SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo N° 92/2016.

Sucre, 7 de abril de 2016.

Expediente: SC-CA.SAII-CHUQ. 285/2015.

Distrito: Chuquisaca.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 991 a 994, Interpuesto por, María del Carmen Flores Palacios, Gustavo Benjamín Vargas Flores, Juan Salinas Zarate y Gonzalo Walter Villafan Sandi representado por Alfredo Julio Vaca Guzmán Dávalos, en virtud del Testimonio de Poder N° 785/2013, otorgado por ante la Notaría de Fe Pública N° 112 del Distrito Judicial de Santa Cruz, a cargo de Fabiola Barrancos Flernández, dentro del proceso coactivo fiscal, seguido por el Servicio Departamental de Caminos Chuquisaca (SEDCAM) representado por José Antonio Lambertin Ruiz contra los recurrentes, el memorial de respuesta de fs. 996 a 998, el auto de fs. 999 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso y,

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso Coactivo Fiscal a demanda del Servicio Departamental de Caminos Chuquisaca representado por José Antonio Lambertin Ruiz, con base en los informes de Auditoria preliminar EH/EP09/M09-R3, Informe Complementario EH/EP09/M09-C3 y ampliatorio EH/EP09/M09-A3 y Dictamen de Responsabilidad Civil N° CGE/DRC-044/2012 de 31 de diciembre de 2012 debidamente aprobados por el Contralor General del Estado, se estableció indicios de Responsabilidad Civil en contra de Gonzalo Walter Villafan Sandi, en forma solidaria con María del Carmen Flores Palacios, por la suma de Bs.460.270,00; Juan Salinas Zárate, en forma solidaria con Gonzalo Walter Villafan Sandi y María del Carmen Flores Palacios, por la suma de Bs.59.136,00; Gonzalo Walter Villafan Sandi, en forma solidaria con María del Carmen Flores Palacios, por la suma de Bs.164.657,00; Gustavo Benjamín Vargas Flores, en forma solidaria con Gonzalo Walter Villafan Sandi y María del Carmen Flores Palacios, por la suma de Bs.33.364,00; Gonzalo Walter Villafan Sandi, en forma solidaria con María del Carmen Flore Palacios, por la suma de Bs.147.819,00 sujeto a la aplicación del art. 77.h) de la Ley del Sistema de Control Fiscal; consecuentemente, el Juez Segundo de Trabajo S.S. Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario de la ciudad de Sucre, emitió la Sentencia N° 1/15 de 30 de enero de 2015 (fs. 959 a 965 vta.), declarando probada la demanda coactiva fiscal de fs. 847 a 849, ratificando Nota de Cargo de 4 de abril de 2013 (fs. 851) contra los coactivados.

En grado de apelación de fs. 970 a 972, interpuesta por los coactivados por Auto de Vista N° 335/2015 de 15 de Julio (fs. 984 a 987 vta.), la Saia Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia del Distrito Judicial de Chuquisaca, confirmó la Sentencia apelada; sin costas, conforme lo previsto por el art. 39 de la Ley N° 1178.

CONSIDERANDO II: Que, contra el referido Auto de Vista, Alfredo Julio Vaca Guzmán Dávalos en representación de Gonzalo Walter Villafan Sandi, María Del Carmen Flores Palacios, Gustavo Benjamín Vargas Flores y Juan Salinas Zárate interpusieron Recurso de Casación en la Forma y en el Fondo.

EN LA FORMA. Señalan que el Auto de Vista padece de dos causales de nulidad: Arguye que el Juez a quo a petición del coactivante determinó la prórroga del plazo para la presentación de descargos y justificativos previsto en el art. 11 del Decreto Ley N° 14933 reservada únicamente a los coactivados y no así a los coactivantes, por lo que solicitó la nulidad hasta el decreto de 30 de octubre de 2013; por otro lado alega que ante la solicitud de una prórroga que concede el art. 11 de la citada norma legal, la autoridad jurisdiccional desestimó dicha petición porque ya había concedido una anterior prórroga solicitada por los otros coactivados mediante memorial de 8 de mayo de 2013, sin considerar que ésta prórroga debe ser personal. Violación que vulnera los derechos constitucionales al debido proceso y a la igualdad, pues se dio un trato preferente a la entidad demandante, concediéndole una prórroga que no se encuentra prevista en la ley y negando la prórroga solicitada por el recurrente.

