SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo N° 90/2016.

Sucre, 7 de abril de 2016.

Expediente: SC-CA.SAH-LP.282/2015.

Distrito: La Paz.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.


VISTOS: El recurso de casación de fs. 118 a 119 vta., interpuesto por la CAJA PETROLERA DE SALUD representada legalmente por su apoderada Mery Fressla Capobianco Aponte contra el Auto de Vista 09/15 de 2 de febrero de fs. 114 a 115, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso social seguido por Fanny Fortunata Ponce Álvarez contra la entidad recurrente, la respuesta al recurso a fs. 122 vta., el auto de fs. 123 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, la Juez de Partido Segundo de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, emitió la Sentencia N° 200/2013 de 20 de septiembre de 2013 de fs. 89 a 92, declarando probada en parte la demanda, sin costas, disponiendo que la Caja Petrolera de Salud a través de su representante legal, cancele en favor de la demandante la suma de Bs.27.473,92.- por concepto de indemnización, desahucio, aguinaldo en duodécimas gestión 2008 y multa del 30%, más las actualizaciones que de acuerdo a ley corresponda.

En grado de apelación deducida por la entidad demandada de fs. 96 a 97 vta., la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronunció el Auto de Vista N° 09/15 confirmando en todas sus partes la sentencia impugnada, con costas.

Contra dicho fallo, la Caja Petrolera de Salud, planteó recurso de casación, de cuyo contenido se extrae los siguientes reclamos:

Refiere que el auto de vista impugnado sustenta su razonamiento únicamente en lo dispuesto por la Resolución ministerial (RM) 193/72 de 15 de mayo de 1972 que señala: "Los contratos de trabajo pactados sucesivamente por un lapso menor al término de prueba o por plazo fijo que sean renovados, periódicamente adquirirán la calidad de contratos a plazo indefinido a través de la segunda contratación y siempre que se trate de labores propias del giro de la empresa”, pero sin embargo no sería aplicable al caso de autos, toda vez que con la demandante “no se pactó ningún contrato menor al término de prueba, mucho menos un contrato a plazo fijo”, toda vez que su vinculación fue a través del memorándum DNRH-M-184/08 sujeta a término de prueba de 89 días, conforme disposición del art. 13 de la Ley General del Trabajo; asimismo refiere que la citada RM 193/72 establece como condicionante de su aplicación que los contratos de trabajo pactados “sean renovados periódicamente”, lo que no ocurrió porque no existió renovación periódica o reconducción alguna, pues habría demostrado a través del reporte de asistencia correspondiente a la demandante, que la misma no asistió a la institución durante 8 días, existiendo ruptura de la relación laboral que hace inaplicable la disposición legal antes mencionada; por otra parte, dicha resolución ministerial 193/72, condiciona nuevamente su aplicación al señalar que se “trate de labores propias del giro de la empresa” y que por disposición del Decreto Supremo (DS) N° 5083 de 10 de noviembre de 1958, el giro propio de la institución es la prestación de salud en el régimen a corto plazo de la seguridad social y la contratación de la demandante como Auditor Interno II no responde a una contratación de personal para la ejecución de labores propias del giro de la empresa; por último y con respecto a la inaplicabilidad de la R.M. 193/72, de 15 de mayo de 1972 hace referencia a la Sentencia Constitucional 1282/2011-R de 26 de septiembre, y bajo este marco normativo, evidenciaría la vulneración de los derechos de la caja Petrolera de Salud, más aún si la decisión asumida tiene como único fundamento la aplicación de la resolución ministerial aplicada.

De otra parte, denuncia que el auto de vista impugnado carece de fundamentación y motivación, por cuanto se habría omitido citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos, que apoyan la determinación asumida, no existiendo razonamientos lógico-jurídicos sobre los cuales considera que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa, limitándose a reiterar los errores del juez a quo.

