SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo N° 105/2016.

Sucre, 7 de abril de 2016.

Expediente: SCZ. 298/2015.

Distrito: Santa Cruz de la Sierra

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 526 a 528 vta., interpuesto por el Gobierno Municipal Autónomo de “El Torno” representado por su Alcalde Municipal Bernardo Cruz Aragón, contra el del Auto de Vista N° 22 de 28 de enero de 2015, cursante de fs. 499 a 500, emitido por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso social por impugnación de conminatoria de reincorporación seguido por el Gobierno Autónomo Municipal de El Torno contra la Jefatura Departamental del Trabajo, el memorial de respuesta de fs. 532 a 533, el Auto a fs. 534 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso; y,

CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso laboral, el Juez Primero del Trabajo y Seguridad Social de Santa Cruz, emitió la Sentencia N° 03 el 8 de enero de 2014 cursante de fs. 452 a 456, declarando improbada la demanda de Impugnación a la Resolución Administrativa JDTSC/CONM/RL.045/2011 de 8 de agosto de 2011 emitido por el Ministerio del Trabajo y en cumplimiento de ésta, ordena que la Alcaldía Municipal de El Torno a través de su actual alcalde Municipal, proceda a reincorporar a su puesto de trabajo que tenía la profesional odontóloga Mirian Cairo Rojas, debiendo serle cancelados sus salarios y otros derechos como aguinaldos, incrementos que se hubieran dado con carácter retroactivo desde el día en que fue retirada hasta el día de su reincorporación, con mas los derechos correspondientes del hijo nacido como los subsidios prenatal, natalidad y lactancia, sin multa por tratarse de beneficios sociales, ni costas al ser la institución edilicia un Órgano del Estado.

En grado de apelación de fs. 468 a 470, formulado por los representantes legales del Gobierno Autónomo de “El Torno”, a través de sus, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, pronunció el Auto de Vista N° 22, confirmando en todas sus partes lo determinado en la Sentencia N° 03 de 8 de enero de 2014, de fs. 452 a 456 del expediente, con costas en aplicación de lo que establece los arts. 4, 56 y 59 del Código Procesal del Trabajo (CPT) y art. 48 de la constitución Política del Estado (CPE).

Que, contra esta resolución la institución demandante presento de fs. 526 a 528, memorial de recurso de casación en el fondo, en el que esgrime los siguientes fundamentos:

Expresa que el Tribunal de apelación debió anular obrados hasta el vicio más antiguo por contener violaciones al debido proceso, aplicación indebida de normas e interpretación errónea de la ley condenando ilegalmente a esa entidad del Estado al pago en sentencia de una suma indeterminada no cuantificada por el juez, colocando al Estado en un limbo jurídico al no poder establecer el monto efectivamente debido, vulnerando el art. 202.b) del CPT, la Ley N° 2027, Estatuto del Funcionario Público concordante con el Decreto Supremo N° 0181, Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, por cuanto se hace evidente el desconocimiento de la naturaleza jurídica del vínculo contractual que unió a Miriam Cairo Rojas con el Gobierno Autónomo Municipal de El Torno, al adecuarse su tipo de contratación al art. 6 de la Ley N° 2027, Estatuto del Funcionario Público, cuya contratación fu realizada según lo dispuesto por el Decreto Supremo (DS) N° 0181, indicado, debiendo haberse sustentado este reclamo en la vía administrativa.

Señala que de manera forzada las resoluciones de instancia pretende hacer ver que el art. 6 de la Ley N° 2027 no se adecúa a la ex consultora, quien prestaba servicios específicos o especializados atendiendo los problemas odontológicos de la población, incumpliendo el mismo y dando lugar a que los habitantes de la localidad exijan el alejamiento de sus funciones por sus repetidas faltas administrativas ya que las obligaciones de ambas partes estaban reguladas por el contrato que establecía un plazo de prestación de servicios que concluyó, por lo que el Gobierno Municipal de El Trono no incumplió el mencionado contrato.

Indica que durante el desarrollo del proceso se ha vulnerado la Ley N° 2027, el CPT, por una serie de errores procedimentales que anularían el proceso como tal, tal es así la ausencia de contestación por parte de la jefatura Departamental del Trabajo dentro del plazo procesal establecido de cinco días para contestar la impugnación, situación que da por finalizado el proceso, pero el Juez continúa dando como válida una tercería ilegal interpuesta por la ex consultora sin el menor tino legal, en contravención de las tercerías permitidas por el procedimiento laboral y emitiendo sentencia sin definir un monto de dinero o suma determinada a efectos de ser cumplida por el Gobierno Autónomo Municipal de El Torno.