Asimismo, acusaron que el Auto de Vista resolvió de manera muy escueta los fundamentos del mismo, efectuando razonamientos muy cortos y efectuando conclusiones nada lógicas, citando normas de manera mecánica sin reconocer el valor de las mismas y la relevancia de dichas disposiciones legales, por ello alega que existió una indebida fundamentación, que constituye una causal de nulidad en el proceso.

EN EL FONDO. Acusan la violación e interpretación errónea del artículo 17 de la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal y violación de los artículos 51 del Decreto Supremo N° 23318-A y 43. a) de la Ley N° 1178, por falta de fuerza coactiva de los informes de auditoría y del dictamen de responsabilidad civil, en mérito a que no se hubieran incluido en los mismos a todas las personas que recibieron indebidamente los recursos identificados en dichos informes y auditorias.

Por otro lado señalaron que se ignoró el art. 17 de la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal, que determina que todas las observaciones, excepciones, justificativos y descargos, se deben resolver en Resolución final, oportunidad en la que se debe emitir el Pliego de Cargo; e ignoraron que en el curso del proceso se fundamentó oportunamente que los beneficiados con dichos recursos se comprometieron a pagar los montos adeudados, por consiguiente los informes de auditoría y el dictamen fiscal, no estarían debidamente elaborados, adoleciendo de fallas que hacen que no tengan la fuerza coactiva.

Alegan la violación de los artículos 1 y 3 de la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal, ya que si bien los informes de auditoría aprobado por el Contralor General del Estado constituyen documento con fuerza coactiva; sin embargo estos son susceptibles de ser desvirtuados; en ese sentido, no existe el agravio referido a que la nivelación salarial del SEDCAM Chuquisaca, misma que se encontraba autorizada por Resolución Bi-Ministerial N° 005/2008 de 30 de abril, cuyo pago fue autorizado por Resolución Prefectural N° 579/08 de 5 de diciembre de 2008, demostrándose que esos pagos fueron legales.

Acusan la violación del art. 410 de la Constitución Política del Estado (CPE), respecto de la falta de justificativos presentados en relación al pago en exceso del bono de antigüedad al personal ejecutivo de la entidad, y que las decisiones asumidas por el Juez a quo, se sustentan en el informe preliminar base de la auditoría, dando a entender que debía aplicarse el art. 13 del DS. N° 21137, sin considerar a la Ley N° 3613 de 12 de marzo de 2007 respecto al bono de antigüedad vigente a personas que se encuentran dentro de entidades públicas.

Añaden que se violó el art. 410 de la CPE, porque se aplicó con preferencia el DS N° 21137 respecto al pago del bono de antigüedad, sin considerar que la Ley N° 3613 de 12 de marzo de 2007, determinó que los trabajadores del SEDCAM retornan a las normas de la Ley General del trabajo.

Aducen de igual manera que el art. 3 de la Resolución Ministerial N° 632 de 7 de diciembre de 2007, para cancelar el bono de antigüedad a los funcionarios del SEDCAM. exige la presentación del Certificado de Calificación de Años de Servicio, y consideraron que era irrelevante ya que la entidad tenía su propio registro actualizado de esa calificación; en aplicación del art. 7 de la Ley N° 3613 de 2 de marzo, vulnerando el principio de jerarquía normativa.

Por último acusan error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba; por no considerar que los convenios suscritos por los trabajadores con los representante de la entidad coactivante, no constituían elementos de descargo, y que demuestran que antes y después del inicio del presente proceso se acreditó que otras personas más, son responsables solidariamente de los montos perseguidos en aplicación del art. 43 de la Ley N° 1178, demostrándose que no son los únicos responsables, sino otras personas que no fueron incluidas en los informes y el dictamen.

Concluye el memorial, solicitando a este Supremo Tribunal, anule la resolución recurrida o en su caso, case el Auto de Vista recurrido y deliberando en el fondo, declare improbada la demanda, ordenando que la Contraloría General del Estado, elabore nuevos informes de auditoría, incluyendo a todos los obligados solidariamente.

