SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 99/2016.

Sucre, 7 de abril de 2016.  

Expediente: SC-CA.SAII-LP.292/2015.

Distrito: La Paz.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 140 vta. a 142, interpuesto por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), representado por Juan Edwin Mercado Claros, contra el Auto de Vista Nº 21/2015-SSA-I de 13 de febrero (fs. 132 vta. a 133), pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del recurso de reclamación instaurado por Samuel Ríos Martínez, contra el SENASIR, la respuesta de fs. 147 a 148, el auto de fs. 149 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y

CONSIDERANDO I: Que, dentro del trámite de solicitud de Compensación de Cotizaciones promovido por Samuel Ríos Martínez, la Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR, mediante Resolución Nº 0000914 de 21 de enero de 2008 (fs. 26), resolvió otorgar en favor de Samuel Ríos Martínez, la constancia de aportes  correspondiente al sector Comercio, considerando un salario cotizable de Bs. 2.640.00.-, correspondiente a noviembre de 1994 y una densidad de aportes de 17,75 años; documento válido pata tramitar su Certificado de Compensación de  Cotizaciones por procedimiento manual.

Posteriormente, la misma Comisión, mediante Resolución Nº 0000519 de 27 de enero de 2010 (fs. 94), resolvió la suspensión del beneficio mensual  de la compensación de cotizaciones, asimismo anula y deja sin efecto legal alguno, la Resolución Nº 0000914.

Ante esta situación, el solicitante planteó recurso de reclamación (fs. 98 y vta.), que fue resuelto por la Comisión de Reclamación de Rentas del SENASIR, mediante Resolución Nº 606/14 de 25 de septiembre de 2014 (fs. 112 a 115), confirmando la Resolución Nº 0000519. 

En grado de apelación interpuesta por el asegurado de fs. 124 vta. a 125, por Auto de Vista Nº 21/2015-SSA-I, la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, revocó la Resolución Nº 606/14, dejando sin efecto legal el Auto Nº 0000519, por consiguiente firme y subsistente la Resolución de Constancia de Aportes Nº 0000914 de 21 de enero de 2008.

Esta resolución originó que el representante del SENASIR interponga el recurso de casación en el fondo de fs. 140 vta. a 142, señalando en síntesis:

Que, la decisión tomada por el tribunal ad quem, debió atenerse a la verdad material y limitar su decisión a lo contenido en el expediente, citando los arts. 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE) y 30.11 de la Ley Nº 025 de 24 de junio de 2010 (LOJ), referidos al principio de verdad material, violado por el tribunal de alzada, citando sobre este tema jurisprudencia contenida en la Sentencia Constitucional Nº 0713/2010 de 26 de julio, puesto que, dentro del caso concreto y aplicando la jurisprudencia citada, se evidencia que el interesado, presentó documentación de la Empresa HAGUESHII KATEI, la cual no estaba afiliada a la Caja Nacional de Salud CNS Regional Sucre, habiendo también el SIN informado que no existe RUC, ni el nombre de dicha empresa en sus registros, ocurriendo lo mismo en relación a FUNDEMPRESA y SENAREC, siendo evidente que los aportes realizados a esta empresa nunca existieron, siendo claro que, el interesado obró con intencionalidad de cobrar de forma indebida un beneficio que no le corresponde, hecho que motivó la suspensión de su renta, transcribiendo el texto de los arts. 594 y 595 del Reglamento del Código de Seguridad Social RCSS, normativa violada por el tribunal ad quem, puesto que se dan los lineamientos para determinar las infracciones cometidas y la sanción al mismo, hechos que fueron admitidos posteriormente y, habiendo existido cobros indebidos, los mismos que fueron  devueltos para intentar paliar el hecho cometido, en ese sentido, señala que la norma es clara al establecer que, si bien existe un proceso penal que determina la pena impuesta al interesado por el hecho cometido, la normativa citada habla de infracciones, las que han sido admitidas por el interesado, como lo establece el auto de vista recurrido y aplicando de igual modo las sanciones determinadas por el art. 595 citado.

