SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 75/2016.

Sucre, 7 de abril de 2016.  

Expediente: SC-CA.SAII-OR.265/2015.

Distrito: Oruro.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 156 a 158 vta., interpuesto por la Universidad Técnica de Oruro (uto), representada por Pedro Feraudi Gonzales, contra el Auto de Vista AV-SECCASA-82/2015 de 30 de abril, cursante de fs. 142 a 145, emitido por la Sala Especializada Contenciosa y Contenciosa Administrativa Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso laboral seguido por Julieta Zamorano Llanos de García, contra la Universidad   demandada, la respuesta de fs. 161 a 162 vta., el auto de fs. 163 que concedió el recurso, los antecedentes procesales y,

CONSIDERANDO: Que, tramitado el proceso laboral, la Juez de Partido Segundo de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Oruro, pronunció la Sentencia Nº 120/2014 de 15 de octubre de fs. 109 a 116, declarando probada en parte la demanda de fs. 32 a 34, e improbada la excepción de prescripción, falta de acción y derecho, disponiendo que la universidad demandada, pague a favor de la actora la suma de Bs. 48.069.45.-, por concepto de indemnización, sin perjuicio de que en ejecución de sentencia se aplique el Decreto Supremo (DS) Nº 28699 de 1 de mayo de 2006. Sin costas.  

En grado de apelación deducida por la UTO, representada por Carlos Antezana García,  de fs. 121 a 122, por Auto de Vista AV-SECCASA-82/2015 de 30 de abril (fs. 142 a 145), emitido por la Sala Especializada, Contenciosa y Contenciosa Administrativa y Social- Administrativa, del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, confirmó la Sentencia Nº 120/2014.

Dicho fallo motivó el recurso de casación en el fondo, interpuesto por la Universidad Técnica de Oruro, representada por Pedro Feraudi Gonzáles, manifestando en síntesis:

Que, el auto de vista recurrido, es atentatorio a los principios constitucionales instituidos en el art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), vulnera los arts. 1311 del Código Civil (CC), 160 del Código Procesal del Trabajo (CPT), 2. II del DS Nº 110 de 1 de mayo de 2009, 120 de la Ley General del Trabajo (LGT), 163 de su Decreto Reglamentario (DR).

En este sentido sostuvo que, si la juez hubiera realizado una valoración de la prueba, hubiera previsto que las fotocopias simples de fs. 7 a 20 y 31 no poseen valor legal alguno, pues para que una reproducción o copia sea válida, debe cumplir con lo previsto en el art. 1311 del CC., pero los juzgadores de instancia le dan valor legal a dichas fotocopias simples, creando inseguridad jurídica a la UTO.

Sobre la errónea interpretación del art. 160 del CPT, señaló que, mediante memorial de fs. 83, la actora solicita que la UTO, acompañe  copia del memorial de demanda de reconocimiento del contrato a plazo fijo indefinido de 11 de diciembre de 1991, cuando el memorial de demanda es de autoría de los demandantes quienes piden que los demandados remitan documentos como si fueran los autores de dichas literales, cuando esos documentos se encuentran en archivo judicial y la actora puede obtenerlos sin problema alguno, sin embargo la juez a quo, considera esta respuesta como negativa de exhibición y por ende procedería presunción de certidumbre, interpretando erróneamente el citado artículo y como emergencia de aquello, otorgan valor a una literal que no posee legal alguno.

Con referencia a la violación del art. 2 del DS Nº 0110 de 1 de mayo de 2009, sostuvo que, la prestación de servicio que arguye la demandante sobre un primer periodo fue por lapso de 85 días, y no de más de 90 como previene la norma descrita, por ende pretender el pago de beneficios sociales en franco desconocimiento de la norma legal en actual vigencia, vulnera el derecho al debido proceso y subsume a la Universidad demandada y a las universidades del sistema nacional en una total inseguridad jurídica.

Referente a la violación del art. 120 de la LGT y 163 de su DR, por parte del juez a quo y del tribunal de apelación, aduciendo que el tema radica en el hecho de que dentro de la presente litis se identificó de manera precisa la existencia de dos periodos de prestación de servicios, el primero del 1 de septiembre de 1978 al 30 de marzo de 1992 y el segundo del 15 de abril de 1993 al 10 de mayo de 2012 periodos  plenamente individualizados por la cesación de más de un año es decir, del 30 de marzo  de 1992 al 14 de abril de 1993, por lo que queda demostrado que no existe un solo periodo mucho menos como continuidad laboral, quedando definido que existieron dos periodos distintos en el tiempo.

Ahora bien, con relación al primer periodo del 1 de septiembre de 1978 al 30 de marzo de 1992, este se encuentra dentro de la aplicación del art. 120 de la LGT  y 163 de su DR, pues el derecho para cobrar los beneficios sociales correspondientes a este periodo prescribieron  el 1 de abril de 1994, citando al respecto jurisprudencia contenida en el Auto Supremo Nº 85 de 10 de abril de 2012.             

Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo case el auto de vista recurrido y deliberando en el fondo, declare improbada la demanda.