Señala como línea jurisprudencial el Reglamento de Control de la declaración jurada de bienes y rentas en las entidades públicas Código RE/CI- 010 emitido por la Contraloría General del Estado, el mismo que en su art. 3.II dispone con relación al ámbito de aplicación, normativa que delimita claramente que los consultores en línea no están dentro de las clases de servidores públicos definidos por la CPE ni de la Ley N° 2027 por lo que las obligaciones de ambas partes están reguladas exclusivamente por el contenido de sus contratos. También las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nos. 0281/2013-L y 1847/2014 de 25 de septiembre.

Concluye solicitando se case el auto de vista impugnado, consiguientemente se revoque la Sentencia de primera instancia de fs. 452 a 456 de obrados; adicionalmente se anule obrados por que el proceso fue producto de una serie de inobservancias y violaciones por parte del Juez de origen de la causa.

CONSIDERANDO II: Que, analizados los fundamentos del recurso de nulidad, se realiza las siguientes consideraciones para resolución:

El Gobierno Autónomo Municipal de El Torno a través de su Alcalde Municipal recurre de casación en el fondo en contra del Auto de Vista N° 22 de 28 de enero de 2015; no obstante, en su fundamento de recurso expresa que el tribunal de apelación debió anular obrados hasta el vicio más antiguo por contener violaciones al debido proceso, aplicación indebida de normas e interpretación errónea de la ley condenando ilegalmente a esa entidad al pago de una suma no cuantificada por el juez, vulnerando el art. 202.b) del CPT, la Ley N° 2027, Estatuto del Funcionario Público concordante con el Decreto Supremo N° 0181, Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. Al respecto, debe tenerse presente que el recurrente no consideró que la infracción aducida al art. 202.b) del CPT, corresponde al recurso de casación en la forma, debiendo tomarse en cuenta que el memorial del recurso confunde los efectos de la casación y la nulidad propiamente dichas, olvidando el recurrente que, conforme establece la doctrina y jurisprudencia, el recurso de casación en el fondo o casación propiamente dicha, debe fundarse en errores in judicando, o sea, en la violación de leyes sustantivas en la decisión de la causa, que hubieran incurrido los tribunales de instancia al emitir sus resoluciones, y estar debidamente identificadas, al tenor del art.253 del CPC; mientras que para el recurso de casación en la forma o de nulidad propiamente dicho, se funda en errores in procedendo, referidas a la infracción de normas adjetivas incumplidas o mal aplicadas en la tramitación del proceso, enumeradas por el art. 254 de la misma norma legal. De tal manera que ambos recursos (tanto en el fondo como en la forma), se sustentan en causas distintas y persiguen efectos diferentes que no pueden confundirse entre sí, como erróneamente plantea el recurrente. Y, en mérito a las características que hacen a uno y otro recurso, la resolución de cada uno también adopta una forma específica y diferenciada. Así cuando se plantea recurso de casación en el fondo, lo que se pretende es que el Tribunal case el Auto de Vista impugnado y resuelva el fondo del conflicto; en cambio, cuando se plantea el recurso de nulidad o casación en la forma, lo que se pretende es la nulidad de obrados, siendo comunes para ambos recursos las formas de resolución por improcedente o infundado. Por ello al margen de exponer los motivos en que se funda el recurso de casación en el fondo, es deber del recurrente concretar su pretensión recursiva en forma congruente con el recurso que deduce.

De la vulneración que aduce de la Ley N° 2027, Estatuto del Funcionario Público concordante con el DS N° 0181, Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, esta acusación no cumple con lo establecido por el art. 258.2 del CPC, referido a la cita clara, concreta y precisa de la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error que aduce, por cuanto, en el recurso no se detalla qué artículo o artículos de dichas normas fueron violados por el Tribunal ad quem a efectos de que éste Supremo Tribunal de Justicia pueda realizar el control de legalidad correspondiente.