Finalmente, refiere que si bien el juzgador en material laboral no se encuentra sometido a la tarifa legal de la prueba, puede formar su convencimiento inspirándose en los principios científicos en arreglo a lo previsto por los arts. 3. j) y 158 del Código Procesal del Trabajo (CPT); continúa refiriendo que cuando se exponen errores de hecho o de derecho en el ejercido de la atribución valorativa de la prueba por parte del juez de instancia, se habilita la competencia del Tribunal para realizar una nueva compulsa del mismo, es así que a través de la jurisprudencia desarrollado por el Tribunal Supremo de Justicia, excepcionalmente puede pedirse la revaloración, en la medida que en el recurso se acuse y se pruebe la existencia de error de hecho o de derecho, de acuerdo a la regla establecida en el art. 253.3 del Código de Procedimiento Civil (CPC), y al haberse demostrado plenamente el error de hecho y de derecho en el que incurrieron los jueces de instancia, corresponde su reparación por parte del Tribunal Supremo de Justicia.

Concluyó solicitando que este Tribunal Supremo, case el auto de vista impugnado y deliberando en el fondo, se declare improbada la demanda.

CONSIDERANDO II: Que, así planteado el recurso de casación por la entidad demandada, se ingresa a resolver los reclamos planteados en relación a los datos del proceso.

Respecto a que el auto de vista impugnado sustentaría su razonamiento únicamente en lo dispuesto por la RM 193/72, cuando en los hechos esta disposición legal no es aplicable al caso de concreto.

En lo que refiere a que la Resolución Ministerial señalada 193/72 no es aplicable por cuanto con la demandante no se habría pactado ningún contrato menor al término de prueba, mucho menos suscrito un contrato a plazo fijo, toda vez que la actora habría sido vinculada laboralmente a través del memorándum DNRH-M-t84/08 sujeta al término de prueba de 89 días, conforme prevé el art. 13 de la Lev General del Trabajo; al respecto, cabe señalar que si bien es cierto que la relación laboral no ha sido originada a través de la suscripción de un contrato, sino a través de la emisión de un Memorándum de designación, esto no implica desconocer la existencia de la relación laboral de la actora con la entidad demandada, es así que a través de la prueba producida por la demandante durante el desarrollo del proceso, se demostró claramente que la actora prestó servicios en la Caja Petrolera de Salud, ejerciendo el cargo de Auditor Interno II, bajo dependencia, subordinación, por cuenta ajena, percibiendo un salario mensual y sometida a un horario de trabajo, cumpliendo por tanto con las características esenciales de una relación laboral, exigidas por el art. 1 del DS N° 23570 de 26 de julio de 1993, ratificados por el art. 2 del DS N° 28699 de 1 de mayo de 2006, aspectos que fueron valorados correctamente por los de grado, en dicho contexto, resulta errónea la interpretación realizada por la entidad recurrente al pretender desconocer la aplicación de la RM 193/72 por el solo hecho de que la relación laboral se habría originado a través de la emisión de un memorándum de designación y no así a través de un contrato como dispone la citada Resolución Ministerial, pretensión ésta que sin lugar a dudas tiene por objeto evadir derechos y beneficios laborales, sin tomar en cuenta que la actora prestaba sus servicios dentro de la institución en un horario determinado y desarrollando un esfuerzo intelectual (art. 2 de la Ley General del Trabajo), por consiguiente resulta irrelevante la intención del recurrente de desconocer la aplicación de la RM 193/72 más aún si los dos memorándum de designación emitidos consecutivamente, fueron estipulados por tiempo menor al término de prueba, por lo cual resulta aplicable la citada Resolución Ministerial.

