SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo N° 91/2016.

Sucre, 07 de abril 2016

Expediente: SC-CA.SAII-LP.283/2015.

Distrito: La Paz.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano


VISTOS: El recurso de casación de fs. 73 y vta. a 76, interpuesto por el Servicio Nacional de Sistema de Reparto (SENASIR) representado por Juan Edwin Mercado Claros, contra el Auto de Vista N° 52/15 de 14 de mayo cursante de fs. 69 y vta. pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso de reclamación, que sigue Zaida Añez Callau contra la institución recurrente, la respuesta de fs. 78 a 80, el auto a fs. 83 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y,

CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso administrativo, la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto del SENASIR, mediante Resolución N° 00003092 de 29 de agosto de 2014 a fs. 24, determinó desestimar la solicitud de compensación de cotizaciones por procedimiento manual de la asegurada Zaida Añez Callau.

Interpuesto el recurso de reclamación a fs. 28 por la asegurada, la Comisión de Reclamación del SENASIR, pronunció la Resolución N° 863/14 de 19 de diciembre de 2014 de fs. 42 a 45, confirmando el Auto N° 00003092 de 29 de agosto de 2014 de fs. 24, dictada por la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto, por encontrarse de acuerdo a los datos del expediente y normativa en vigencia.

Contra dicha resolución, la asegurada interpuso recurso de apelación de fs. 60 a 61, resuelto mediante Auto de Vista N° 52/15 de 14 de mayo a fs. 69 vta. por la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental del Distrito Judicial de La Paz, que revocó la Resolución N° 863/14 de 19 de diciembre de 2014 de fs. 42 a 45 de antecedentes y por consiguiente el Auto N° 00003092 de 29 de agosto de 2014 a fs. 24, disponiendo que La Comisión Nacional De Prestaciones del Sistema de Reparto emita nueva resolución considerando el periodo noviembre 1971 a diciembre 1980 y conforme a la documentación cursante en obrados a favor de la asegurada Zaida Añez Callau con Matricula 495819 ACZ; se salva el derecho del ente gestor para el uso de las acciones que correspondan en contra del empleador para el caso de verificar su no cotización efectiva.

El fallo mencionado, motivó el recurso de casación de fs. 73 a 76, interpuesto por el SENASIR representado por Juan Edwin Mercado Claros, bajo los siguientes argumentos:

Acusó que el auto de vista no considera en su integridad todos los documentos y antecedentes en el marco de la normativa legal vigente y aplicable, al pretender otorgar un ilegitimo beneficio a favor de la asegurada en franca vulneración del art. 24.1 de la Ley 065 de 10 de diciembre de 2010 y los arts. 1 y 48. I, a) y b) del DS. 0822 de 16 de marzo de 2011, así como el art. 50.1 de dicha normativa; asimismo el tribunal de alzada ignora los argumentos de la Resolución N° 863/14 de 19 de diciembre de 2014, el Informe Técnico N° 579/14 de fecha 20 de noviembre de 2014 e Informe N° 2962 de 18 de agosto de 2014 de fs. 40-45 y 21 de obrados, los mismos que hacen plena prueba de acuerdo a los arts. 1287, 1289.1 y 1523 del Código Civil (CC), toda vez que la documentación expedida por la institución tiene carácter de oficialidad y publicidad, en el ámbito de su competencia.

Señala que la cláusula primera de la Resolución Ministerial (RM). 550 de 28 de septiembre de 2005, señala que el objeto de la Resolución Ministerial es definir procedimientos alternativos para la Certificación de Aportes para la emisión del Certificado de Compensación de Cotizaciones por procedimiento manual y en su cláusula segunda establece que el SENASIR procederá a la Certificación de Aportes mediante la modalidad de documentos acreditables, consistentes en partes de afiliación y baja de la Caja de Salud, finiquitos, certificados de trabajo y otros, y que el procedimiento señalado procederá únicamente cuando en forma previa el SENASIR hubiera procedido a la certificación de aportes cumpliendo los procedimientos estableciéndose las normas que rigen el Sistema de Reparto, tales como la verificación de planillas.

