SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 88/2016.

Sucre, 7 de abril de 2016.  

Expediente: SC-CA.SAII-SCZ.280/2015.

Distrito: Santa Cruz.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación en la forma  y en el fondo de fs. 86 a 88, interpuesto por la Empresa de Servicios Generales  “La Cañada”, S.R.L., contra el Auto de Vista Nº 397 de 17 de octubre de 2007 (fojas 81 a 82 vta.), emitido por la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior del Distrito de Santa Cruz, dentro del proceso social de pago de beneficios sociales seguido por René Jorge Cáceres Gonzales, contra la empresa que representa el recurrente, el auto de fs. 92 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso; y,

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, el Juez de Partido Tercero de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Santa Cruz, emitió la Sentencia Nº 32 de 3 de abril de 2007 (fs. 60 a 62), declarando probada la demanda sin costas, disponiendo que la empresa demandada cancele a favor del actor la suma total de 2.961,66 Bs., por concepto de desahucio, indemnización y aguinaldo más actualizaciones y reajuste conforme dispone el art. 2 del Decreto Supremo (DS) Nº 23381 de 29 de diciembre de 1992; disponiendo mediante Auto de 27 de abril de 2007 de fs. 64 vta., no ha lugar a la aclaración solicitada por el representante legal de la empresa demandada.

Resolviendo el recurso de apelación planteado por el demandado (fojas 67 a 68 vta.), por Auto de Vista Nº 397 de 17 de octubre de 2007, la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, confirmó la sentencia apelada, con costas. Luego, a solicitud de la empresa demandada, por Auto de Vista Nº 444 de 1 de diciembre de 2007 (fs. 84) se declaró no ha lugar a la complementación y enmienda.

Dicho fallo motivó la interposición del recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 86 a 88 vta., por el representante legal de la empresa demandada fundamentando el mismo en los siguientes términos:

Recurso de casación en la forma.- El recurrente manifiesta que por mandato del art. 236 del Código de Procedimiento Civil (CPC), el auto de vista debe circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior que hubiesen sido objeto de la apelación, norma que no fue cumplida en el caso de autos, toda vez que el tribunal de apelación no se pronunció sobre los puntos apelados y fundamentados en la oportunidad de presentar la impugnación a la sentencia, menos se valoró la prueba de descargo, existiendo una errónea interpretación de la inversión de la prueba, omisión que pese a haber sido denunciada, no fue subsanada por el tribunal de alzada.

Agrega que la omisión mencionada y oportunamente denunciada constituye causal de casación en la forma prevista por el art. 254 inc. 4) del CPC textual-, aspecto que debe ser corregido por este Tribunal.

Recurso de casación en el fondo.- Señala que además del quebrantamiento en las formas esenciales del proceso, los jueces de instancia incurrieron en error de derecho en la apreciación de la prueba testifical que cursa de fs. 52 a 53 de obrados y violación del art. 169 del Código Procesal del Trabajo (CPT), teniendo en cuenta que en el auto de vista se indica que no fue desvirtuado el despido injustificado del demandante, no obstante de que en materia laboral rige la inversión de la prueba, aspecto que configura el error de derecho en la apreciación de la prueba testifical y violación de la norma señalada.

Reiterando el fundamento precedente, el recurrente acusa errónea interpretación de los arts. 66 y 150 de CPT, toda vez que en el último considerando del auto de vista, el tribunal de alzada cita estos artículos para afirmar de manera equivocada que no se demostró que el demandante fue despedido injustificadamente, debiendo tenerse en cuenta que el principio de la inversión de la prueba no importa interpretarlo en contra del empleador, debiendo el juzgador actuar con imparcialidad en sujeción al inciso 14 del art. 1 de la Ley de Organización Judicial (LOJ).

Por último, refiere que existió indebida aplicación de los arts. 162 de la Constitución Política del Estado (CPE), 4, 12 Y 13 de la Ley General del Trabajo (LGT), de la Ley de 23 de noviembre de 1944 y arts. 66, 150, 158, 197, 200 y 202 del CPT, ello porque el auto de vista afirma que la juez de primer grado al declarar probada la demanda “aplicó correctamente la valoración de la prueba” (sic), afirmación que implica indebida aplicación de las normas indicadas.

Recalcando una vez más el hecho de que no se consideró la prueba testifical cursante de fs. 52 a 53 vta., que demostró que el actor hizo abandono del trabajo y no fue despedido injustificadamente, indica que este hecho importa la transgresión a las normas legales señaladas, habiendo los jueces de instancia mal interpretado el principio de inversión de la prueba, que en ningún caso significa dar razón en forma ciega al trabajador, sino que el juzgador debe analizar imparcialmente las pruebas aportadas.

Finalmente señalando que las transgresiones y violaciones denunciadas constituyen causal de casación en el fondo, prevista en el inc. 1) del art. 253 del CPC, solicita que el error de los jueces de grado sea corregido por este tribunal, casando el auto de vista y en su mérito declarar improbada la demanda

CONSIDERANDO II: Que, así expuestos los fundamentos del recurso de casación en la forma y en  el fondo, para su resolución es menester realizar las siguientes consideraciones:

El recurrente, tanto en el recurso de casación en la forma, cuanto en el recurso de casación en el fondo, ingresa en imprecisiones y es reiterativo en su fundamento. En el recurso de casación en la forma, el recurrente acusa la violación al art. 236 del CPC, sin embargo, olvida que para la procedencia de este recurso, es necesario el cumplimiento de ciertos requisitos que han sido establecidos en el art. 258 del CPC, de cuyo análisis se establece que el demandado, hoy recurrente efectivamente cumplió con los requisitos previstos en el inc. 1) de la norma citada, empero, no cumple con la técnica recursiva establecida en el inc. 2) del mismo artículo, es decir, qué no basta con manifestar que se violó el art. 236 del Adjetivo Civil, si no debería indicarse en qué consiste tal violación, falsedad o el error acusado.

Idéntica situación se presenta en cuanto al recurso de casación en el fondo, pues no obstante de que refiere que los jueces de instancia violaron el art. 169 del CPT e ingresaron en una errónea interpretación de los arts. 66 y 150 del mismo cuerpo de leyes, así como en una indebida aplicación de los arts. 162 de la CPE, 4, 12 y 13 de la LGT, de la Ley de 23 de noviembre de 1944 y arts. 66, 150, 158, 197, 200 y 202 del CPT, es reiterativo en su único fundamento en sentido de que no se dio ningún valor a la prueba testifical que consta de fs. 52 a 53 de obrados, la que desvirtúa el supuesto despido injustificado al que fue sometido el actor.

En suma, el recurrente no puede acusar transgresión, interpretación errónea, indebida aplicación de las normas citadas con el único fundamento esgrimido en el recurso en estudio, consistente en la aseveración de que los jueces de grado no valoraron las atestaciones de los testigos de descargo propuestos por el demandado, aspecto que sin duda, conlleva incumplimiento al art. 258.2) del CPC, deviniendo por ello el recurso en Improcedente.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa,  Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad prevista en el art. 184.I de la CPE actual y art. 42.I num 1) de la Ley del Órgano Judicial, en aplicación del art. 272 inc. 2) del CPC, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación en la forma y en el fondo deducido a fs. 86 a 88, por el representante legal de la Empresa de Servicios Generales “La Cañada”, S.R.L.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.