SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo N° 106/2016.

Sucre, 07 de abril de 2016.

Expediente: SC-CA.SAII-LP.299/2015.

Distrito: La Paz.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.


VISTOS: El recurso de casación en el fondo a fs. 191 a 192, interpuesto por Matías Lucio Chacón Coronado en representación de la Caja Nacional de Salud, contra el Auto de Vista N° 048/2015 S.S.A.II; abril, cursante de fs. 186 a 187, emitido por la Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso laboral seguido por Carla Dennisse Parra Lizarazu contra la institución recurrente, la respuesta de fs. 195 a 196, el auto de fs. 197que concedió el recurso; los antecedentes del proceso y,

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral el Juez Quinto del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, pronunció la Sentencia N° 113/2014 de 13 de junio, cursante de fs. 163 a 167 declarando probada en parte la demanda de fs. 13 a 14 vta., modificada de fs. 18 a 19 de obrados, disponiendo que la institución demandada cancele a la actora la suma de Bs.9.259,66.-(nueve mil doscientos cincuenta y nueve 66/100 bolivianos), por indemnización, desahucio, vacación, multa del 30% y además de la actualización señalada en el art. 9 de Decreto Supremo (DS) N° 28699 de 1 de mayo de 2006 en ejecución de sentencia.

En grado de apelación deducida por ambas partes por memoriales de fs. 169 vta., y 172 a 175, de la Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Auto de Vista N° 048, la Sentencia N° 113/2014.

El referido auto de vista, motivó que la Caja Nacional de Salud (C.N.S.), representada por Matías Lucio Chacón Coronado, interponga recurso de casación en el fondo, acusando:

Denunció que la C.N.S., presentó en calidad de prueba de descargo el Informe Legal N° 132/10, de fecha 9 de marzo de 2010, argumentando que en los antecedentes se señaló que mediante el cite de fecha 4 de marzo de 2010, la señora Dennisse Parra Lizarazu en calidad de hija solicitó a la C.N.S. regional La Paz se efectué el pago de los beneficios sociales del trabajador fallecido, Florencio Parra Arce, por lo que la C.N.S., mediante planilla de beneficios sociales N° 0116/2010 de 12 de marzo de 2010, ya tenía listo el pago de los beneficios sociales del trabajador fallecido y no fue cobrado por sus herederos; el art 140. I. señala que: “los plazos procesales comenzaran a correr desde el día hábil siguiente de la citación o notificación con la resolución judicial”, por lo que: al enterarse la C.N.S. en fecha 4 de marzo del fallecimiento del señor Florencio Willy Parra Arce, dentro de los días dispuesto por el DS N° 28699 se puso a disposición de los herederos los beneficios sociales como consta en planilla N° 0116/2010 no haciéndose presente la señora Dennisse Parra Lizarazu para el cobro correspondiente en las oficinas de la C.N.S. por lo que no corresponde la multa del 30°: establecido en el D.S. 28699 por lo que es el presente caso la negligencia fue generada por la parte demandante

Asimismo, acusó que se procedió a cancelar en demasía, la suma de Bs.7.158.-(siete mil ciento cincuenta y ocho 00/100 bolivianos) el ítem de desahucio, cuando éste no le corresponde puesto que no existió el despido intempestivo sin el pre aviso dispuesto por el art. 12 de la LGT este pago en demasía supera abundantemente el pago de la multa del 30%.

Concluyo solicitando se admita el recurso de casación, y disponga la nulidad del fallo del juez a quo.