Indica que el tribunal ad quem incurrió en indebida aplicación del art. 14 del DS. 27543, ya que la misma establece que el SENASIR certificará los aportes con la documentación que cursa en el expediente del asegurado, a la fecha de publicación del decreto es decir al 31 de mayo de 2004, que en el caso en particular la asegurada no cumple con dicho presupuesto legal por cuanto no presenta documentación pertinente sino hasta mucho después de la publicación de dicho decreto, es decir presenta documentos que motivan el auto de vista recién en fecha 17 de noviembre de 2014 a través de nota de fs. 38 a 31 y los documentos de fs. 1 a 4, son presentados en fecha 17 de abril de 2014, a más de que dicha disposición regula única y exclusivamente trámites del sistema de reparto y no así a trámites de compensación de cotizaciones, teniéndose determinado al efecto el art. 18 del dicho decreto en prelación de sus arts. 13, 16 y 17.

Por otra parte señala que de la Resolución Administrativa (RA) N° 299.13 de 31 de julio de 2013, Cap. I, 2, 8, a y c, se remarca que para el periodo comprendido dentro del estudio matemático actuarial no se utilizara planillas existentes en el área de certificación, salvo para certificación del salario cotizable, determinándose igualmente que no se considerara estudios matemáticos actuariales complementarios presentados en forma individual por el asegurado, en ese sentido mediante Informe N° 2962 de fecha 18 de agosto de 2014 a fs. 21 se establece la existencia de listados de los estudios matemáticos actuariales del Banco Industrial y Ganadero del Beni BIGBENI, correspondientes a los periodos 11/71 a 01/81 en los que la asegurada Zaida Añez Callau no figura por lo que no corresponde su certificación.

En ese entendido manifiesta que el art. 2 de la RM N° 498 de fecha 7 de septiembre de 2005 dispone que, la certificación de aportes al sector de la banca privada se establece a través de los estudios matemáticos actuariales y sus complementos, de conformidad con la RA N° 0774 de fecha 20 de octubre de 1999 y 618 de fecha 6 de noviembre de 2001, no procediendo la aplicación de los arts. 13 y 14 del DS N° 27543 para los periodos que comprenden dichos estudios actuariales. Que el art. 1 de la Resolución N° 0774 determina que la dirección de pensiones proceda a la calificación de prestaciones jubilatorias del sector de la banca privada en base a los estudios actuariales efectuados, oficialmente por los bancos empleadores, para la transferencia de las reservas de sus fondos para empleados al fondo de pensiones de la banca privada, únicos documentos con los que se cuenta para establecer fehacientemente los aportes efectuados en ese mismo sentido menciona la RA N° 213/11 de fecha 26 de octubre.

De lo referido arguye que no corresponde a la asegurada la certificación de los periodos 11/1971 a 01/1981 debido a que no se encuentran reconocidos por el estudio matemático actuarial, documento único válido para la certificación de aportes del sector banca privada, subrayándose además que es responsabilidad y facultad privativa de la entidad bancaria la elaboración y presentación del estudio matemático actuarial a los entes gestores y por ende del asegurado en cuanto a su efectivo control, no siendo en este entendido atribuible responsabilidad alguna al SENASIR.

Que el art. 1 de la RA 618 de 6 de noviembre de 2001 dispone “Complementar la R.A. 0774” para que a través de los bancos correspondientes se proceda a realizar estudios complementarios que permitan obtener la información requerida tanto para la calificación de las rentas como de la compensación de cotizaciones para los ex trabajadores de la banca privada según procedimiento establecido por la dirección de pensiones”, al efecto el Manual de Procedimientos aprobado mediante RA N° 1396 de 23 de agosto de 2006 señala “la certificación de aportes para el periodo en el cual el largo plazo estaba a cargo de fondos de empleados hasta 1987 y en algunos casos particulares hasta 1988, la certificación se la realiza en base al estudio matemático actuarial a nivel nacional de conformidad a la R.A. 774 y el sistema SISBANC del archivo de cuenta individual para periodos hasta 10/96 se certificara con planillas del sistema integral de este sector”.