En relación a la aseveración de que de manera forzada se pretende hacer ver que el art. 6 de la Ley N° 2027 no se adecúa a la ex consultora, quien prestaba servicios específicos o especializados atendiendo los problemas odontológicos de la población, incumpliendo el mismo y dando lugar a que los habitantes de la localidad exijan el alejamiento de sus funciones por sus repetidas faltas administrativas ya que las obligaciones de ambas partes estaban reguladas por el contrato que establecía un plazo de prestación de servicios que concluyó, por lo que el Gobierno Municipal de El Torno no incumplió el mencionado contrato. De la revisión de obrados y las resoluciones emitidas en el expediente, se verifica que la Jefatura Departamental de Trabajo de Santa Cruz emitió conminatoria de reincorporación laboral JDTSC/CONM/RL.045/2011 dirigida al Gobierno Municipal de El Torno, en favor de la trabajadora Miriam Cairo Rojas. Asimismo, se evidencia que la misma trabajó en el cargo de consultora dependiente de dicho Gobierno Municipal por dos contratos escritos, el primero de 1 de febrero de 2010 hasta el 1 de noviembre de 2010 de fs. 27 a 30, el cual fue interrumpido para realizar un segundo contrato a partir del 1 de julio de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2010 de fs. 3 a 5; pero de acuerdo a las copias del libro de asistencia que corre de fs. 31 a 89, se evidencia que Miriam Ciro Rojas trabajó incluso hasta el 3 de febrero de 2011, emitiendo informes de actividades dirigidos al Alcalde Municipal respecto al trabajo que desempeñaba, hasta la última semana del mes de enero de 2011 fs. 90 a 92, por lo que de conformidad a lo establecido por el art. 5 del DS N° 28699 que señala: “Cualquier forma de contrato, civil o comercial, que tienda a encubrir la relación laboral, no surtirá efectos de ninguna naturaleza, debiendo prevalecer el principio de realidad sobre la relación aparente", se concluyó que no hubo en ningún momento contrato de consultoría en línea como pretende hacer valer la institución demandante. A más que, conforme se demostró la funcionaría se encontraba en estado de gravidez, amparada por el art. 48.III de la CPE concordante con el art. 1 de la Ley 975 de 2 de marzo de 1988 y art. 2 del DS N° 012 de 9 de febrero de 2009.

A lo anteriormente señalado se debe agregar que a través de notario de fe pública en fecha 10 de noviembre de 2011, se procedió a la entrega a Miriam Cairo Rojas del memorándum de reincorporación en el cargo de médico odontóloga del Centro de Salud Santa Rita, emitido por el Alcalde Municipal del Gobierno Municipal de El Torno, Bernardo Cruz Aragón de fs. 108.bis; documento que sustenta el reconocimiento por parte del Gobierno Autónomo Municipal de El Torno, del derecho que le asistía a la nombrada funcionaría.

En cuanto a la acusación de vulneración de la Ley N° 2027, Estatuto del Funcionario Público, el Código de Procedimiento Laboral, por una serie de errores procedimentales que anularían el proceso como tal, tal es así la ausencia de contestación por parte de la jefatura Departamental del Trabajo dentro del plazo procesal establecido de cinco días para contestar la impugnación, debe considerarse        que        este        Supremo

Tribunal de Justicia ya fundamentó al respecto con relación al recurso incoado en el fondo, no teniendo coherencia los fundamentos en la forma expuestos, que a más abundamiento, debe tenerse presente que los reclamos ahora aducidos por el recurrente no fueron realizados en el momento procesal correspondiente, por lo que su derecho al mismo precluyó.

Respecto a la línea jurisprudencial como el Reglamento de Control de la declaración jurada de bienes y rentas en las entidades públicas Código RE/CI- 010 emitido por la Contraloría General del Estado, el mismo no corresponde, por cuanto se estableció en la litis la relación laboral que existió entre el Gobierno Autónomo Municipal de El Torno con la odontóloga Miriam Cairo Rojas.

Por los razonamientos expresados, se concluye que la decisión del tribunal de alzada, es correcta al confirmar la sentencia de primera instancia, advirtiéndose que el auto de vista impugnado N° 22 de 28 de enero de 2015 de fs. 499 a 500 impugnado se ajusta a las disposiciones legales en vigencia; consiguientemente, al no estar demostrada la existencia de las infracciones denunciadas por la institución recurrente en el recurso de casación en el fondo de fs. 526 a 528, corresponde resolver en la forma prevista por los art. 271.2 y 273 del CPC, aplicables por la permisión prevista en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42. I. 1 de la Ley del Órgano Judicial N° 025 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 526 a 528; sin costas, de conformidad al art. 39 Ley N° 1178 SAFCO de 20 de julio de 1990.


Regístrese, notifíquese, devuélvase.