SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo N° 107/2016.

Sucre, 07 de abril de 2016.

Expediente: SC-CA. SAII-LP.300/2015.

Distrito: La Paz.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.


VISTOS: El recurso de casación y nulidad de fs. 357 a 360, interpuesto por la Empresa Sudamericana de Construcción S.R.L., representada legalmente por Ricardo Javier Arellano Albornoz contra el Auto de Vista N° 58/15 de 20 de mayo de 2015, cursante de fs. 353 a 355, emitido por la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso social por cobro de beneficios sociales seguido por Jorge Lenz contra la empresa recurrente, la respuesta de fs. 364 a 366, el auto de fs. 367 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso; y,

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, la Juez Sexto de Partido del Trabajo y Seguridad Social del Distrito Judicial de La Paz, emitido la Sentencia N° 194/2014 el 17 de octubre, cursante de fs. 331 a 339, declarando probada la demanda de fs. 14 a 15 subsanada a fs. 18, aclarando a fs. 43 y 93 de obrados, disponiendo que la Empresa Sudamericana de Construcciones proceda a la reincorporación del demandante Jorge Lenz, al puesto que venía desempeñando de Maestro Torneo de la sección Maestranza de la Empresa citada, con el consiguiente pago de salarios devengados y demás derechos desde el dio de su retiro hasta su efectiva reincorporación, liquidación que será efectuada en ejecución de fallos, siempre y cuando el actor no hubiere prestado servicios en otro lugar.

En grado de apelación de fs. 341 a 343 vta., formulada por la Empresa demandada, la sala Social Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz pronuncio el Auto de Vista N° 58/15 de fs. 353 a 355, confirmando la Sentencia N° 194/2014, con costas.

El referido fallo de segunda instancia, motivo a la Empresa demandada a través de su representante legal a interponer el recurso de casación y nulidad de fs.357 a 360, en el que esgrime los siguientes fundamentos:


En la forma, expresa que el auto de vista recurrido fue emitido por los Vocales sin competencia, fuera del plazo de diez días establecido para el efecto, habiéndose notificado el 13 de enero de 2015 con el decreto de Autos para Resolución, constando como cargo de entregado al vocal relator el 18 de mayo de 2015, cuando la sala ya no tenía competencia.

Señala que constituye otro vicio procedimental el que los Vocales no aperturaron plazo probatorio en segunda instancia de conformidad al 2.3 y 4 del Código de Procedimiento Civil (CPC) para presentar y reproducir pruebas que no fueron presentadas y que no fueron valoradas en su correcta magnitud.

Indica que en el proceso acarrea nulidad, el hecho de que no se llevó acabo la conciliación como un medio alternativo de solución de controversias, normada por el art. 67 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), también normada por el art. 184 CPC.

En el fondo, acusa la no valoración de las pruebas de cargo y de descargo, tanto por el Juez a quo como por el Tribunal ad quem, tales como:

1.- Documento privado de 1 de marzo de 2004, de prestación de servicios y alquiler de maquinarias y herramientas, en especial el alquiler del torno, el que es de carácter civil, conforme el art. 685 del Código Civil (CC), admitido por el actor en su demanda.

2.- Memorándum de 9 de junio de 2011, por el que se prescinde sólo del alquiler de los equipos y herramientas, no constando el despido.

3.- Literal de 1 de junio de 2011, por la cual los trabajadores ponen en conocimiento de la empresa las irregularidades y complicidad de la Federación Sindical de Trabajadores en construcción, en la constitución del sindicato.

4.- Nota de 15 de julio de 2011, por la que se hace conocer y denuncia al Ministerio de Trabajo el abandono de trabajo del actor.

5.- Prueba de 31 de agosto de 2011, por la que se acredita que el trabajador renuncio a la reincorporación al aceptar el pago de sus beneficios sociales.

6.- Resolución Ministerial N° 493/11 del Ministerio del Trabajo, que quedo sin efecto porque la certificación a fs. 164 acredita que el sindicato de trabajadores en construcción no cuenta con aprobación de sus estatutos, no cuenta con Resolución Suprema del Poder Ejecutivo.

7.- El informe elaborado por el encargado de recursos humanos de la empresa que señala la relación mixta (laboral y civil) y que solo se prescindió de los equipos y herramientas (torno) y no del trabajador, quien abandono su fuente laboral desde el 1 de julio de 2011.

8.- Que las literales presentadas por el actor son simples fotocopias sin valor legal.

Acota que se causan agravios, lesionando el derecho al debido proceso, el derecho a la defensa, la seguridad jurídica, la inmediatez, al rechazar simple y llanamente la excepción la falta de acción y derecho, contradiciéndose la a quo al manifestar que sería considerada en sentencia.

Indica que conforme al art. 3 del CPC, son deberes de los jueces y tribunales cuidar que el proceso se desarrolle sin vicios de nulidad, y al considerar que existen nulidades insubsanables plantea incidente de nulidad.

Concluye solicitando que se case el auto de vista impugnado y/o se anule obrados hasta que se lleve a cabo el instituto de la conciliación, que es el vicio más antiguo.

