SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 83/2016.

Sucre, 7 de abril de 2016.  

Expediente: SC-CA.SAII-CBBA.274/2015.

Distrito: Cochabamba.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El Recurso de Casación en el fondo de fs. 284 a 285, interpuesto por Luis Alberto Terán Salazar, en representación legal de la Cooperativa de Enseñanza y Servicios Cochabamba Ltda., contra el Auto de Vista Nº 148/2014 de 18 de junio cursante de fs. 278 a 281 vta., emitido por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Cochabamba, dentro del proceso social por pago de beneficios sociales seguido por Antonio Remberto Encinas Prado contra la cooperativa recurrente, el memorial de contestación de fojas 288 a 291 y el Auto de Concesión del Recurso a fs. 292, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, la Juez de Partido Primero de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Cochabamba, emitió la Sentencia de 18 de octubre de 2011 de fs. 205 a 208, declarando probada la demanda de fs. 2 a 3 de obrados, esto en lo que respecta al pago de Beneficios Sociales de indemnización por tiempo de servicios, desahucio, vacaciones por 22 días y medio, aguinaldo de la gestión 2011 por 6 duodécimas y 15 días, prima de la gestión 2009 y 2010, e improbado el responde formulado por la parte demandada, disponiendo que la entidad demandada cancele la suma de $us.2.588,42.- correspondiente a desahucio, indemnización, aguinaldo 6 duodécimas y 15 días, vacación 21 días y prima de la gestión 2009 y 2010 a favor del actor.

En grado de apelación de fs. 261 a 262 vta., formulado por la entidad demandada, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, pronunció Auto de Vista Nº 148/2014, confirmando la Sentencia apelada, con costas en ambas instancias.

Que, contra el referido Auto de Vista, la Cooperativa de Enseñanza y Servicios Cochabamba Ltda. a través de su representante legal, interpuso Recurso de Casación en el fondo de fs. 284 a 285, en el que señala los siguientes argumentos:

Indica que en la emisión del Auto de Vista no se valoró la prueba aportada por la parte recurrente, ya que el demandante propició la ruptura laboral, sometiéndose la demandada a las previsiones contenidas en los arts. 16 de la Ley General del Trabajo (LGT) y 9 de su Decreto Reglamentario; por lo que no puede ser favorecido con el pago de indemnización ni el desahucio, que no tomó en cuenta la confesión judicial provocada prestada por el actor quien manifiesta haber trabajado hasta el 15 de julio de 2011, habiendo el actor dejado de asistir a su fuente laboral inclusive antes de la fecha citada.

Alude que el Tribunal de Alzada, no considero el art. 3 de la Ley de 18 de diciembre de 1944, en sentido de no considerarse el pago del aguinaldo, por cuanto el actor percibía su remuneración en moneda extranjera, por lo que no puede considerarse el pago del aguinaldo, por lo que debe suprimirse el pago de dicho beneficio.

Expresa que el Auto de Vista no emite criterio alguno sobre la forma de proceder, ya que no se estableció los motivos por los cuales el actor abandono su fuente laboral, aplicándose en consecuencia el del art. 16.d) de la LGT.

Indica que en cuanto al pago de las primas no se encuentra dentro de los parámetros establecidos en la Ley de 22 de noviembre de 1945, toda vez que la Cooperativa es un ente de prestación de servicios, y no una empresa industrial o comercial.

Concluye el memorial, solicitando se conceda el recurso de casación interpuesto, ante el Tribunal Supremo de Justicia, a fin de que previa compulsa de los antecedentes CASE el Auto de Vista de 18 de junio de 2014, con costas.

CONSIDERANDO II: Que, así expuestos los fundamentos del recurso de casación, para su resolución es menester realizar las siguientes consideraciones:

En cuanto a la acusación de que el Tribunal no ha valorado la prueba, al no tomar en cuenta la confesión provocada y las actas de 1 y 5 de julio de 2011 que establecen que el actor dejo de trabajar inclusive antes del 15 de julio, cabe aclarar que el Tribunal Ad quem  ha obrado recurriendo a los principios que rigen en esta materia especializada, como el de protección del trabajador y de irrenunciabilidad de los derechos laborales, no evidenciándose la falta de valoración, toda vez que el Auto de Vista de manera razonada y razonable arribó a la conclusión de que la parte demandada no acompañó prueba fehaciente del supuesto abandono de trabajo por parte del actor y  que ese hubiese sido anterior al 15 de julio de 2011; y por el contrario, el Tribunal Ad quem valoró no solo la prueba cursante a fojas 158 referido a la denuncia de hostigamiento y acoso laboral, el acta de denuncia de fecha 01 de julio de 2011 cursante a fojas 161 y 162, y el acta de fojas 163 de fecha 05 de julio de 2011, documentos que no demuestran que el actor dejo de trabajar antes del 15 de julio, y por el contrario la demandada no demostró con prueba fehaciente que el actor abandono su fuente laboral antes del 15 de julio de 2011; en consecuencia, los tribunales de instancia advirtieron que se configuro el retiro indirecto por acoso laboral por parte del empleador, verificándose que el Tribunal de Apelación de manera coherente arribó a la conclusión de que: “…la Jueza, correctamente configuro el retiro indirecto del actor por acoso laboral por parte de su empleador. Y, si bien la figura del acoso moral o los actos de hostigamiento en el trabajo no se encuentran previstos en nuestro sistema jurídico como causales de retiro, tal circunstancia no puede obstaculizar la correcta administración de justicia, por constituir ésta, conjuntamente la dignidad, valores constitucionales supremos, sucediendo lo mismo con el trabajo, por constituirse en un derecho reconocido por los artículos 46 de la carta Fundamental, 6 y 7 del pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. (…) el demandado no acompaño prueba fehaciente del supuesto abandono de trabajo por parte de del actor y que este hubiese sido anterior al 15 de julio de 2011”. 

