SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 104/2016. 

Sucre, 07 de abril de 2016.  

Expediente: SC-CA.SAII-SCZ.297/2015.

Distrito: Santa Cruz de la Sierra.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación en la forma de fs. 211 a 212 vta., interpuesto por la Honorable Alcaldía Municipal de Gral. Saavedra, representada por Miguel Llave Rojas, contra el Auto de Vista N° 213 de 28 de marzo de 2012, cursante de fs. 205 a 206 de obrados, emitido por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso laboral, que sigue Teresa Hollweg Demiquel contra la Honorable Alcaldía Municipal de Gral. Saavedra, el auto de fs. 215 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso, y:


CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, la Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social de la Provincia Obispo Santisteban de Santa Cruz, pronunció la Sentencia N° 20 de 3 de noviembre de 2011, cursante de fs. 144 a 146, declarando probada la demanda de fs. 6 a 7, disponiendo que la Honorable Alcaldía Municipal de Saavedra, representada por el Alcalde Municipal Miguel Llave Rojas, cancele a la trabajadora Teresa Hollweg Demiquel, la suma de Bs.30.678,03 (treinta mil seiscientos setenta y ocho 03/100 bolivianos), por indemnización, desahucio, aguinaldo, vacación y bono. Además de la multa del 30% previsto por el parágrafo II del art. 9 del D.S. N° 28699 de 1 de mayo de 2006.

En grado de apelación deducida por memorial de fs. 195 a 196, por la institución municipal demandada representada por Miguel Llave Rojas, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de la ciudad de Santa Cruz, por Auto de Vista N°213, cursante de fs. 205 a 206, confirmó en parte la Sentencia N° 20, cursante de fs. 144 a 146 del expediente, dictado por la Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social de la provincia Obispo Santisteban. Sin costas.

Al memorial de explicación y enmienda presentado por la actora, de fs.207, el tribunal ad quem por Auto de fs. 208, declaró no ha lugar por haber presentado de manera extemporánea manteniendo incólume el auto de vista.

El referido auto de vista, motivó la interposición del recurso de casación en la forma de fs. 211 a 212 vta. por la institución demandada a través de su representante legal Miguel Llave Rojas, señalando:

1.- Que, el auto de vista, no resolvió sobre la incompetencia del juez tíe primera instancia, pese a estar reclamada oportunamente bajo el argumento de que todas las excepciones previas se opondrán al mismo tiempo antes de contestar la demanda.

2.- Prosiguió señalando que de ninguna manera los contratos civiles firmados con la demandante, son una forma de eludir las obligaciones sociales al estar estos permitidos por ley, por lo que corresponde anular y dictar nueva sentencia, por no corresponder el pago de beneficios sociales, por estar regulado por el estatuto del funcionario público y normas conexas.

3.- También denuncia, que la juez a quo así como el tribunal ad quem. dispusieron un salario inexistente al determinar cómo sueldo promedio Bs.2.166,00 cuando no corresponde el pago de beneficios sociales que no corresponden al presente caso.

Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia, declare la nulidad de obrados.

CONSIDERANDO II: Que, antes de considerar los fundamentos del recurso, el Tribunal Supremo de Justicia, tiene la obligación de examinar los procesos que llegan a su conocimiento a fin de establecer si los jueces y los tribunales inferiores, observaron las leyes y plazos que norman la tramitación y conclusión de los procesos, para aplicar en su caso las sanciones pertinentes, conforme establece el art. 17.III de la Ley del Órgano Judicial y si correspondiere, disponer la nulidad de obrados de oficio, según lo prevé el art. 252 del Código de Procedimiento Civil.

En ese contexto el art. 236 del Adjetivo Civil, dispone que: “El auto de vista deberá circunscribirse precisamente a los puntos apelados debiendo emitir un fallo completo que guarde relación con lo dispuesto por la norma citada en concordancia con el art. 227 del Código de Procedimiento Civil”; el incumplimiento de lo dispuesto priva a las partes de conocer cuáles son las razones que sustentan la decisión del tribunal ad quem y vulneran el derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva.

Bajo estas premisas, es innegable que la motivación de las resoluciones judiciales constituye un deber jurídico consagrado constitucionalmente como uno de los elementos del debido proceso, que se convierte en una garantía de legalidad procesal para proteger la libertad, la seguridad jurídica, la racionalidad y fundamentación de las resoluciones judiciales o administrativas, más aún si lo que se pretende es modificar o revocar el fallo venido en apelación o casación, donde la motivación o fundamentación deberá ser tal, que permita vislumbrar con claridad las razones de decisión por las que se modificó o confirmó un fallo de instancia.

Lo anterior implica que todo administrador de justicia a momento de resolver una controversia sometida a su conocimiento, debe inexcusablemente exponer los hechos, los razonamientos relacionados con el análisis y valoración del acervo probatorio, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma, toda vez que las resoluciones judiciales entrañan en el fondo, una necesaria argumentación y ésta sólo es posible mediante las correspondientes y múltiples inferencias exigidas por el caso concreto, que podrán ser de tipo enunciativo -sujetos a los cánones de la lógica común- y de tipo jurídico -sujetos a las reglas de la lógica jurídica- hasta concluir en la deducción jurídica definitoria en el caso singular. El incumplimiento de las exigencias expuestas ameritan que el Tribunal Supremo disponga la nulidad de obrados, en aras de una correcta administración de justicia.

En cumplimiento de dicha obligación procesal y de las normas citadas precedentemente, en el caso de autos, de la revisión del expediente, se advierte que el recurrente en su recurso de apelación de fs. 195 a 196 llevó como agravios 5 aspectos reclamados, claramente señalados en el memorial, los cuales no fueron resueltos con la debida motivación y fundamentación como se advierte en el cuarto considerando del auto de vista, donde se infiere que el tribunal de alzada se limitó a repetir los agravios, sin exponer los argumentos de hecho y de derecho en cada uno de los agravios y de manera extraña e inentendible confirma en parte la sentencia, sin precisar que parte del fallo confirmo y cual no, incurriendo en una total contradicción e incongruencia la parte considerativa con la resolutiva del auto de vista, decisión que vicia de nulidad a la resolución traída en casación, porque vulnera la norma procesal' citada que es de orden público y por tanto de cumplimiento obligatorio.

Las consideraciones expuestas, demuestran la existencia de incongruencia, falta de exhaustividad, falta de motivación y pertinencia de la resolución emitida y especialmente la omisión del cumplimiento de las normas citadas precedentemente, impidiendo a que este Tribunal pueda analizar el recurso formulado por la institución recurrente, en el entendido que las omisiones en las que incurrió el tribunal de alzada, vulneran el derecho al debido proceso, previsto en el art. 115. II de la Constitución Política del Estado, que debe ser enmendado por interesar al orden público.

En consecuencia, al haberse incumplido normas procesales de orden público y cumplimiento obligatorio, corresponde fallar conforme disponen los arts. 252, 271.3 y 275 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por mandato del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el art. 184. 1 de la Constitución Política del Estado y el art. 42.I.1 de la Ley N° 025 del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, ANULA obrados hasta el sorteo de fs. 204., inclusive, disponiendo que el tribunal ad quem, sin espera de turno, bajo responsabilidad administrativa, pronuncie nuevo Auto de Vista teniendo en cuenta los fundamentos de la presente resolución, sea a la brevedad posible sin espera turno.

Sin responsabilidad de multa por ser excusable.

En cumplimiento a lo previsto en el artículo 17 parágrafo IV de la Ley del Órgano Judicial, póngase en conocimiento del Consejo de la Magistratura el presente Auto Supremo.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.