala salarial para las máximas autoridades del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional; b) El incremento salarial a la remuneración mensual de los servidores públicos de los Órganos Legislativo, Ejecutivo, Electoral, Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, Instituciones de Control, de Defensa de la Sociedad y de Defensa del Estado, entidades Desconcentradas, Descentralizadas y Autárquica". Del mismo modo, en su art. 5 refiere que: “La remuneración básica mensual de las Máximas Autoridades Ejecutivas de entidades Descentralizadas y Autárquicas, no deberá ser igual o mayor a la de un Viceministro de Estado”. En ese marco, no se observa vulneración de la norma señalada; toda vez que, el salario del actor no excede el límite establecido por el art. 5 del DS N° 1989 de 2 de mayo de 2014.

En cuanto al reclamo, de que el contrato de trabajo suscrito entre la entidad recurrente y el actor corresponde al ámbito civil, sujeto a los efectos de las previsiones del art. 519 y siguientes del Código Civil (CC), de la revisión de actuados procesales se establece que entre el actor y la entidad recurrente se suscribieron 3 contratos a plazo fijo que cursan de fs. 43 a 45 de obrados; asimismo, se debe tener presente que un contrato de trabajo es lícito siempre y cuando, cumpla los requisitos legales y no se suscriba el mismo en contra de disposiciones legales; en ese sentido, dada las características de la relación laboral, en observancia del art. 2 del DL N° 16187 de 16 de febrero de 1979, que establece: “No está permitido más de dos contratos sucesivos a plazo fijo, tampoco están permitidos contratos en tareas propias y permanentes de la empresa. En caso de evidenciarse la infracción de estas prohibiciones por el empleador, se dispondrá que el contrato a plazo fijo se convierta en contrato de tiempo indefinido”. Por la normativa glosada precedentemente, se concluye que el actor en su calidad de asesor del Consejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Rosa de Abuná, prestó sus servicios desde el 3 de diciembre de 2012, tal como refiere la Resolución Municipal N° 044/2012 emitido por el H. Consejo Municipal Santa Rosa de Abuná (fs. 1 y 2), suscribiéndose posteriormente recontrataciones sucesivas, las que por mandato legal tornan la relación laboral en una de tiempo indefinido, encontrándose sujeto a las previsiones del art. 2 de la LGT.

En mérito a lo fundamentado precedentemente, resultan injustificables los argumentos acusados en el recurso, de lo que se concluye que, el auto de vista se ajusta a las normas legales en vigencia, por lo que, no habiendo incurrido el tribunal de alzada, en la vulneración de las normas invocadas, correspondiendo en consecuencia resolver en la forma prevista por el art. 273 del Código de Procedimiento Civil, con la facultad remisiva del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los artículos 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I. 1 de la Ley del Órgano Judicial N° 025 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 125 a 126, interpuesto por Edgar Limpias López en su condición de Alcalde Municipal de Santa Rosa de Abuná. Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley N° 1178.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.