Respecto a que no se habría cumplido otro condicionante de la RM 193/72, toda vez que no existiría renovación periódica o reconducción alguna, por cuanto se habría demostrado a través de los reportes de asistencia que la demandante no habría asistido a la institución durante 8 días lo que implica la ruptura de la relación; sobre el particular, en cuanto a la supuesta discontinuidad en la relación laboral, cabe referir que el art. 3 de la RM 193/72 establece que, para que proceda tal desvinculación en la relación laboral tiene que existir una interrupción por un lapso mayor al término de prueba de tres meses, lo cual no ocurrió, puesto que en el caso de autos, entre el primer memorándum de designación signado bajo el N° DNRH-M-184/08 de 12 de marzo de 2008 (cuya vigencia habría concluido el 8 de junio del 2008) y la emisión del segundo memorándum de designación signado bajo el N° DNRH-M-352/08 (cuya nueva contratación empezaría a partir del 16 de junio del mismo año), se evidencia que sólo existió una interrupción de “8 días” y no así el plazo establecido por la referida Resolución Ministerial, por consiguiente resulta adecuado lo resuelto por el tribunal de alzada al confirmar la Sentencia de primera instancia, respecto a la continuidad de la relación laboral entre la actora y la institución demandada, toda vez que se constató que el intervalo entre los dos memorándum que fueron emitidos por la entidad demandada, no existió un periodo de interrupción superior al señalado por la Resolución Ministerial analizada, además que en el caso de autos se dio la continuidad en el desempeño de funciones por parte de la demandante a la fecha de conclusión del plazo del primer memorándum, el cual era hasta el 8 de junio de 2008, empero la actora continuó trabajando tal cual se observa de la prueba literal de fs. 35 a 37, presentando informes en fechas 12 y 16 de junio del año 2008; por consiguiente, en aplicación de la primacía de la realidad que rige la materia, tenido como instrumento orientador para el Juez laboral, como una garantía del trabajador, a fin de impedir cualquier evasiva tendiente a eludir la relación laboral o los efectos y cargas sociales que subyacen a ella; en el caso que motiva este análisis, y aplicando dicho principio salta a la vista la existencia de una continuidad laboral, pues resulta evidente la continuidad material de la actora en el desarrollo de sus funciones.

Por su parte, en lo que refiere a que no se habría cumplido con la RM 193/72, referido al hecho de que la contratación de la demandante como Auditor Interno II no responde a las labores propias del giro de la institución; sobre esta cuestionante, para un mayor entendimiento sobre las tareas propias y permanentes mencionadas en la normativa precedente, el art. 2 de la Resolución administrativa RA N° 650/07 de 27 de abril de 2007, emitida por el Ministerio de Trabajo, determina que son aquellas vinculadas al giro habitual o principal de actividad económica de la empresa, aquellas sin las cuales no tendría objeto la existencia de la unidad económica; a diferencia de las “tareas propias y no permanentes”, las cuales, siendo vinculadas al giro habitual o principal actividad económica de la empresa, se caracterizan por ser extraordinariamente temporales, como las tareas de suplencia por licencia, bajas médicas, descansos pre y post natales, declaratorias en comisión, tareas por cierto tiempo por necesidades de temporada, en organizaciones o entidades, cuya fecha de cierre o conclusión de actividades se encuentre predeterminada.

En virtud a este marco normativo, se colige que las labores de Auditor Interno II para la cual fue contratada la actora, coadyuvan al logro de la finalidad principal que tiene la Caja Petrolera de Salud, cual es la de prestación de salud en el régimen a corto plazo de la seguridad social, constituyéndose por ello en tareas propias y permanentes que se encuentran vinculadas y relacionadas a la actividad principal que realiza la entidad demandada, toda vez que sin la ejecución de las tareas que desempeñaba la demandante, la Caja Petrolera de Salud no tendría un adecuado funcionamiento en el aspecto técnico-financiero que desembocaría en el incumplimiento de los fines y funciones por los cuales fue creado, en dicho contexto, no resulta evidente lo argüido por el recurrente respecto a que la demandante no habría realizado labores propias al giro de la entidad.