CONSIDERANDO II: Que, así expuestos los fundamentos del recurso, corresponde su análisis y consideración en base a los siguientes aspectos de orden legal:

En el caso que se analiza, la parte recurrente cuestiona el fallo emitido por el tribunal de segunda instancia que confirmo la Sentencia Nº 120/2014, emitida por la Juez a quo, en la que se reconoció el pago de beneficios sociales a favor de la actora por el primer periodo de trabajo, aduciendo en el recurso que no está de acuerdo con el fallo de segunda instancia, con el fundamento de que los contratos firmados entre la UTO, no sobrepasan los 85 días y, en segundo lugar que el derecho para cobrar los beneficios sociales demandados habrían prescrito.

Con respecto al primer punto, es decir, sobre las pruebas cursantes de fs. 7 a 20 y 31 de obrados, debemos tomar en cuenta el principio de la verdad material previsto en los arts. 180.I de la CPE y 30.11 de la ley del Órgano Judicial, que obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, de la forma como ocurrieron y en estricto cumplimiento de las garantías procesales, es decir que se debe dar prevalencia a la verdad, a la realidad de los hechos, a la verdad pura, antes de subsumir el accionar jurisdiccional en ritualismos procesales que no conducen a la correcta aplicación de la justicia. La Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 1463/2013 de 22 de agosto, señala: En ese contexto, la jurisprudencia constitucional ha señalado: “El principio de seguridad jurídica refuerza esta idea, al garantizarle al ciudadano que la actividad judicial procurará, en todo caso y por encima de toda consideración, garantizar la efectiva protección de sus derechos constitucionales y legales accediendo a una justicia material o verdaderamente eficaz no una aplicación formal y mecánica de la ley, por el contrario, lograr que las consecuencias mismas de una decisión judicial, debe significar una efectiva materialización de los principios, valores y derechos constitucionales… (Sentencia Constitucional Nº 1138/2004-R de 21 de julio). Conforme a lo expuesto, el valor superior “justicia” obliga a la autoridad jurisdiccional -en la tarea de administrar justicia- procurar la realización de la “justicia material” como el objetivo axiológico y final para el que fueron creadas el conjunto de instituciones (Sentencia Constitucional Nº 0818/2007-R de 6 de diciembre).

Por otra parte se debe tener presente uno de los principios rectores del Derecho Laboral, como es el de la “primacía de la realidad”, instituido para identificar si una determinada actividad se enmarca a las normas de la legislación laboral, observando aspectos inherentes a la prestación de la fuerza de trabajo y dando prioridad a la naturaleza objetiva de la realidad, prescindiendo de todo concepto subjetivo, sobre la base de los hechos y no de la apariencia que reflejan algunas estipulaciones o documentos.

Bajo dicho contexto e ingresando al caso en cuestión, revisado los antecedentes que informan al proceso, se advierte que la actora demanda el pago de reintegro de beneficios sociales, manifestando que ingresó a trabajar en la UTO a partir del 1 de septiembre de 1978 conforme se evidencia por el Memorándum Nº 208/78 de 28 de septiembre de 1978 cursante a fs. 21 de obrados, hasta el 10 de mayo de 2012, fecha en que se produjo su retiro voluntario, o sea, 33 años, 8 meses y 9, días, es decir, de forma continuada, primero mediante contratos sucesivos y después como funcionaria de planta, sin embargo, la institución demandada sostiene que, ingresó a trabajar recién el 15 de abril de 1993 hasta el 10 de mayo de 2012, es decir, un tiempo de 19 años y 26 días, como consta en el finiquito de fs. 3 de obrados, tiempo de trabajo que fue cancelado a favor de la trabajadora, tomando en cuenta solamente el periodo en que ingresa como funcionaria de planta como Jefe de Cocina mediante Memorándum Nº 181/93 de 15 de abril de 1993, conforme consta a fs. 52 de obrados.