Que el tribunal de alzada no considero el art. 1 de la RA 618 de 6 de noviembre de 2001 dispone “Complementar la RA 0774” el Manual de Procedimientos aprobado mediante R.A. N° 1396 de 23 de agosto de 2006, y el art. 67.II de la CPE, al revocar la Resolución N° 863/14 de 19 de diciembre de 2014, disponiendo ilegítimamente la emisión de una nueva resolución considerando el periodo reclamado, sin observar cada una de las normas que integran el sistema de seguridad social las que fueron erróneamente interpretadas y mal aplicadas.

Concluyó solicitando se case el auto de vista 52/15 de 14 de mayo a fs. 69 y se confirme la Resolución de la Comisión de Reclamación N° 863/14 de 19 de diciembre, emitido por el SENASIR.

CONSIDERANDO II: Que, así expuestos los fundamentos del recurso de casación, para su resolución es menester realizar las siguientes consideraciones:

En relación a los agravios acusados se puede establecer que el objeto de la litis versa en determinar si le corresponde a la asegurada el Cálculo de Compensación de Cotizaciones de los periodos 11/1971 a 01/1981, toda vez que la Resolución N° 863/14 de 19 de diciembre de 2014, el Informe Técnico N° 579/14 de fecha 20 de noviembre de 2014 e Informe N° 2962 de 18 de agosto de 2014 de fs. 40 a 45 y 21 de obrados, no dan curso a lo planteado en el recurso de reclamación de la asegurada debido a que dichos periodos no se encuentran reconocidos en el Estudio Matemático Actuarial adjunto al proceso, como tampoco se puede certificar con planillas existentes en el Área de Certificación, ni aplicar ninguna normativa vigente debido a que estos periodos solo se pueden certificar con el estudio matemático actuarial el que es de responsabilidad de cada entidad bancada, por lo que no es aplicable el art. 14 del DS. 27543 que solo se da a rentas en curso de adquisición y pago dentro del Sistema de Reparto, debiendo tomarse en cuenta la fecha de publicación del mencionado decreto.

Señala que, de la revisión de los antecedentes administrativos que cursa en el expediente documentación aportada oportunamente por la asegurada como es el Certificado N° 57/81 original emitido por el Banco Industrial y Ganadero del Beni S.A. de fecha 16 de junio de 1981, el mismo que establece los aportes realizados al fondo de pensiones (FPEBP) y FONVIS, desde noviembre de 1971 a diciembre de 1980, certificación ratificada mediante la documental de fs. 31 a 36, por lo que se colige que existió las cotizaciones respectivas.

Sobre, el art. 14 del DS N° 27543 de fecha 31 de mayo de 2004, que bajo el nomen juris de utilización de documentos que cursan en el expediente se establece que: “En caso de inexistencia de planillas y comprobantes de pago en los archivos del SENASIR, del periodo comprendido entre enero de 1957 y abril de 1997, el SENASIR certificará los aportes con documentación que cursa en el expediente del asegurado, a la fecha de publicación del presente Decreto Supremo, bajo presunción juris tantum. Los documentos elegibles para este propósito serán uno o más de los siguientes: a) Finiquitos...c) Boletas de pago o planillas de haberes...”, esta normativa confiere la posibilidad que la certificación de las cotizaciones se realicen con documentos supletorios, como se dio en el caso de autos, que si bien no se puede certificar con planillas existentes en el área de certificación o estudios matemáticos actuariales pero si complementarios que consignen los aportes del asegurado, esta deficiencia fue suplida por la documentación cursante en el expediente del asegurado, la misma que no puede ser desmerecida como pretende el SENASIR.