En lo que respecta a la cita de la Sentencia Constitucional 1282/2011 -R de 26 de septiembre, la misma no merece ningún pronunciamiento por no existir contradicción con lo analizado precedentemente, más por el contrario refuerza la prohibición de efectuar dos contrataciones sucesivas a plazo fijo, como aconteció en el caso que es motivo de análisis, correspondiendo por lo tanto brindar la protección jurídica a los derechos laborales reconocidos a favor de la demandante.

En lo que refiere a que el auto de vista impugnado carece de fundamentación y motivación, el recurrente omitió citar preceptos legales sustantivos y adjetivos, además de no expresar los razonamientos lógico- jurídicos sobre los cuales considera que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa.

Por lo que, corresponde señalar que este reclamo no resulta preciso ni objetivo, toda vez que no especifica cuáles son aquellos agravios que no fueron debidamente fundamentados y motivados por el tribunal ad querrr, no obstante, aquello del análisis realizado al auto de vista impugnado, se advierte que dicha resolución cumplió con el principio de congruencia toda vez que se dio respuesta formal a todos los cuestionamientos planteados en la recurso de apelación, existiendo lógica y coherencia entre lo reclamado con lo resuelto, evidenciándose asimismo un razonamiento integral y armonizado al momento de resolver cada uno de los reclamos interpuesto. En lo que refiere a la omisión de cita de preceptos legales, se observa que la misma no resulta evidente, teniendo en cuenta que el tribunal ad quem utilizó la normativa legal adecuada para justificar su decisión en cada uno de los puntos apelados, realizando además un adecuado razonamiento táctico y jurídico que conlleva a reconocer que la decisión adoptada es la apropiada; consecuentemente no es evidente el reclamo planteado por la entidad recurrente.

En lo que respecta a que se habría demostrado el error de hecho y de derecho en que habrían incurrido los jueces de instancia a momento de realizar la valoración probatoria.

Con respecto a este reclamo, como bien lo señaló la entidad recurrente, el Tribunal Supremo de Justicia en su basta y uniforme jurisprudencia ha establecido que la apreciación y valoración de la prueba corresponde a los Jueces de instancia, siendo incensurable en casación; y que excepcionalmente podrá producirse una revisión o revaloración de la prueba, en la medida en que en el recurso se acuse y se pruebe la existencia de error de hecho o de derecho, de acuerdo con la regla que establece el art. 253.3 del Adjetivo Civil, que textualmente señala: "Cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta del juzgador." Nótese que la disposición citada expresa que deberán cumplirse dos condiciones; es decir, que deberá demostrarse el error por documentos o actos auténticos, que a su vez demuestren la equivocación manifiesta del juzgador, lo que en la especie no sucedió; por otra parte, también se observa por parte de la entidad recurrente, el incumplimiento a los requisitos exigidos en el art. 258.2) del CPC, por cuanto no individualiza qué pruebas no fueron valoradas conforme a ley y, sobre todo, no especifica el error manifiesto en su valoración y apreciación a objeto de que éste Tribunal de Casación examine la existencia del error acusado, ya que la simple disconformidad o disentimiento con lo resuelto por el Juez, sin fundamentar la oposición o sin dar ni señalar las bases jurídicas, no importa una crítica concreta y razonada a lo fundamentado por el juzgador.

Dicho todo lo anterior, esta Sala concluye que no son evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de casación, lo que conlleva a afirmar que el Tribunal de Alzada realizó una adecuada apreciación y valoración de los antecedentes del proceso en la emisión del Auto de Vista N° 09/15 de 2 de febrero de 2015, no incurriendo en transgresión de norma alguna, correspondiendo en tal circunstancia resolver en el marco de las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.2 y 273 del CPC, aplicables por la norma remisiva contenida en el arts. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida por los art. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 118 a 119 interpuesto por la entidad demandada.

Sin costas, en aplicación del art. 39 de la Ley 1178 (SAFCO) y art. 52 del Decreto Supremo N° 23215 de 22 de julio de 1992.


Regístrese, notifíquese, devuélvase.