Que, adicionalmente a lo señalado precedentemente, debe tenerse presente que el juzgador en materia laboral no se encuentra sometido a la tarifa legal de la prueba propia del proceso civil, sino el sistema de persuasión racional con arreglo al art. 158 del Código Procesal del Trabajo (CPT), debiendo sujetarse a las reglas de la sana crítica; que al decir del tratadista Heberto Amilcar Baños “Las reglas de la sana crítica no son otra cosa que las de la lógica, basadas en la ciencia, en la experiencia y en la observación, que conducen al juez a discernir lo verdadero de lo falso (…) se trata de ciertos criterios normativos (reglas no jurídicas) que sirven al hombre normal, en una actitud prudente y objetiva (sana) para emitir el juicio de valor acerca de una cierta realidad”. Por su parte Osorio y Florit expresan que “Frente a la absoluta libertad del juzgador para apreciar y valorar las pruebas, y también frente a la restricción valorativa de la prueba legal, surge el sistema intermedio y más extendido de la sana crítica, que deja al juez formar libremente su convicción, pero obligándole a establecer los fundamentos de la misma”.

En cuanto a la acusación de que el Tribunal de segunda instancia no ha aplicado el mandato contenido en el artículo 3 de la Ley de 18 de diciembre de 1994, respecto a que el pago del aguinaldo no comprende a los empleados que perciban sus remuneraciones en moneda extranjera; corresponde indicar que dicha Ley fue posteriormente interpretada por la Ley Nº 380 de 22 de noviembre de 1950, que instituye: “Interpretando la Ley de 18 de diciembre de 1944, se reconoce el derecho de empleados y obreros, sin exclusión, al aguinaldo anual, antes del 25 de diciembre de cada año el que será pagado por duodécima, teniendo en cuenta el tiempo de servicios durante el año correspondiente”, por lo que, los trabajadores que perciben salarios en moneda extranjera tienen derecho a todos los beneficios que les acuerda la ley, en igualdad de condiciones de aquellos cuya remuneración es en moneda nacional. Todas las personas son iguales ante la ley y merecen el mismo tratamiento sin ninguna discriminación, por lo que la modalidad de moneda de pago adoptada, sea en moneda nacional o extranjera, es indiferente al hecho mismo de la prestación de servicios, que no puede diferenciarse, cuando la voluntad del empleador es la retribuir ese desgaste físico e intelectual en dólares americanos; habiendo interpretado el Tribunal Ad quem de manera correcta dicha norma, al disponer el pago del aguinaldo al actor por duodécimas de la gestión 2011.

Respecto al pago de la prima, conviene precisar que la prima anual es la participación legal del trabajador respecto de las utilidades obtenidas por las empresas, es un derecho que se obtiene cuando la empresa logra utilidades en esa gestión, por tanto, no es una forma libre de retribución del empleador, sino una obligación para las empresas y un derecho para el trabajador; a su vez, el art. 48 del Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo, señala que: “Las empresas que hubieren obtenido utilidades al finalizar el año, otorgarán a sus empleados y obreros, una prima anual no inferior a un mes y a quince días de salario respectivamente…”, instruyendo que el único documento idóneo para acreditar si la empresa tuvo o no ganancias es el balance general debidamente aprobado por el Servicio Nacional de Impuestos Nacionales, aspecto corroborado por el art. 181 del CPT, que dispone: “La falta de balance legal del empleador que tiene la obligación de presentarlo, hará presumir que ha obtenido utilidades”. 

Que, en el caso de autos, la entidad demandada refiere que no es una empresa sino es un ente que presta servicios, que el Decreto Ley de 27 de diciembre de 1943 dispone, que las empresas comerciales e industriales deben pagar una prima anual; razonamiento sesgado, por cuanto dicha normativa ha sido derogada por el Decreto Supremo (DS) Nº 2569 de 12 de junio de 1951 al establecer en su art. 1 que: “Los colegios y escuelas particulares de enseñanza, quedan comprendidos dentro de la clasificación de entidades comerciales, en cuanto se refiere al pago de beneficios sociales que deben a sus empleados” . Norma reiterada en la parte considerativa del DS Nº 2941 de 29 de enero de 1952.

En ese marco, las conclusiones a las que arribó el Tribunal de Alzada fueron correctas, porque valoraron la prueba aportada al proceso en función del art. 158 del CPT, reconociendo los derechos del trabajador por la irrenunciabilidad contenida en los arts. 4 de la LGT y 46 y siguientes de la Constitución Política del Estado, por cuya razón no son evidentes los reclamos contenidos en el Recurso de Casación que se examina, correspondiendo en consecuencia resolver el recurso conforme dispone los arts. 271.2 y 273 del Código de Procedimiento Civil, con la facultad remisiva del artículo 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial N° 025 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de casación de fojas 284 a 285. Con Costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.