Asimismo, en cuanto a que el Tribunal de alzada, no consideró correctamente la RA N° 0774/99 de 20 de octubre de 1999, la RM N° 498 de 7 de septiembre de 2005, RA N° 299.13 de 31 de julio de 2013, Cap. I, 2, 8 a) y c) y 618 de fecha 6 de noviembre de 2001, entre otros; cabe señalar, que si bien dichas Resoluciones, conforme señala el auto de vista impugnado previeron ciertos parámetros para la calificación de las prestaciones jubilatorias y certificaciones de aportes del sector de la banca privada en base a los estudios matemático actuariales y sus complementarios, sin embargo, como ya fue manifestado supra el Decreto Supremo N° 27543 de 31 de mayo de 2004, otorgó la posibilidad de que estas certificaciones se las realicen en base a documentación supletoria; así consta que su art. 18 previo: “...Para fines de certificación de aportes para la determinación de montos de compensación de cotizaciones por procedimiento manual, se podrán utilizar las modalidades establecidas en los Artículos 13, 16 y 17 del presente Decreto Supremo...”. A su vez, su art. 16, señala: "Para fines de certificación de aportes en mora de entidades, que dejaron de funcionar y se encuentran actualmente cerradas; que hubieran estado en su momento debidamente afiliadas a los entes gestores de salud y se evidencie la existencia de al menos un aporte al Sistema de Reparto, dichos aportes serán certificados con la documentación que curse en el expediente conforme al Artículo 14 del presente Decreto Supremo"(sic). De esta forma y por la normativa citada, de la revisión de obrados se advierte que conforme a la documentación presentada por la asegurada de manera oportuna, el tribunal ad quem dispuso correctamente se incluya en el cálculo de compensación de cotizaciones de la asegurada, los periodos reclamados.

Asimismo, conforme la abundante jurisprudencia sentada por este Supremo Tribunal se impone los arts. 180.1 de la CPE y 30.11 de la LOJ, sobre el principio de verdad material debe prevalecer en la jurisdicción ordinaria, lo que es extensible también a los trámites administrativos, con el objetivo de esclarecer de la manera más precisa lo ocurrido en la realidad, los hechos y circunstancias tal como ocurrieron, que permitan sentar la verdad como realmente es y no como se pretende hacerla ver. De tal forma en la especie, resulta innegable por la documentación aportada, que la asegurada aportó cotizaciones que deben ser consideradas por el SENASIR para un nuevo cálculo tomando en cuenta los periodos 11/1971 a 01/1981, más aún si la entidad bancaria es la única responsable y facultada para la elaboración y presentación del estudio matemático actuarial a los entes gestores y por ende no atribuible a la asegurada.

En ese contexto a lo manifestado debe agregarse, que conforme a lo dispuesto por el art. 45.1, II, III, IV de la CPE, todos los bolivianos tienen derecho al acceso a la seguridad social; prescribe que los principios del sistema de seguridad social, entre otros, son el de universalidad, equidad, oportunidad y eficacia; como también se reconoce la cobertura de vejez (jubilación) como una de las atendidas por el régimen de seguridad social; finalmente se establece que el Estado garantiza el derecho a la jubilación; consecuentemente, la jubilación al ser un derecho constitucional garantizado plenamente por Estado, goza de protección tutelar por parte de los tribunales y jueces, el acceso a la jubilación y el descanso del trabajador por vejez es una situación que el estado tiene que promover y proteger a través de sus instituciones, por esta razón en la especie, ante la inadvertencia de estos preceptos por parte del SENASIR corresponde a las autoridades jurisdiccionales hacer cumplir la CPE y las leyes que son de aplicación preferente ante otra normativa.

Por todo lo expuesto, se concluye que el auto de vista recurrido no transgrede ni vulnera ninguna norma, por el contrario se ajusta a las disposiciones legales en vigencia, no siendo evidentes las infracciones acusadas en el recurso, por lo que corresponde resolver conforme prescribe el art. 271. 2 y 273 del CPC, aplicables por la norma remisiva contenida en los arts. 633 del Reglamento del Código de Seguridad Social y 15 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición aprobado por Resolución Secretarial N° 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por el art. 184. 1 de la Constitución Política del Estado y el art. 42. I.1 de la Ley del Órgano Judicial, se declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 73 a 76, interpuesto por el SENASIR.

Sin costas conforme al artículo 39 de la Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990 SAFCO y 52 del Decreto Supremo N° 23215 de 22 de julio de 1992.


Regístrese, notifíquese y devuélvase.