CONSIDERANDO II: Que, planteado el recurso de casación en el fondo, ingresando a su análisis con relación al auto de vista recurrido y a los antecedentes del proceso, se establece lo siguiente:

Resolviendo la acusación referida, que sustente el retraso del pago de beneficios sociales cuando sea atribuible al trabajador o en este caso a sus herederos; cabe señalar que el artículo 9.1 del Decreto Supremo N° 28699 de 1 de mayo de 2006, imperativamente establece la obligación que tiene el empleador de cancelar en el plazo impostergable de quince días calendario los beneficios sociales, sueldos devengados y todos los derechos que le correspondan al trabajador que hubiese sido despedido, ante cuyo incumplimiento según establece el artículo 9.II del señalado decreto supremo, debe pagar una multa del 30% sobre el monto total a cancelarse, no evidenciándose en esta disposición legal ninguna excepción de impedimento por motivos de fuerza mayor o que cuando sea atribuible el retraso al trabajador o en el presente caso a la negligencia de sus herederos se deba liberar de dicha multa al empleador, y como tal dicha norma no presenta ningún vacío legal, razón por la cual, se colige que la empresa indebidamente pretende sustentar el incumplimiento en el que incurrió.

A este efecto, el Tribunal Supremo, de manera reiterada ha señalado la importancia en cuanto a la observancia del derecho al debido proceso en materia administrativa y con mayor razón en cuanto a la jurisdicción ordinaria se refiere, elemento que comprende entre otros muchos aspectos, el deber de una correcta valoración de los elementos probatorios aportados por las partes, en cuyo mérito, resulta pertinente mencionar la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 1916/2012 de 12 de octubre, al establecer que: “La motivación y también la valoración integral de medios probatorios aportados en una causa jurisdiccional, constituyen presupuestos propios de las reglas de un debido proceso. En ese orden, el Estado Social y Democrático de Derecho, solamente estará asegurado, en la medida en la cual el ejercicio de la jurisdicción ordinaria, respete los postulados de un debido proceso y en particular la motivación, fundamentación y valoración integral de medios probatorios aportados; por tanto, estos aspectos inequívocamente se encuentran directamente vinculados con la seguridad jurídica, que es concebida como un principio y también como un valor de rango supremo, postulado a partir del cual, el Estado, en la medida en la cual asegure la certidumbre, consolidará la paz social”.

Asimismo con la referencia a la jurisprudencia constitucional, a través de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, estableció los requisitos para asegurar el elemento de motivación en las resoluciones jurisprudenciales y también la valoración integral de la prueba aportada, exigencias entre las cuales se encuentran las siguientes: “a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos tácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita rodos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado*.

En ese marco doctrinal y jurisprudencial, corresponde analizar los reclamos expresados en la casación con relación a la resolución impugnada, que si bien confirmó la sentencia, reconociendo la multa del 30% por el incumplimiento del pago en el plazo de los quince días, y el mantenimiento de valor, lo que denota que el auto de vista cumple con la debida fundamentación y lo referente al debido proceso, como establece la jurisprudencia constitucional citada precedentemente; a dicho fin y por razones de vinculatoriedad entre los motivos expuestos se pasa a analizar de manera conjunta los que se encuentren relacionados entre sí:

Respecto al pago de la multa del 30%, sí bien es cierto, el art. 9 del DS. N° 28699, prevé que en caso de producirse el despido del trabajador, el empleador deberá cancelar en el plazo de quince días, los sueldos devengados, indemnización y todos los derechos que correspondan, no es menos cierto que en el caso presente la desvinculación laboral se produjo como resultado de un caso fortuito como fue el fallecimiento del trabajador, en consecuencia al no haber cancelado los beneficios sociales demandados en el plazo de quince días previstos por ley, corresponde el pago de la multa del 30% establecido en la normativa citada; porque el art. 9 del DS. 28699, establece que debe cancelarse en el plazo impostergable de quince días calendarios todos los derechos que correspondan; y que pasado el plazo indicado y para efectos de mantenimiento de valor correspondiente, el pago de dicho monto será calculado y actualizado en base a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda-UFVs, desde la fecha del fallecimiento del trabajador asalariado hasta el día anterior a la fecha en que se realice el pago del finiquito (...) “U. En caso que el empleador incumpla su obligación en el plazo establecido en el presente artículo, pagará una multa en beneficio del trabajador consistente en el 30% del monto total a cancelarse, incluyendo el mantenimiento de valor’’, (Las negrillas son añadidas).