CONSIDERANDO II: Que, así expuestos los fundamentos del recurso de casación y considerando los antecedentes del proceso, para su resolución es menester realizar las siguientes consideraciones:

Resolviendo el recurso de nulidad o casación en la forma, respecto a la acusación de que el auto de vista recurrido fue emitido por Vocales sin competencia, fuera del plazo de diez días establecido para tal efecto, habiéndose notificado el 13 de enero de 2015 con el decreto de Autos para Resolución, constando como cargo de entregado al vocal Relator el 18 de mayo de 2015, cuando la Sala ya no tenía competencia; debe tenerse presente el art. 267 del CPC que indica: “Semanalmente y de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Organización judicial se procederá a la distribución mediante sorteo, ciñéndose estrictamente a su fecha de ingreso. Esta distribución se hará pública en la secretaria de casa sala.” Y de la revisión de obrados se verifica que antes de la emisión del auto de vista ahora recurrido, cursa a fs. 352 vta., el sorteo para el caso de autos, llevado adelante el 18 de mayo de 2015, emitiendo el tribunal de alzada el Auto de Vista N° 58/15; es decir dentro del plazo señalado por ley, no siendo por lo tanto ciertos los reclamos efectuados al respecto.

En relación a la aseveración de que constituye vicio procedimental que los Vocales disidentes no aperturaron plazo probatorio en segunda instancia de conformidad al art. 2.3. y 4 CPC, para presentar y reproducir pruebas que no fueron presentadas y que no fueron valoradas en su correcta magnitud; es menester señalar que el recurrente no hizo uso de la facultad conferida por el art. 232.1 del CPC, a efectos de la apertura de un plazo probatorio si consideraba necesaria la producción o revisión de pruebas, pues la facultad que otorga al es juez de abrir un plazo probatorio establecido en el art. 233 del adjetivo Civil es totalmente potestativa y no así como pretende el recurrente, su obligatoriedad bajo pena de nulidad por ni haberlo dispuesto. Además, desglosando esta norma, en los numerales que señala la empresa demandada, se tiene que: “El juez o tribunal podrá abrir un plazo probatorio no mayor de veinte días en los casos siguientes: (...) 2) Cuando, decretada las pruebas en primera instancia, no se hubieren recibido por causas no imputables a las partes que las ofrecieron, En este caso el plazo probatorio se circunscribirá a recibirlas o a que dentro de él se cumplan los requisitos que faltaren para su perfeccionamiento. 3)” Cunado versare sobre hechos ocurridos después de transcurrida la oportunidad de ofrecer pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrarlos o desvirtuarlos. 4) Cuando se tratare de desvirtuar documentos que no pudieron presentarse en primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”, no habiéndose presentado ninguna de estas circunstancias en autos, no ameritaría la apertura del plazo probatorio.

En referencia a la solicitud de nulidad, por el hecho de que no se llevó a cabo la conciliación como un medio alternativo d solución de controversias, normada por el art. 67 de LOJ y art. 184 del CPC. De la verificación de actuados, conforme a la copia de fs. 118 de obrados, se tiene que, en fecha 31 de agosto de 2011 las partes conciliaron mediante documento en el cual la empresa se compromete al pago de los beneficios sociales del actor; sin embargo, por el incumplimiento al mismo, el actor se vio obligado a efectivizar su demanda de reincorporación conforme manifiesta en su demanda.

En ese marco, la conciliación, conforme al criterio de Guillermo Cabanellas, “...configura un acto, un procedimiento y un posible acuerdo. Como acto representa el cambio de puntos de vista, de pretensiones y propuestas de composición entre partes que discrepan. Como procedimiento, la conciliación se integra por los trámites y formalidades de carácter convencional o de imposición legal para posibilitar una coincidencia entre los que tienen planteado un problema jurídico o un conflicto económico-social. Como acuerdo, la conciliación representa la fórmula de arreglo concertado por las partes (...) El resultado puede ser positivo o negativo. En el primer caso, las partes se avienen; en el segundo, cada una de ellas queda en libertad para iniciar las acciones que le correspondan.”, concluyendo que, la conciliación es en esencia una manifestación de la voluntad de las partes; es decir, un acto voluntario, jamás impuesto que en principio quienes tienen intereses contrapuestos, convienen en componer sus ánimos para lograr un resultado satisfactorio para ambas, con la finalidad de evitar un pleito judicial, pretensión que no puede estar sujeta a condicionamiento alguno.

Como se tiene establecido, la conciliación es un medio alternativo para la solución de controversias, sin embargo el hecho de que no se efectivice una audiencia conciliatoria no representa vulneración de derechos, ni la causal de nulidad de obrados, más aún si como se analizó anteladamente, las partes ya conciliaron respecto a los hechos que pide el recurrente sean considerados en la audiencia que solicitó.