Que, de fs. 996 a 998, la entidad coactivante responde al memorial del recurso, en la que refiere que el recurso de Casación en la forma no ha demostrado que los de Alzada otorgaron a una de las partes más de lo pedido o no haberse pronunciado sobre alguna de las pretensiones reclamadas oportunamente o fallado a alguna diligencia declarados esenciales y penadas con nulidad.

Con relación al Recurso de Casación en el Fondo, se pretende confundir al exigir que sean involucrados además de los coactivados, los trabajadores que no tomaron decisión alguna en el incremento.

CONSIDERANDO III: Que, así expuestos los fundamentos del recurso de casación, para su resolución es menester realizar las siguientes consideraciones:

RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA. Con relación a la acusación de que el Juez a quo únicamente determinó la prórroga del plazo para la presentación de descargos y justificativos al ente coactivante, negándose dicha prórroga a los coactivados; se puede establecer de la revisión de obrados que, los coactivados fueron notificados con la demanda coactiva fiscal (fs. 847 a 849), Auto de Admisión de 4 de abril de 2013 (fs. 849 vta. a 850 vta.) y Nota de Cargo N° 01/2013 (fs. 851 y vta.), en fecha 17 de abril de 2013 a María del Carmen Flores Palacios, Gustavo Benjamín Vargas Flores y Juan Salinas Zarate, solicitando los mismos mediante memorial de fs. 854 prórroga para la presentación de descargos, disponiéndose mediante decreto de fecha 20 de mayo de 2013 (f. 855) “Se sujete a lo que disponen los artículos 140 parágrafo I concordante con los dispuesto por el artículo 141 del Código de Procedimiento Civil” (sic.); no obstante de ello por memorial de 17 de mayo de 2013 (fs. 857 a 861 vta.) los coactivados presentan justificativos y descargos; y, respecto al coactivado Gonzalo Walter Villafan Sandi, éste se apersonó al proceso a través de su representante legal mediante memorial de fecha 31 de julio de 2013 (fs. 867 y vta.), solicitando asimismo se le conceda la prorroga establecido por el artículo 11 de la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal, habiendo el Juez de instancia mediante decreto de 28 de agosto de 2013, con relación a la prórroga solicitada, dispuso sujetarse a los datos del proceso; habiendo éste último presentado justificativo de descargos mediante memorial de 23 de agosto de 2013 (fs. 874 a 879); en cuyo mérito el Juez de Partido Segundo del Trabajo y S.S. Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario de Sucre, mediante Auto motivado de la misma fecha, señaló que: “...se establece de la inexistencia de la citación del coactivado Sr. Gonzalo Walter Villafan Sandi; sin embargo esta queda cubierta con el apersonamiento del

nombrado a través de su apoderado legal        en consecuencia se abre plazo

de 20 prorrogables a 30, común a las partes, a partir de la última notificación con el presente auto...” (las negrillas son añadidas). Auto que fue notificado a las partes mediante cédula en fecha 1 de octubre de 2013, tal como consta de la diligencia de fs. 883 - 884.

Por lo que se colige que el plazo de 20 días para presentar justificativos y descargos comienza a correr a partir de la última citación al último de los coactivados, no habiendo ninguno de los coactivados solicitado la prórroga de diez días tal como prescribe el artículo 11 de la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal, al señalar que: “Tanto en los procesos de oficio como en los procesos por demanda el juez coactivo expedirá Nota de Cargo motivada con la que se notificará personalmente al demandado concediéndole un plazo de 20 días prorrogables a 30 para la presentación de los justificativos o descargos, adoptándose las medidas precautorias de arraigo, retención de fondos en cuentas bancadas y anotación preventiva de la Nota de Cargo en Derechos Reales....”, observándose que no es evidente la acusación en sentido que se negó la prórroga a los coactivados.