Concluyó solicitando  que el Tribunal Supremo de Justicia, case el auto de vista recurrido y confirme la Resolución Nº 0606/14 de 25 de septiembre de 2014 de fs. 112 a 115 y el Auto Nº 0000519 de 27 de enero de 2010 de fs. 94.

CONSIDERANDO II: Que, así expuestos los fundamentos del recurso, se establece lo siguiente:

En el caso de análisis, se visualiza que el representante de la institución recurrente, no está de acuerdo con el fallo del Tribunal de Segunda Instancia, por haber revocado la Resolución Nº 606/14 y, dejando sin efecto legal el Auto Nº 0000519, manteniendo firme y subsistente la Resolución Nº 0000914, motivo por el que denunció la violación de los arts. 180 de la CPE, 594 y 595 del Reglamento del Código de Seguridad Social.

Que así planteada la problemática, de antecedentes procesales se evidencia que, en el presente tramite, la Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR, emitió al Resolución Nº 0000914, a través de la cual, se le concedió a Samuel Ríos Martínez, la constancia de aportes considerando un promedio cotizable de Bs. 2.640.00.-, de forma posterior, la misma comisión, mediante Auto Nº 0000519, después de aproximadamente dos años, dispuso la suspensión del beneficio mensual de la compensación de cotizaciones, otorgado a favor del solicitante y anuló y dejó sin efecto legal alguno, la resolución de constancia de aportes Nº 0000914, con el argumento de que se evidenció irregularidades en la documentación adjunta al expediente, habiendo remitido obrados a Asesoría Legal, al considerar que existe indicios de responsabilidad penal, con el objeto de dar inicio de las acciones penales del caso, presentaron la querella de 13 de octubre de 2009, por la Institución ante el Ministerio Público, en contra de los involucrados en el ilícito señalado, entre los que figura él solicitante; resolución que fue confirmada por la Comisión de Reclamación del SENASIR, mediante Resolución Nº 606/14, con el fundamento de que el Sr. Samuel Ríos Martínez, habría adjuntado certificado de trabajo falso, dando lugar a presentar querella, por la comisión de los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y estafa con agravante de concurso real de delitos.

En este sentido, si bien es cierto, que el art. 594 del Reglamento del Código de Seguridad Social señala: Son infracciones imputables  a los trabajadores asegurados y beneficiarios-, a) “Falsear los datos de afiliación para la obtención fraudulenta de beneficios….”, por otra parte el art. 595 del mismo cuerpo legal prevé: “Las infracciones cometidas por los trabajadores asegurados, beneficiarios, derecho-habientes- independientemente de las penas impuestas en cada caso particular por el Código de Seguridad Social  o el presente Reglamento darán lugar a las siguientes sanciones: c) “Despido del trabajo  con o sin beneficios sociales o pérdida de su condición de beneficiario, rentista o derecho habiente”,  normativa que aplicó el SENASIR, para proceder a suspender el beneficio de compensación de cotizaciones otorgado en favor del solicitante, argumentando la comisión de dicho ilícito.

En este sentido, si bien el solicitante admitió que su tramitador no le había informado sobre el uso de documentos ilegales para obtener el certificado de compensación de cotizaciones, en este sentido, una vez enterado de tal situación,  a fin de subsanar esta irregularidad, ofrece el pago total de lo adeudado, pago que se materializó en fecha 3 de abril de 2014, conforme consta a fs. 84 de obrados, acción que según la Unidad de Asesoría Legal del SENASIR, no extinguen ni paralizan las acciones legales iniciadas en su contra en virtud que son las autoridades jurisdiccionales competentes, quienes determinaran su situación y calidad dentro de un proceso penal iniciado en su contra, conforme evidencia de fs. 87 a 88 de obrados.