Ahora bien, con el fin de dilucidar la controversia planteada, partiremos señalando que, la trabajadora a fin de justificar que hubo continuidad en los años de servicios prestados en la institución demandada, (33 años, 8 meses y nueve días), presentó en fotocopia simple la documental cursante de fs. 7 a 20 vta., consistente en un Testimonio que franquea el Secretario del Juzgado del Trabajo y Seguridad Social del Distrito Judicial de Oruro, dentro del juicio social seguido por Norah Rocha Navarro de Lazzo y otros, donde se encuentra incluido el nombre de la ahora demandante Julieta Zamorano Llanos de García, contra la UTO, por reconocimiento de contrato de trabajo a plazo indefinido, en el que se halla inserta la Sentencia Nº 15/92 de 17 de marzo de 1992, emitida por el Juez de Trabajo y Seguridad Social del Distrito Judicial de Oruro, declaró probada la demanda en lo que se refiere al reconocimiento de los contratos de carácter indefinido, disponiendo que los contratos de trabajo de los actores incluido el nombre de la demandante Julieta Zamorano de García, que tenían carácter de eventuales, se conviertan en contratos de tiempo indefinido, con el fundamento de que los actores habían sido contratados eventualmente de manera sucesiva y en reiteradas oportunidades, a cuyo efecto la UTO, mediante su personero legal tomará las providencias del caso, para su ejecución; resolución que apelada, fue resuelta mediante Auto de Vista de 4 de febrero de 1993, rechazando el recurso de apelación y declarando ejecutoriada la sentencia, fallo que finalmente fue ejecutoriado mediante Auto de 19 de marzo de 1993, hechos corroborados y ratificados mediante la literal cursante de fs. 31 de obrados, prueba que no fue objeto de observación por la parte demandada a tiempo de contestar la demanda, además, el representante legal de la trabajadora, mediante memorial de fs. 83, solicitó que la UTO, remita y exhiba ante el despacho del Juzgado Segundo de Partido de Trabajo y Seguridad Social de Oruro, copia de todos los antecedentes del proceso mencionado al exordio, extremo que no fue cumplido, pese a su legal notificación conforme se evidencia a fs. 85 de obrados, debiendo aplicarse al caso presente la presunción de certidumbre prevista en el art. 160 del CPT, de donde se deduce que los contratos celebrados entre la actora y la universidad demandada, debido constante renovación y periodicidad, se convirtieron en contratos a plazo indefinido; al respecto, el artículo 2 del Decreto Ley Nº 16187 de 16 de febrero de 1979, determina que no está permitido la suscripción de más de dos contratos sucesivos a plazo fijo, tampoco están permitidos celebrar contratos en tareas propias y permanentes de la empresa, en caso de evidenciarse las infracciones de estas prohibiciones por el empleador, se dispondrá que el contrato a plazo fijo se convierta en contrato de tiempo indefinido. Por su parte la Resolución Ministerial Nº 193/72 de 15 de mayo de 1972, que dispone:

Artículo 1º.- “Los contratos de trabajo pactados sucesivamente por un lapso no menor al término de prueba o por plazos fijos que sean renovados periódicamente, adquirirán la calidad de contratos a plazo indefinido a partir de la segunda contratación y siempre que se trate de realización de labores propias del giro de la empresa”.

Aclarando y regulando los alcances de la normativa citada, el artículo 2 de la Resolución Administrativa Nº 650/07 de 27 de abril de 2007, emitida por el Ministerio de Trabajo, previó que las “tareas propias y permanentes”, son aquellas vinculadas al giro habitual o principal actividad económica de la empresa, en este caso de la Universidad Técnica de Oruro, que contrató a la actora, en primer lugar como ayudante de cocina, después como cocinera, Jefa de Cocina y finalmente en el cargo de Portera, que hacen al programa de bienestar universitario que forman parte del programa de políticas de ayuda social universitaria. 

En virtud a este marco normativo se colige que las labores realizadas por la actora para las que fue contratado, las  cuales se encuentran descritas en los memorándums y contratos suscritos entre partes, coadyuvan al logro y la finalidad que tiene la institución demandada, constituyéndose por ello en tareas propias y permanentes de la empresa, por lo que dicha entidad al contratar a la actora para la realización de tareas propias y permanentes de su giro y además por haber realizado más de dos contratos a plazo fijo, vulneró lo previsto en el artículo 2 del Decreto Ley Nº 16187, convirtiéndose ante esta vulneración la relación que existía, en una por tiempo indefinido, no habiendo desvirtuado con prueba idónea esta situación la parte demandada, como era su obligación sede acuerdo a lo previsto en los arts. 3. h), 66 y 150 del CPT, considerándose insuficiente las literales de descargo que adjuntó a fin de demostrar la discontinuidad que adujo en su defensa, puesto que al haberse evidenciado lo contrario, es decir, la continuidad de la actora en el desempeño de sus funciones en la institución demandada, corresponde reconocer a su favor los derechos y benéficos sociales concedidos en la sentencia de primera instancia emitida por el juez a quo y confirmada por el tribunal ad quem, quienes para arribar a la conclusión asumida, valoraron de manera correcta la prueba adjuntada durante la tramitación del proceso, conforme le facultan los arts. 3.j), 158 y 200 del CPT, no siendo evidente lo denunciado por la parte recurrente.   

Por lo expuesto precedentemente y, al haberse establecido con verosimilitud que, entre la actora y la UTO, hubo continuidad en los servicios prestados por la trabajadora, es decir, desde el 1 de septiembre de 1978, hasta el 10 de mayo de 2012, fecha en que se produjo su retiro, no resulta evidente que sus derechos y beneficios sociales hayan prescrito como afirma el recurrente amparado en los artículos 120 y de la LGT y 163 e su DR, toda vez que de acuerdo al art. 48.III y IV de la Norma Suprema vigente, los derechos y beneficios reconocidos a favor de las trabajadoras y los trabajadores son irrenunciables, inembargables e imprescriptibles.          

Que en ese marco legal, se concluye, que el auto de vista impugnado, se ajusta a las normas legales en vigencia, no se observa violación de norma legal alguna, por consiguiente, corresponde resolver en la forma prevista por los artículos 271. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por mandato de la norma remisiva contenida en el artículo 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad prevista en los artículos 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 156 a 158 vta., interpuesto por el Rector de la Universidad Técnica de Oruro.

Sin costas, en aplicación del artículo 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y artículo 52 del Decreto Supremo Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.