Que, dentro del plazo señalado, la entidad coactivante solicitó prórroga para los descargos según memorial de 25 de octubre de 2013 (fs. 886), habiendo el Juez mediante decreto de 30 de octubre de 2013, prorrogado por diez días más conforme a lo solicitado. Este hecho, de la prórroga otorgada a la entidad coactivante, si bien el artículo 11 de la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal determina únicamente para los demandados; sin embargo, los recurrentes no presentaron ningún recurso contra ei mencionado decreto, tampoco mencionan en su memorial del recurso como, y en qué forma les afectó en la Resolución final; tomando en cuenta que en materia de nulidades, la nulidad por la        nulidad misma        no        tiene más efecto        que la innecesaria

obstrucción en la        pronta solución        de        las controversias;        en ese objetivo el

Código de Procedimiento Civil, aplicable en el caso de autos por disposición del art. 1 de la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal limita las nulidades, sólo para aquellos casos expresamente previstos y cuando afectan el orden público, sin embargo, siempre como        una decisión de última ratio. En ese

contexto, si bien        es cierto que        los        arts. 252 y 254.        7) del Código de

Procedimiento Civil, establecen el recurso de casación por haberse violado las formas esenciales del proceso, esta permisión debe necesariamente ser concordada con el parágrafo I del artículo 251 del mismo cuerpo de leyes, cuando dispone que: "Ningún trámite o acto judicial será declarado nulo si la nulidad no estuviere expresamente determinada por la ley", principio que se sustenta en el hecho que en materia de nulidad, debe haber un manejo cuidadoso y aplicando únicamente a los casos en que sea estrictamente indispensable y que así lo determine la ley.

En este entendido, la jurisprudencia de este Tribunal Supremo, estableció que en materia de nulidades procesales, se deben observar ciertos principios, tales como: el principio de convalidación, de especificidad y trascendencia entre otros, de modo que la nulidad resulte útil en el proceso y tenga la bondad de restablecer derechos procesales que pudieron haberse lesionado, tales como el derecho a la tutela judicial efectiva en el caso del demandante o el derecho a la defensa en el caso del demandado o para evitar la intromisión en determinada causa de terceros ajenos a la litis y, en definitiva, garantice la justicia del fallo. En ese marco, el error procedimental debe estar expresamente sancionado por ley (principio de especificidad), además debe reclamarse en tiempo oportuno, lo contrario, a esto es, en caso de no haberse reclamado oportunamente, el error se tendrá por convalidado (principio de convalidación) y consiguientemente, precluido el derecho.

Que en el caso de autos, con los fundamentos expuestos en el recurso de nulidad y de la compulsa de obrados, se observa que los coactivados no interpusieron ningún recurso contra el decreto de 30 de octubre de 2013, concluyéndose que los de instancia no han vulnerado norma alguna de orden público y de cumplimiento obligatorio que acarree la nulidad de obrados; tampoco se advierte actos y actuaciones procesales que dejen en indefensión a los sujetos procesales o conculquen sus derechos no sólo constitucionales,

sino también de naturaleza adjetiva.

EN EL FONDO.

Con relación a la acusación de violación e interpretación errónea del artículo 17 de la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal y violación de los arts. 51 del DS N° 23318-A y 43. a) de la Ley N° 1178, por falta de fuerza coactiva de los informes de auditoría y del dictamen de responsabilidad civil, en la cual no se incluyeron a otras personas. El art. 17 de la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal, señala que: “Vencidos los términos previstos en los artículos 11 y 14 si el demandado no hubiere presentado los descargos o justificativos, el juez coactivo girará pliego de Cargo concediéndole un término improrrogable de 5 días para que pague la obligación bajo conminatoria de apremio".

Por su parte el art. 51 del DS 23318-A, establece las características del dictamen de Responsabilidad Civil al señalar que:        ‘‘El dictamen de