En base a estos antecedentes se establece que el ente gestor al suspender el beneficio mensual de la compensación de cotizaciones, por los supuestos delitos cometidos por el solicitante Samuel Ríos Martínez, con el fin de acceder a su certificado de compensación de cotizaciones, el ente gestor actuó de manera arbitraria al margen de la ley, toda vez que previamente, ameritaba ser dilucidada el proceso penal en todas sus instancias y etapas, y de existir la sentencia condenatoria ejecutoriada  con su resultado, se pueda respaldar la suspensión del beneficio mensual de la compensación de cotizaciones otorgado al afiliado, extremo que no sucedió en el caso presente; porque si bien existe una querella presentada por el SENASIR ante el Ministerio Público, contra Samuel Ríos Martínez, por los delitos de uso de instrumento falsificado, tipificado en el art. 203 del Código Penal y falsedad ideológica sancionado por el art. 199 del mismo código, por haber presentado documentación falsa consistente en el certificado de trabajo de la Empresa Hagueshii Katei, para el trámite de compensación de cotizaciones para el reconocimiento de aportes efectuados al Sistema de Reparto y declaraciones falsas reconociendo aportes que nunca hizo en una empresa inexistente, logrando se le reconozca la suma de Bs. 2.130.04.-, por concepto de compensación de cotizaciones mensual; querella que se constituye en una forma de ejercicio de la acción penal, sin que su sola presentación implique la autoría o responsabilidad de los hechos o delitos que lo acusan, lo que implica que, la responsabilidad deberá ser determinada con carácter previó, dentro de un proceso penal sustanciado ante autoridad competente con pleno respeto al debido proceso consagrado en el art. 115.II y 180.I de la CPE, puesto que los miembros o ejecutivos del SENASIR, no tienen competencia para establecer cuando una acción u omisión constituye delito.

Que, el art. 115.I de la CPE, prescribe: “Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos”.

II. “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”. En tanto que el art. 116.I. complementa: “Se garantiza la presunción de inocencia…”; el art. 117.I. previene: “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada”. Normativa que no fue observada adecuadamente por el SENASIR, a tiempo de emitir sus resoluciones.

En base a lo precedentemente descrito, se advierte que, el ente gestor, al suspender de forma definitiva la constancia de aportes, concedida a favor del solicitante Samuel Ríos Martínez, mediante Resolución Nº 00009148, actuó con arbitrariedad y al margen de la Ley, al arrogarse atribuciones que no le competen.    

Este análisis pormenorizado de los antecedentes descritos, nos lleva al razonamiento y la certeza de que estos aspectos no fueron tomados en cuenta por los representantes del SENASIR, motivo por el cual, corresponde reconocer a favor del actor la constancia de aportes  correspondiente al sector comercio, concedida mediante Resolución Nº 0000914, como acertadamente determinó el tribunal de segunda instancia, en base a una correcta y adecuada valoración de la prueba, conforme determina el artículo 397 del Código de Procedimiento Civil (CPC), aplicable al caso de autos por la permisión del artículo 633 del Reglamento del Código de Seguridad Social.

Que, conforme lo dispuesto en los artículos 158 y 162 de la Constitución Política del Estado de 1967, vigente al inicio del presente proceso, debe recordarse que los derechos sociales son irrenunciables, siendo obligación del Estado defender el capital humano, protegiendo la salud de la población, asegurando la continuidad de sus medios de subsistencia, rehabilitación y mejorando las condiciones de vida del grupo familiar, cuyos regímenes de seguridad social se inspiran en los principios de universalidad, solidaridad, unidad de gestión económica, oportunidad y eficacia; principios además que se ratifican en los artículos 35.I y 45.II y IV, de la actual CPE, garantizando el derecho a la jubilación con carácter universal solidario y equitativo.

Este Tribunal en casos similares falló de la misma forma, en los Autos Supremos Nos. 484 de 10 de diciembre de 2014 y 117 de 28 de mayo de 2014, entre otros.

Por todo lo expuesto, se concluye que el auto de vista recurrido no transgrede ni vulnera ninguna norma, por el contrario, se ajusta a las disposiciones legales en vigencia, no siendo evidentes las infracciones acusadas en el recurso, por lo que corresponde resolver conforme prescribe el artículo 271.2) y 273 del CPC, aplicables por la norma remisiva, contenida en los artículos 633 del Reglamento del Código de Seguridad Social y 15 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición, aprobado por Resolución Secretarial Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1987.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad que le confieren los artículos 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42. I. 1 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 140 vta. a 142, interpuesto por el SENASIR.

Sin costas, en aplicación del artículo 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y artículo 52 del Decreto Supremo Nº 23215 de 22 de julio de 1992. 

Regístrese, notifíquese y devuélvase.