En la especie, de la revisión de obrados se establece que la empresa demandada en la tramitación del proceso de manera desaprensiva e impertinentemente pretende atribuir a la actora el incumplimiento oportuno del pago de los beneficios sociales en el que incurrió, al afirmar que si bien es obligación del empleador pagar oportunamente los derechos que correspondan al trabajador, empero no menos cierto que en el presente caso el pago de los beneficios sociales no fue cumplida por causas atribuibles a los herederos de Florencio Willy Parra Arce, por cuanto, debe agregarse que de antecedentes no se advierte que los herederos del actor hubiesen reconocido en forma expresa que el retraso en el pago de los beneficios sociales fue atribuible a la negligencia de la señora Dennisse Parra Lizarazu por el contrario, acompañando las literales de fs. 2 de obrados en certificado de defunción del señor Florencio Willy Parra Arce en el que se indica que la fecha del fallecimiento a los 60 años el día 11 de enero de 2010 a horas 7:30, inscrito por Dennisse Parra Arce, es decir, desde esa fecha transcurrió abundantemente el plazo legal para realizar la liquidación/de los beneficios sociales.

Según lo anotado, se establece que en fecha 04 de marzo de 2010, al no haberse cumplido con la liquidación de los beneficios sociales del trabajador fallecido, la señora Carla Dennisse Parra Lizarazu solicitó el pago de los beneficios sociales de su señor padre Florencio Willy Parra .Arce a la empresa estatal demandada, por lo que mediante planilla de beneficios sociales N° 0116/2010 de fecha 12 de marzo de 2010, se pretendía el pago de los beneficios sociales del fallecido Florencio Willy Parra Arce, haciéndose efectivo el pago en fecha 1 de abril de 2010, por la negligencia de sus herederos al no haberse presentado para efectivizar el cobro en la fecha que establece el art. 9 del DS. 28699 por lo que la C.N.S. regional La Paz, de forma desaprensiva e impertinentemente pretende atribuir a los herederos del actor el incumplimiento oportuno del pago de los beneficios sociales en el que se incurrió.

Sin embargo, esta situación no es suficiente justificativo para el incumplimiento de los beneficios sociales, toda vez que este pago debió efectivizar la empresa estatal demandada a la actora en el plazo de 15 días producido el deceso del trabajador, o en su caso realizar el pago en calidad de depósito y/o fondos en custodia ante el Ministerio del Trabajo; lo que no ocurrió, incumplimiento que obliga al pago de la multa del 30% del monto total liquidado.

En este contexto, el art. 48. I,ll y III de la Constitución Política del Estado (CPE), sostiene que las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio, las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadores, de primacía de la relación laboral, de continuidad y estabilidad laboral, de no discriminación y de inversión de la prueba a favor del trabajador, asimismo, dispone que los derechos y beneficios reconocidos en favor de los trabajadores son irrenunciables y son nulas todas las convenciones contrarias; a su vez, el art. 4 del DS N° 28691 ratifica la vigencia de los principios del Derecho Laboral, entre ellos el principio protector, por el cual el Estado debe interpretativa de las normas se debe aplicar la más favorable al trabajador la regla de la condición más beneficiosa, por la cual se debe respetar la situación anterior concreta que más favorece al trabajador asimismo, la norma citada establece la vigencia del principio de primacía de la realidad donde prevalece la realidad de los hechos a lo acordado por las partes.

Consiguientemente y en mérito a lo expuesto, se concluye que al no ser evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de casación o nulidad en el fondo, estas devienen en infundadas, correspondiendo en consecuencia resolver de acuerdo a las previsiones contenidas en los artículos 271.2. y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por mandato del artículo 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los artículos 184. 1 de la Constitución Política del Estado y 42. I. 1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación o nulidad en el fondo a fs. 191 y vta.

Sin costas, por disposición de los artículos 39 de la Ley N° 1178 de 20 de Julio de 1990 Ley SAFCO y 52 del Decreto Supremo N° 23215 de 22 de Julio de 1992.


Regístrese, notifíquese, devuélvase.