Resolviendo el recurso de casación en el fondo, el mismo que versa en relación a la no valoración de las pruebas de descargo detalladas en el recurso, por parte de los jueces de instancia; sin considerar la uniforme jurisprudencia nacional al señalar que la apreciación y valoración de la prueba por los juzgadores de instancia, es incensurable en casación; y que excepcionalmente podrá producirse una revisión o revaloración de la misma, en la medida en que en el recurso se acuse y se pruebe la existencia de error de hecho o de derecho, de acuerdo con la regla que establece el art. 253 del CPC que textualmente señala: “ Cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta del juzgador.”, lo que en la litis no sucedió.

Al efecto, el tratadista Pastor Ortiz Mattos, en su obra, “El Recurso de Casación en Bolivia”, pág. 158, expresa: “...El error de hecho se da cuando la apreciación falsa recae sobre un hecho material; tal error, en el que incurriere el juez de fondo en el fallo recurrido, cuando considera que no hay prueba eficiente de un hecho determinado siendo así que ella existe y que la equivocación está probada con un documento auténtico”, y “El error de derecho recae sobre la existencia o interpretación de una norma jurídica. En el caso que nos interesa cuando el juez o tribunal de fondo, ignorando el valor que atribuye la ley a cita prueba, le asigna un valor distinto.”

De la revisión de los actuados procesales se verifica que la indicada prueba fue compulsada por los juzgadores de instancia, habiendo realizado la libre valoración de éstas en función al art. 158 del Código Procesal del Trabajo (CPT), en sujeción a lo dispuesto en los arts. 3.g) y h); 66 y 150 de la misma norma legal, al ser deber primordial del Estado proteger los derechos de los trabajadores, en cumplimiento a los principios de primacía de la realidad, de proteccionismo e inversión de la prueba en materia laboral, por cuanto todo trabajador goza del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva consagrado por los arts. 162 de la Constitución Política del Estado (CPE), 4 y 13 de la Ley General del Trabajo (LGT), por lo que resulta adecuada la conclusión a la que arribaron los Vocales que suscribieron el auto de vista impugnado, quienes expresan que de conformidad al art. 3. j) del CPT en concordancia con el art. 158 del mismo cuerpo legal el juez “...no se sujeta al sistema de la prueba tasada, sino a una valoración libre en la cual el juzgador aplica su apreciación razonada, valorando las pruebas a la luz de la sana crítica.”

Además, debe tenerse presente que, todos los aspectos recurridos en casación en relación a la falta de valoración de la prueba, fueron objeto del recurso de apelación por parte de la Empresa Sudamericana de Construcción S.R.L., habiendo ya merecido adecuada respuesta cada uno de estos puntos en el Auto de Vista N° 58/15, ahora impugnado, siendo innecesario redundar al respecto.

Por lo señalado y considerando también el principio protector de primacía de la realidad por el que prevalece la veracidad de los hechos a lo que se pactó o documentó, se establece que en el caso en particular existió una relación laboral obrero patronal, y que el trabajador se encontraba bajo la protección del fuero sindical, por lo que no correspondía su retiro de su fuente laboral, aspecto que los jueces de instancia establecieron válidamente. Además, cabe indicar que el art. 48.II de la CPE, establece el “principio de la relación laboral” como un principio protector de los trabajadores, señalando al efecto: “Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador”, más aun si éste es irrenunciable de acuerdo al art. 48.III de la CPE, que dispone: “Los derechos y beneficios reconocidos a favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos.”, concordante con el art. 4 de la LGT, que prevé: “Los derechos que esta

Ley reconoce a los trabajadores son irrenunciables, y será nula cualquier contravención en contrario”, por lo que no resulta evidente lo aseverado por el recurrente.

Con relación a la acusación de que se causó agravios, lesionando el derecho al debido proceso, el derecho a la defensa, la seguridad jurídica, la inmediatez al rechazar simple y llanamente la excepción de falta de acción y derecho, contradiciéndose la juez a quo al manifestar que sería considerada en sentencia; debe tenerse presente que el art. 127 del CPT, establece: “En el procedimiento social solo se admiten las siguientes excepciones: a) Previas: de incompetencia, impersonería, conexitud de causas e imprecisión o contradicción en la demanda, b) Perentorias: de pago, prescripción y cosa juzgada”; no encontrándose considerada dentro de las permitidas por este procedimiento la excepción formulada de falta de acción y derecho, por lo que al rechazarla la juez a quo y confirmar dicha determinación el tribunal ad quem, ha actuado conforme a derecho.

Por último, se evidenció de los datos del proceso, que los jueces de instancia actuaron observando los principios y normas que rigen la materia, resolviendo conforme a derecho y cuidando que el proceso se desarrolle sin vicio de nulidad alguno.

En el marco legal descrito, el tribunal de alzada al emitir el auto de vista recurrido, no incurrió en las faltas acusadas por el representante de la Empresa Sudamericana de Construcción S.R.L., en el recurso de casación y nulidad de fs. 357 a 360, correspondiendo en consecuencia, resolver el mismo en la forma prevista por los arts. 271.2 y 273 del CPC, aplicables por la norma remisiva contenida en el art. 252 del CPT.

Por tanto: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial N° 025 de 24 de junio de 210, declara INFUNDADO el recurso de casación y nulidad de fs. 357 a 36, con costas.


Regístrese, notifíquese, devuélvase.