responsabilidad civil es una opinión técnica jurídica emitida por el Contralor General de la República. Tiene valor de prueba pre constituida y contendrá la relación de hechos, actos u omisiones que supuestamente causaron daño económico al Estado, fundamentación legal, cuantificación del posible daño e identificación del presunto o presuntos responsables”, del mismo modo refiere el artículo 43. a) de la Ley N° 1178. Ahora bien en, el caso que se en analiza, previa revisión de antecedentes se advierte que, la Contraloría General del Estado como órgano rector del Control Gubernamental, practicó auditoria especializada sobre la legalidad de la Ejecución de Gastos en el Programa de Mantenimiento Rutinario Vial y el Proyecto “Abra Rodeo Grande Pilcomayo” por la gestión 2008, y mediante Informe Preliminar de Auditoria N° EH/EP09/M09 R3, Informe Ampliatorio N° EH/EP09/M09 A3, Informe Complementario N° EH/EP09/M09 C3 y, el Dictamen de Responsabilidad Civil CGE/DRC-044/2012 que establecieron la existencia de indicios de responsabilidad civil contra servidores y ex servidores públicos, por apropiación y disposición arbitraria de bienes patrimoniales del Estado, sujetos a la aplicación del art. 77. h) de la Ley del Sistema de Control Fiscal.

Que, en ese contexto, se inició la demanda coactiva fiscal contra los responsables del daño aplicando el procedimiento previsto en la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal, en el marco tanto de los informes de auditoría, y del dictamen de responsabilidad civil establecieron indicios de responsabilidad, así como la emisión del Pliego de Cargo, en contra de los coactivados, donde las partes presentaron los justificativos y descargos conforme determina el art. 16 de la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal, para que una vez vencido los términos el Juez Coactivo gire el Pliego de Cargo; por los que en el caso de autos se cumplió con el procedimiento especial no evidenciándose vulneración o violación de las normas citadas.

En relación a lo acusado en sentido de que el informe preliminar y complementario, no estuvieran debidamente elaborados, ya que los beneficiados con dichos recursos se comprometieron a pagar los montos adeudados, este extremo da a entender que los coactivados reconocieron los indicios de responsabilidad acusados, por lo que ese reconocimiento expreso, no puede constituir eximente de responsabilidad.

Respecto a la acusación de la violación de los artículos 1 y 3 de la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal, en sentido no existe el agravio referido a que la nivelación salarial del SEDCAM Chuquisaca, se encontraba autorizada por la Resolución Bi-Ministerial N° 005/2008 de 30 de abril, cuyo pago fue autorizado por la Resolución Prefectural N° 579/08 de 5 de diciembre de 2008, demostrándose que esos pagos fueron legales. Al respecto, es necesario precisar que si bien el Servicio Departamental de caminos de Chuquisaca (SEDCAM CH), realizó la solicitud de emisión de la Resolución Prefectural que autorice la nivelación de salarial, a pesar de haber obtenido dicha autorización, la misma no fue aprobada en la nueva escala salarial por los Ministerios de Autonomías y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; toda vez que, en este caso es de aplicación preferente el art. 31 de la Ley de Administración Presupuestaria N° 2042 de 21 de diciembre de 1999 que señala, las modificaciones en la estructura de cargos, escala salarial y planilla presupuestaria de cualquier entidad pública, debe contar con aprobación previa y expresa del Ministerio responsable del sector y del Ministerio de Hacienda (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas). Por otro lado la Resolución B¡ Ministerial N° 005/08 de 30 de abril, en ninguno de sus tres puntos resolutivos establece que se debe realizar una nivelación salarial para los Servicios Departamentales de Chuquisaca.

Respecto a la violación del artículo 410 de la Constitución Política del Estado, sobre la falta de justificativos presentados en relación al pago en exceso del bono de antigüedad al personal ejecutivo de la entidad. Al respecto, el art. 410 de la CPE, norma constitucional y piedra angular del ordenamiento jurídico, estatuye entre otros el principio de legalidad, estableciendo que todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la Constitución como norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa, asimismo las normas infra-constitucionales como las leyes y normas de menor jerarquía, forman parte del Bloque de Constitucionalidad, dispositivos legales que deben ser también cumplidos por todas las personas, naturales y jurídicas, y más aún por los órganos públicos, funciones públicas e instituciones; entendimiento del cual se desprende que no sólo las personas naturales y jurídicas deben ceñir sus actos en el marco de la Ley, sino también, y con mayor razón los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, cuyos actos administrativos deben necesariamente circunscribirse en el cumplimiento de la norma, y que otorgará validez correspondiente a los actos administrativos evacuados por los órganos públicos. En ese marco es preciso aclarar que, tanto los informes de auditoría como el dictamen de responsabilidad civil, se refieren al pago en exceso al personal ejecutivo de la entidad, y éste se realizó sobre la base de tres salarios mínimos nacionales conforme se evidencia de la Resolución de Directorio N° 156/2007 de 22 de noviembre, en franca vulneración del art. 2 de la Ley N° 3613 que establece que: “Se exceptúa del alcance de esta Ley a los funcionarlos públicos de la Dirección Ejecutiva, Jefatura de Direcciones, Jefes de Unidades y Asesores de los Servicios Departamentales de Caminos, quienes se mantendrán bajo el régimen establecido en ¡a Ley del Estatuto del Funcionario Público”; por lo que no se evidencia la vulneración acusada.

Con relación a la violación del art. 410 de la Constitución Política del Estado, ya que se aplicó preferentemente la Resolución Ministerial N° 632 de 7 de diciembre de 2007 sobre el art. 7 de la Ley N° 3613 en relación al pago del bono de antigüedad a los funcionarios. Al respecto se debe señalar que la entidad realizó el pago del bono de antigüedad mediante Comprobantes de Ejecución de Gastos y no a través del Certificado de Calificación de Años de Servicios, que se constituye en el único documento válido para acreditar el tiempo de servicios, en ese marco la Resolución Ministerial N° 632 de 7 de diciembre de 2007, expresa en su art. 3 que: “E/ Certificado de calificación de Años de Servicio es el único documento oficial y válido a nivel nacional, que acredita el tiempo de servicios prestados por ¡os servidores públicos y sirve de base para el pago de bono de antigüedad, cómputo de vacaciones, ascensos de categoría, jubilaciones y otros relacionados con los años de servicio calificados". En ese marco si bien la Ley N° 3613 de 12 de marzo de 2007 que restituye al Régimen Laboral de la Ley General del Trabajo a los trabajadores asalariados de los Servicios Departamentales de Caminos, reconociendo la fecha original de su contratación para acreditar el tiempo de servicios prestados por el funcionario público a efectos del pago del bono de antigüedad y cómputo de vacaciones; en el caso en análisis lo que se observó en el informe preliminar y complementario no fue el cumplimiento de la Ley N° 3613 o la resolución Ministerial N° 632, sino los pagos realizados en porcentajes superiores a los previstos en el Certificado de Calificación de Años de Servicios (CAS), por lo que no es evidente que exista la violación alegada.

Con relación a la acusación sobre el error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba, en sentido de no considerar los convenios suscritos por los trabajadores y los representantes de la entidad coactivante y no incluir a otras personas solidariamente responsables. En relación a la acusación de que el Tribunal de Alzada ha incurrido en error de hecho y de derecho al no asignar valor real y probatorio a las pruebas de descargo, se debe tomar en cuenta la uniforme jurisprudencia que estableció que, la apreciación y valoración de la misma por los jueces de instancia, es incensurable en casación, que excepcionalmente podrá producirse una revisión o revaloración de la prueba, en la medida que en el recurso se acuse y se pruebe la existencia de error de hecho o de derecho, de acuerdo con la regla que establece el inciso 3) del artículo 253 del Código de Procedimiento Civil, que textualmente señala: "Cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta del juzgador." (Las negrillas son añadidas).

La Corte Suprema de Justicia, hoy Tribunal Supremo de Justicia, a través del Auto Supremo N° 179 de fecha 29 de abril de 2003, correspondiente a la Sala Civil, entre otros, preciso: “cuando en casación se requiere impugnar la valoración de la prueba realizada por los jueces de instancia, es necesario que se demuestre en el recurso la manifiesta equivocación del juzgador, sea que haya incurrido en error de derecho o de hecho, éste último con documentos auténticos que verifiquen el procedimiento errado del órgano jurisdiccional, sea en primera o segunda instancia”.

Si se acusa error de hecho y de derecho, al no tratarse de un mismo y único concepto, conforme señala la doctrina y la jurisprudencia, estos deben desarrollarse de manera separada, objetiva y concreta. Ya que en el primer caso, la especificación debe recaer en los medios de prueba aportados al proceso a los cueles el juzgador de instancia no les atribuyó el valor que la Ley le asigna; mientras que, en el segundo caso, el error debe quedar objetivamente demostrado y ser manifiesto como dispone la norma, por lo que debe ser contrastado dicho error con un documento auténtico que lo demuestre, a efectos de que de manera excepcional se proceda a una revalorización de esa prueba.

En ese contexto, el trabajo de la Contraloría General del Estado y refrendado el mismo mediante Dictamen de Responsabilidad Civil N° CGE/DRC-044/2012, identificaron como responsables a los ejecutivos del Servicio Departamental de Caminos Chuquisaca a las características propias de la figura jurídica de apropiación y disposición arbitraria de bienes patrimoniales del Estado, conforme el art. 77. h) de la Ley del Sistema de Control Fiscal, premisa normativa que trasuntada a los elementos tácticos del caso muestran que en la “disposición de bienes” únicamente participaron los ahora coactivados, y que en cumplimiento de los dispositivos legales vigentes que hacen al caso, se determinaron responsabilidades civiles definidas en el artículo 31 de la Ley 1178, en ese contexto, corresponde precisar que una de las finalidades de la Ley N° 1178 según el artículo 1, es lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma plena responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta no sólo de los objetivos a que se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados, sino también de la forma y resultado de su aplicación, norma concordante con el art. 28. a) de la misma Ley que establece: Todo servidor público responderá de los resultados emergentes del desempeño de las funciones, deberes y atribuciones asignados a su cargo. A este efecto: a) La responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal se determinará tomando en cuenta los resultados de la acción u omisión”, (sic)

A mayor abundamiento, la responsabilidad civil prevista por el art. 31 de la norma referida, refiere que esa responsabilidad se configura no sólo con la acción, sino también con la omisión del servidor público o de las personas naturales o jurídicas privadas, que causen daño al Estado, valoradle en dinero, agregando la referida norma que la determinación de responsabilidad civil se sujeta a determinados preceptos, que el mismo articulado refiere en 3 incisos: “a) Será civilmente corresponsable el superior jerárquico que hubiere autorizado el uso indebido de bienes, servicios y recursos del Estado o cuando dicho uso fuere posibilitado por las deficiencias de los sistemas de administración y control interno factibles de ser implantados en la entidad; b) Incurrirán en responsabilidad civil las personas naturales o jurídicas que no siendo servidores públicos, se beneficiaren indebidamente con recursos públicos o fueren causantes de daño al patrimonio del Estado y de sus entidades; c) Cuando varias personas resultaren responsables del mismo acto o del mismo hecho que hubiese causado daño al Estado, serán solidariamente responsables”. Este marco normativo abarca indubitablemente el alcance de la responsabilidad y la corresponsabilidad de aquellos servidores bajo cuyo cuidado se encuentren bienes o patrimonio del Estado o de aquellos que tengan la facultad de autorización para la disposición de estos a efecto de responder solidariamente por el daño económico causado al Estado.

Que, de la normativa precitada, así como del elemento fáctico que rodean al caso, sirvieron de fundamento para la emisión de los Informes de Auditoría y consiguiente Dictamen de Responsabilidad Civil, no se advierte la posible participación de otros actores que intervinieran en la autorización de la disposición de los bienes, cuya lista y detalle cursa en antecedentes, de los cuales los Informes preliminar y complementario no emitieron pronunciamiento alguno; por lo que no se advierte que el Tribunal de Alzada hubiera incurrido en error de hecho o de derecho acusado en el recurso.

Que, a mérito de lo expresado precedentemente, los jueces de instancia, no incurrieron en trasgresión, violación o errónea aplicación de normas del Procedimiento Coactivo Fiscal, ni en el error de hecho y de derecho o aplicación indebida de la ley como se acusó en el recurso de fs. 991 a 994, correspondiendo en consecuencia, aplicar el art. 273 del Código de Procedimiento Civil, con la facultad remisiva del art. 1 de la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I. 1 de la Ley del Órgano Judicial N° 025 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de casación de fojas 991 a 994. Sin costas en aplicación del artículo 39 de la Ley N° 1178.


Regístrese, notifíquese y devuélvase.